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Feria judicial extraordinaria en el Ministerio Público Fiscal

En el marco de la declaración del estado de emergencia sanitaria nacional y provincial, en orden a la situación existente con el COVID-19 (coronavirus), y con el objetivo de reducir el contacto entre áreas de atención al público y la ciudadanía, el Ministerio Público Fiscal resolvió que la feria judicial se extenderá desde este martes 17 y hasta el martes 31 del corriente.

El Ministerio Público Fiscal garantizó los servicios esenciales y adoptó las medidas necesarias que requiere la situación extraordinaria. El horario de atención al público hasta el próximo 31 de marzo será de 9 a 13 y se limitará el ingreso de público a las oficinas del Ministerio Público Fiscal. Solo podrán ingresar quienes deban cumplir trámites procesales o administrativos impostergables.

También se dispuso permiso extraordinario y obligatorio de ausencia al personal incluido en la población de riesgo. Se contempla a:
• Personas de sesenta (60) años o más
• Embarazadas

Grupos de riesgo:
• Personas con enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma.

• Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

• Personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave.

• Pacientes oncohematológicos y transplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa y transplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos; • Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40)

• Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Los casos que no hayan sido contemplados y justifiquen mediante certificado médico la necesidad de gozar del permiso extraordinario de ausencia, también serán contemplados.

El personal dispensado de concurrir a su lugar de trabajo deberá permanecer en su domicilio y a disposición, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave.

Juró la fiscal de Joaquín V. González

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a Yonny Elizabeth Zigarán, quien se desempeñará en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Sur Circunscripción Anta.

Tras la ceremonia de toma de juramento, Yonny Elizabeth Zigarán quedará a cargo de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, la cual cuenta con delegaciones descentralizadas en los municipios de El Quebrachal, Apolinario Saravia y Las Lajitas.

En el acto de juramento, participaron también la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella. También asistieron funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta e invitados especiales.

Turistas londinenses cumplen con la cuarentena en Molinos

El fiscal penal 6, Marcos Ezequiel Molinati, intervino ante la consulta de personal de un establecimiento hotelero del paraje Colomé, en el departamento Molinos, quienes advirtieron el intento de evasión de control médico por parte de una pareja de ciudadanos londinenses. Viajan con un menor. No fueron detenidos y cumplirán con la cuarentena, salvo que decidan salir del país.

El fiscal Molinati dictó distintas directivas ante la situación planteada por el personal del establecimiento hotelero, que informó la negativa de un ciudadano londinense, de 39 años y de una mujer del mismo origen, de 37, de someterse al control médico establecido por el protocolo sanitario vigente. La pareja viaja con una criatura de 10 meses de edad.

Ante esa situación, el fiscal ordenó la ubicación y detención del tránsito de los tres ciudadanos británicos; que se ponga en conocimiento al Asesor de Menores y Juez de Garantías; una consigna fija por 15 días y comisionar al médico legal; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en el delito del art 205 del CP, si incumplieran con la normativa vigente.

En la Comisaría, los turistas fueron informados sobre la obligación de cumplir con la cuarentena en el mismo establecimiento hotelero al que llegaron el sábado y que no pueden circular libremente. Accedieron a cumplir con la cuarentena en forma voluntaria y con consigna policial. También fueron examinados por una profesional médica del Hospital J.A. Fernández, de Molinos.

Además, se les informó la posibilidad de regresar a su país, previa presentación de tickets para tal fin. En ese caso, serían escoltados hasta el aeropuerto local, donde se realizará un nuevo control médico

Delitos contra la salud pública

El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado el jueves pasado por el Poder Ejecutivo Nacional, establece una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas figura la obligatoriedad de permanecer aislados durante 14 días para aquellas personas que presenten síntomas de la enfermedad o que hayan ingresado a la Argentina provenientes de los países más afectados por la enfermedad.

Según establece el DNU quienes violen el aislamiento serán denunciados por la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El último establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

La otra figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

La ruta de los británicos

El 8 de marzo pasado, los turistas ingresaron al país desde Londres y a través de Ezeiza. Dos días después, llegaron desde Buenos Aires a Huacalera, en Jujuy y en un vehículo alquilado. Desde el 12 de marzo, se desplazaron por la Ruta Nacional N° 40, desde Jujuy y pasando por San Antonio de los Cobres, La Poma y Payogasta, hasta llegar a Cachi, en Salta. El sábado 14 llegaron al paraje Colomé, del departamento de Molinos.

