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El Galpón: imputarán a cuatro mujeres por la agresión a otra con un cuchillo

El fiscal penal 1 de Metán, Sergio Castellanos, tomó intervención tras las consultas policiales realizadas por un hecho de sangre ocurrido en el municipio de El Galpón, departamento Anta, este jueves. La Fiscalía también investiga responsabilidades sobre la filtración de imágenes relativas al hecho y que se hicieron públicas.

Creditos: elvocerohoy.com

El hecho ocurrió frente un consultorio médico particular en calles Juan Carlos Dávalos y avenida Islas Malvinas, donde la víctima se encontró con las acusadas. Según consta en la etapa inicial de la investigación, cruzaron palabras por pleitos pasados y al salir, la joven fue atacada por el grupo de mujeres. Una de ellas le clavó un cuchillo en el rostro.

El médico del consultorio salió para brindar los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia y fue trasladada al hospital San Bernardo, en código rojo.

De lo recolectado hasta el momento, Castellanos confirmó que se produjo la demora de cuatro mujeres que habrían participado del ataque. Dos de ellas son menores de edad.

Las mujeres serán imputadas en el transcurso del día, por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, luego de realizarse el control de legalidad correspondiente por parte del Juzgado de Garantías en turno.

Por otra parte, la Fiscalía inició una investigación para determinar responsabilidades sobre la filtración de imágenes relativas al hecho y que se hicieron públicas.

Gral. Güemes: investigan irregularidades denunciadas por el intendente

La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga una denuncia realizada por el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra. Se trata de irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio, supuestas irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de algunos archivos.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, investiga en el marco de la denuncia realizada por el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, en la que consignó irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio, irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de algunos archivos.

Flores explicó que el jefe comunal presentó la denuncia penal ante el procurador general, Abel Cornejo, y que las actuaciones fueron giradas a esa unidad para que se realice una profunda investigación. Para ello, el Fiscal dispuso la recepción de testimoniales de quienes realizaron la auditoría, la remisión de documentación y otras medidas que permitirán esclarecer lo sucedido.

Una Comisión de Enlace mejorará la articulación con Seguridad

Con el firme objetivo de mejorar la comunicación y articular mejores acciones entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de una Comisión de Enlace Institucional con la cartera provincial.

La Comisión de Enlace Institucional dependerá de la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y estará integrada por la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet; el director del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; la fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria y el fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero.

Las funciones de la Comisión fue uno de los temas abordados este jueves, en un encuentro con la jefa de Policía de la Provincia, comisaria general Norma Morales. Con ella se analizaron también aspectos vinculados con la fuerza de seguridad como auxiliar de la justicia y la preocupación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal ante la posibilidad de disminuir las consignas policiales en casos de violencia de género.

Durante el encuentro, el Procurador destacó la necesidad de articular las políticas de actuación entre el Ministerio Público Fiscal con otros organismos públicos e instituciones privadas, mediante el desarrollo de nuevos vínculos institucionales y fortaleciendo los ya existentes, lo que permitirá generar canales de comunicación más eficientes para la defensa de los intereses de la sociedad.

Cornejo afirmó que la existencia de las comisiones de enlace entre los organismos propiciará el contexto de colaboración institucional, indispensable en la investigación criminal y la protección de víctimas de violencia familiar y de género, entre otras.

Estafó a varios con la promesa de construir casas prefabricadas

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Juan Sebastián Segovia, acusado del delito de estafa (ocho hechos) y coacción (un hecho).

Según consta en el decreto de imputación, Segovia, mediante maniobras ardidosas, simuló solvencia e idoneidad e hizo creer a sus víctimas que era parte de dos emprendimientos comerciales serios. Uno se ubica sobre calle San Juan al 400 y el segundo, sobre Olavarría al 1100, ambos en la capital salteña. Así, ganó la confianza de los damnificados al proporcionar datos de empresas de construcción y venta de viviendas prefabricadas y les expresó que por una suma de dinero de contado, les efectuarían las obras prometidas.

Los denunciantes concretaron el pago de diversas sumas de dinero, sin que el imputado cumpliera, lo que produjo en consecuencia un perjuicio patrimonial a las víctimas.

Además, frente a los reclamos realizados por uno de los denunciantes, el acusado lo amenazó de muerte al decirle que no lo molestara o apurara porque “los cagaría matando”.

Con la intervención del Juzgado de Garantías 5 y la División de Delitos Económicos de la Policía Provincial se realizó el allanamiento en los locales comerciales, el secuestro de documentación atinente a la causa y la detención del imputado.

