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UFINAR desbarató una banda que vendía estupefacientes en la zona sudeste de la ciudad

Trece personas fueron detenidas como resultado de numerosos allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad. Se logró el secuestro de cocaína y marihuana, tres vehículos, teléfonos celulares, y una suma millonaria entre pesos argentinos, chilenos y dólares.

El titular de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, dirigió la investigación que permitió la imputación y detención de 13 personas que formaban parte de la banda “Los Poseídos”, dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal solicitó las órdenes de allanamiento y detención. De los procedimientos, se logró el secuestro de 1.475 gramos de cocaína, equivalente a 11.800 dosis y 102 gramos de marihuana, con las que se podrían haber comercializado unas 408 dosis; un vehículo y dos motocicletas; la suma de $1.017.800 (un millón 17 mil ochocientos pesos argentinos), 20 mil pesos chilenos y 500 dólares. Además, fueron secuestrados 21 teléfonos celulares.

Los imputados varones y mujeres, fueron acusados del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, porque los elementos colectados durante la investigación (que llevó más de un año), confirmaron los indicios sobre la banda dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes. Además, tres de los imputados también fueron imputados por portación de arma de fuego de uso civil.

El fiscal López Soto informó que sigue vigente la reserva total de las actuaciones y que existen medidas pendientes en el marco de la investigación.

Sistema acusatorio y cibercrimen, ejes de cooperación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió al director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Jaime Arellano, con quien avanzó en los detalles de próximos acuerdos de cooperación de capacitación y litigación penal avanzada. El sistema acusatorio y los avances en lucha contra el cibercrimen fueron dos de los temas centrales de la reunión.

El director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Jaime Arellano celebró el encuentro con el procurador Abel Cornejo por las vastas posibilidades que se abren, ante la posibilidad de avanzar en acuerdos de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y CEJA. Se traducirían en programas de cooperación técnica de capacitación y de litigación penal avanzada; cibercrimen, prueba y evidencia electrónica, además del uso de tecnología en juicios. En principio, las capacitaciones enmarcadas en la formación del Cuerpo Especial de Investigadores, se concentrarán en el resguardo de la evidencia para fiscales e investigadores civiles.

Por otra parte, Arellano adelantó que por parte de CEJA, será aprovechada la extensa experiencia en litigación oral de los fiscales de Salta; “para usarla en los cursos de entrenamiento para los actores del sistema de justicia federal que estamos dictando en la Provincia”, adelantó. Es que el especialista considera que el conocimiento y herramientas adquiridos por los fiscales provinciales, “pueden ayudar al Ministerio Público Fiscal de la Nación en la implementación del Código Penal Procesal”, que rige desde el 10 de junio pasado en la provincia.

Arellano adelantó que será establecida “una cooperación muy activa con la Procuración” y consideró que los acuerdos tendrán “un ida y vuelta de beneficios mutuos”.

Qué es CEJA

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional, creado en 1999 por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos.

Su misión es apoyar a los Estados de la región en sus procesos de reforma a la justicia, para lo cual desarrolla actividades de capacitación, estudios e investigaciones empíricas, entre otras acciones, con la finalidad de cumplir con sus tres metas clave, que son:

Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y desarrollar planeamientos innovadores en la discusión de las Reformas Judiciales.
Favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores claves del sector justicia a nivel regional.
Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las Américas.

Caso Bernasar: piden la prisión preventiva del único detenido

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, requirió la prisión preventiva para Pedro Pablo Pardo, de 23 años, acusado del presunto femicidio de Gimena Sofía Bernasar. En su pedido, destacó el peligro de entorpecimiento latente y de fuga. Debe resolver el Juzgado de Garantías 3.

El pedido de la fiscal se fundamentó en la peligrosidad procesal que configura la posibilidad de que el imputado quede en libertad, ya que podría eludir el accionar de la justicia y desoír los llamamientos a comparecer durante la investigación. En el mismo sentido, dijo la fiscal que el imputado tiene suficientes razones para intentar evitar la aplicación de la ley penal, en base a pautas objetivas, lo que hace presumir su fuga. También merituó la gravedad del delito que se le imputa (el supuesto homicidio agravado por violencia de género en perjuicio de Bernasar) y la posible aplicación de una pena privativa de la libertad, en el supuesto de acreditarse la responsabilidad penal de Pardo.