Imputaron a Johnston y su pareja y pidieron mantener su detención

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a John Hartwell Cocke Johnston, acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género. En tanto, María Eugenia González fue imputada por el delito de lesiones leves en perjuicio de la hija menor del imputado.

Johnston y González fueron detenidos al llegar al aeropuerto Martín Miguel de Güemes este mediodía y conducidos hasta la fiscalía, donde acompañados por su abogado optaron por declarar.

La fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 5 el mantenimiento de la prisión de los imputados, quienes regresaron a la provincia luego de que el Juzgado de Garantías interviniente suspendiera el pedido de captura nacional e internacional de los acusados que fue solicitado por su defensa, tras comunicar sus intenciones de regresar.

Johnston y González habían salido del país el viernes 28 de febrero junto a tres familiares con destino a Uruguay, según consta en el registro de Migraciones.

La expareja de Johnston ratificó en la fiscalía interviniente la denuncia que en un primer momento tomó estado público e indicó que el agresor la golpeó y le gritó que era una “oportunista” por haberle iniciado acciones legales tras 10 años de no pagar la cuota alimentaria para la hija que tienen en común.

La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El hecho quedó registrado por la menor a través de fotografías.
También prestó declaración testimonial la menor, bajo la modalidad de circuito cerrado de televisión.

El Congreso Internacional de Ciencias Forenses, Criminalística y Criminología es de Interés Provincial

El Gobierno de la Provincia declaró de Interés Provincial el primer “Congreso Internacional de Ciencias Forenses, Criminalística y Criminología», que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de octubre del corriente año, en la ciudad de Salta.

El decreto, que lleva las firmas del gobernador, Gustavo Sáenz y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, destaca que el Congreso, organizado por la Procuración General de la Provincia, la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta “reunirá las principales ramas de las diferentes ciencias en un solo espacio interdisciplinario, involucrando a expertos, científicos e investigadores internacionales”.

Agrega que los especialistas “intercambiarán conocimientos y coadyuvarán en los procesos de investigación y administración de justicia, lo que será de gran relevancia en el ámbito de la provincia”. Finalmente, indica que “es propósito del Poder Ejecutivo alentar este tipo de acontecimientos” y deja establecido que la presente declaración no devengará erogación alguna al Estado Provincial.

J. V. González: «Danonino» y su cómplice quedaron detenidos por vender drogas

El fiscal interino Sergio Castellanos imputó a dos jóvenes que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en inmediaciones de una escuela primaria. Permanecerán detenidos mientras se sigue investigando.

Vecinos del barrio Francisco Arias denunciaron la actividad ilícita de manera anónima a personal policial de la División de Drogas Peligrosas de J. V. González. Con la coordinación del fiscal interino Sergio Castellanos, se implementaron vigilancias discretas y ambulatorias a fin de conocer el modus operandi.

Con estas primeras diligencias se logró identificar a un tal “Danonino” como Gastón Antonio Leonel Ledesma, de 20 años, y a Rey David Pérez, de 25 años. A los dos los observaron realizando la maniobra conocida como “pasamanos” con personas que se acercaban hasta el lugar y se retiraban. Se comprobó que operaban a cinco cuadras de una escuela y a partir de la tarde.

Con estos elementos, el fiscal Castellanos solicitó una orden de allanamiento y detención de los dos, la cual se concretó con éxito. A partir del allanamiento, los investigadores secuestraron un celular, $5800 (cinco mil ochocientos pesos), 33 semillas de cannabis sativa y un equivalente a 76 dosis de marihuana.

El fiscal citó a los detenidos a fin de imputarlos por el delito de tenencia de estupefacientes y pidió al juez que se mantenga su detención.

Imputación ampliada para una mujer que entregaba a sus hijas y amigas a un abusador

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, amplió la imputación contra una mujer y un hombre, en una causa cuyo requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el Juzgado de Garantías 1.

