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Irá a juicio por darle un chirlo en la cola a una estudiante

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 58 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en calidad de autor.

Del requerimiento se desprendió que el acusado atentó contra la integridad sexual de la damnificada, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual, sin que la víctima pudiera consentir el accionar debido al actuar repentino y sorpresivo del imputado.

La denuncia fue radicada por la damnificada en el destacamento policial de barrio San Carlos, en la que relató que el 4 de mayo de 2017, cerca de las 14,
ingresó al colegio secundario en el que estudiaba, ubicado en barrio Los Lapachos.

Mientras estaba en la galería del colegio en hora libre junto a sus compañeros, el acusado, quien se desempeñaba como ordenanza, la sorprendió por detrás y le dio un golpe en la nalga. Luego, siguió de largo mientras se reía de la situación.

Al prestar declaración, la víctima relató que se quedó asustada e inmóvil en ese momento y que luego decidió avisar a los directivos del establecimiento educativo, quienes le sugirieron hacer la denuncia penal.

También indicó que sus compañeras le contaron que años antes hubo hechos similares que fueron dejados de lado por los directivos del colegio.

Por último, relató que días antes, el acusado ofreció $500 a otra estudiante para que lo acompañara a un sitio sin precisar, con claras intenciones de obligarla a tener relaciones sexuales.

Investigan de oficio el incendio de caños de Aguas del Norte

El fiscal penal 1 de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga de oficio el hecho ocurrido durante el pasado fin de semana en barrio 9 de Julio, de esa ciudad.

Foto: Radio Nacional

Según los primeros indicios de la investigación, el material quemado, consistente en caños de PVC, estaba acopiado en el predio de una cancha para la concreción de obras de mejoramiento del caudal de agua para la barriada.

En tanto, autoridades de Aguas del Norte valuaron la pérdida material en aproximadamente cinco millones de pesos.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, solicitó una serie de medidas periciales tendientes a dar con los responsables del acto vandálico.

Abusó de una mujer con la que compartió un cumpleaños y va a juicio

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 26 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en calidad de autor.

Del requerimiento se desprendió que el acusado, primo de la amiga de la víctima, atentó contra la integridad sexual de la joven mujer, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual, sin que la damnificada pudiera consentir tal accionar por estar dormida.

El hecho ocurrió durante la mañana del 24 de febrero de 2019, cuando la damnificada dormía tras consumir bebidas alcohólicas, en una de las habitaciones del inmueble ubicado en San Luis, donde se celebró un cumpleaños.

El acusado ingresó a la habitación, se subió a la cama de arriba de la cucheta en la que dormía la damnificada y la sometió a tocamientos.
En un momento, despertó la madre de su amiga, quien le preguntó al imputado qué hacía y este le contestó “oh, qué te pones la gorra”, mientras la damnificada continuaba dormida.

En su relato, la víctima expresó que tuvo un “flash” de alguien arriba de ella y que por reacción, lo empujó. Agregó que cuando despertó de golpe y asustada, encontró a la amiga de su mamá a los gritos en la habitación.

La denuncia fue radicada por la víctima el mismo día en la Comisaría de San Luis, en la que expresó que sufrió el abuso tras asistir a la fiesta del cumpleaños del padre de su amiga.

Desbaratan una banda familiar que vendía droga en Juan Pablo II

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Lucas Exequiel Mancilla, Lorena Rocío Belén Cari, Maximiliano Darío Cari y Diego Armando Cari, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas.

En base a los elementos obtenidos tras las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de un allanamiento realizado el 23 de julio (que permitió el secuestro de sustancias acondicionadas para la venta y dinero en efectivo) pudo acreditarse que los acusados tenían estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página Web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían drogas durante las 24 horas en un inmueble de barrio Juan Pablo II y que Lorena Rocío Belén Cari, usaba a su bebé recién nacido como “escudo”, para hacer la entrega de las sustancias ilegales.

Tras diversas tareas investigativas y con el propósito de recabar mayores elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento y detención de los nombrados.

El 23 de julio, cerca de las 18, personal policial irrumpió en el domicilio y detuvo a Lucas Mancilla, quien intentó escapar. Dentro del domicilio, también fueron detenidos Maximiliano Cari, Cristian Cari, Diego Cari y Lorena Cari. 

Al realizar la requisa corporal, a Lucas Mancilla se le encontró un envoltorio de papel color blanco con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartucho” y la suma de $930, mientras que a Maximiliano Cari se le encontró un total $1430.

En tanto, a Lorena Cari, se le encontró un envoltorio de papel con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartucho” y la suma de $1200.

La requisa domiciliaria permitió el secuestro de otros 42 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartuchos”, cuatro plantines de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una tablet y la suma de $20.200.

Piden juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del requerimiento se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente. También relató que uno de los efectivos le dijo al oído “cagate hijo de puta si perdiste el ojo”.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Vendía celulares robados desde Facebook y con perfiles falsos

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a Omar Benjamín Gramajo, acusado del delito de encubrimiento agravado.

De las tareas investigativas realizadas por el personal de la División Robos y Hurtos, a cargo del comisario inspector Chocobar y el comisario Prieto, pudo comprobarse que el acusado se dedicaba a reducir y comercializar teléfonos celulares, tablets y notebooks y que personas desconocidas llegaban a su domicilio y mediante pasamanos, realizaban la comercialización de los aparatos, que luego eran ofrecidos por el imputado en la red social Facebook.

Para eso, el acusado usaba perfiles falsos, con los que realizó varias ventas de teléfonos mal habidos. Algunos de ellos fueron devueltos por compradores de buena fe, ya que los teléfonos caían en banda negativa tras denuncias de sus propietarios en las empresas prestatarias del servicio.

