Julio Frias

Inicia juicio a policías

Efectivos de la Policía de la Provincia serán juzgados desde este lunes 12 de junio, en el salón de Grandes Juicios por un hecho ocurrido en diciembre de 2020, cuando un hombre resultó víctima de un hecho de abuso policial por el cual sufrió fractura de mandíbula. Ocurrió durante un procedimiento, en una vivienda de barrio Bicentenario.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, deberá enfrentar acusación por el delito de falsedad ideologica (art. 293 del CP).

En la mañana del 19 de diciembre de 2020, mientras el afectado caminaba por el barrio Bicentenario en compañía de un amigo, fueron abordados por un vehículo policial de la Comisaría Palermo con cuatro policías a bordo que comenzaron a proferir insultos y silbidos hacia ellos. Posteriormente, la situación se intensificó en el domicilio del amigo, donde los policías lanzaron piedras contra la vivienda, rompieron una ventana y entraron sin autorización de la dueña de la vivienda, para golpear al afectado, incluso después de haber sido reducido.

Posteriormente, llegaron más vehículos policiales y, de manera violenta, patearon la puerta de la vivienda para ingresar, profiriendo insultos hacia la propietaria y generando miedo entre los menores y otros residentes del lugar.

Una vez dentro, subieron al afectado al vehículo policial, donde continuaron las agresiones físicas, al igual que cuando llegaron a la comisaría del barrio Palermo. En la comisaría, lo llevaron hacia el fondo, donde ya se encontraba reducido y sujeto, y un grupo de agentes comenzó a agredirlo nuevamente, causándole diversas lesiones que fueron documentadas en los certificados médicos correspondientes.

El denunciante refirió, además, que reconoce al efectivo que le provocó la doble fractura de mandíbula, que fue quien lo pateó en la cara, así como también reconoció a los vehículos de apoyo que llegaron y lo agredieron violentamente.

El juicio tendrá lugar en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, con la dirección de la Dra. Monica Faber, Juez del Tribunal de Juicio Sala V, habiendo solicitado intervención como “amicu curiae” el Comité Provincial contra la Tortura, y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion, al tratarse de un hecho de presunta Violencia Institucional cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

 

Juró la nueva secretaria letrada de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Orán

El procurador general, Pedro García Castiella, acompañado de la asesora general, Mirta Lapad, tomó juramento en el Salón de Reuniones del Colegio de Gobierno a Analía Elizabeth Fonseca como secretaria letrada de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán.

El Procurador General presidió el acto de juramento para la asunción de la nueva secretaria, quien fue seleccionada tras un proceso de concurso público y cumplimiento de las etapas establecidas que dicho procedimiento exige.

La recientemente designada funcionaria desempeñará sus funciones en la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán, cuya fiscal es Marcela De los Ángeles Fernández.

Barrio Solidaridad: Imputado por robar un teléfono celular del interior de un vehículo

El acusado habría tomado por sorpresa al damnificado que estaba en el interior de su vehículo y, tras ejercer violencia, le habría arrebatado su teléfono celular. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo simple, a un hombre de 21 años.

La tarde del pasado 31 de mayo, cuando el damnificado se encontraba a bordo de su vehículo sobre avenida Ennio Pontussi y Fortín La Pastosa, de barrio Solidaridad, se le acercó el acusado y, sin mediar palabra, metió la mano por la ventanilla  y, luego de ejercer violencia, le habría sustraído el teléfono celular que tenía entre sus piernas, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, personal policial procedió a la detención del acusado y se logró el secuestro del teléfono celular que tenía escondido entre sus prendas.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. La fiscal Adet Figueroa, por su parte, solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Imputada por estafa a una empresa de alquiler de autos

La mujer fue detenida por estafa en el alquiler de un vehículo al que trasladó ilegalmente hacia Bolivia.  Otras empresas sobre las que se intentó aplicar el mismo patrón delictivo, fueron advertidas sobre la maniobra. 

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó de manera provisional por la presunta comisión de los delitos de estafa y estafa en grado de tentativa (tres hechos), a una mujer de 43 años.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por un empleado de una empresa de alquiler de vehículos, quien manifestó que la acusada alquiló un automóvil y se comprometió a devolverlo el 18 de mayo, pero no cumplió. Además, se descubrió que la imputada llevó el vehículo alquilado a Bolivia de con fines ilícitos, causando un perjuicio económico a la empresa.

Con idéntico modo de obrar, la tarde del 2 de junio, la mujer se habría presentado en tres empresas del mismo rubro, solicitando alquiler de automóviles, de modo presuroso, sospechándose de la intención de despistar  a los damnificados y con la intención de luego hacer desaparecer los rodados.