En el pedido de prisión preventiva, Simesen de Bielke también valoró que de acuerdo a las evidencias, Pardo fue la última persona que se contactó con la víctima, a quien avisó que iría a verla al inquilinato de zona norte. Según presumen los investigadores, Pardo habría terminado con la vida de la víctima y luego, montó una escena para hacer presumir que se quitó la vida. “Se evidenció una conducta desinteresada en el resultado de su accionar y su actitud evasiva”, sostiene el pedido de preventiva.

Además, mencionó la falta de arraigo del imputado, lo que podría hacer que abandonara el país y evitará el accionar de la justicia, porque inclusive sus familiares desconocen su lugar de residencia. El hombre “se movería en un ambiente delictivo relacionado al consumo de estupefacientes” y por ello habría dejado su domicilio familiar, consta en la investigación.

Finalmente, Simesen de Bielke advirtió que en estado de libertad, el acusado podría intimar o influir en los testigos para obstaculizar la investigación.

Gimena Sofia Bernasar, de 24 años fue encontrada muerta el sábado 22 de junio pasado, en el interior de una habitación en la que vivía, en barrio Leopoldo Lugones, en la zona Norte de la ciudad de Salta.

Personal policial fue capacitado en la preservación de evidencias

La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera organizó una capacitación para efectivos policiales sobre cómo abordar la preservación del lugar del hecho ante la primer intervención. Hubo una activa participación.

El fiscal penal Oscar López Ibarra, junto al Grupo Técnico Criminalístico de la Policía en Rosario de la Frontera, estuvieron a cargo de abordar la importancia de la preservación de un lugar del hecho a fin de que el personal de Criminalística, al arribar pueda recolectar las muestras y evidencias necesarias para la investigación.

La capacitación se llevó a cabo en la Escuela Infantil de la Policía de la Provincia en esa ciudad y contó con la participaron personal policial de la Dirección de Seguridad Urbana (DSU), Brigada de Investigaciones, División Rural y Ambiental, Comisaría N°31, subcomisarías El Mirador y El Tala, destacamentos El Jardín, La Candelaria, Antillas, El Potrero, El Naranjo y San Felipe.

El fiscal López Ibarra destacó el acompañamiento de las autoridades policiales de la jurisdicción y señaló la importancia del trabajo mancomunado y en equipo para mejorar el servicio de justicia a los ciudadanos.

Caso Jimena Salas: nuevos elementos complican la situación del detenido Vargas

Una declaración testimonial y el informe de telefonía del equipo celular de Sergio Horacio Vargas complicaron la situación del imputado. La fiscal penal de UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio, advirtió que los elementos probatorios sumados en las últimas horas, confirman que el imputado debe mantener la prisión preventiva, para no poner en riesgo la investigación en curso.

Sergio Horacio Vargas, de 34 años, está acusado de la presunta comisión del delito de supuesto homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Salinas Odorisio advirtió este lunes que variaron las circunstancias en contra del imputado, al sumarse más pruebas de cargo que sustentan el pedido de mantenimiento de prisión preventiva, y en ese sentido, alertó sobre el peligro que podría acarrear para la investigación el otorgamiento de la libertad a Vargas.

Los nuevos elementos surgieron en las últimas horas, a partir del análisis de la telefonía del acusado, cuyo análisis incluyó los llamados hechos y recibidos por Vargas durante la jornada del 27 de enero de 2017, fecha en la cual fue asesinada Jimena Salas.

Además, se sumó este lunes la declaración testimonial de una mujer que aseguró haber visto a Vargas en la hora aproximada de muerte de Salas, en el sector del portón del domicilio de la víctima, sobre calle Las Virginias, en barrio San Nicolás de Vaqueros.

Actualmente, el juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, debe resolver sobre el recurso de apelación de la prisión preventiva interpuesto por la defensa de Vargas.