Sobre Segovia y con igual modalidad, pesan dos requerimientos de juicio por acusaciones previas.

Es la guitarra de Toro

La fiscalía penal UNICROH, a cargo de Pablo Rivero, con la intervención de la División Delitos contra la Propiedad e Investigaciones Complejas, recuperó una guitarra Godin acústica perteneciente al cantautor Miguel Toro valuada en $200 mil. Todavía no hay acusados.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia del músico, quien precisó que el 4 de agosto de 2019, tras actuar en el Festival de Graneros en Tucumán y mientras preparaba el regreso a Salta, notó el faltante del instrumento.

Además, Toro indicó que por un colega tomó conocimiento que la guitarra podría estar en poder de un ciudadano, propietario de un centro artístico en Chaco.

El 12 de febrero del corriente año, en cumplimiento al oficio judicial con exhorto y allanamiento librado por el Juzgado de Garantías 4 de Salta y del Juzgado de Garantías en turno de Roque Sáenz Peña de Chaco, efectivos de la División de Delitos contra la Propiedad e Investigaciones Complejas ingresaron al domicilio ubicado en Pampa del Infierno.

Durante el operativo, entrevistaron al ciudadano de 44 años, propietario del centro artístico, quien entregó voluntariamente la guitarra Godin ACS-SA KOA NYLON ACUSTIC, valuada en $200 mil.

Además, el propietario del centro artístico manifestó que consiguió la guitarra por $70 mil a través de un sonidista que trabaja en Tucumán y aseguró desconocer que la misma fuera sustraída y aseguró que la compró de buena fe. La Fiscalía ordenó nuevas medidas en el marco de la investigación.

Investigan la causa de muerte de trece menores en el norte

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, lleva adelante la investigación sobre al menos trece menores fallecidos entre el 1 y el 27 de enero pasado, en los departamentos San Martín y Rivadavia. El CIF analiza las historias clínicas para determinar si la causa de muerte de cada uno de los menores, se relacionó con situaciones de desnutrición y/o deshidratación. Hoy pidió documentación relativa a los fallecimientos ocurridos en febrero.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, lleva adelante las actuaciones caratuladas como «Averiguación de causa de muerte», iniciadas en enero pasado, después de que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, remitiera constancias el 24 de enero pasado sobre distintas publicaciones periodísticas que refirieron el fallecimiento de menores de edad en el norte provincial. Dichas publicaciones llegaron a la Fiscalía el 27 de enero pasado, día en el que Cabot decretó el inicio de las actuaciones y se trasladó con su equipo a Santa Victoria Este, donde circunstancialmente se encontraba la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Gobierno de Salta, Susana Velazco, quien informó que a esa fecha, los menores fallecidos eran trece. Doce casos corresponden al Distrito Tartagal y un caso al Distrito Orán. En caso de confirmarse que el último fallecimiento tuvo relación con un cuadro de desnutrición, se dará intervención a la fiscalía de Orán.

Entre otras medidas ordenadas, la Fiscalía libró oficio al Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Salud Materno Infantil, a la que solicitó información en relación a niños y niñas fallecidos entre el 1 de enero pasado y el 27 de enero en los departamentos San Martín y Rivadavia. Especialmente, se especificó que la información debía contener datos sobre las muertes que se relacionen con cuadros de desnutrición, deshidratación o cuadros similares. Cabot pidió que se remita la siguiente documentación: reporte de muerte de menores de cinco años; historia clínica; carnet de vacunas; carnet del niño (con curva de peso) y formulario del agente sanitario.

Por otra parte, el 31 de enero pasado, la Fiscalía recibió la declaración testimonial del periodista Kimón Demitrópulos, en virtud de sus publicaciones en la red social Twitter, en relación a sumas de dinero faltantes y que estaban destinadas al norte de la Provincia. El fiscal lo convocó por haber relacionado dicha cuestión con la muerte de los menores de las comunidades wichí.

La documentación solicitada a la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil del Gobierno de Salta fue remitida la semana pasada al plantel médico del CIF de Orán, a cuyas integrantes se les solicitó que informen si la causa de muerte de cada uno de los menores se relacionó con cuadros de desnutrición y/o deshidratación. La precisión de dicha información será fundamental para precisar la causa y número de menores fallecidos, ya que algunos de los casos están registrados como «RN» (recién nacidos), es decir que murieron el mismo día del parto.

