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Condenan a un hombre de 80 años por abusar de su hijastra

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el Tribunal de Juicio Sala I Vocalía 3, condenó a un hombre de 80 años a la pena de 6 años de prisión, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de su hijastra.

Del legajo de investigación, se desprendió que el hecho ocurrió el 11 de abril del 2019, en Aguas Blancas, cuando la víctima, de 40 años y quien padece esquizofrenia, fue al domicilio del penado en busca de dinero para sus medicamentos.

Para condenar, el juez Aldo Primucci tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la fiscal Filtrín Cuezzo, la defensora de Violencia familiar y de Género 1, el Asesor de Incapaces 2 y las declaraciones de testigos, además de pericias e informes médicos y psicológicos realizados oportunamente sobre la víctima.

Por ser persona en grupo de riesgo, el condenado seguirá detenido con prisión domiciliaria, dadas las restricciones generadas por la pandemia de COVID-19. Cuando la condena se encuentre firme, se le realizará el examen genético y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Irá a juicio por vender drogas en un comedor de barrio Gauchito Gil

El fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Mabel Estela Avilés, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por cometerse en un centro asistencial.

La mujer, de 36 años, fue imputada luego de las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial y los elementos obtenidos mediante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente en el domicilio de la acusada y donde funciona el merendero y comedor, en la zona sudeste de la capital.

Durante la investigación, se constató que Avilés tenía a su disposición sustancia estupefaciente que vendía a diferentes consumidores, y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita que realizaba.

Las actuaciones comenzaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, la que se precisó que en el merendero “Los Ángeles del Gauchito Gil”, del barrio homónimo, la imputada comercializaba sustancia estupefaciente.

Las tareas de vigilancia permitieron constatar con fotografías y filmaciones que distintas personas intercambiaron dinero por estupefacientes.

Se sumaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron que en el lugar también se venden bolsones de mercadería que son entregados en donación para el merendero.

A partir de esa afirmación, el fiscal López Soto dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que investigue la posible comisión de delitos en torno a las donaciones.

En el marco de la investigación, a una de las personas que compró se le secuestraron seis envoltorios de polietileno, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta. Y durante el allanamiento, en el domicilio se incautó un frasco con 161 envoltorios con la misma sustancia; $2.060 en efectivo y dos teléfonos celulares. El narcotest dio resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 11.7 gramos.

Drogas: en julio imputaron a una banda de Villa Los Sauces; ahora piden juicio

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.

Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.

Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.

También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.

Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.

Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.

Policías a juicio: en 2013 lo golpearon, lo pasearon por centros sanitarios y lo liberaron al día siguiente

Tras hacerse cargo de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos en julio pasado, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, reactivó una causa iniciada en 2013 y requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio contra efectivos policiales con revista en la División Compañía Guarda de Infantería, imputados por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. La víctima fue lesionada y detenida; llevada  por distintos centros sanitarios donde no fue asistida y al otro día, fue liberada.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Carlos Alberto Jaime, Marcos Guillermo Rodríguez, Luis Leonardo Olivera, Mario Vicente Ocampo, José Eduardo Gómez, Gabriel Antonio Chumba, Álvaro Rodrigo Belázquez, Andrés Facundo Vega, Jorge Simón Vilca y Adriana Cristina Macarof,  acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia en calidad de coautores.

La víctima denunció en la Comisaría Primera que la noche del 5 de julio de 2013, concurrió al complejo de ATSA de barrio Castañares, para participar de un partido de fútbol 5 junto a padres de chicos de la escuela de fútbol «Los Gallitos».

Al terminar y mientras el denunciante conversaba y compartía vino y gaseosas en la vereda de ese complejo con otros padres, llegó un móvil policial de Infantería acompañado por otros de la Comisaría Sexta, de Ciudad del Milagro y de la Subcomisaría de barrio Castañares. Descendieron varios uniformados, que “en forma descortés y con total abuso de autoridad”, lo increparon y le dijeron que se retirara del lugar, mediante agresiones verbales.

Cuando el denunciante respondió «por qué no van a ver a aquellos que venden drogas” en un domicilio de Castañares, fue reducido y golpeado a patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo por cuatro o cinco uniformados. Otros padres también fueron agredidos, mientras que una policía condujo el auto de uno de ellos para entregar a los niños a sus madres.

Una vez detenidos, la víctima y otros padres fueron trasladados a la Central de Policía, donde los revisó un médico legal. Luego fueron llevados al hospital San Bernardo, pero no descendieron porque los efectivos dijeron que “ellos no tenían nada que hacer con el detenido”, por ser de la Comisaría Sexta y decidieron volver a la Subcomisaría de Castañares.  La víctima volvió a escuchar a los efectivos deliberar sobre su destino.

