Julio Frias

Metán: Prisión condicional y normas de conducta por lesionar a su expareja

La denunciante había asistido al domicilio a visitar a su hija, compartieron una bebida, pero luego la insultó y golpeó. Cumplirá condena condicional y reglas de conducta.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que la Sala II del Tribunal de Juicio Distrito Judicial Sur, vocalía a cargo del Juez Sebastián Fucho, condenó a Adrián Ernesto Cisneros, de 32 años, a la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, la situación de convivencia y el género, en perjuicio de su expareja.

El hecho sucedió la noche del pasado 25 de abril de 2021, cuando la damnificada se hizo presente en el domicilio del condenado para visitar a su hija.

Ya en el interior de la vivienda, empezaron ingerir bebidas alcohólicas, junto con la madre del hombre. Horas más tarde, el acusado, sin mediar motivo alguno, empezó a insultar a su expareja, para luego propinarle un golpe de puño en nariz y boca.

Fue en ese momento que la denunciante logró salir de la vivienda para pedir ayuda a personal policial que, a posterior, se hizo presente en el domicilio.

El juez Fucho, luego de imponer la condena de nueve meses de prisión de cumplimiento condicional a Adrián Ernesto Cisneros, le dictó una serie de reglas de conducta, tales como la prohibición absoluta de ejercer cualquier tipo de acto de violencia contra la damnificada; prohibición de ingerir bebidas alcohólicas; obligación de realizar tratamiento psicológico.

Fiscalía interviene por el caso en el que un hombre sufrió lesiones en el vertedero San Javier

Se trata de un hombre que fue encontrado por personal policial en el depósito de desechos, ubicado en Avenida Pontussi, y que presentaba lesiones. Se preservó el lugar del hecho y se ordenaron una serie de medidas.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en fiscalía penal 6, investiga un hecho ocurrido en el basural a cielo abierto, conocido como vertedero San Javier, donde un hombre de 24 años habría resultado con lesiones, producto del aplastamiento producido por una máquina.

Conforme a la denuncia, el hecho se produjo el pasado 16 de noviembre cuando personal policial se constituyó en el lugar en horas de la noche, observando en medio de los desechos a una persona de sexo masculino, quien presentaba lesiones en sus miembros inferiores, por lo que inmediatamente solicitaron una unidad sanitaria.

El damnificado es un joven que se domicilia en Barrio Solidaridad, en tanto el maquinista, un hombre de 52 años manifestó que, mientras se encontraba realizando trabajo de nivelado de la basura, escuchó gritar a una persona, momento en el que descendió de la máquina y observó al otro hombre al que, en apariencia, le habría afectado los pies con la oruga de la máquina. Señaló que no advirtió la presencia del damnificado, debido a la oscuridad.

La ambulancia  se hizo presente, examinó al lesionado y diagnosticó traumatismo de miembro inferior izquierdo y derecho, procediendo al traslado al Hospital San Bernardo.

Inmediatamente de sucedido el hecho, la fiscalía penal 6 tomó intervención, ordenando las primeras medidas, tales como inspección ocular del vehículo y del lugar, por parte de personal de Criminalística; intervención al médico a fin de examinar al lesionado; e identificación del maquinista, como así también la denuncia de la persona que resultó damnificada.

Diversas actuaciones por la mortandad de peces en el lago del Parque San Martín

Parte del cardumen que conforma la fauna acuática que habita el lago, fue encontrada sin vida esta mañana. La fiscalía interviniente dispuso las primeras medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, tomó intervención ante el hallazgo de varios peces que aparecieron muertos en aguas del lago del Parque San Martín.

El fiscal ordenó que los ejemplares recolectados por la División Policía Rural y Ambiental sean remitidos al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) a fin de practicarles análisis y estudios pertinentes que permitan determinar la causa de la muerte de los peces del estanque.

Ruiz de los Llanos solicitó además al área pertinente del CIF que se constituya en el lugar del hecho, a fin de practicar inspección ocular y proceder a la colecta de muestras de agua para determinar una posible contaminación.

También se dio intervención a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta, a fin de que preste colaboración en las tareas que fueran de su competencia.

Reunión de intercambio entre el Comité Nacional Contra la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

Se trata de una serie de encuentros a través de los cuales se persigue el intercambio de experiencias en lo que a hechos de violencia institucional respecta.

En el marco del seguimiento de las visitas del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y los informes emanados desde este organismo internacional, se concretó el encuentro de la Directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Bernarda García, y miembros integrantes del organismo, con la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, resaltó que la Procuración General de la Provincia dictó en el mes de abril, la Resolución 1339/22, mediante la cual se instruyó a la mencionada fiscalía y a los demás fiscales penales de la provincia, para el pronto abordaje de los casos, cada vez que se identifiquen supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial violentaren derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal o que estén bajo su custodia.

Este es el primer encuentro de otros tantos que están previstos, que tuvo como fin iniciar un intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas, como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

La reunión se desarrolló con un balance positivo en lo que respecta al trabajo que se viene realizando en pos de la articulación de medidas eficaces para la investigación y sistematización de la información referida a hechos de tortura.