Este miércoles 26, Cabot libró oficios al Programa de Estadísticas del Ministerio de Salud, a cuya responsable solicitó los informes estadísticos de cada menor; al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Salta, a cuya titular le solicita copia certificada del acta de defunción de cada menor; y a la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, para que brinde la documentación relativa a los menores fallecidos en el mes de febrero.

Violencia de género: preocupa a los fiscales la posibilidad de disminución de consignas policiales

El Consejo Asesor de Fiscales analizó este viernes la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia reduzca la cantidad de efectivos policiales afectados a la custodia de víctimas de violencia de género. Propusieron mejoras al sistema vigente, especialmente en materia de notificaciones y otras problemáticas. Además, el Procurador y consejeros actualizaron información sobre el Congreso Internacional Forense que se desarrollará en Salta en octubre próximo.

El análisis y posteriores definiciones del Consejo Asesor de Fiscales se centraron este viernes en las problemáticas de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género, las cuales se agravarían seriamente si se concretara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reduzca la cantidad de efectivos policiales afectados a las custodias de víctimas de violencia. Los presentes destacaron el peligro real de una escalada de violencia agravada si se redujeran las custodias, tal como trascendió informalmente desde el Ministerio de Seguridad.

Vale recordar que el 24 de diciembre pasado, a pesar de haberse asignado custodia fija y personal a Liliana del Valle Flores, la mujer fue asesinada por su exmarido, el policía Edgar Exequiel Almirón, quien ingresó por el sector posterior de la vivienda. Luego, se mató. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 4, Gustavo Torres Rubelt, imputó al custodio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese marco, los fiscales de la especialidad, a través de la consejera Claudia Geria, propusieron la urgente implementación de un sistema que registre las notificaciones de las medidas cautelares dictadas por jueces de Violencia Familiar y de Género y jueces de Garantías, en un contexto de violencia de género y plantearon la necesidad de contar con pulseras electrónicas y botones antipánico para el certero resguardo de las víctimas, además de la necesaria capacitación del personal policial, para que deriven correctamente las denuncias de violencia de género a las fiscalías especializadas en la materia y no a las fiscalías comunes.

Además, pidieron que se replique el esquema vigente entre el Ministerio Público Fiscal y el hospital San Bernardo, que permite que las víctimas de violencia que ingresan por guardia, sean asistidas en forma integral, y asesoradas también sobre la cuestión legal. Destacaron que, por ejemplo, en la jurisdicción de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 4, en la zona sudeste, se presentan complicaciones cada vez que una víctima acude al hospital Papa Francisco o los centros de salud cercanos, porque los profesionales de la salud aducen que no son forenses y no emiten informes sobre el estado de salud de las víctimas. Con ello, se pierden valiosas pruebas para los procesos de investigación y sanción de los violentos.

Finalmente, propusieron unificar criterios de valoración de riesgos de la víctima de todos los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo Provincial y Municipal y cualquier otra área vinculada con el abordaje de la violencia.

El Consejo de Asesores también se actualizó sobre el próximo Congreso Mundial Forense a realizarse en octubre de 2020 y acerca del convenio que firmará próximamente la Procuración con la Universidad Nacional de Buenos Aires para se dicte en Salta el posgrado sobre “Cibercrimen y Evidencia Digital”, que dirige el especialista reconocido internacionalmente, Marcos Salt. El procurador general, Abel Cornejo, destacó que el posgrado ofrecerá respuestas al vacío existente en torno al estudio interdisciplinario de las problemáticas que plantean al sistema penal moderno las modernas tecnologías informáticas. Será la primera vez que se dicte fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El Consejo está conformado por fiscales de distintas materias y la representación del interior es rotativa. Lo preside el Procurador y su vicepresidenta es Gabriela Buabse. Contó este viernes con la secretaria letrada, Fátima Ruiz; el prosecretario del cuerpo, Omar Dávila y las fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Claudia Geria y Carolina Hernández. También estuvieron los fiscales Pablo Rivero, Federico Obeid, Federico Jovanovics, Leandro Flores y Gabriel González. Por el interior, asistió el fiscal penal Sergio Castellanos, de Metán.

Discutió por una gorra y lo apuñaló

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, requirió ante el Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Álvaro Alfredo Agüero, acusado del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Matías Nicolás Altamirano Vega.

Según consta en el decreto del requerimiento, en la madrugada del 20 de junio de 2019, en un domicilio de barrio Solidaridad, el imputado de 20 años hirió con un arma blanca en el abdomen al damnificado, con claras intenciones de atentar contra su vida.