Al otro día, el 6 de julio, fue llevado a la salita de Castañares, donde no consiguieron atención médica y  lo regresaron a la dependencia. Lo trasladaron a la Comisaria Sexta; luego a la salita de Vaqueros, donde tampoco fue asistido y fue llevado nuevamente al San Bernardo. Allí extendieron un certificado a los uniformados, pero sin medicar al lesionado. De regreso a la Comisaría Sexta, la víctima fue identificada, le hicieron firmar un libro y le dijeron que se retirara de la dependencia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, excedieron claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta de los imputados, afectó el umbral mínimo requerido, con la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad y la integridad personal.

También recalcó que la presencia de personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito o contravención, como en este caso, no puede agravar la situación mediante el uso de la violencia. Además, en el lugar había dos menores de 5 y 6 años, quienes tuvieron que presenciar una inusitada violencia sobre el papá de uno de sus amigos.

Con respecto a la acusación de Adriana Cristina Macarof, la fiscal destacó que en su calidad de Comisaria, se encontraba a cargo del operativo y que a pesar del claro exceso del uso de la fuerza, no impidió llevar adelante las acciones abusivas por parte del personal de Infantería. Es que la omisión es una de las dos formas que puede asumir la conducta, por lo que correspondió la acusación en calidad de coautora.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió el sobreseimiento de los efectivos Pamela Cinthia García, Nelson Ariel Gallardo, Exequiel Maximiliano Sardina y Clara Romina Blasco, por no haberse podido comprobar su participación en los hechos.

Condenado a 15 años: Abusó de su hija desde niña y tuvo dos hijas con ella

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Tribunal de Juicio Sala II Vocalía 3, condenó a un hombre a la pena de 15 años de prisión efectiva, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente.

Las actuaciones de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, iniciaron tras la denuncia radicada por la propia víctima, oriunda de Colonia Santa Rosa, en contra del imputado.

Es que según consta en el legajo de investigación, la víctima e hija del penado, logró radicar la denuncia contra su padre a los 21 años, tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte del acusado desde niña y con quien tuvo dos hijas.

En el transcurso de la investigación, estudios de ADN permitieron acreditar la paternidad del penado.

A juicio: policías de Metán golpearon a menores y les ofrecieron dinero para no contarlo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales de la Comisaría 30 de San José de Metán, acusados del delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por una madre en representación de sus hijos menores de 12 y 15 años, quien relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana, golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.

Sostuvo que sus hijos fueron detenidos tras la denuncia de un hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos.

Tras retirar a los menores de la dependencia y antes de ir al hospital para que recibieran atención, uno de los chicos sostuvo que el imputado Marcos Fernández le ofreció la suma de $100 para que no dijera nada.

Un informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de 12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda, con referencia a compresión manual en cuello y nuca; lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En tanto, el examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad personal.

Además, consta en el decreto de imputación que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras estaban detenidos en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”.

Por último, los acusados intentaron comprar la voluntad de los menores, para evitar ser descubiertos.

Imputaron a los policías que causaron la pérdida de un ojo a un militar

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los policías con revista en el Sector 6, acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en perjuicio de Néstor Ramón Ávalos.

Néstor Ramón Ávalos

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Mario Alberto Funes, de 41 años, acusado del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en concurso ideal, en carácter de autor.

En tanto, el suboficial ayudante Luis Armando Quispe, de 37 años; el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, de 41; el cabo Víctor Fabián Díaz, de 32 y agente Lucas Daniel González, de 34, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en carácter de partícipes necesarios.

Del decreto de imputación surgió que la víctima, Néstor Ramón Ávalos, de 25 años y miembro voluntario del Ejército Argentino,  resultó herido durante la noche pasado 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el interior del móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en su ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, mientras cumplían su rol de efectivos policiales a bordo del móvil mencionado, desempeñaron un acto de servicio con exceso de sus funciones, al acometer en contra de la integridad física del damnificado Néstor Ramón Ávalos, mediante el uso arma de fuego.

Además, fue acreditado que luego de disparar y de ver que Ávalos resultó seriamente herido,  los efectivos policiales se retiraron del lugar sin presentarle auxilio al denunciante, quien fue traslado por un vecino al hospital Papa Francisco y luego al San Bernardo, donde lo intervinieron quirúrgicamente tras sufrir el estallido total del ojo izquierdo.

Robó armado y amenazó con machete a un policía para que no lo investigue

El fiscal penal 1 de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó a Miguel Ángel Chavarría, acusado de los delitos de robo calificado por el uso de armas, robo, coacción agravada y atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma. Asistido por un defensor oficial, el imputado se abstuvo de declarar. Permanece detenido.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones realizadas por personal policial del Destacamento Villa Güemes, que iniciaron con la denuncia de un hecho ocurrido el 22 de junio pasado, cerca de las 14:30, cuando una mujer que caminaba en la intersección de calles Salta y Lavalle, fue interceptada por el acusado.

Allí, el imputado apareció a bordo de una moto junto a otra persona, se bajó del vehículo y con un arma blanca, le sustrajo a la mujer una mochila que contenía una billetera con documentos, tarjetas y $2600 en efectivo.