La primera empresa afectada tomó la iniciativa de alertar a las otras compañías de alquiler de autos mediante un mensaje de WhatsApp, advirtiéndoles sobre la maniobra de la acusada. Estas “rent a car” a su vez, informaron a las autoridades sobre la ubicación de la sospechosa, quien se encontraba en una de las empresas en ese preciso instante, lográndose su detención.

Entre las diligencias realizadas, mediante oficio judicial al Departamento Centro de análisis de Seguridad, sección Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se solicitó a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a la Organización Internacional de la Policía Criminal INTERPOL, el secuestro de un vehículo Chevrolet Onix Plus.

De acuerdo al informe del Grupo Investigativo Sector 4A, se supo que la acusada tiene su residencia en la localidad de Salvador Mazza, donde convive con su esposo e hijo. Se  trataría de personas reconocidas en el ámbito delictivo y que han sido objeto de investigaciones previas por su presunta participación en delitos contra la propiedad y en el marco de la Ley de Estupefacientes.

Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar. El fiscal Jovanovics, por su parte solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.

Seclantás: Cinco hombres imputados por el robo al colegio Bandera de Salta

Mediante el uso de la fuerza, los acusados habrían ingresado al edificio del colegio secundario y se habrían apoderado de un televisor y varias netbooks, las que luego fueron encontradas dispersas en una zona descampada. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, imputó  provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo en despoblado y en banda, a cinco hombres de edades comprendidas entre los 18 y 27 años.

En la madrugada del pasado 25 de mayo, los cinco hombres ingresaron al colegio N° 5157 Bandera de Salta, de la localidad de Seclantás, donde, después de forzar la cerradura de la puerta de hierro de la galería, habrían sustraído diferentes elementos.

Entre los objetos de los que se habrían apropiado, se cuentan 1 televisor smart de 55 pulgadas, 5 netbooks blancas, 8 netbooks negras, con sus cargadores, que estaban guardadas en un mueble, cuyo candado fue violentado y 2 dvds que estaban en una estantería.

La denuncia fue radicada por la directora del establecimiento educativo de esa localidad, quien se dirigió el sábado 27 por la mañana, con el fin de guardar mercadería que había comprado y se dio con que la ventana de preceptoría había sido forzada.

El Grupo Técnico Criminalística Cachi procedió con un relevamiento en el lugar del hecho, entrevistas a residentes de la zona y, en coordinación con el Destacamento Policial Seclantás, se realizaron rastrillajes por inmediaciones del colegio, entre otras tareas investigativas de rigor.

Un empleado de una empresa local informó haber visto objetos similares a computadoras en la zona de la quebrada de Villa El Monte. El personal policial se desplazó al lugar y encontró una netbook y tres cargadores. Luego, fueron encontradas dos computadoras más y, a unos 2 kilómetros de distancia, otras 4, con 7 cargadores. El televisor y 2 netbooks negras  fueron hallados en medio de arbustos, a unos metros.

Según el fiscal de Cachi, los sospechosos se habrían apoderado de bienes ajenos a su propiedad consistentes en elementos que le pertenecían a la escuela, usando fuerza para hacerlo. Pero a ello se le suma la cantidad de personas que habrían participado para consumar el hecho, como así también el aprovechamiento al tratarse de una zona despoblada.

Durante la audiencia de imputación, cuatro de los acusados dio su versión de los hechos, en tanto el otro se negó a declarar. Por su parte, el fiscal Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Condenado por sustracción de una moto en la vía pública

El vehículo había sido estacionado en la vía pública por su propietario. El ahora condenado violentó la traba volante y se dio a la fuga.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro en la audiencia multipropósito donde, en juicio abreviado, la jueza Mónica Faber condenó a Julio Enrique Casimiro, de 33 años, a la pena de 1 año de prisión efectiva y Nadia Paola Díaz, de 32 años, fue declarada en rebeldía por no comparecer a la audiencia.

El hombre de 33 años, resultó condenado por hurto calificado de ciclomotor dejado en la vía pública, por un hecho ocurrido el mediodía del 15 de noviembre de 2022, en el domicilio laboral del damnificado, ubicado en calle Ángel de Rosa al 400, cuando este vio que dos desconocidos, luego de violentar la traba del volante, le sustrajeron el motovehículo Zanella de 110 cc.

Inmediatamente, el propietario de la motocicleta le dio aviso a su superior y salieron en búsqueda del rodado, observando, previamente, por las cámaras de seguridad que el hombre se retiraba en la moto del denunciante, mientras la mujer lo hacía en otra motocicleta.

La imputada fue demorada por personal policial, en tanto, Casimiro, al ser perseguido, abandonó la motocicleta e inició la fuga de a pie y, luego de ingresar en distintos domicilios sin autorización, fue aprehendido por unos vecinos que dieron aviso a la policía.

