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El Proyecto de Modernización del Ministerio Público prevé agilización de gestiones y ahorro de recursos

Profesionales del Ministerio Público presentaron al procurador general Abel Cornejo, el Proyecto de Modernización en el que se proponen diversos proyectos de aplicación tecnológica en beneficio de los ministerios Público Fiscal, de la Asesoría y de la Defensa. Implicarán agilización de gestiones internas y externas y economía de recursos.

El Proyecto fue aprobado por Resolución 18128/2019 del Colegio de Gobierno y entre los temas presentados para su implementación, se destacan:

El Sistema de Notificación Electrónica, para las resoluciones de la Procuración General, a fin de que éstas sean digitalizadas y comunicadas a todos los magistrados, funcionarios y empleados de manera electrónica. La eliminación del papel y de los traslados para dichas notificaciones, redundará en el obvio beneficio económico de tiempo y recursos.

El Sistema de Notificaciones Policiales, que permitirá la vinculación tecnológica con la División de Asuntos Judiciales de la Policía de la Provincia, a fin de que las Fiscalías Penales tengan la posibilidad de enviar las notificaciones que debe diligenciar la fuerza de seguridad, de manera electrónica. El sistema permitirá a ambos organismos realizar la trazabilidad y seguimiento de cada etapa de la entrega de documentación.

El Sistema SADA para la digitalización de actuaciones administrativas, a fin de que toda actuación o expediente administrativo en el cual intervenga Procuración General, se realice de manera digital.

Presentaron el proyecto la secretaria de la Dirección de Despacho del Colegio de Gobierno, Paola Obeid, el director de Informática del Ministerio Público, José Peralta y los integrantes de la secretaría de Despacho, Raúl Criado y Verónica Gallo. Los recibieron el procurador general, Abel Cornejo, la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro, la secretaria letrada Fátima Ruiz y la coordinadora informática de la Procuración General, Patricia Aballay.

La banda de Tayagüi fue condenada por microtráfico

El fiscal de la UFINAR, Santiago López Soto, llevó a juicio a Félix Amin Tayaüi y ocho participantes de su banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. De los nueve detenidos, seis cumplirán penas efectivas y a tres de ellos se les impuso penas de cumplimiento condicional.

A partir de la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, en el mes de marzo de este año se realizaron diversos allanamientos y la detención de nueve personas que conformaban la banda que en forma organizada, se dedicada a la comercialización de estupefacientes. Estas personas, tras su detención, fueron imputados y permanecieron privados de su libertad.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, López Soto requirió juicio en el mes de julio y, con el acuerdo de las partes, la semana pasada se realizó una audiencia de juicio abreviado en la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Allí, la jueza María Livia Carabajal, tras recibir la confesión de los acusados y la aceptación de los hechos endilgados, condenó a Félix Amín Tayagüi a la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, al pago de una multa de ciento sesenta y dos mil pesos ($162.000) y lo declaró reincidente por primera vez.

Pablo Exequiel Rearte fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva, al pago de una multa de diez mil ochocientos pesos ($10.800) y fue declarado reincidente por 2° vez.

A Raúl Daniel Quipildor se le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y fue declarado reincidente por 1° vez. Walter Hugo Gómez y Florencia Romina Mendoza fueron condenados a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Viviana Simona Arias fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, al pago de una multa de diez mil ochocientos pesos ($10.800) y fue declarada reincidente por 2° vez.

Juan Gabriel Mariscal y Romina Fabiana Flores fueron condenados a la pena de dos años y ocho meses de ejecución condicional y Analía Natalia Chasarreta a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y al pago de una multa de diez mil ochocientos pesos ($10800) como partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

CAF: Importantes definiciones sobre seguridad, interacción con jueces y Congreso Mundial Forense

Los integrantes del Consejo Asesor de Fiscales abordaron este viernes la conformación de una comisión destinada a fortalecer la seguridad de los edificios del Ministerio Público y Poder Judicial, la definición de temas a discutir con jueces de Garantías y la elaboración de informes psicológicos y ambientales en causas de violencia de género e integridad sexual. Los preparativos para el Congreso Internacional de Ciencias Forenses 2020 también fueron discutidos hoy.

En el inicio de la reunión, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien preside el Consejo, instó a los fiscales a participar activamente -a través de sus aportes y conocimientos-, en la organización del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, que coordinarán la Procuración General de la Provincia, la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta y que se desarrollará en Salta los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020, con la participación de destacados conferencistas internacionales de España, Portugal, Alemania, Suiza y México, entre otros.