Además, se compartió valiosa información acerca de los protocolos que existen para el monitoreo y seguimiento de los lugares de detención, en diferentes jurisdicciones provinciales que cuentan con registro.

Por su parte, Bernarda García destacó los avances en el abordaje de casos judiciales de Violencia Institucional en Salta. Señal´o que durante su visita el mes de septiembre pasado a diversas dependencias de la provincia, el Comité tomó conocimiento, por parte de personas detenidas, respecto al trabajo que viene llevando adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Acusados de llevarse elementos de una obra, luego de agredir al cuidador del barrio

Los hombres tomaron por asalto al albañil encargado de la obra en construcción y se llevaron varios elementos. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo simple, a dos hombres de 25 y 30 años.

Conforme a las actuaciones, el hecho endilgado sucedió la noche del pasado 9 de noviembre en una obra en construcción, en un lote de Barrio Eko Distrito, cuando el encargado habría sido agredido por la espalda, por los acusados, cayendo al suelo pesadamente.

El damnificado habría sido golpeado, además, en la nuca, pero opuso resistencia, tomando otro un hierro con el que golpeó a uno de ellos.

Ambos sospechosos sustrajeron de dicha obra, dos amoladoras, un taladro, un anafe con garrafa y elementos varios, para luego darse a la fuga.

Durante la audiencia de imputación, uno de los acusados dio su versión de los hechos, en tanto el otro se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

La organización familiar de los “Banda” va a prisión por comercialización de estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, llevó adelante la investigación que permitió desarticular una organización delictiva familiar que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes. Todos deberán cumplir prisión efectiva.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que la Sala IV del Tribunal de Juicio, representada por la jueza Norma Beatriz Vera, condenó a Jorge Adrián Banda, de 55 años, a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y lo declaró reincidente por cuarta vez.

También fueron condenados Lautaro Nicolás Banda, de 20 años, Jorge Juan Banda, de 57 años, y Mabel Alejandra Valencia, de 52 a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Por su parte, Jazmín Leonela Ortega Nolasco, de 19 años, fue condenada a la pena de 4 años de prisión, como partícipe secundaria, del delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, revocando el arresto domiciliario y disponiendo la prisión preventiva y ordenando su inmediata detención y posterior traslado a la Unidad Carcelaria local.

La magistrada ordenó, además, el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria local y de la condenada a la Unidad Carcelaria N° 4.

En el mismo fallo se dispuso, además, el decomiso del dinero secuestrado, un vehículo Peugeot 206, teléfonos celulares y el decomiso y destrucción de la sustancia estupefaciente, junto a varios elementos.

Los hechos

Las actuaciones se iniciaron con el informe de la División Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad que fuera oportunamente elevado a la UFINAR en octubre de 2021, y que daba cuenta de marcados indicadores de criminalidad en actividades vinculadas a tenencia y comercialización de estupefacientes por parte de Lautaro, Jorge Adrián y Jorge Juan Banda.

Un particular había radicado denuncia, en la que manifestaba que había tomado conocimiento de dicha actividad.

A través de importantes y diversas tareas investigativas se logró la identificación de los integrantes de la organización, concluyendo que los ahora condenados estaban desplegando actividades ilícitas, relacionadas con el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

Previa autorización, se procedió al allanamiento y requisa de inmuebles, desde donde se secuestraron diversos paquetes y bolsas conteniendo sustancias, un vehículo, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanza digital gramera y varios pendrives.

Terminada la diligencia judicial, se procedió a la realización del correspondiente Narcotest sobres las sustancias secuestradas y sus derivados, arrojando resultado positivo y procediéndose al pesaje. En uno de los domicilios se encontró 1.233 gramos, en otro, 6.500 gramos y en un tercero, 23 gramos.

Cómo operaban los “Banda”

A través de la actuación de UFINAR, a cargo del fiscal Gustavo Torres Rubelt, se acreditó que dentro de la organización, Lautaro Nicolás Banda era el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente, tarea que realizaba junto a su padre Jorge Adrián Banda, quienes luego la fraccionaban y distribuían a otros de los imputados para que se encargasen de la comercialización y recaudación del dinero producto de la actividad. También se encargaban de la comercialización directa.

Los mencionados contaban con la colaboración de la madre de Nicolás Banda y esposa de Jorge Juan Banda, Mabel Valencia, para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

Por su parte, Ortega participaba en la organización delictiva, junto a su pareja Nicolás Banda, en la venta de la sustancia estupefaciente. Jorge Juan Banda era el encargado de acopiar la sustancia estupefaciente en su domicilio.

Quedó imputada por llevarse toda la recaudación de un kiosco

De acuerdo a lo manifestado por la denunciante, la mujer de 21 años había sido contratada como empleada para atención al público, el día anterior al hecho. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en fiscalía penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de hurto simple, a una mujer de 21 años.