Barrio El Porvenir: Fue sorprendido mientras intentaba extraer un reflector led

Personal policial observó a la distancia que un hombre se encontraba sobre una pila de ladrillos con aparentes intenciones de extraer un reflector de iluminación. Se solicitó prisión preventiva.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo simple en grado de tentativa a un hombre de 30 años.

La madruga del pasado 31 de mayo, el imputado, habría cortado los cables de electricidad de un corralón ubicado en  barrio El Porvenir,  intentado sustraer un reflector que se encontraba ubicado en el frente del local. Para llevar a cabo su objetivo, apiló ladrillos como apoyo.

El acusado no pudo lograr su cometido puesto que, en ese momento, personal policial que circulaba por el lugar lo sorprendió y procedió a su demora.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva, atento a que el hombre registra antecedentes condenatorios.

Valle de Lerma: continúan las tareas investigativas por casos de robo y hurto

En los últimos meses se produjeron delitos contra la propiedad en establecimientos rurales del Valle de Lerma, que son investigados por el fiscalía penal de El Carril.

La fiscalía penal delegación El Carril, a cargo del fiscal Federico Portal continúa con las tareas investigativas tendientes a la resolución de casos de delitos contra la propiedad en el Valle de Lerma.

Las denuncias corresponden a delitos denunciados en el sistema del Ministerio Público Fiscal de Salta, y cuyas investigaciones se iniciaron y continúan, con la intervención judicial de la mencionada fiscalía.

Hasta mayo del presente año, las diligencias realizadas corresponden a denuncias en distintas fincas particular por robo y hurto de elementos y materiales, algunas de las cuales corresponde archivar, dado que no existen elementos de convicción suficientes para formalizar una imputación.

Entre las diligencias solicitadas por la fiscalía se cuenta la intervención de la división criminalística, inspecciones oculares, croquis, relevamiento de testigos y de cámaras públicas y privadas, como la exploración en redes sociales para verificar si los elementos sustraídos no están siendo ofrecidos para la venta.

Los registros de denuncia en el sistema de denuncia del Ministerio Público Fiscal corresponden a delitos cometidos en fincas particulares, no habiendo reporte de denuncias por parte de establecimientos o empresas agropecuarias.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal cuenta con el servicio de denuncias web para reportar diferentes delitos, ingresando a https://www.denunciasweb.gob.ar/landing

S.A.Vic.: Enfoque interseccional de la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social

Investigaciones llevadas a cabo mediante un convenio, se enfocan en la prevención y detección de diversas formas de violencia en personas que presentan situación de vulnerabilidad. El Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.Vic.) ha realizado estudios interdisciplinarios para mejorar las intervenciones y respuestas, que contribuyan a  promover la igualdad y el acceso a la justicia para aquellos que buscan asistencia.

A partir de un convenio suscripto entre el Ministerio Público y la Universidad Católica de Salta (UCaSal) se vienen concretando una serie de investigaciones tendientes al mejoramiento de respuestas y la modificación de intervenciones, vinculadas a la prevención y detección de diferentes modalidades de violencia, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, en cualquiera de sus formas.

El Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.Vic.), perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de su equipo de trabajo, ha llevado a cabo investigaciones en lo atinente a diferentes temáticas, vinculadas al quehacer de esta oficina especializada en la atención a víctimas de violencia.

Uno de los trabajos de investigación de particular interés, dado el impacto directo en la labor del S.A.Vic., se enfoca en el concepto de vulnerabilidad, abordando situaciones en las cuales un individuo se encuentra expuesto a sufrir daños o pérdidas debido a la posición frágil que ocupa frente a factores perjudiciales o potencialmente dañinos.

Además, la investigación abordó el enfoque interseccional de la pobreza en relación con las trayectorias laborales. El concepto de interseccionalidad se refiere a la confluencia e interacción de diversos factores en una condición o situación determinada. En esta ocasión, el público objetivo, fueron los profesionales y los beneficiarios de la institución, entiéndase S.A.Vic.

En relación a la temática de la vulnerabilidad, se articuló con los indicadores correspondientes, siguiendo las Reglas de Brasilia (conjunto de 100 normas, cuyo fin busca garantizar las condiciones de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y que fueron elaboradas en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008) Además, se tuvieron en cuenta los aportes actuales provenientes de otras disciplinas científicas en relación al estudio de la vulnerabilidad como objeto de investigación. De esta manera, se buscó incorporar un enfoque multidisciplinario y un conocimiento conjunto para abordar esta temática.

En el transcurso de la investigación, se enfatiza que las problemáticas actuales relacionadas con la violencia de género tienen un impacto significativo en la dinámica familiar, mientras que los marcos normativos impartidos por el sistema judicial están diseñados para proteger a las víctimas. Es en este punto que se produce la intervención de las profesionales que integran el equipo del S.A.Vic. a fin de brindar orientación y asesoramiento con el propósito de disminuir las consecuencias que trae la violencia. Este rol desempeñado adquiere una relevancia fundamental.

