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Este lunes comienza a funcionar la UFISUR

Ante el incremento significativo de causas cuya complejidad ameritan un abordaje complementario, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, resolvió crear la Unidad Fiscal de Zona Sur en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. La integran los fiscales penales María Eugenia Guzmán, Pablo Rodrigo Paz y Juan Marcos Ezequiel Molinati. Funcionará desde el lunes próximo.

La resolución se adoptó ante la necesidad de optimizar el funcionamiento de las Fiscalías Penales en el Distrito Judicial del Centro y especialmente porque las Fiscalías Penales no especializadas del Distrito Judicial del Centro N° 3 de barrio Limache; N° 4 de Villa Mitre y N° 6 de barrio Solidaridad, registraron en los últimos meses un incremento significativo de causas cuya complejidad justifica la revisión del proyecto inicial que adecuó la representación del Ministerio Público Fiscal en cada una de ellas, conforme una distribución territorial asignada por zona.

“Atento al contexto actual que reflejan esas dependencias, corresponde abandonar el diseño estructurado sobre la base de un Fiscal por dependencia y una Fiscalía por zona, para pasar a un modelo de organización dinámico y complementario”, sostiene el Procurador, ya que la actuación del Ministerio Público Fiscal estará dada por la articulación de una política criminal que se construya acorde a los particulares requerimientos de cada ámbito territorial, y guiada por el principio de unidad de actuación que la Procuración General determina en cada caso.

Los fiscales que componen la UFISUR podrán asumir el tratamiento de manera conjunta, alternada o individual, de las causas cuya complejidad amerite una intervención conjunta o diferenciada, según el caso.

Fingieron ser de Zoonosis y se llevaron casi 400 kilos de alimento para perro

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó preventivamente a Carlos Daniel Mendoza y Carlos Gabriel Campos, por los delitos de estafa y fraude a la administración pública (dos hechos) y tentativa de estafa y fraude a la administración pública, todo en concurso real. Ambos acusados asistieron a la audiencia de imputación asistidos por su defensa y optaron por declarar.

Según consta en el legajo de investigación, los imputados actuaron en connivencia y simularon ser empleados de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, área de la cual el imputado Carlos Daniel Mendoza fue despedido en febrero pasado.

Mediante maniobras ardidosas, los acusados pidieron la entrega de alimentos para perro al personal del Hipermercado Libertad e hicieron incurrir en el error a los damnificados, quienes realizaron la disposición patrimonial solicitada mediante la entrega de 193 kilos de alimento, el 27 de febrero, y de la misma cantidad, el 14 de abril. Ambas partidas estaban destinadas a una donación para la Subsecretaria de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta.

Esto causó un perjuicio al hipermercado mencionado y también una defraudación a la Administración Pública Municipal, al hacerse los imputados indebidamente de la mercadería que estaba destinada a la comuna.

Los acusados intentaron realizar la misma maniobra el 26 de mayo, en el mismo hipermercado y solicitaron la entrega de 300 kilos de alimento, pero no pudieron consumar el hecho.

La intervención de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se produjo tras la denuncia radicada el 26 de mayo por el subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, Luciano Gastón Simkin, quien hizo notar que Carlos Daniel Mendoza, de 63 años, fue empleado de Zoonosis hasta el día 7 de febrero y que fue puesto a disponibilidad por distintos hechos delictivos en la Subsecretaría.

Además, indicó que al tomar conocimiento por parte de personal policial de que dos personas retiraban 300 kilos de alimento para perro que estaban destinados a Zoonosis, se desplazó de manera inmediata hacia el comercio, donde los imputados estaban por cargar el alimento en un automóvil Renault 9, conducido por Carlos Gabriel Campos, de 35 años.

Simkin también se entrevistó con la encargada de Recursos Humanos del hipermercado, quien le informó que las mismas personas ya habían retirado en febrero y en abril las cantidades de alimento mencionadas.

Caso Rosa Sulca: Realizaron una inspección ocular en el edificio del 911

La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, realizó durante la mañana de este miércoles una inspección ocular en el edificio ubicado en calle Ameghino 630, sede del Sistema de Emergencias 911. La medida fue dispuesta en el marco de la causa que investiga el femicidio evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

La medida se enmarca en las solicitadas por los fiscales, quienes ya imputaron preventivamente a distintos funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Las imputaciones que se realizaron entre el 14 y el 15 de mayo recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

En tanto, el pasado 30 de abril, la Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.

Condenado: Se hacía pasar por curandero y estafaba con planes sociales

Juan Normando Rodríguez fue condenado en juicio abreviado a la pena de un año de prisión efectiva por el delito de estafa reiterada (13 hechos) Además, en función a sus antecedentes penales, fue declarado reincidente por sexta vez. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio.

