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Irá a juicio por abusar sexualmente de cuatro niñas

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 51 años, acusado de abusar sexualmente de cuatro víctimas menores de edad.

El imputado fue acusado de los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad (dos hechos); abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia preexistente continuado en concurso ideal con corrupción de menor de 13 años agravada por la guarda y convivencia preexistente y coacción en perjuicio de otra menor; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y la convivencia preexistente continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de edad en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la guarda y convivencia preexistente, en perjuicio de una tercera menor; y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de edad, en perjuicio de una cuarta víctima, todo en concurso real.

La denuncia fue radicada por la madre de dos de las víctimas, de 11 y 14 años en ese momento y en contra del tío de las menores. La denunciante también es abuela de otra de las niñas.

Las actuaciones permitieron acreditar que el acusado, en dos ocasiones, sometió a una de las niñas a tocamientos impúdicos y libidinosos, de claro contenido sexual, por lo que violó con su accionar la integridad sexual de la menor. La conducta se agravó por estar el imputado encargado de la guarda de la niña en el momento de los hechos, en ausencia de la progenitora.

Surgió del requerimiento que cuando la menor contaba con 12 años, en un domicilio de calle Urquiza de la ciudad de Salta, el acusado aprovechó que la madre de la víctima salió a realizar trámites para someterla a tocamientos. Por otra parte, en la madrugada del 10 de marzo, en un domicilio de Villa Lavalle, el acusado volvió a tocar a la niña mientras dormía.

Asimismo, desde que otra de las niñas contaba con 7 años y hasta que alcanzó los 11, el imputado la sometió de manera continuada a tocamientos impúdicos y libidinosos, de claro contenido sexual, que por el tiempo de su duración y circunstancias de su realización, constituyó un sometimiento gravemente ultrajante.

El imputado también estaba encargado de la guarda de la niña en el momento de los hechos, por lo que violó los deberes a su cargo y aprovechó la convivencia preexistente con la menor.

Así, conforme señaló la niña, cuando tenía 7 años, la sometió a tocamientos de manera continuada, en domicilios de calle Corrientes y de Villa Lavalle, lo que promovió la corrupción de la menor, al resultar el accionar del imputado idóneo para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima, por lo prematuro y excesivo, lo cual se agravó por tratarse de una menor de 13 años y por estar el imputado encargado de su guarda en el momento de los hechos, además del aprovechamiento de la convivencia preexistente.

El imputado también anunció a la menor la producción de un mal futuro, grave, posible, cierto e injusto, al decirle que “mataría a su mamá y a toda su familia”, con el fin de provocar temor y obligar a la víctima a que no contara a su progenitora sobre los abusos sexuales sufridos.

Por otra parte, el imputado sometió a otra niña, desde que tenía 6 años y hasta que alcanzó los 10, de manera continuada, en los domicilios de calle Corrientes y de Villa Lavalle, a tocamientos impúdicos y libidinosos, de claro contenido sexual y llegó a accederla carnalmente, lo que promovió la corrupción de la menor víctima, al resultar el accionar del acusado idóneo para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de la menor, por lo prematuro y excesivo, agravado por tratarse de una menor de 13 años, por encontrarse el imputado encargado de la guarda de la menor y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

Finalmente, conforme declaró una familiar, el imputado también sometió a otra menor de 3 años, a tocamientos impúdicos y libidinosos, de claro contenido sexual.

Irá a juicio por abusar de su hijastra de 9 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 32 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por la forma de la comisión, agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores agravada.

La investigación permitió acreditar que el imputado, en la habitación matrimonial de su vivienda ubicada en la zona oeste de la ciudad de Salta, abusó de la menor de 9 años, cuando la víctima cursaba el cuarto grado y hasta el corriente año, antes del inicio de la cuarentena.

Del requerimiento surgió que el acusado, realizó actos de tocamientos impúdicos y libidinosos, de claro contenido sexual en el cuerpo de la niña, mientras la madre de la menor salía a trabajar.

Por las circunstancias de su realización y por el tiempo de su duración, la conducta del imputado adquirió características de permanencia y constituyó un sometimiento gravemente ultrajante para la niña.

El accionar desplegado por el imputado se agravó, porque en el momento de los hechos, era el encargado de la guarda de la menor, por lo que violó los deberes a su cargo y aprovechó la situación de convivencia con la menor.

Además, el accionar torció el desarrollo normal de la sexualidad de la niña, al ser la víctima menor de 13 años.