Sergio Horacio Vargas fue detenido el 14 de junio pasado, y el 27 del mismo mes, los fiscales penales de UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt le atribuyeron la presunta comisión del delito de supuesto homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario.

Según la imputación, la conducta de Vargas “vinculada con el hecho que se investiga, habría consistido en colaborar con los autores materiales del hecho como alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho”. Mientras tanto, se concretan distintas diligencias vinculadas con la investigación en curso.

Jimena Beatriz Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de barrio San Nicolás, del municipio Vaqueros, en el área metropolitana de Salta.

Cooperación: El Procurador recibió a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos

El asistente especial de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Jamie O´Mealia y el coordinador para Argentina de la Oficina Internacional Antinarcóticos y Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jérémie Swinnen; se reunieron con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, para avanzar en acuerdos que mejoren la capacidad investigativa de los fiscales y futuros investigadores civiles de Salta.

Los funcionarios hablaron con el procurador general, Abel Cornejo, sobre los convenios sobre los cuales se podrá avanzar entre el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de Estados Unidos, especialmente a través de formación dirigida a los fiscales de la provincia y los futuros investigadores civiles que ingresarán al Cuerpo de Especializado de Investigadores, CEI, cuya formación comenzará en septiembre próximo. Un apartado especial tendrá la capacitación en ciberdelitos y tráfico de estupefacientes.

Posteriormente, O´Mealia y Swinnen, recorrieron los laboratorios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán y el director del Cuerpo Especializado de Investigaciones, Omar Dávila.

El país tiene antecedentes recientes en materia de acuerdos entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre Incremento de la Cooperación para Prevenir y Combatir el Crimen Grave; la Declaración Conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de Desplazamiento entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América; además de la Declaración Conjunta de la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y del Secretario de Estado de los Estados Unidos en apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La firma de los acuerdos forma parte de un paquete que ya incluyó, entre otros, el Memorándum de Entendimiento para prevenir el Lavado de Dinero entre la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina y el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de los Estados Unidos.

Los acuerdos a suscribir con el Ministerio Público Fiscal, permitirán que los investigadores locales accedan a las herramientas más novedosas para mejorar la capacidad de respuesta en materia delictiva y que la dinámica de trabajo, apunte a la resolución de casos complejos con mayor celeridad.

El intercambio con fiscales del interior, clave para fortalecer la investigación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo continuó este martes el recorrido por sedes del Ministerio Público Fiscal, en las que conversó con los responsables de fiscalías y delegaciones. Acompañado por un equipo técnico, Cornejo relevó el estado de instalaciones, el personal disponible y otras necesidades de infraestructura y recursos en el Distrito Judicial Orán. También se interiorizó sobre logros de fiscalías en materia investigativa.

La visita del Procurador siguió este martes en las fiscalías de Orán y Pichanal y las delegaciones de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa. Previamente, durante la tarde del lunes, mantuvo un encuentro con el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón y posteriormente, se trasladó a la morgue y sala de autopsia de Orán. Allí, junto a la fiscal penal de Graves Atentados, Claudia Carreras, relevó el establecimiento recientemente inaugurado, hecho que convirtió a la ciudad norteña en el primer distrito del interior de la provincia que cuenta con un edificio modelo para la práctica de autopsias y otras labores forenses adecuadas para el abordaje integral en materia de investigación criminal.

Este martes, Cornejo fue recibido por las fiscales penales Alda Murúa, Mariana Cristina Torres y Mónica Viazzi; la de UGAP, Claudia Carreras, la de Violencia y Género, María Soledad Filtrín y la Civil Comercial y Laboral, María de los Ángeles Fernández. En tanto, otras reuniones fueron con la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes y con los responsables de las delegaciones de con las delegaciones de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa, Silvia Forti y Rogelio José González.

A través de la gira por el norte provincial -iniciada este lunes en el Distrito Judicial Tartagal y que concluye hoy en el de Orán-, el Procurador y su equipo pudieron conocer in situ el diagnóstico que los fiscales del interior manifestaron durante las reuniones semanales del Consejo Asesor de Fiscales, sobre el estado de las instalaciones, la infraestructura y las necesidades de personal para mejorar el servicio de justicia al ciudadano.