Las fiscal Flores Toranzos amplió la imputación contra un hombre de 68 años, acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción y facilitación a la prostitución de menores agravado por ser las victimas menores de 18 años, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por la edad de las víctimas, dos hechos en concurso real con exhibiciones obscenas agravadas.

En la misma causa, una mujer de 27 años está acusada de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción y facilitación a la prostitución de menores agravado por ser las víctimas menores de 18 años, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por la edad de las víctimas, dos hechos en concurso real.

La fiscal penal Flores Toranzos entendió que se encuentra acreditada la existencia de los delitos intimados y la responsabilidad penal de los imputados.

De las declaraciones de las menores víctimas quedó acreditado que la imputada llevaba a sus dos hijas y dos niñas vecinas al domicilio del coimputado, para que éste realice actos de abuso sexual en perjuicio de las niñas a cambio de dinero.

Las declaraciones testimoniales en circuito cerrado de televisión de las menores, permitieron establecer que el imputado sometía a las víctimas a tocamientos pudendos, hechos que ocurrían en presencia de la coimputada. Además, ambos imputados mantenían relaciones sexual frente a las menores.

Por todo lo expuesto, la fiscal sostuvo que los causantes promovían en las niñas un trato sexual inadecuado a cambio de remuneración, iniciándolas en actos y practicas idóneos para torcer su normal desarrollo sexual.

Línea 144, Comité y Polo de la Mujer, en el intercambio con el Ministerio de las Mujeres

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este miércoles a la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky; del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Cornejo le informó sobre las acciones desplegadas en contra de la violencia, desde que asumió y especialmente a través del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género. Acordaron un intercambio fluido entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera nacional.

Durante el encuentro, Varsky contó al Procurador las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y especialmente la subsecretaría que tiene a cargo. El Ministerio de las Mujeres fue creado el 10 de diciembre de 2019, a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios y transfirió las competencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) a la nueva cartera.

En Salta, Varsky abrió el Foro Federal Participativo Hacia un Plan Contra las Violencias de Género, en el que participan referentes de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy. Es uno de los nueve encuentros que permitirá diseñar el próximo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, que contemplará los lineamientos establecidos a través de las leyes de Protección Integral a las Mujeres y de Identidad de Género. “Consideramos fundamental favorecer instancias de participación que garanticen la expresión de las voces de todas, todos y todes. Una de las maneras de hacerlo es a través de la realización de foros federales, bajo cuatro ejes: prevención, asistencia integral, protección de las violencias por motivos de género e interseccionalidades. Ello permitirá visibilizar las particularidades y diversidades culturales de cada una de las regiones en las que se realizan”, explicó.

La funcionaria también informó a Cornejo sobre el objetivo de Nación, de federalizar la línea telefónica 144. Se trata de un número gratuito que asesora de acuerdo a lo que la mujer en situación de violencia o su entorno necesite, quiera y pueda hacer (el acceso de la justicia es sólo una de las opciones y el llamado al 144 no reemplaza la denuncia). Los operadores y operadoras de la línea 144 son trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y abogados, con formación específica para hacer una primera intervención y detectar niveles de riesgo.

Por su parte, Cornejo puso al tanto a la funcionaria nacional sobre las acciones desplegadas desde el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, entre otras concretadas desde que asumió.

Una de ellas fue la habilitación de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 3, en el Polo Integral de las Mujeres, en noviembre pasado y con el objetivo de sumar a las víctimas, la posibilidad de radicar la denuncia penal en el mismo lugar donde concurren por asesoramiento jurídico, contención psicológica y asistencia social. El Polo asiste a mujeres que hayan sufrido lesiones, daños o abusos físicos o psíquicos.

En ese sentido, el Procurador apuntó a la necesidad de concentrar la responsabilidad de la articulación de todos los servicios ofrecidos en el edificio de República de Siria 611, bajo la órbita de un solo organismo responsable. “Es indispensable que no haya dispersión de recursos y esfuerzos cuando se trata de frenar, reducir y eliminar la violencia hacia las mujeres, porque de lo contrario, se desalienta y revictimiza a quienes concurren en búsqueda de ayuda”, remarcó Cornejo.

En el encuentro entre Varsky y Cornejo, también participaron la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el subsecretario de Formación y Protección de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes y la integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, Natalia Nieto.