Tras esto, el acusado y su acompañante huyeron con su moto en dirección a barrio Belgrano y fueron perseguidos por un vehículo que acudió en ayuda de la víctima. Luego de ser alcanzados en un taller de motos ubicado en la esquina de las calles Las Heras y Lavalle, los asaltantes reconocieron a la mujer, escaparon a pie y dejaron su moto abandonada en el taller.

Por otra parte, el 4 de julio, cerca de las 18:30, un hombre que caminaba para vender golosinas cerca de la cancha de 9 de Julio, también en barrio Belgrano, fue interceptado por el acusado, quien le quitó dos bolsas de pochoclos. Luego, el imputado le pidió que se las regalase y ante la negativa del vendedor, Chavarría le arrebató la billetera, que contenía $4 mil y escapó.

Otro informe del Destacamento Policial de Villa Güemes dio cuenta que el Oficial Principal del sector y responsable de las tareas investigativas sobre el accionar del imputado, fue amedrentado por Chavarría el 3 de agosto, cerca de las 13, cuando el acusado apareció de forma sorpresiva y amenazó de muerte con un machete al oficial para que desistiera de sus investigaciones.

Vejaciones y allanamiento ilegal: por otra causa, imputarán a los mismos policías que le hicieron perder el ojo a Luciano Cruz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, abrió la imputación contra los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas y allanamiento ilegal, todo en concurso real. La audiencia está prevista para el martes 18 de agosto.

Del decreto de imputación se desprendió que los acusados, el 9 de enero pasado, cerca de las 9, a bordo del móvil policial 1829 y mientras debían desempeñar un acto de servicio, cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra de la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma. 

Además,  al momento de la detención, los acusados ingresaron al domicilio del damnificado ubicado en barrio Norte Grande y manifestaron que podían hacerlo sin una orden emanada de autoridad competente.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, quien relató que durante esa mañana, su nuera lo despertó para advertirle sobre la presencia de personal policial fuera de la casa.

Al salir para ver qué sucedía, encontró a tres efectivos policiales junto a dos mujeres, quienes manifestaron que la bicicleta que estaba en la puerta de la casa era de ellas y que se la habían robado hace instantes. El denunciante les dijo que se la llevaran y que no sabía qué hacía la bicicleta allí.

En ese momento el personal policial ingresó al domicilio, hizo una requisa y encontró a un hombre escondido en el techo, quien al ver a los efectivos policiales escapó, por lo que lo persiguieron.

En ese momento el denunciante salió tras ellos para ver si lo agarraban  y caminó hasta la vuelta de su casa, donde se les acercaron  nuevamente los policías, enojados porque se les había escapado el hombre que estaba en el techo.

Uno de los efectivos le dijo «a vos te vamos a llevar por encubrimiento» y luego  lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron.

Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le dio disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza.

El informe médico realizado por el Gabinete de Medicina Legal del CIF, concluyó que la víctima presentaba un hematoma en los dos tercios inferior de brazo izquierdo, otro pequeño en hombro izquierdo, una excoriación en parte posterior de pabellón auricular izquierdo, dos lesiones contusos equimóticas circulares con halo hemático perilesional, uno en tercio medio, cara anterior de muslo izquierdo y otro en tercio inferior, cara interna de muslo derecho y excoriación en tercio inferior y en cara anterior de pierna izquierda.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con la denuncia del damnificado, testimoniales de testigos presenciales y  certificados médicos, la nómina de efectivos que se encontraban en el móvil y la  copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Se trata de los mismos efectivos policiales que previamente fueron imputados por el delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves en perjuicio de Luciano Enrique Cruz. En esa causa, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio.

Madre, hija y yerno vendían drogas en barrio La Paz

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Nahuel Jonathan Exequiel Lescano, Irma Graciela Cruz y Brisa Noelia Cruz, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del allanamiento realizado el 31 de julio, con el que se logró el secuestro de sustancias, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización que tenía a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se advirtió que vendían drogas en un domicilio de barrio La Paz.

En el inicio de la investigación, se confirmó que las imputadas Irma Graciela Cruz, de 54 años y su hija Brisa Noelia Cruz, de 20, residían en el domicilio denunciado y que la primera acusada tenía antecedentes por infracción a la ley N° 23.737.

Además, vecinos de la zona que no quisieron aportar datos personales por temor a represalias, manifestaron que en el domicilio señalado, residía una mujer llamada Irma que hace muchos años vendía droga. Manifestaron que su hija la ayudaba con la comercialización de las sustancias, junto con la pareja de ésta última, Nahuel Lescano, de 22 años.

En el avance de la investigación y con el objeto de recabar mayores elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento y detención de los acusados.

Durante el procedimiento, se encontró en el dormitorio de Brisa Cruz y Nahuel Lescano, un envoltorio con 30 semillas cannabis sativa. En tanto, en el dormitorio de Irma Cruz, fueron encontrados 87 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. La prueba de narcotest arrojó resultado positivo por cocaína. También fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, fraccionadotes, cuchillos y velas.