“La optimización, renovación o ampliación de los espacios físicos y el fortalecimiento y capacitación de los recursos humanos, son fundamentales para mejorar especialmente la atención al ciudadano; pero también para robustecer las herramientas disponibles de los fiscales, quienes deben concentrarse en la resolución de la investigación de los delitos”, afirmó el Procurador. Destacó todos los encuentros como altamente positivos, porque los funcionarios del Ministerio Público Fiscal hicieron conocer punto por punto la tarea que llevan adelante en el interior y porque una comunicación dinámica y efectiva, redundará en mejores resultados para el conjunto.

En ese sentido, Cornejo sostuvo que “los logros diarios de las fiscalías del interior, son grandes motivaciones para quienes están trabajando en lugares donde los contextos son muchas veces más duros que en la capital”. Y destacó la expectativa en torno al intercambio de metodologías y avances en materia investigativa, que será protagonista este jueves en el Primer Encuentro Provincial de Fiscales, a desarrollarse en el Centro Cultural América, de Mitre 23.

El Procurador, con fiscales del norte provincial

Con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento y necesidades de las fiscalías del interior provincial, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recorrerá durante este lunes y martes las fiscalías del Distrito Judicial del Norte de Salta. Este lunes, el Procurador recorrerá las fiscalías penales de Embarcación, Tartagal y Salvador Mazza, mientras que el martes está prevista la visita a las fiscalías de Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal y Colonia Santa Rosa.

Fiscal Gabriela Souto, Procurador Abel Cornejo

Los encuentros con los fiscales responden a la línea de gestión del Procurador, quien instó oportunamente a conformar una comisión de fiscales del interior, que se sume al Consejo Asesor de Fiscales y que podrá aportar diagnósticos y proyectos sobre la realidad de las fiscalías que se encuentran fuera del área metropolitana de Salta.

Este lunes, Cornejo se reunió con la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Alejandra Souto y en un encuentro posterior, con los fiscales penales de Tartagal, Gonzalo Vega y José Rafael Medina; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, María Lorena Martínez y la fiscal Civil, Comercial y Laboral, Rosa Graciela Vélez Román.

Fiscales: Vélez Román, Martínez, Vega y Medina

Es que desde que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó el Consejo Asesor, los fiscales de distintos municipios del interior vienen participando activamente, representados por uno de ellos y en forma rotativa. Recientemente, el Procurador propuso ampliarlo y que la comisión tenga participación en las tomas de decisiones que todos los viernes son discutidas en el marco de dicho Consejo.

Precisamente, uno de los temas abordados fue la preparación del Primer Encuentro Provincial de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, que busca propiciar una instancia de reflexión y deliberación entre los actores principales del organismo y el Procurador General, cuya gestión se encuentra abocada a lograr la unidad y fortalecimiento del organismo, con alcance transversal a todas las aéreas.

La visita del Procurador continuará este martes en las fiscalías de Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal y Colonia Santa Rosa.

Una fiscal pide a la justicia federal que investigue al religioso Rosa Torino

La Fiscal Penal 3, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, advirtió al fiscal penal federal en turno sobre la posible comisión de los delitos de lavado de activos y narcotráfico por parte del religioso Rubén Agustín Rosa Torino. Lo hizo a partir de la publicación del lunes 29 de julio, del sitio web Todo Noticias, que tituló “La Virgen de Guadalupe, el nexo entre El Chapo Guzmán y un cura argentino acusado por abuso”.

De acuerdo a la publicación del sitio, y cuya investigación lleva la firma de la periodista Miriam Lewin, “Exreligiosos confirmaron que el cura Agustín Rosa los obligaba a transportar dólares desde México a la Argentina. El capo narco iba a pagar la reparación del techo de un convento”.

El lunes pasado, la fiscal Simesen solicitó a la fiscalía penal federal en turno, que inicie una investigación preliminar de oficio, tal como lo establece el artículo 214 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho artículo establece que “si el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables”.