Conforme a las actuaciones, el hecho sucedió durante la madrugada del 29 de octubre pasado, en un kiosco ubicado en Avenida Pontussi casi esquina Ruta Provincial 26, oportunidad en que la acusada se encontraba sola trabajando y habría aprovechado para apoderarse de una suma de 150 mil pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación del día.

La acusada habría guardado el dinero para luego retirarse del local, lo que fue registrado por las cámaras de seguridad.

La fiscal Adet Figueroa solicito el allanamiento y detención de la sospechosa, atento a tareas llevadas a cabo por el Grupo Inestigativo Sector 6A, procedimiento que se concretó durante la mañana del pasado viernes, con resultado positivo.

Durante el operativo se logró, además, el secuestro de parte del dinero sustraído, un teléfono celular y vestimenta que llevaba el día que cometió el ilícito.

La fiscalía penal en turno llevó adelante la audiencia de imputación, durante la cual la acusada se abstuvo de declarar y solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Coronel Moldes: Exintendente condenado por abuso sexual simple

La niña le contó a su madre en 2016, que su padrastro había vulnerado su integridad sexual con tocamientos en tres oportunidades en 2013, cuando convivían. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra un hombre de 57 años por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente (3 hechos)

La Sala IV del Tribunal de Juicio condenó al hombre de 57 años a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito por el que llegó acusado, y en el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Sobre el imputado pesaba una condena anterior de tres años de prisión de cumplimiento condicional, la que fue revocada y se unificó a una única pena de 6 años de prisión de ejecución efectiva.

Los hechos juzgados ocurrieron en 2013, cuando el hombre, que se desempeñaba como jefe comunal, convivía con la mujer y su hija y fueron denunciados recién en 2016, cuando la menor le reveló a su madre lo sucedido.

Según lo relatado por la menor, el acusado atentó contra su integridad sexual, realizándole tocamientos impúdicos en tres oportunidades.

El hombre de 57 años llegó a juicio en libertad y luego de la lectura del fallo, se ordenó su inmediata detención.

Rosario de Lerma: Imputado por desobedecer la prohibición de acercamiento

Sobre el hombre pesaba una orden de prohibición de acercamiento a la mujer, a la que sorprendió en una estación de servicio. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de desobediencia judicial, a un hombre de 28 años.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en la tarde del pasado 11 de noviembre cuando la denunciante, expareja del acusado, se encontraba en la estación de servicio para cargar combustible. Fue en ese momento que, de manera imprevista y violenta, el sospechoso se habría hecho presente, expresándole que tenían que hablar.

La damnificada se negó y el acusado se habría tornado violento, quitándole la llave de su motocicleta, la que luego regresó a su lugar de origen.

Con dicha conducta, el acusado habría incumplido, deliberadamente, la resolución que pesaba sobre su persona, de prohibición de acercarse a la expareja y ejercer actos de violencia, medida que fuera dictada por el Juzgado de Violencia Familiar y Género N°1.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. El fiscal Escalante, por su parte, solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Quedó imputado por desobediencia judicial, amenazas con uso de arma y resistirse a la autoridad

El hombre, quien registra antecedentes condenatorios por diferentes delitos, ingresó al domicilio familiar profiriendo amenazas y enfrentándose al personal policial. Se solicitó su prisión preventiva.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en fiscalía penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión de los delitos de desobediencia judicial, amenazas agravadas por el uso de arma y resistencia a la autoridad, todo en concurso real, a un hombre de 31 años.

Conforme surge de las actuaciones, el hecho ocurrió en la tarde del pasado 3 de noviembre, cuando el imputado, desobedeciendo una orden judicial de exclusión de hogar y de prohibición de acercamiento, se hizo presente en el domicilio de su familia, en barrio Solidaridad, con intención de llevarse electrodomésticos, pertenecientes a su expareja.

La denunciante dio aviso a su padre vía telefónica, quien se comunicó con el Sistema de Emergencias 911.

En la oportunidad, el acusado habría amenazado a su hermana y al personal policial, mientras tenía en su poder un arma blanca, resistiéndose al accionar de los efectivos que, en el ejercicio legítimo de sus funciones, intentaban aprehenderlo.

De acuerdo a lo manifestado por la denunciante, el hombre de 31 años tiene consumo problemático de sustancias y varias denuncias en su contra.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva, al evaluar el riesgo de fuga y al hecho de que, según surge de planilla prontuarial, el imputado registra antecedentes condenatorios.

Una de las condenas data de 2017, de ejecución condicional, por los delitos de amenazas, robo simple, desobediencia judicial y coacción, todo en concurso real. En tanto, la otra condena data de 2018, de un mes de prisión de ejecución efectiva, por el delito de desobediencia judicial (tres hechos).

A todo lo expuesto se suma la actitud reticente del acusado hacia la Justicia, por cuanto, al momento de aportar datos personales, registra diferentes nombres, aportando datos falsos. Todo ello, enmarcado en un entorno de violencia familiar, con denuncia previa por parte de la damnificada.