De la tarea investigativa, surgieron los elementos que permitieron imputar a Gramajo, de 30 años.  Además, el análisis de la red social en la que el imputado ofertaba los productos, permitió reunir las pruebas suficientes para que el Juzgado de Garantías interviniente liberase una orden de allanamiento para el inmueble ubicado en avenida San Martín.

El allanamiento, concretado el pasado 26 de julio, permitió la detención de Gramajo y el secuestro de 37 aparatos celulares, cuatro tablets y una  notebook.

Por otra parte, dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos antes de la irrupción al domicilio, quienes se presentaron en la vivienda para vender un celular robado minutos antes, bajo la modalidad motochorros. En esa causa tomó intervención la Fiscalía Penal de Limache.

Imputaron a una pareja que vendía drogas en Nueva Esperanza

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia Belén Durán, acusados de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 23 de julio, en el que se logró el secuestro de sustancia acondicionada para la venta, una balanza y dinero en efectivo, pudo acreditarse que los imputados tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de varias denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían droga, tanto de día como de noche y que hacían delivery en motos enduro con las que esquivaban los controles policiales puestos por la cuarentena y atravesaban los ríos y vías de Solís Pizarro.

Con la información recabada en el transcurso de la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento, el secuestro y la detención de los imputados.

A las 22:16 del 23 de julio,  los efectivos policiales arribaron a la vivienda investigada y detuvieron a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia María Belén Durán.

Al requisar a la imputada, se le encontró la suma de $600, mientras que al imputado se le encontró una billetera con la suma total $5.020 y un celular.

Cuando se realizó el registro domiciliario, Durán entregó 18 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y 11 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. También entregó en mano la suma un total de $9.250. En el patio externo del inmueble se encontró una rejilla metálica (tipo colador) y una moto Yamaha 110 cc.

Por último, de una habitación se secuestraron varios teléfonos celulares y una balanza electrónica blanca.

Desobedeció una orden judicial y amenazó a su expareja y su exsuegra con un arma

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 38 años, acusado de los delitos de amenazas, coacción agravada por el uso de arma, daños y desobediencia judicial, en concurso real.

La causa inició con la denuncia de la víctima en contra de su expareja, con quien tuvo tres hijos, todos menores de edad, y de quien se separó hace dos años. En su relato, la víctima indicó que el pasado 21 de julio, a las 23:20, el acusado apareció en su domicilio a bordo de una moto y la amenazó al decirle “salí que te voy a hacer recagar, te voy a matar, seguro te voy a encontrar en la calle”, tras lo cual, la denunciante cerró la ventana y el acusado se retiró.

Luego del episodio, la denunciante se sintió mal, por lo que le pidió a una amiga que la acompañara al hospital. Cuando se trasladaban al nosocomio a bordo de una moto, fueron interceptadas por el imputado, quien intentó hacerlas caer al piso, sin lograrlo, por lo que decidieron regresar al domicilio.

Al regresar al inmueble, una de las menores advirtió a su madre que “el papá volvió y amenazó a la abuela con una pistola” y que se retiró por la puerta trasera, que quedó dañada.

Por último, la mujer manifestó que no es la primera vez que denuncia a su expareja y que el acusado ya estuvo detenido, por lo que pidió que se tomara las medidas necesarias para el caso.

En su valoración, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, sostuvo que el acusado profirió un anuncio de sufrir un mal grave, futuro e injusto, tanto a la denunciante como a su madre y que la conducta que se agrava en el último caso, por la utilización de un arma de fuego.

Además, al ingresar al inmueble, ejerció fuerza sobre la puerta del fondo a la que provocó daños, que fueron constatados en una inspección ocular.

El imputado también desobedeció una orden judicial que pesaba sobre él, que dispuesta a raíz de las denuncias anteriores efectuadas por la víctima.

La fiscal actuó de oficio y lo imputó por amenazar a su pareja

La fiscal penal de Violencia de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 32 años, acusado del delito de amenazas.

Las actuaciones iniciaron este domingo, 26 de julio, cuando personal policial se desplazó al domicilio en el que la víctima y el acusado conviven. En el lugar entrevistaron a una mujer de 22 años, hermana del acusado, quien les indicó que hizo el llamado de auxilio porque su hermano agredió a su pareja. Relató que el acusado, en estado de ebriedad, agredió verbalmente a todos los presentes en la casa y amenazó a su pareja, al decirle que cuando saliera de la cárcel, la mataría. En ese momento, se produjo la detención del imputado.

Al día siguiente, la pareja del imputado sostuvo ante efectivos policiales que no llamó al Sistema de Emergencias porque el imputado no la lesionó y tampoco la agredió, sino que solo estaba en estado de ebriedad, por lo que no pidió intervención ni radicó denuncia. También dijo que no deseaba consigna policial.

En la imputación, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, sostuvo que si bien la mujer manifestó su negativa respecto a la intervención policial, eso no obstaculiza la actuación del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal. Y destacó que la Ley 7888, en su artículo 1°, establece que “El Estado provincial reconoce que las distintas manifestaciones de violencia de género constituyen una violación a los Derechos Humanos”. La normativa guarda relación con el artículo 72, inciso 2° del Código Penal, que establece que “se procederá de oficio cuando mediare razones de seguridad o interés público”, dado el deber del Estado argentino de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Juzgarán a policías de la Comisaría Segunda por vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.

Las acusaciones recayeron sobe el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.

Las actuaciones iniciaron con la declaración de la víctima, quien manifestó que el 20 de septiembre de 2015, a las 6:30, en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco.  En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.

Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. Sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.

Luego, el  denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja.  En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.

Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.

En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.

Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.

El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.

Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.