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Orán: con antecedentes de agresiones, la golpeó en la cara y fue detenido e imputado

La fiscal penal de Violencia de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 32 años, acusado del delito de lesiones agravadas por existir relación de pareja y por violencia de género. Permanece detenido.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de la víctima, radicada el pasado viernes 24 de julio en contra de su concubino, con quien mantuvo una relación de tres años y tuvo una hija en común de un año. También sostuvo que los tres convivían en la casa del padre de la denunciante.

Durante el mediodía de esa fecha, la denunciante y el imputado mantuvieron una discusión en una habitación del inmueble y luego de que la mujer le insistiera en que fuera a trabajar, el imputado la agredió con golpes de puño en la cara. Una vez que la mujer cayó al piso, el acusado la amenazó con llevarse a la menor.

Al radicar la denuncia, la víctima indicó que existieron agresiones previas que fueron “resueltas de palabra” y expresó que decidió separarse definitivamente porque el acusado “no cambió”. También pidió que se tomaran las medidas legales correspondientes.

Las lesiones recibidas por la mujer fueron corroboradas con un examen médico, que certificó que la víctima sufrió “traumatismos en huesos de la nariz y posibles fracturas”, por lo que el acusado causó daño en el cuerpo de la damnificada y alteró su estructura física, lo que produjo un menoscabo en su integridad corporal y su salud.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo sostuvo que el hecho está agravado por la existencia entre las partes de una relación de pareja y por existir violencia de género, que se verifica por conductas hegemónicas y de dominio del causante hacia la víctima en su rol de mujer.

Desbaratan una banda que vendía drogas en Villa Los Sauces

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.

Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.

Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.

También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.

Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.

Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.

Detuvieron e imputaron a los asaltantes de una vinoteca

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a Cristian Emanuel Domínguez y Mauricio Nicolás Heredia, acusados del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca. Ambos prestaron declaración.

Los imputados, Cristian Domínguez y Nicolás Heredia

De las tareas de investigación, que contaron con el trabajo conjunto del personal policial del sector 3B, a cargo del comisario Chaile Maldonado, y de la División de Robos y Hurtos, a cargo del comisario Chocobar, quedó acreditado que los imputados Cristian Emanuel Domínguez, alias “Maraña”, de 28 años, y Mauricio Nicolás Heredia, alias “Nano”, de 29, se dirigieron el pasado sábado 18 de julio, a las 21, al local comercial “Cru Vinoteca”, ubicado en Avenida Arenales al 2900, a bordo de dos motos.

Al llegar, uno de los acusados ingresó al local y pidió información sobre promociones de cerveza. Luego sacó un cuchillo de sus prendas y redujo al empleado. En ese instante, ingresó el segundo acusado, quien con un arma de fuego intimidó tanto a clientes como al personal de local y sustrajo de la caja registradora la suma de $7900 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Una vez que cometieron el ilícito, los acusados escaparon a bordo de una de las motos y dejaron la segunda en el lugar del hecho.

De la investigación y posteriores allanamientos, se logró la identificación de los causantes, su detención y el secuestro de elementos que los vinculan a la causa, tales como uno de los teléfonos sustraídos que pertenecían al local y las vestimentas utilizadas por uno de los investigados que fueron captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Una mujer y un hombre, imputados por vender estupefacientes en barrio Ceferino

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ivana Analía Espíndola y Daniel Ernesto Troncoso, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que Espíndola, de 39 años y con domicilio en Avenida Costanera de Barrio Ceferino, vendía pasta base y que todos los días llegaban compradores.

Al iniciar la investigación, se confirmó que la mujer investigada ya contaba con antecedentes por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

Además, de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, pudo conocerse que el grupo familiar de la investigada era muy problemático y que Ivana alias “Iva”, vendía drogas en su domicilio, lo que provocaba que sus compradores cometieran diferentes delitos, tales como robos, hurtos, amenazas y daños a instituciones públicas.

En base a tareas de vigilancia y la demora de algunos compradores a quienes se les secuestraron sustancias, se llegó a la conclusión de que la mujer llevaba a cabo de manera organizada actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, por lo que se pidió al Juzgado de Garantías interviniente la realización de un allanamiento.

El procedimiento en el domicilio de la acusada fue realizado el pasado 22 de julio por personal policial de Drogas Peligrosas Sector 5 “B”, donde Espíndola fue vista junto a Troncoso, de 39 años, quien según se determinó, actuaba como “pasamanos”.

De una de las habitaciones se secuestró 28 envoltorios de polietileno color rosado con sustancia blanquecina en forma de “pipas”.

Además, en una caja se encontró un envoltorio de polietileno color blanco con sustancia blanquecina en forma granulada.

Otra requisa realizada a Troncoso permitió el secuestro de una bolsa con 101 envoltorios color rosado con sustancia blanquecina en forma en forma de pipas.

Durante el allanamiento también se secuestraron $ 45.910 en efectivo.

Investigan a funcionarios que habrían accedido al IFE

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia. La Fiscalía interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El Art. 241 del Código, establece que “conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

En Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.

Denunciado por golpear a su pareja e hijos, amenazó a policías con un machete

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 38 años, acusado de los delitos de coacción y amenazas con armas en concurso real. Permanece detenido.

La intervención de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, inició tras la denuncia radicada por la víctima, quien relató que hace 17 años convive con el acusado, con quien tuvo cinco hijos en común, todos menores de edad.

Indicó que se separaron hace tres meses, pero que residen en el mismo inmueble, y que tomó la decisión de separarse por los celos desmedidos del acusado y los hechos de violencia que cometió en su contra y en contra de sus hijos. También sostuvo que la forzó a tener relaciones sexuales y que constantemente la hostigó con suicidarse.