Por otra parte, los miembros del Consejo acordaron la conformación de una comisión destinada a fortalecer la seguridad de las instalaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, como así también la representación de dicha comisión ante el cuerpo. Las mejoras en materia de seguridad se pensaron en función de los justiciables, los ciudadanos que demanda el servicio de justicia y los trabajadores judiciales y del Ministerio Público.

Los consejeros también definieron un temario para acordar con jueces de Garantías, que se centrará en la disposición de bienes secuestrados en la lucha contra el microtráfico y los mecanismos para evitar la superposición de audiencias.

Por último, durante el encuentro se abordaron las nuevas directivas sobre elaboración de informes psicológicos y ambientales en causas de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Al respecto, el Procurador interiorizó a los fiscales sobre los cambios dispuestos en el CIF, organismo del cual dependerán todos los profesionales psicólogos del Ministerio Público Fiscal.

En la reunión de este viernes participaron la vicepresidenta del Órgano y fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández, los fiscales penales de Gral. Güemes, Pablo Rivero y de Cerrillos, Gabriel Portal, además de la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria.

También estuvieron el fiscal penal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; los fiscales penales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 y 4, María Luján Sodero Calvet y Gustavo Torres Rubelt; y el fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto. Se sumó por el interior, el fiscal penal de Metán, Sergio Castellanos. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Ana Cecilia Carraro.

Brigadistas: una condena y dos absoluciones

Luego del inicio de la última jornada contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los imputados hicieron uso de las últimas palabras para luego escuchar la sentencia del juez.

Tal como estaba previsto, a las 8 de la mañana de este viernes inició la última jornada en la que los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras ante el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien luego de escucharlos dispuso un cuarto intermedio hasta las 10 para dar lectura de la sentencia.

Luego de la lectura de los considerandos en la parte resolutiva de la sentencia, Rodríguez Pipino resolvió condenar a Víctor César Dagum a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Respecto de Roberto Durnelli y Víctor Jesús de Ola Castro dispuso la absolución por la duda y rechazó que los acusados puedan ser acusados por el homicidio culposo de las víctimas.

Por último, de la acción civil planteada, el magistrado resolvió que la misma deberá ser afrontada completamente por el Estado Provincial, que deberá indemnizar a los familiares por la muerte de Mauricio Miguel Valdez, la suma de nueve millones de pesos ($9.000.0000) y por la muerte de Matías Daniel Vilte, la suma de seis millones de pesos ($6.000.0000), todo en concepto de reparación por daño material y moral, con intereses contados a partir de la fecha de la presente sentencia.

Víctor Ola Castro se desempeñaba como subsecretario de Defensa Civil, mientras que Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, lo hacían en el área de prevención de incendios forestales. Fueron juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Intervino la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma.

El incendio que mató a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte ocurrió en la zona del cerro “El Acheral”, Guachipas, el 27 de octubre de 2014.

Matanza de animales: Imputan a Flores y buscan al propietario de la finca

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo interinamente del fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, imputó a Roberto Flores, de 41 años, por la comisión del delito de “Maltrato y actos de crueldad contra animales y amenazas en concurso real”. El fiscal también pidió el mantenimiento de la detención y del secuestro de distintos elementos obtenidos a partir del allanamiento en la finca ubicada sobre ruta provincial N° 87. Hay un pedido de captura vigente para el dueño de la finca.

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo interinamente del fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, imputó a Roberto Flores, de 41 años, por la comisión del delito de “Maltrato y actos de crueldad contra animales y amenazas en concurso real”, en el marco de la investigación que inició con la denuncia de dos vecinas de San Luis, del departamento Capital, por la muerte de varios perros y al menos tres caballos. Durante el transcurso de la semana se sumaron nuevas denuncias. En su denuncia, una de las mujeres expresó que “el material no solo realizó estragos en los animales domésticos, sino que también afectó a la fauna silvestre”. Pidió la declaración de la emergencia ambiental y la intimación al propietario para la erradicación del material.

El decreto de imputación contiene los informes policiales, inspecciones oculares, fotografías de los animales que habrían sufrido envenenamiento, declaraciones testimoniales de vecinos y veterinarios, informe de allanamiento e informe toxicológico del CIF, que confirmó que la sustancia tóxica es Carbofurán.

Cita el decreto de imputación que de los relatos de los distintos denunciantes “se advierte de forma patente y clara cómo la acción del encausado, quien introdujo veneno en trozos de carne y los arrojó en cercanías de la Finca en donde desarrolla tareas, sita en barrio El Refugio Ruta Provincial 87 KM 3 de San Luis, produjo el padecimiento, sufrimiento y muerte de los animales que habrían sufrido envenenamiento”. Los hechos encuadran en el Art. 1 en función del Art. 3 inc. 7 de la ley 14.346, que precisa las consecuencias de “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad”.