El fiscal Ramos Ossorio entiende que el acusado no pudo concluir con su objetivo gracias a la intervención de amigos de la víctima, quienes “agarraron piedras y corretearon al agresor”.

El informe médico legal del CIF indicó que Altamirano Vera sufrió un traumatismo de cráneo por la agresión de terceros, con herida penetrante en la región temporal izquierda y una cicatriz en la región del flanco izquierdo, lo que reveló la real intención del causante.

De numerosos testimonios pudo conocerse que el imputado estuvo en el lugar del hecho y que discutió con el damnificado por el supuesto robo de una gorra. Luego se retiró para regresar armado.

Imputaron a una escribana y la nieta que defraudó a su propio abuelo

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, llevó adelante la investigación contra la nieta del denunciante y una escribana, quienes mediante engaños lograron hacer firmar una constancia de cesión de acciones y derechos hereditarios al abuelo de la primera. Las acusadas fueron imputadas por defraudación y falsedad ideológica en perjuicio de Teobaldo Galarza.

En julio del año pasado un hombre de la tercera edad denunció a una escribana y su nieta, con quien había perdido contacto hace más de catorce años, según expresó. Dijo que no tenía vínculo con su nieta ni con su familia por la distancia y discusiones que surgieron entre ambas partes. Sin embargo, en noviembre de 2018 la nieta se presentó con la supuesta intención de restablecer el vínculo familiar, lo que se repitió en reiteradas oportunidades.

De esa manera fue logrando tener la confianza del denunciante y su cónyuge, pues los visitaba para tomar mates y charlar. Según denunció el anciano, en una ocasión la nieta le preguntó sobre el estado de los papeles de su vivienda y ambos le manifestaron que contaban con una porción hereditaria.

A partir de allí las visitas fueron más seguidas. Tanto así que los acompañaba a realizar trámites en el centro de la ciudad, tareas domésticas e incluso visitas al médico y actividades sociales, por la complejidad que implicaba para ellos hacerlo de manera independiente.

Desde abril del año pasado, la joven comenzó a sugerirle a su abuelo que le firmara un poder con fines asistenciales de control y protección. Logró convencerlo de ir a una escribanía donde la notaria, luego de reunirse con su nieta, lo hizo pasar para hacerle una par de preguntas a fin de que luego firmara un documento. No le explicó el contenido ni le dio una copia.

Al volver a casa, su pareja, Gercy Socorro Rabaiotti, actualmente fallecida, le hizo ver que también debería haber accedido a una copia del documento firmado, por lo que al volver a la escribanía la profesional solo le dijo que podía darle una copia simple. Así se dieron cuenta que había firmado una constancia por la cual donaba sus acciones y derechos hereditarios de su vivienda.

El recibir la denuncia, la fiscalía pidió diversos informes de la Dirección General de Inmuebles y sumó declaraciones testimoniales, entre otros elementos a través de los cuales logró fundamentar las acusaciones en contra de la nieta del damnificado y la escribana. Fueron identificadas como Paula Betiana Arancibia y María Virginia Flores, respectivamente, a quienes se les imputó la supuesta comisión del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica.

Abusó sexualmente de sus dos hijas y las amenazó para que no lo contaran

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado un hombre de 42 años, acusado de abusar de sus dos hijas menores y amenazarlas.

El imputado está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo continuado, en concurso real, con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo continuado, en concurso real, con amenazas y coacción en perjuicio de una de sus hijas; y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, en concurso real, con amenazas en perjuicio de su otra hija.

Según se desprende del decreto de elevación a juicio se encuentra acreditado que el imputado atentó contra la integridad sexual de una de sus hijas, quien en el momento tenía entre 14 y 15 años, desplegando actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de su voluntad. También la accedió carnalmente en reiteradas oportunidades cuando la menor tenía 17, y la amenazó con que haría lo mismo a su hermana menor si contaba lo sucedido.

En cuanto a la hija menor, el imputado la sometía a tocamientos en reiteradas ocasiones cuando su progenitora no estaba en el domicilio. También la amenazaba para que no contara a nadie.

El fiscal Obeid sostiene que el acusado con su actuar depravado e insano y para satisfacer su propia lascivia, atentó contra la integridad sexual de las víctimas con su accionar doloso y que atentó contra la libertad e indemnidad sexual de ambas hijas, menores de edad en el momento de los hechos investigados.