A raíz de una denuncia realizada por un vecino a través de un medio de comunicación local sobre el accionar de un efectivo policial durante un procedimiento, se iniciaron actuaciones de oficio.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interviene de oficio ante una denuncia publicada en un medio digital local, en la que un hombre afirma que un efectivo policial le faltó al respeto, quiso sacarlo a empujones del lugar donde se encontraba y que se rehusó a identificarse.
Un vecino denunció que en la madrugada de este martes 26, durante un allanamiento en un local de calle Ayacucho al 1000, los efectivos convocaron a su madre, una mujer de 80 años que padece sordera, como testigo. Al reclamar por la participación de su madre en tal carga pública, el hombre afirmó haber sido empujado por un policía, quien además le impidió tomar fotografías y amenazó con detenerlo.
La fiscalía dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento vecinal por parte del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) y la revisión de cámaras del lugar donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de recopilar información relevante para la causa y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.
Además, se dispuso citar al denunciante para que se presente en sede fiscal.
En una fecha tan significativa para la sensibilización y toma de conciencia frente a toda forma de violencia contra la mujer, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso con la defensa constante de los derechos de las mujeres. Asimismo, renueva su firme determinación de erradicar cualquier manifestación de desigualdad, estigmatización, maltrato, abuso, acoso o acto que vulnere su integridad psicofísica.
Conscientes de la profunda preocupación que genera en la sociedad la persistente y alarmante realidad de violencia que enfrentan las mujeres, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso en esta causa. En esta fecha tan significativa, se dirige a toda la comunidad con una reseña histórica y un mensaje que proviene de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género N.º 1 y 2, a cargo de Verónica Simensen de Bielke y Mónica Viazzi, así como del Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia, bajo la dirección de Matilde Alonso.
Desde cada una de las áreas del MPFS, trabajamos incansablemente para garantizar la justicia y brindar apoyo integral a quienes sufren violencia, convencidos de que solo a través de una respuesta firme, profesional y sensible podremos contribuir a erradicar esta problemática que afecta no solo a las mujeres, sino también al tejido social en su conjunto.
Hoy más que nunca, renovamos nuestro llamado a la empatía, la solidaridad y la acción colectiva para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia.
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas dominicanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal fueron capturadas por agentes del gobierno del dictador Rafael Trujillo. Luego de ser brutalmente golpeadas y ejecutadas, trasladaron sus cuerpos en un jeep hasta un barranco donde las arrojaron, simulando que habían sufrido un accidente.
“Las Mariposas”, como se las identificaba a las hermanas dentro del movimiento secreto, derivado del nombre clandestino adoptado por una de ellas, Minerva, eran activistas políticas que luchaban contra el régimen imperante en República Dominicana.
Durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá, Colombia, se decidió fijar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha resolución, se define este tipo de violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Atendiendo a la decisión de emitir dicha resolución y a su relevancia, en 1999 la Asamblea General designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en apoyo a esta decisión.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará, celebrada en Brasil, el 9 de junio de 1994, en su Artículo 7, Capítulo III, expresa que:
“Los Estados Partes convienen establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.”
La cantidad de sustancia secuestrada superaba ampliamente lo que podría interpretarse como destinado a consumo personal. Se solicitó mantenimiento de detención.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años por la presunta comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Conforme surge del procedimiento llevado a cabo por personal policial de la División Drogas de la localidad de Cafayate y el consiguiente secuestro, el acusado habría tenido en su poder un envoltorio de gran tamaño de papel film transparente con sustancia vegetal disecada compacta, de color, textura y olor a marihuana, de un peso de 1 kilo 26.4 gramos.
Se secuestró, además, un envoltorio de plástico color blanco con sustancia blanquecina en forma compacta, por un peso de 102.3 gramos; un envoltorio de plástico transparente con sustancia blanquecina pulverulenta compacta, con un peso de 52.1 gramos; un envoltorio de plástico negro, conteniendo sustancia blanquecina pulverulenta compacta, con un peso de 51.5 gramos.
El pasado 23 de noviembre, pasada la medianoche, el sujeto se encontraba a bordo de un servicio de transporte de pasajeros de media distancia, con destino a la ciudad de Cafayate.