La fiscal basó su pedido al fiscal federal, tomando como notitia criminis la publicación mencionada, que sostiene, entre otros aspectos, que “consultado sobre el tema, un exreligioso integrante de la congregación, que vivió en México, donde el Instituto tiene varias sedes, confirmó que grupos de narcotraficantes del cartel de Sinaloa les pedían a Rosa y a los miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes y que un famoso jefe narco estuvo a punto de pagar la reparación del techo de un convento justo antes de ser arrestado en el 2014”.

El mismo informante sostuvo ante la periodista Lewin que “un señor estuvo a punto de hacernos el techo del convento que se vino abajo por una lluvia. Lo que nos iba a regalar era una locura, la reparación entera salía como U$S50.000. Un día nos iba a entregar la plata y el anterior lo detuvieron. Y ahí me enteré de que el señor, que tenía visto porque venía a la iglesia y las monjitas lo conocían, era nada menos que el Chapo Guzmán”. Y contó que «Yo viajé a la Argentina llevando U$S30.000, y juré que nunca más lo iba a hacer. Otros hermanos llevaban dinero escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe, en los bolsillos, en la ropa interior. Siempre estaban trayendo plata».

Simesen y la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Cecilia Flores Toranzos, reformularon el 11 de julio pasado el pedido de elevación a juicio en la causa que involucra al suspendido sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino. Contaron con el aval del procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó con su firma los argumentos esgrimidos por las integrantes del Ministerio Público Fiscal. Rosa Torino está acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser el autor ministro de culto reconocido», en perjuicio de dos exnovicios de su congregación y de «abuso sexual simple», en perjuicio una mujer. La imputación por esos delitos fue confirmada por la jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino. Las fiscales reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio pasado, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nula la elevación a juicio. Simesen de Bielke y Flores Toranzos dejaron constancia que no comparten los fundamentos de Figueroa y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa, las declaraciones de las víctimas, de testigos y las razones por las cuales se atribuyó Rosa Torino la comisión de los delitos que le imputan.

En el requerimiento, las fiscales expresan que, según consta en un informe del Arzobispado de Salta, Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado (incorporado) allí hasta 2009 cuando se aprobó la creación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Rosa Torino creó varias sedes del instituto en el interior de Salta, en otras provincias y el exterior (Chile, México y España). A instancia del Arzobispado, en 2015 el Vaticano dispuso la intervención de la orden y se le suspendió la licencia para ejercer el sacerdocio.

Abuso Sexual: una unidad fiscal especializada investigará al sacerdote Carlos Fernando Páez

La unidad especializada que investigará al sacerdote Carlos Fernando Páez, denunciado por supuesto abuso sexual, está conformada por la Fiscalía Penal 1 de Tartagal y las Fiscalías Penales 1 y 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid y María Cecilia Flores Toranzos, respectivamente.

El sacerdote Carlos Fernando Páez, de la parroquia La Santa Cruz, de Villa Saavedra, de Tartagal y que depende de la Diócesis de Orán, fue denunciado por un joven cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2015 y 2017.

La denuncia contra el sacerdote, de 58 años, también incluye supuestas amenazas y presiones por parte de Páez y el exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, -actualmente imputado por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas-, que habrían ocurrido en oportunidad que el joven avisó que se retiraría de la vida religiosa, lo cual concretó en julio de 2017. Posteriormente, regresó, pero se alejó definitivamente en enero pasado.

Además de los abusos, el hombre denunció humillaciones, degradaciones públicas y manipulación psicológica por parte de Páez, quien habría aprovechado su vulnerabilidad y lo habría acusado de “huérfano emocional”, entre otras cosas, para ganarse la confianza del joven y luego manipularlo con respecto de su formación y posibilidades.

En la denuncia también consta que por las consecuencias de los abusos, el joven se habría autoflagelado y habría intentado quitarse la vida dos veces, además de empezar a consumir bebidas alcohólicas.

La Unidad Fiscal Especializada conformada en el Distrito Judicial Centro, se integró a pedido del denunciante, en virtud del temor a las posibles represalias por parte del sacerdote denunciado en Tartagal.