Búsqueda internacional de Johnston: rige la reserva de actuaciones

Entre las medidas adoptadas en la investigación de la causa que tiene como acusado a John Hartwell Cocke Johnston y con el objetivo de garantizar su avance, la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, dispuso la reserva parcial de las actuaciones por 10 días.

La fiscal penal Salinas Odorisio presentó el decreto de imputación contra Johnston, de 68 años, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en Villa San Lorenzo, acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género.

Oportunamente la fiscal requirió a Interpol, la captura nacional e internacional de Johnston, luego de que éste saliera del país el viernes 28 de febrero junto a cuatro familiares con destino a Uruguay, según consta en el registro de Migraciones.

A su vez, la víctima ratificó en la Fiscalía la denuncia que en un primer momento tomó estado público e indicó que el agresor la golpeó y le gritó que era una “oportunista” por haberle iniciado acciones legales tras 10 años de no pagar la cuota alimentaria para la hija que tienen en común.

La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El hecho quedó registrado por la menor a través de fotografías.
También prestó declaración testimonial la menor, bajo la modalidad de circuito cerrado de televisión.

Por otra parte, la querella requirió el congelamiento de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Johnston, pedido que se encuentra a consideración del Juzgado de Garantías 5.

Jimena Salas: piden juicio oral y público para Vargas y Cajal Gauffin

Los fiscales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas y Gustavo Torres Rubelt, pidieron al Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio contra los imputados Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffin.

Salinas Odorisio y Torres Rubelt requirieron juicio oral y público en contra de Sergio Horacio Vargas (34 años), en calidad de partícipe secundario, del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria y en perjuicio de Jimena Salas; y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin , como autor responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia.

En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos ocurridos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Jimena Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio. A partir de los elementos, Salinas Odorisio y Torres Rubelt, sostienen que la conducta desplegada por el imputado Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal.

Sobre Vargas

Dijeron que como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. Mientras que, por otra parte se pudo establecer que el coimputado Nicolás Cajal Gauffin, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación; entre ellos, las numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una “señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar”. Otros testimonios describieron a un hombre con un perro en las manos, y otros describieron a Salas hablando con uno de esos sujetos.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense – Depto. de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 (dos mil seiscientos setenta y dos) cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Sobre Cajal Gauffin

Sobre el imputado Nicolás Federico Cajal Gauffin, se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras. Se dio cuenta de que cuando llegó la policía, “su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón”. El imputado dijo que “los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa”. No fue detenido.

La alarma

También se suma el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirman que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Indica que “no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble…por lo que resulta concluyente que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, víspera del homicidio aconteció al desconectar la antena de la misma; que momentos previos al evento de “falla en comunicación”, Nicolás Cajal se encontraba en el inmueble solo.

Indica el pedido de elevación a juicio que “Cajal no mencionó ni la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado, conociendo él la falla producida y su falla en el funcionamiento cuando ocurrieron los sucesos, ya que constan grabaciones registradas por la empresa en las que le comunican que la misma NO estaba funcionando”. Destacan que el servicio fue restablecido el 30 de enero, sin la intervención de equipos técnicos de la empresa

Testigos también señalaron que Cajal Gauffin utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró.

Cajal anticipó la hipótesis del “perro”

Otro dato es que un compañero de trabajo del imputado declaró que cuando llegó a Vaqueros, el 27 de enero de 2017, Cajal le dijo “la mataron a mi mujer… por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer…”. Es decir, Cajal “señaló al testigo, una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho, la que no fue conocida sino tiempo después y merced a diferentes tareas investigativas, lo que da cuenta que conocía de antemano información de la mecánica del luctuoso suceso”. La hipótesis de los dos sujetos que aparecieron con un perro, fue elaborada en octubre de 2019.

Los homicidas buscaban un maletín

Otro informe policial pone de relieve que pese a existir una caja fuerte, los causantes se dirigieron directamente hasta un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología registrada, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.

En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín, la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. La caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada…y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”.

Se documentó “la ausencia de desorden… y que las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.

Los investigadores concluyeron que “el imputado intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.