Durante un control vehicular realizado por efectivos policiales, se procedió a inspeccionar el interior del vehículo, donde se halló a un sospechoso sentado en uno de los asientos, quien transportaba una mochila con un fuerte olor característico a marihuana. Al proceder a la verificación del contenido de la mochila, se encontraron prendas de vestir y, en medio de estas, sustancias estupefacientes.
Dada la cantidad de sustancia secuestrada, se deduce que su destino era la comercialización.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Rojas solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno.
El encuentro está vinculado con el tratamiento de asuntos de seguridad en lo atinente a la prestación de servicios públicos en zona de frontera.
Conforme a lo dispuesto por el Procurador General, Pedro García Castiella, y en el marco de las acciones conjuntas implementadas desde 2023 para abordar el robo de transformadores en el Distrito Judicial del Norte, y que se replicaron para combatir el robo de medidores de agua en la ciudad de Salta, se llevó a cabo la tercera reunión orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos. En esta ocasión, el enfoque estuvo puesto en fortalecer la protección de las líneas de alta tensión en la zona de frontera.
El encuentro se concretó este viernes, con la apertura del acto a cargo del secretario letrado de la Procuración General, Santiago Sotelo, quien explicó los motivos de la convocatoria.
Posteriormente, la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA) presentó su exposición, en la que repasó el abordaje del problema del robo de transformadores ocurrido durante el período 2020-2023. Durante su intervención, la empresa destacó los resultados positivos alcanzados gracias al trabajo articulado y conjunto con la Procuración General, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Federal.
Además, EDESA abordó una problemática actual relacionada con el robo de perfiles en las torres de líneas de alta tensión, que afecta a la empresa ETASA. Estas torres son fundamentales para el suministro de energía eléctrica al norte de la provincia de Salta, mediante la interconexión internacional Nodo Frontera (Salvador Mazza) con la ciudad de Tartagal. En este contexto, los representantes de la compañía de electricidad subrayaron la importancia de garantizar la integridad de esa línea, especialmente ante las restricciones por cortes de verano anunciados por la Secretaría de Energía de la Nación.
A su turno, la empresa Aguas del Norte detalló las acciones implementadas desde abril de este año y presentó nuevas problemáticas relacionadas con la necesidad de prevenir actos de vandalismo en más de 600 puntos estratégicos distribuidos en todo el territorio provincial.
También participaron en la exposición los directores generales de Investigaciones y Seguridad de la Policía de Salta, junto con la Coordinadora del Ministerio de Justicia, Nelly Alejandra Giménez, quienes aportaron perspectivas clave para abordar la problemática.
Finalmente, con el compromiso y la colaboración de todos los convocados, se procedió a la conformación de los grupos operativos encargados de diseñar las acciones necesarias para abordar las problemáticas planteadas por las prestatarias. Asimismo, se establecieron las pautas de trabajo, dando inicio a la tercera etapa de acción conjunta orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos.
La actividad contó con la presencia de Gendarmería Nacional; Policía Federal; Defensoría General de Salta; Fiscalía Federal Distrito Salta; la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Salta; el Ente Regulador de Servicios Públicos; la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA); la empresa Aguas del Norte y los Directores Generales de Investigaciones y de Seguridad de la Policía de Salta y la empresa ENDE (Transmisión Argentina S.A.).
El procedimiento se había llevado a cabo la mañana del pasado 11 de noviembre. Los denuciantes serán citados a declarar.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos inició una investigación ante las denuncias de dos presuntos damnificados durante un operativo de desalojo en el paraje El Barrial, cercano a la localidad de San Carlos.
Los dos hombres habrían intentado impedir que se concretara el procedimiento que había sido ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Laboral y de Personas y Familia de Cafayate, lo que habría derivado en un enfrentamiento con las fuerzas policiales.
Apenas tomó intervención en el hecho, la Fiscalía dispuso una serie de medidas vinculadas con el accionar policial y ordenó el envío de un equipo del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) a fin de realizar tareas de campo y determinar si existen testigos de lo sucedido.
Por otro lado, los denunciantes serán citados a prestar declaración la próxima semana.
La damnificada venía sufriendo diferentes hechos de violencia durante la relación de pareja y después de haberla dado por terminada. El condenado deberá cumplir reglas de conducta.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años de edad por los delitos de amenazas (cuatro hechos), amenazas con arma, privación ilegítima de la libertad agravada, hurto, coacción y daños, todo en concurso real.