Flores también fue imputado por amenazas en concurso real, porque un ciudadano denunció que la mañana del martes 29 de octubre pasado, el acusado le habría manifestado “atá a tu perrito ya que esta noche voy a tirar carne con veneno”, anunciando la producción de un mal, cierto, grave, futuro e inminente, susceptible de causar alarma o amedrentamiento, y coartar la libertad psíquica de la víctima. Y pudo acreditarse “sobradamente por los distintos daños provocados por el encausado”, que se materializó el mal anunciado, lo que mostró “de manera contundente y clara que los dichos vertidos tenían entidad e inminencia”.

El fiscal Portal también pidió el mantenimiento de la detención en un pedido hecho al juez de Garantías 4, en atención a la peligrosidad procesal emergente por la eventual posibilidad de entorpecimiento en la investigación y de peligro de fuga, porque “nos encontramos ante un hecho pluriofensivo, ya que las acciones desplegadas por el causantes damnificaron a un gran cúmulo de personas”, amén de la continuidad de otras medidas solicitadas, a los fines de determinar si existen otros delitos y más personas afectadas.

El fiscal también dijo que hay razones suficientes para presumir que el imputado intentará entorpecer la investigación; quien en todo momento “se comportó reacio al procedimiento”.

Finalmente, Portal destacó que “resta encontrar al dueño de la Finca en cuestión y determinar su participación en los hechos que se investigan, medida esta que podría verse frustrada encontrándose en libertad” el imputado Roberto Flores.

Sobre el pedido del mantenimiento del secuestro obtenido a partir del allanamiento, dijo que se trata de sustancias peligrosas que requieren especial cuidado y conservación para evitar potenciales daños a particulares.

Catorce demorados por un enfrentamiento entre pegatineros

El fiscal penal 5, Horacio Córdoba Mazuranic investiga los hechos registrados esta mañana durante un enfrentamiento protagonizado por grupos antagónicos. Hay 14 personas demoradas y se secuestraron dos vehículos y un arma de fuego.

Los hechos se produjeron esta mañana, antes del inicio de la veda electoral que rige desde las 8, con motivo de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 10 de noviembre de 2019. En la intersección de avenidas Jujuy y San Martín, dos grupos se habrían enfrentado por espacios para pegar afiches y como resultado, una persona resultó herida.

Al llegar la Policía, logró la detención de dos hombres, de los cuales uno presentaba una herida de arma de fuego. Fue derivado al hospital San Bernardo, donde se diagnosticó que una lesión leve.

El segundo de esos dos hombres, tenía el arma de fuego en su poder, la cual fue incautada para las pericias correspondientes. Posteriormente, fueron demoradas otras doce personas que habían escapado del lugar en una camioneta.

También se secuestraron el auto y la camioneta involucrados en el hecho que se investiga.

A partir de los testimonios y elementos colectados, más las pruebas que se realizarán al arma y otras medidas de prueba, la Fiscalía Penal determinará la responsabilidad de cada demorado en los hechos denunciados.

Microtráfico: tenían cuarto kilo de cocaína y fueron condenados

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, presentó ante el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio, Federico Armiñana Dohorman, una causa contra dos acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los acusados fueron condenados a prisión de ejecución efectiva y multa.

Imagen ilustrativa

La investigación se inició en abril de este año a partir de una denuncia anónima en la página www.denunciasweb.gob.ar, donde se manifestó que una persona identificada como “Liliana” se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en inmediaciones de su domicilio, ubicado en el asentamiento Juan Bautista. También aportó la descripción de la vivienda.

Del trabajo de inteligencia realizado se acreditó que efectivamente personas entraban a la vivienda para adquirir cocaína y se corroboró el nombre de la sospechosa como Liliana del Milagros Mercado, de 48 años.

Luego de agregar los informes correspondientes de la actuación preparatoria, López Soto pidió al Juzgado de Garantías N° 8 una orden de allanamiento sobre la propiedad de Mercado, procedimiento que dio resultado positivo, con el secuestro de 244 gramos de cocaína y $8325 (ocho mil trescientos veinticinco pesos). Y la detención de Mercado quien había tirado una billetera al fondo en el momento que ingresó la Policía. También fue detenido Ángel David Cabana, de 26 años, quien intentó darse a la fuga por una ventana tras tirar unos cilindros con sustancia blanquecina.