Otro aspecto abordado es el carácter interseccional o de confluencia de factores al momento de análisis de casos, puesto que esa mirada habilita un margen amplio de comprensión de la realidad que vive el usuario de S.A.Vic., sumado a la pobreza como factor estructural y causa de exclusión social que terminan por conformar un obstáculo para acceder a la justicia, entre otras causas de vulnerabilidad.

La temporalidad (que sucede en el tiempo), pobreza (como condición o estado) y trayectorias laborales (etapas de un individuo en su trayecto laboral activo) tienen directa relación con el grado de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Una de las principales revelaciones obtenidas a través de la investigación,  es la influencia directa que los contextos sociales tienen con las causas de vulnerabilidad, y la consiguiente repercusión en las mencionadas trayectorias laborales de quienes asisten a S.A.Vic. en busca de asistencia.Estas categorías mencionadas se vinculan, de manera continua, con las categorías de vulnerabilidad: género, niñez/adolescencia y pobreza.

En cuanto a los equipos interdisciplinarios, el trabajo arroja que se considera de relevancia sus intervenciones y el valor de las disciplinas de salud mental, puesto que contribuyen a la contención de las personas que asisten al S.A.Vic.

La complejidad a la que se hace mención, tiene directa relación con las denuncias, en su mayoría de hechos de violencia de género, que vienen acompañadas de situaciones de consumo, violencia económica, falta de trabajo o de recursos económicos y que persisten a lo largo de los años.

En referencia a los usuarios del Servicio de Asistencia a la Víctima, se detectó  falta de información en relación al proceso judicial, al momento de llegar a requerir asistencia, tanto de los procedimientos o medidas que puede impartir un juzgado. Otro factor limitante detectado está vinculado con la falta de recursos económicos, muchas veces, para apersonarse en las oficinas, por lo que recurren a la comunicación telefónica.

La exclusión social resulta ser el emergente en los recorridos laborales de aquellas personas que viven en situación de pobreza. Esto se debe  a la precarización laboral, lo que los deja fuera del sistema formal, que los expulsa y deja marginados y que repercute, directamente, en las instituciones, de las cuales permanecen inexistentes.

Como corolario del trabajo de investigación encarado por ambas instituciones, se puede concluir que “inequidad” y “marginalidad” son dos condiciones que atraviesan la historia de vida de los sujetos que asisten al S.A.Vic. Se trata de poner en consideración que las condiciones de vulnerabilidad atraviesan y trascienden a los sujetos en cuestión que acuden al servicio y que son preexistentes al hecho que denuncian, lo que surge del análisis e interpretación de los datos obtenidos.

En el S.A.Vic., los operadores de justicia desarrollan sus prácticas en equipos conformados por profesionales del derecho, trabajo social y psicología, es decir que el abordaje de cada caso es interdisciplinario, de acuerdo a la exigencia en el grado de complejidad de cada realidad subjetiva y social.

En S.A.Vic. se evita que el sujeto de consulta sea, nuevamente, vulnerabilizado, es decir, excluido o discriminado en relación a los derechos que le asisten. Más bien, se orienta y promueve la restitución de los derechos vulnerados.

Dos hombres imputados por robo en una parada de colectivos

Ambos acusados sorprendieron al damnificado en la parada de colectivos, le habrían arrebatado pertenencias y dinero, golpeándolo  en dos oportunidades. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo simple a dos hombres de 23 y 32 años, en calidad de coautores.

El 25 de mayo pasado, el denunciante fue víctima de un intento de robo mientras esperaba el colectivo. Cuando consultaba la hora en su teléfono celular, los dos acusados se acercaron rápidamente y uno de ellos intentó arrebatarle el dispositivo, aunque el afectado logró resistirse y mantenerlo en su poder.

En ese momento, el otro acusado habría arrinconado a la víctima contra la pared, arrebatándole el teléfono, y golpeándolo con un palo utilizado para limpiar parabrisas de automóviles en la zona del estómago. Le habría robado la billetera, la cual contenía dinero en efectivo, para posteriormente escapar del lugar.

El denunciante persiguió a los dos individuos hasta un descampado. Una vez que los alcanzó, ambos hombres habrían comenzando a agredirlo, tomándolo del cuello, tirándolo al suelo e intentando quitarle su reloj y sus sandalias, para luego soltarlo y escapar nuevamente.

El damnificado  decidió perseguirlos nuevamente, momento en el que los acusados habrían comenzado a lanzarle piedras, golpeándolo en el tobillo. Alertados por el propio denunciante, vecinos llamaron a la policía que procedió a la demora de los acusados.

Durante la audiencia de imputación, ambos acusados dieron su versión de los hechos. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.