En los fundamentos de la calificación legal, la fiscal Viazzi sostuvo que la existencia material de los hechos denunciados y la participación reprobable del acusado surgen de las declaraciones de la damnificada, quien es su expareja, las que resultan coherentes y sostenidas a lo largo de la investigación.
La denunciante manifestó que el 15 de octubre de 2023, el acusado le había manifestado a la mujer que publicaría fotos y videos íntimos porque había dado por finalizada la relación de pareja. Al día siguiente, el individuo le envió amenazas e insultos a través de la red social Facebook.
El pasado 11 de marzo, mientras la denunciante dejaba a sus hijos menores en la escuela, el acusado se presentó en el lugar. Le pidió que lo acompañara a retirar unos papeles y se dirigieron al domicilio donde alquilaba. Una vez dentro de la vivienda, el acusado la amenazó con un cuchillo que colocó a la altura de su cuello. Luego, se acercó y la agredió físicamente mordiéndole el pómulo izquierdo. Posteriormente, le ordenó quitarse las zapatillas, cerró la puerta con llave y guardó esta, reteniéndola contra su voluntad durante aproximadamente cuarenta minutos.
La mujer logró convencer al sujeto para que se dirigieran al centro a realizar un trámite de tarjeta de crédito. Al llegar, se pusieron en la fila y la damnificada aprovechó una distracción del acusado para hablar con un guardia de seguridad y pedirle ayuda. Cuando el sujeto se percató de la situación, se dio a la fuga, llevándose la mochila de su expareja, la que contenía documentación, tarjetas y otros elementos.
La fiscal Viazzi afirmó en el requerimiento a juicio que los hechos atribuidos al acusado constituyen una historia de violencia hacia la mujer, abarcando aspectos físicos, psicológicos, económicos, digitales y/o telemáticos, basada en una relación desigual de poder.
Además, sostuvo que el acusado no ha dudado en denigrarla públicamente mediante la difusión de imágenes íntimas, acosarla en la vía pública y perseguirla cuando ella se negaba a retomar la relación. También ha causado daños a bienes de su propiedad e intimidado a sus seres queridos, generando temor en la damnificada.
La jueza Gabriela Romero Nayar, tras la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional. En el mismo fallo, le impuso una serie de normas de conducta y ordenó que participe en el Programa de Protección de Personas en Situación de Violencia y se someta al control del Patronato de Presos y Liberados.
La mujer habría tenido una barra de hierro en la mano con la que habría amenazado para lograr que le dieran dinero. Se solicitó prisión preventiva.
El Fiscal Penal 5, imputó de manera provisional a una mujer de 31 años por la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma.
La tarde del pasado 12 de noviembre, la damnificada, quien trabaja en una veterinaria ubicada en calle Tucumán al 100, denunció que se hizo presente la acusada, advirtiéndole que su camioneta estaba con las luces encendidas. Al ver que la mujer permanecía parada en la puerta de ingreso, la denunciante se acercó a preguntarle si necesitaba algo. Fue en ese momento que la sospechosa le habría dicho a la empleada que le entregue dinero.
Ante la negativa de la mujer como respuesta al pedido, la acusada la habría amenazado con un hierro de 50 centímetros.
El propietario de la veterinaria, que se encontraba en el sector de consultorio, observó lo sucedido, salió inmediatamente y le dio mil pesos para que la joven se retirara.
No obstante, la acusada lo habría amenazado, diciéndole: “si llamás a la Policía te voy a romper la cabeza, la camioneta y la veterinaria”, para luego retirarse, según declaró el dueño del negocio, quien, además, logró llamar al Servicio de Emergencias 911.
Personal policial procedió a la demora de la mujer y encontró el elemento que habría utilizado al momento del hecho.
Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar. Por su parte, el Fiscal solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.
Se trata de dos viviendas particulares, de las que la sospechosa habría sustraído diversos elementos. Se solicitó prisión preventiva.
El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó provisionalmente a una mujer de 26 años por la presunta comisión de los delitos de hurto simple y robo simple.
El primer hecho se produjo la madrugada del pasado 13 de noviembre, en un domicilio particular de Villa Mitre de la ciudad de Salta, cuando la acusada se habría apoderado de manera ilegítima, de un monedero que contenía documentación de la damnificada y dinero en efectivo.