La denunciante describió que en la madrugada del 21 de julio, mientras estaba en su domicilio y antes de radicar la denuncia en dependencia policial, el acusado le manifestó que iba a esperar al personal policial con cuchillos y machetes y que la mataría si lo denunciaba.

La mujer también le pidió al magistrado interviniente que el acusado se abstuviera de ejercer hechos de violencia, su exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento.

Surgió del informe que tras ser alertado el personal policial por la denunciante y al acercarse los uniformados al domicilio, pudieron ver al denunciado dormido, quien al advertir su presencia, tomó un cuchillo y un machete y los amenazó.

Tras esto, el denunciado fue reducido y se le secuestraron las armas.

Salió de la cárcel y amenazó de muerte a su expareja y su hija de 4 años

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 26 años, acusado de los delitos de amenazas, amenazas con armas y violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia (dos hechos). Permanece detenido.

La intervención de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, inició tras las firmes acusaciones realizadas por la expareja del imputado, luego de los hechos de violencia generados por el acusado durante la madrugada del 23 de junio y la noche del 6 de julio, cuando en forma deliberada y tras recuperar su libertad, se presentó en ambas oportunidades frente a la denunciante y la amenazó de muerte.

El hecho ocurrido el 23 de junio se agravó por la utilización de un arma de fuego, que según relató la víctima, el acusado tenía en su cintura, lo que aumentó el temor de la damnificada y el poder ofensivo del imputado.

La denunciante también sostuvo que el imputado ingresó sin autorización al domicilio, tomó a la menor de cuatro años y amenazó a ambas con “meterles un tiro”, si no se la podía llevar. Tras esto, se retiró del lugar a bordo de una moto junto a su hermana, luego de que la denunciante le dijera que llamaría a la policía.

En su denuncia, la víctima aclaró que terminó la relación con el imputado hace cuatro años, debido a la mala convivencia y las constantes agresiones físicas y verbales a las que era sometida. Agregó que al mes de separarse, el acusado fue puesto en prisión por robo.

A raíz de los hechos relatados, el acusado también violó en ambas oportunidades las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una pandemia, por encontrarse vigente las posiciones reglamentadas por decreto nacional 297/2020 y decreto provincial 255/2020.

Juzgarán a policías de la Subcomisaría San Jorge por severidades agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Rubén Adrián Arias y al oficial subayudante Luis Daza, acusados del delito de severidades agravadas.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de la víctima, quien expresó que fue detenido en La Silleta el 3 de marzo de 2016, cerca de las 19, y fue llevado a la Subcomisaría San Jorge, donde quedó alojado.

Relató que apareció el cabo Arias, de 34 años, junto al oficial Luis Daza, de 26, y que en ese momento, había otros dos detenidos en la celda, a quienes hicieron salir.

Ambos imputados comenzaron a golpearlo y lo arrojaron al piso, donde le siguieron pegando. La víctima sostuvo que Arias le colocó el palo negro en el cuello, mientras Daza le pegaba piñas en la panza y patadas en los genitales.

A posterior el Arias sacó su celular y Daza lo agarró de los pelos para que muestre la cara y tomarle fotos.

Finalmente, sostuvo que Daza lo amenazó al decirle que si él le pedía a la otra guardia que lo lleven al médico o hablaba algo, ellos se iban a enterar.

Luego volvieron los otros dos detenidos, que lo ayudaron a que se acostara en el colchón y le dieron agua.

El damnificado también sostuvo que cuando su hermana fue a visitarlo y lo encontró golpeado, quiso radicar una denuncia y no se lo permitieron. Tampoco la dejaron fotografiar al detenido.

Una vez que se curó de todas las lesiones, el detenido fue trasladado a la Comisaría Nº 14 de Rosario de Lerma.

Aclaró que por temor no quiso contar nada a nadie, ni denunciar, ya que pensaba que otra vez sería golpeado.

Un policía va a juicio por golpear en la cara a un hombre en un baile

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante José Anastacio Cruz, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La investigación inició tras la denuncia radicada por la víctima el 26 de diciembre de 2014 en la subcomisaría de Guachipas, donde manifestó que en la tarde el día anterior, asistió a la carpa de los Gauchos de Coropampa, junto a su pareja y su cuñado.

Al regresar a su sitio tras dar un mensaje a los músicos, la expareja de su concubina, sin motivo alguno y sin mediar palabras, le arrojó vino en la cara, lo que provocó que el personal policial agarrara al denunciante para sacarlo del evento, ya que pensaban que había iniciado el pleito, por lo que opuso resistencia y forcejó para que no lo sacaran del baile.

De repente, el efectivo policial apodado “Atacho” le propinó dos golpes de puño en la nariz, por lo que el denunciante debió ir el hospital para que lo atendieran, ya que no podía controlar el sangrado.

De la investigación surgió con claridad que el autor del hecho que causó las lesiones al denunciante fue el sargento ayudante José Anastacio Cruz, de 51 años, con revista en la subcomisaría de Guachipas, quien en su calidad de funcionario policial, abusó de sus funciones al causar daño cierto en la integridad física del denunciante.

La fiscal penal Simesen de Bielke también requirió el sobreseimiento del oficial ayudante Alejandro Yurquina y el cabo César Augusto Apaza, con revista en la subcomisaría de Guachipas; el sargento ayudante Jorge Villagrán, con revista en el Puesto de Control de Talapampa; y el cabo Neri Normando Maita y la cabo Andrea Valeria Suárez, con revista en la División Lacustre y Fluvial.

El pedido obedece a que en su denuncia, la víctima manifestó claramente quién fue la persona que le causó las lesiones constatadas, sin que existiera coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Además, de las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraban en el lugar, no surgió en modo alguno que estos tomaran parte en el hecho que causó la lesión al denunciante.

Imputaron a los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del decreto de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.