Durante la audiencia de imputación ambos negaron la acusación, sin embargo una vez reunidos todos los elementos de la investigación y las pericias por parte del CIF, López Soto elevó la causa a juicio en julio, la cual recayó en la Sala I del Tribunal de Juicio. En juicio abreviado y luego de acordarlo con la defensa de las partes, se condenó a Mercado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva y a Cabana, a cuatro años. El juez declaró reincidente por primera vez a Mercado y dispuso multa para ambos por el delito de tenencia con fines de comercialización.

Misión La Cortada: un menor complicó a los acusados de femicidio

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, sumó elementos a la investigación iniciada por el homicidio de una menor de 14 años, de Misión La Cortada, hecho por el cual hay dos imputados. Las declaraciones testimoniales del caso concluirán la semana próxima.

Entre las declaraciones testimoniales que sumó, el fiscal Cabot recibió la de un menor, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con ambos imputados la noche que desapareció la adolescente. Cuando la víctima llegó al lugar, los acusados pidieron al testigo que se retirara. El testigo dijo que vio cuando entre los dos, acompañaron “al monte” a la adolescente. Es el mismo lugar donde dos días después apareció muerta.

Otras declaraciones testimoniales coinciden con los horarios en los que la víctima estuvo ausente de su domicilio, entre otros elementos que abonan la hipótesis de que Arias y Orquera habrían asesinado a la niña. La semana que viene se completarán la recepción de testimonios y el cumplimiento de medidas y pericias solicitadas para esclarecer el hecho.

El cuerpo de la menor, de 14 años, fue hallado el domingo 27 de octubre en una zona rural de Coronel Juan Solá. Su familia había denunciado la desaparición el viernes 25.

El martes 29, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, imputó por el femicidio a Nazareno Orquera y Yamil Abigail Arias, ambos de 20 años y quienes habrían sido los últimos que fueron vistos con ella el día de su desaparición en Misión El Chañar. Se abstuvieron de declarar y siguen detenidos.

Tentativa de femicidio en Tartagal: el acusado declaró, pero no respondió preguntas

Juan Alberto Villarreal, de 21 años, fue imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su pareja, Raquel Viviana Palacios, de 18 años. La víctima sigue grave.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, cuando la víctima fue trasladada desde Misión La Mora al nosocomio. Raquel Viviana Palacios sigue grave e internada en el área de terapia intensiva del hospital Juan Domingo Perón, donde ingresó en la madrugada del miércoles con quemaduras presentes en el 80 % de su cuerpo.

Este miércoles, Villarreal declaró en la Fiscalía, pero se negó a contestar preguntas. Se espera que por lo menos hasta el lunes próximo se reciban distintos testimonios que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos que ocasionaron las lesiones gravísimas en el cuerpo de la joven. En consecuencia, sigue imposibilitada de declarar.

Se sumarán las declaraciones testimoniales de dos personas que residen en Misión La Mora y que habrían sido testigos de los hechos y de dos médicos que atendieron al imputado por una lesión en una de las manos, entre otras testimoniales.

La pareja habría empezado a convivir hace pocos meses en una vivienda donde también residen familiares de Villarreal, quien permanecerá detenido.

Fiscal pide la prisión preventiva de un hombre que abusó de su expareja

El hombre fue denunciado la semana pasada en la Comisaría N° 4, quedó detenido el pasado lunes y fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, amenaza y hurto, todo en concurso real. Ahora, el fiscal penal N° 2 Rodrigo González Miralpeix de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual solicitó su prisión preventiva. El imputado cumplió una condena anterior por violencia de género.

La mujer aclaró que se encuentra separada de su expareja hace ya tres años por episodios de violencia de género sufridos a manos del acusado. Tienen dos hijos menores de edad, de quienes cuidaba desde octubre pasado, cuando salió de prisión, mientras la mujer estuviera trabajando.

El acusado aprovechó la situación para quedarse en la vivienda, porque el trabajo de la mujer le exigía viajar al interior. Ella aceptó, para evitar que el hombre se llevará a los hijos. En ese contexto, el imputado aprovechó para obligarla a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte, de no dejarla vivir tranquila y que si la veía con su pareja actual “lo iba a hacer bosta”. Incluso se cortó el brazo delante de los menores.

Ese mismo día regresó a casa y nuevamente la amenazó y se llevó dos celulares de la víctima. Luego de la denuncia y en consulta con la fiscalía se solicitó su detención y al Servicio de Medicina Legal del CIF, los estudios ginecológicos a la víctima.

Una vez llevado ante el fiscal González Miralpeix, el joven de 26 años quien ya había cumplido una condena de tres años por amenazas, en el marco de violencia de género contra la madre de sus hijos, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, amenaza y hurto, todo en concurso real. También pidió su prisión preventiva.