La sospechosa habría sustraído el objeto por una ventana con rejas que da a la calle, sin ejercer violencia, para luego darse a la fuga. Al despertarse y dirigirse a la cocina, la denunciante vio todo desordenado, algunas cosas habían sido corridas de lugar y notó la falta de elementos.
La misma madrugada, en un domicilio de Villa Floresta, la sospechosa habría dañado la cerradura de la puerta de ingreso al domicilio, para luego sustraer 2 teléfonos celulares, 1 mochila que contenía varias prendas y $400 mil en efectivo que estaban en una mesa de luz. Fue el propietario de la vivienda y damnificado quien sorprendió a la acusada en el momento del hecho y, tras advertir su presencia, la mujer logró darse a la fuga.
Más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, cuando el damnificado circulaba en su camioneta, encontró a la acusada en una esquina. Fue en ese momento que detuvo su marcha y logró retener a la mujer hasta la llegada de personal policial, que procedió a su demora y al secuestro de diversos elementos.
Entre los elementos secuestrados se encuentran un teléfono celular, un cable, un perfume, una cartera negra, una billetera con dinero en su interior, otra billetera con un DNI y tarjeras varias, entre otros.
Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Ruiz de los Llanos solicitó al Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva, atento a que la sospechosa registra numerosas denuncias y condena previa.
Los sospechosos fueron demorados en la vía pública, a la salida del establecimiento, con los dispositivos entre sus prendas y pertenencias.
El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, abrió decreto de imputación contra una mujer de 26 años, acusada de los delitos de hurto simple y encubrimiento. Asimismo, contra tres mujeres de 17, 24 y 30 años, y un hombre de 21, por el delito de encubrimiento.
La damnificada denunció que, durante la madrugada del pasado 18 de noviembre, mientras se encontraba en el interior de un local bailable cercano a la terminal de ómnibus, le pidió a una amiga que le alcanzara su teléfono celular. Sin embargo, al tomar la cartera de la denunciante, su amiga notó que estaba abierta y que el celular había sido sustraído.
De inmediato, dieron aviso al personal policial y luego se dirigieron a la dependencia para formalizar la denuncia.
La acusada de 26 años habría tomado ilegítimamente el teléfono celular de la denunciante, siendo interceptada por personal policial a la salida del local cuando intentaba retirarse en compañía de otras cuatro personas. Los demás sospechosos serían los presuntos encubridores del delito cometido por la acusada, ya que, durante la requisa realizada por los agentes, se encontraron entre sus pertenencias, varios teléfonos que también habían sido sustraídos.
De las identificaciones realizadas a los sospechosos que fueron demorados por personal policial, se constató que dos de las acusadas tenían pedido de captura, y una de ellas, además, contaba con una solicitud de búsqueda y paradero.
Se prevé que la audiencia de imputación se concrete en las próximas horas en sede de la fiscalía.
El individuo tenía medidas cautelares recientes que le prohibían acercarse a su expareja. Además, contaba con antecedentes de una denuncia por amenazas que data del año 2013.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 7 en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 41 años por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género, amenazas y desobediencia judicial.
La denuncia fue presentada por la expareja del acusado, con quien mantuvo una relación y tiene tres hijos menores en común. La mujer afirmó que la separación se debió a constantes problemas de pareja, así como a varios episodios de violencia verbal y amenazas.
El incidente ocurrió la tarde del 22 de octubre en plena vía pública, mientras la damnificada se dirigía a su trabajo. En ese momento, el individuo la interceptó, sujetándola bruscamente del brazo derecho y haciéndole reproches. Luego, el individuo le arrebató la mochila y se dio a la fuga.
La denunciante lo siguió y, en una esquina, el sujeto le revisó la mochila, le arrojó sus pertenencias al suelo y se marchó. La mujer fue asistida por unos menores que, circunstancialmente, estaban cerca y le ayudaron a recoger sus cosas. Luego, se dirigió a la comisaría de Villa Asunción para presentar la denuncia.
Tras un patrullaje por la zona, un móvil policial encontró al acusado en una esquina, procediendo a su demora.
El Juez Pablo Zerdán, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 7 meses de prisión de ejecución efectiva y, en el mismo fallo, lo declaró reincidente por quinta vez.