Según consta en el legajo de investigación, Rodríguez dijo pertenecer al Plan “Argentina Trabaja” y le solicitó al Director de la Escuela Nº 5076 Dr. Arturo Humberto Illia, una suma de dinero para efectuar compras de materiales para realizar tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo, a sabiendas de que no cumpliría con lo pactado.

Mediante las mismas maniobras ardidosas y al expresar que pertenecía a ese plan, también hizo incurrir en error a otros damnificados, al expresarles que si le entregaban la suma de $300 les conseguiría trabajo, por lo que las víctimas, al entregar la disposición patrimonial solicitada se vieron perjudicadas económicamente.

A través de los dichos de los damnificados, pudo establecerse en la actitud del imputado una misma modalidad defraudatoria, luego de que le manifestara a uno de ellos que pertenecía al Plan “Ellas Hacen”. Luego se retractó y aseguró ser del Plan “Argentina Trabaja”. Mediante falsos dichos y de manera engañosa, lo convenció de que era contraprestador de algún plan.

El acusado también utilizó como parte de su maniobra ardidosa distintos nombres para hacer incurrir en el error a sus víctimas.

Todo fue desvirtuado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, que informó en marzo pasado que el acusado, con sus distintos nombres, no se encontraba registrado en esa cartera.

Por su parte, el Coordinador Provincial del Programa Nacional Hacemos Futuro, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Facundo Romero, manifestó que el imputado tampoco se encontraba en ningún plan social.

En otro accionar delictivo, Rodríguez también impostó ser curandero y ofreció sanar a sus víctimas a cambio de bienes de importante valor económico. Al no poder cumplir con lo pactado por obvias razones, el acusado se comprometió restituir los elementos; lo que tampoco hizo, con la consecuencia de ocasionar un perjuicio en el patrimonio de los damnificados que no recuperaron los bienes entregados.

Asistido por su defensa, el imputado Juan Normando Rodríguez asumió su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados y aceptó la calificación jurídica asignada, por lo que fue condenado en juicio abreviado a la pena de un año de prisión efectiva.

Listado de fiscales y equipos afectados hasta el 7 de junio

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó mediante la resolución N° 985/2020 la continuidad del programa de implementación del servicio de justicia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de carácter progresivo y gradual, con personal reducido que asistirá de manera presencial y en forma escalonada, con rotaciones para dar conformidad a los protocolos de trabajo aprobados por el Colegio de Gobierno. A continuación, la nómina del personal afectado de manera presencial hasta el domingo 7 de junio.

DISTRITO JUDICIAL CENTRO

Fiscalía de Corte N° 1 Y 2 y Fiscalía de Cámara Civil, Comercial y Laboral

Eduardo Alberto Sylvester

Secretarias Letradas

Ximena Figueroa Jeréz

Marcela Dávalos

Fiscalía Civil, Comercial y Laboral N° 1 y 2

Rodrigo Martín Erazo Schmidt

Secretarias Letradas

Blanca Pucheta

Mariangeles Mendoza

Mercedes Llaya

Olga Silvina Romero

Fiscalía de Impugnación N° 1, 2 y 3

Ramiro Ramos Ossorio

Auxiliar Fiscal

Karina Holmsquist Moreira

Fiscalía de Derechos Humanos – UDEC

Joaquín Leandro Flores (UDEC – Derechos Humanos)

Karina Verónica Simesen de Bielke (UDEC)

Auxiliar Fiscal

Paula Baccaro

Pablo Federico Nieva

Fiscalía Penal Cerrillos y Rosario de Lerma

Federico Gabriel Portal

Auxiliares Fiscales

Daniela Saravia Falcón

Analía Florencia Adet Figueroa

Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, 2 y 3

Cecilia Flores Toranzos

Auxiliar Fiscal

Verónica Salcedo

Sofía Carpi

Federico Farfán

Fiscalía Penal de Menores Nº 1 Y 2 y Fiscalía de Transición

Nadia Cruz

Auxiliar Fiscal

Andrea Barrionuevo

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 y 3

Gabriela Raquel Dávalos

Auxiliares Fiscales

Jorge Ricardo Flores

Mercedes De La Cuesta

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N 2, 3 y 4

Elisa Viviana Pérez

Auxiliares Fiscales

Raquel Barrionuevo Merlani

Sebastián Terán

Andrea Gómez

Fiscalía Penal General Güemes

Gabriel Alejandro González

Auxiliar Fiscal

Macarena Jovanovics

Fiscalía Penal N° 1 Y 5:

Gabriela Buabse

Auxiliares Fiscales

Marianela Sánchez Hulet

Luis Campoccia

Ricardo Samsón

Fiscalía Penal N° 3

Pablo Rodrigo Paz

Auxiliares Fiscales

Luis Campoccia

Diego Villagra

Fiscalía Penal N° 2 y 4

María Eugenia Guzmán

Auxiliares fiscales

María Eugenia López Ahanduni

Alejandro Patrón Uriburu

María Celina Morales Torino

Fiscalía Penal N° 6

Juan Marcos Ezequiel Molinatti

Auxiliares Fiscales

María Fernanda Jorge Royo

María Luján Carrizo

Fiscalía Civil y Penal Cafayate – Delegación Fiscalía Penal Cachi

Sandra Graciela Rojas

Auxiliares Fiscales

Joaquín Nicolás Costello (Cafayate)

María de los Ángeles Juárez Mattar (Cachi)

Unidad de Graves Atentados contra las Personas

Ramiro Ramos Ossorio

Auxiliar Fiscal

Jorgelina Brandon Suárez

Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar)

Santiago López Soto

Auxiliar Fiscal

Daniel Espilocín

Unicroh – Coordinación de Fiscales

Pablo Alejandro Rivero

Auxiliar Fiscal

Gaspar Sola

Unidad Fiscal Contravencional

Gabriela Buabse

Secretarios Letrados

Daniela Tatiana Zuleta

María Marta Rodríguez Lauandos

Carlos Saravia Aráoz

Oficina de Orientación y Denuncia Profesionales – Savic

Blanca Graciela Cari

Marcela Arias

María Denise Cornejo

Cámara de Observación – Salta (CCTV)

Mariano Federico Albarracín

Centro de Mediación

Nancy Valencia Donat

DISTRITO JUDICIAL SUR – METÁN Y ROSARIO DE LA FRONTERA

Fiscalía Civil, Comercial, Penal y Laboral N° 1 y 2 y Fiscalía Penal y VIFG Rosario de la Frontera:

Gonzalo Ángel Gómez Amado

Auxiliares Fiscales

Julio César Brandán (Metán)

Silvia Liliam Vera (Rosario de la Frontera)

Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Metán

Susana Estela Redondo Torino

Auxiliar Fiscal

Julio Brandán

Savic

Daniela Paola Torregrosa

Fiscalía Penal Joaquín V. González

Yonny Elizabet Zigarán

Auxiliares Fiscales

María Luciana Moyano (Lajitas)

Rolando Savall Soto (Quebrachal)

Marcela Liliana Elías (Apolinario Saravia)

DISTRITO JUDICIAL NORTE – ORÄN

Fiscalía Penal GAP

Claudia María Cecilia Carreras

Auxiliar Fiscal

María Elia Bernard

Fiscalía Penal Nº 1, 2 y 3

Mónica Araceli Viazzi

Auxiliar Fiscal

Ramiro Gustavo Teves Cañete

Fiscalía Civil, Comercial y Laboral

Marcela de los Ángeles Fernández

Fiscalía de Violencia Familiar y de Género

María Soledad Filtrín Cuezzo

Auxiliar Fiscal

Carlos Alberto Salinas

Fiscalia Penal Pichanal – Colonia Santa Rosa

María Sofía Guiomar Fuentes

Auxiliar Fiscal

Silvia Mariel Forti

Savic

Soledad Mercado

Ana Valeria Righetti

Derechos Humanos

Ramiro Gustavo Teves Cañete

DISTRITO JUDICIAL NORTE – TARTAGAL

Fiscalía Penal N° 1 y 2 – Graves Atentados contra las Personas

Rafael José Medina

Auxiliar Fiscal

Jimena Liliana Baigorria

Fiscalía Violencia Familiar y de Género

María Lorena Martínez

Auxiliar Fiscal

Jorge Walter Salem

Fiscalía Civil, Comercia y Laboral

Rosa Graciela Vélez Román

Secretaria Letrada

Betiana Gisel Britez

Fiscalía Penal Embarcación

Gabriela Alejandra Souto

Auxiliar Fiscal

Valeria Alejandra David Cabral

Fiscalía Penal Salvador Mazza

Jorge Armando Cazón

Savic

Enrique Lesser

Derechos Humanos

Walter Jorge Salem

Investigan a un frigorífico por proveer carne en mal estado al Materno Infantil

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención en la causa tras la denuncia pública realizada por el Gerente del Hospital Público Materno Infantil, luego de que el nosocomio recibiera carne en estado de putrefacción por parte del Frigorífico C.I.A.C.S.A (Frigorífico Brunetti). La carne estaba destinada a los pacientes internados.

Tras la denuncia pública por parte del gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke tomó intervención de oficio y ordenó distintas diligencias en la causa que investiga la posible comisión de hechos ilícitos por parte del establecimiento cárnico.