Además, consta que Cajal recibió en julio de 2017, un llamado en el que “se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga del comercio de estupefacientes, donde se asocia el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas, lo que permite corroborar el contenido del maletín periciado”. Y se señala que “el imputado, nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación.

Contradicción sobre las llaves de Salas

Los fiscales también encontraron una contradicción en la declaración de Cajal Gauffin, cuando dijo que el 27 de enero de 2017, encontró la llave de Jimena en la puerta; cuando la niñera declaró que la mujer la esperó afuera varios minutos porque no tenía la llave de su casa. Y en la presunción de la modificación de elementos del lugar del hecho, dijeron los fiscales que “cuando llegó Cajal, observó el llavero colgado en el alambre al lado de la puerta de ingreso; le sorprendió ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena en el alambre”.

Según el registro fotográfico, “la llave que se observa colgada en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena…y el llavero que se encuentra colgado en el alambre, tiene llaves de un vehículo, lo que permite inferir que las llaves pertenecían a Cajal”. También se confirmó la presencia de un tercer llavero.

Los fundamentos de la acusación

Se ubica activamente la presencia e intervención de Sergio Vargas en la etapa previa del homicidio y se advierten actividades en torno a la ubicación del domicilio de la víctima y el ofrecimiento de dos sandalias para niñas, para lograr la precisa localización del domicilio donde residía Salas. Salinas Odorisio y Torres Rubelt, entendieron que la conducta de Vargas consistió en colaborar con los autores materiales del hecho, actuando como identificador o “marcador” del inmueble, y luego de alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho.

Se verifica luego el empleo de un supuesto perro “extraviado”, ardid a través del cual dos personas, aún no identificadas, ingresan al inmueble, atacan mortalmente a la víctima, resguardan a las menores, y luego, de simular la búsqueda de elementos de valor arrojando un joyero sobre la cama, toman el contenido de un maletín que se encontraba en el interior del domicilio.

En una instancia posterior, signada por la dificultad investigativa para esclarecer el suceso, y para individualizar a los dos sujetos que habrían matado a Salas, se destaca la actitud remisa de Nicolás Cajal. Dicen los fiscales que el imputado “deliberadamente omite brindar información, tergiversa datos, e impide una tarea investigativa eficiente, actitud que supera una mera renuencia y que, a la luz de las circunstancias, ostenta contenido criminal, por aparejar una efectiva obstaculización al proceso investigativo”.

Sobre Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmaron también que “en numerosas oportunidades y desde el comienzo de la investigación el imputado ha manifestado que no se sustrajo elemento alguno de su domicilio, negando la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo, lo que determinó que el curso de la investigación siempre se abordara con presunción de un robo frustrado al azar y consecuentemente a una multiplicidad de hipótesis”.

El imputado habría ocultado deliberadamente por motivos a determinar, la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes, que ahora se sabe que contenía el maletín que estaba el armario de la habitación principal del domicilio. Se comprobó que los autores materiales de quitar la vida a la víctima de manera violenta, ya lastimados, se dirigieron directamente al armario, lo cual fue probado por los rastros biológicos hallados en el maletín.

Agregaron que Cajal Gauffin, tuvo la “decisión de omitir información a la Fiscalía para instalar el supuesto de un robo frustrado”.

Los fiscales entendieron que la omisión de dar a conocer que en el maletín secuestrado de su habitación y que se encontraba semiabierto, contenía dinero tanto nacional como extranjero y sustancia prohibida, es determinante y permite presumir que el imputado no quiso hacer referencia a esta situación porque ello daría paso a que los investigadores lleguen a indagar la procedencia de esos elementos… y con su accionar futuro, al intentar por diversos medios cobrar la póliza de seguro por la muerte de su pareja, Jimena Salas.

Lo cierto es que con esa omisión, logró la acción de ocultar un posible móvil del crimen, una prueba fundamental en la investigación que surgió luego de casi tres años y que pudo y puede cambiar el rumbo de la investigación con las dificultades que implica el paso del tiempo.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, registraba unas 40 puñaladas aproximadamente, registraba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas. Salas falleció por shock hipovolémico por lesiones múltiples por arma blanca. El cuerpo fue retirado por su madre al día siguiente del crimen y cremado el 29 de enero.