La denuncia, que tomó estado público a través de los medios de comunicación, fue realizada por el propio Mangione, quien indicó que se trata de “un apriete” del Frigorífico por una deuda que mantiene el nosocomio con la empresa, que por su parte no quiere aceptar el pago en cheques.

El médico indicó que hace dos meses encontró cientos de kilos de carne podrida en la cocina del hospital entre los que había pollo, cerdo y carne de vaca. Se trata de casi 300 kilos en estado de putrefacción, según pudieron comprobar funcionarios del área de Bromatología.

Robo millonario de una antena: declaran la incompetencia provincial

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y declaró la incompetencia material y territorial de la fiscalía, en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. Por ello, la causa pasa al fuero federal.

La intervención del fiscal provincial, se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.

De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.

En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.

Cuarentena: Robó armado y en menos de un mes fue condenado

Walter Luciano Jaljal fue condenado en juicio abreviado a la pena de tres años de prisión condicional, por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia, todo en concurso real. La fiscalía penal UNICROH, a cargo de Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio. Intervino el Grupo de investigadores de la Policía 1C.

La intervención de la fiscalía penal UNICROH se produjo tras la denuncia radicada por un hombre que expresó que durante la noche del pasado 25 de abril, mientras estaba en su auto particular estacionado en un playón de barrio Castañares para repartir bebidas y alimentos a comercios, sintió un arma de fuego en la cabeza y un hombre le gritó “dame todo lo que tengas”.

El asaltante sacó el seguro de la puerta y un segundo hombre ingresó al interior del vehículo, quien sustrajo de la guantera la suma de $ 21.000 y un celular Huawei. Luego, cerraron las puestas del vehículo y corrieron hacia los pasajes del lugar.

El denunciante, que reaccionó y comenzó la búsqueda de los causantes en su automóvil, observó que uno de los causantes ingresaba a una vivienda en frente la escuela Monseñor Pérez.

Tras las tareas investigativas y los datos aportados por la víctima, se pudo establecer la cuenta de Facebook del sindicado, posteriormente identificado como Lucho Jaljal, de 24 años. En la misma cuenta también fueron publicadas fotografías de un arma color negra, aparentemente calibre 38.

Personal policial entrevistó a vecinos cercanos al domicilio del acusado, sin aportar datos filiatorios por temor a represalias. Todos coincidieron en remarcar que el sindicado es conocido en la barriada por cometer actos delictivos con total impunidad y que tiene un “aguantadero” en Villa María Esther, donde trasladaría los bienes que sustraídos.

Tras distintas tareas que permitieron la detención, el acusado fue imputado el 28 de abril por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y violación a las medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia (COVID-19), todo en concurso real.

Luego de diversos allanamientos y al no haber podido lograr el secuestro de armas de fuego, no se pudo establecer que el arma utilizada para cometer el ilícito tuviera aptitud para el disparo, por lo que el fiscal Pablo Rivero llegó a la conclusión que el delito que se debía imputar quedaría tipificado bajo la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Robo millonario de una antena: el fiscal Cazón pide la incompetencia provincial

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al juez de Garantías interviniente la declaración de incompetencia material y territorial de la fiscalía en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena, con el fin de que sea remitida al Juzgado Federal de Tartagal. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia.

La intervención del fiscal se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.

De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.

En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.

Caso Johnston: modificaron la imputación contra la mujer

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, modificó la imputación contra María Eugenia González Henríquez, por el delito de tentativa de homicidio en calidad de partícipe necesaria, en perjuicio de la expareja de John Hartwell Cocke Johnston.

El pasado 13 de marzo, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a John Hartwell Cocke Johnston por el delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género. En tanto, María Eugenia González Henríquez, fue inicialmente imputada por el delito de lesiones leves en perjuicio de la hija menor del imputado.

Ese día, Johnston y González Henríquez fueron detenidos al llegar al aeropuerto Martín Miguel de Güemes y conducidos hasta la fiscalía, donde acompañados por su abogado optaron por declarar.

Es que Johnston y González Henríquez habían salido del país el viernes 28 de febrero junto a tres familiares con destino a Uruguay, según consta en el registro de Migraciones.

Tras la declaración de la menor en Cámara Gesell, la fiscal decidió modificar la imputación contra María Eugenia González Henríquez por el delito de tentativa de homicidio en calidad de partícipe necesaria.

Previo a las imputaciones, la expareja de Johnston ratificó en la fiscalía interviniente la denuncia que en un primer momento tomó estado público e indicó que el agresor la golpeó y le gritó que era una “oportunista” por haberle iniciado acciones legales tras 10 años de no pagar la cuota alimentaria para la hija que tienen en común.

La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El hecho quedó registrado por la menor a través de fotografías.