La denuncia fue radicada por la madre de la niña en febrero de este año, en contra del acusado y padrastro de la víctima, con quien llevaba dos años de casada, luego de que la menor pudiera contarle sobre los abusos.

Abusó de una niña frente a su madre y hermanas durante años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 57 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia preexistente con una menor.

Las actuaciones permitieron acreditar que el imputado realizó actos de tocamientos impúdicos, libidinosos y de claro contenido sexual sobre el cuerpo de la menor, en un domicilio ubicado en Villa Santa Ana de la capital salteña.

La conducta desplegada por el acusado constituyó un sometimiento gravemente ultrajante para la niña, por las circunstancias de su realización y por el tiempo de duración, desde que la menor tenía 9 años hasta que alcanzó los 12, por lo que adquirió características de permanencia.

La conducta se agravó al encontrarse el imputado, en el momento de los hechos, encargado de la guarda de la menor y aprovechando la convivencia preexistente con ella, al mantener el acusado una relación de concubinato con la progenitora de la niña.

La denuncia fue radicada en abril de 2018 por una hermana de la víctima, en contra de la pareja de su madre y en representación de la niña. Indicó que desde 2015 y hasta ese momento, su hermana menor sufría maltrato físico y psicológico, ya que en presencia de sus hermanas mayores, el acusado también le propinaba cachetadas en las nalgas y le expresaba en palabras su deseo de mantener relaciones sexuales.

La denunciante sostuvo que por la inocencia de su hermana, ella solo se reía y aclaró que esas actitudes también se dieron en presencia de la madre de la niña.

Precisó que la menor estaba asustada y que temía por su integridad, por lo que pidió la exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento.

Madre e hija, condenadas por vender pasta base en “El Bajo”

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que María de las Mercedes Orquera, de 46 años y su hija, Valeria Rocío Trovatto, de 23, fueron condenadas en la Sala IV del Tribunal de Juicio, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez Roberto Faustino Lezcano, condenó a María de las Mercedes Orquera, a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.

En el mismo fallo, Valeria Rocío Trovatto, fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, como partícipe secundaria del mismo delito.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas, que advirtieron sobre la actividad ilícita que desplegaban ambas mujeres en su domicilio de Ituzaingó al 1900.

El personal investigativo desplegó tareas de inteligencia y pudo reunir los elementos de convicción necesarios para que el fiscal solicite orden de allanamiento y detención para el domicilio investigado.

Durante el procedimiento, fueron secuestradas numerosas dosis de pasta base, dinero en efectivo, celulares, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

Ingresó por la fuerza a una fundación contra las adicciones y abusó sexualmente de una excompañera

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 22 años, acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas y violación de domicilio, todo en concurso real.

Terminada la investigación, el fiscal penal González Miralpeix, entendió que fue acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del imputado, tras la denuncia radicada en julio de 2019 por la víctima, interna en un sitio para recuperarse de adicciones, donde conoció al imputado, también interno y con quien mantuvo una breve relación.

Tanto en la denuncia como en su posterior declaración testimonial, la víctima sostuvo que mientras dormía en su habitación, el acusado ingresó y se acostó encima de ella. La mujer se negó, pero el acusado igualmente la sometió. La denunciante expresó, además, que el imputado ingresó a la habitación con un cuchillo en la mano.

De lo declarado por la denunciante y por personas que trabajan en la Fundación, surgió que al momento de los hechos el acusado estaba fuera de la institución, porque había abandonado el tratamiento y que esa anoche forzó una puerta de ingreso, para luego dirigirse a la habitación de la víctima, quien conforme lo relató, expresó férreamente su oposición a mantener relaciones sexuales, tal cual consta de los relatos referidos.

Además, el resultado del examen médico realizado a la damnificada, indicó que la víctima presentaba lesiones genitales, mientras que el imputado tenía lesiones producidas por la oposición de la mujer.

Lo expuesto, denotó una evidente vulneración de la integridad y libertad sexual de la víctima y del espacio de intimidad y privacidad de la fundación y sus residentes, con derecho a exclusión del imputado.

Abuso, armado de causas y venganza: Piden el juicio contra el comisario Mamaní y otros cuatro policías

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia del Distrito Judicial Sur Circunscripción Anta, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.

El requerimiento de juicio también incluye a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, ya que la fiscal penal Simesen de Bielke también requirió la elevación a juicio contra el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.

Además, la sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz, fueron acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.

En tanto, el agente Franco Matías Vizgarra fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. Sin embargo, al no haberse podido verificar que el acusado estuviera en el momento en el que ocurrieron las detonaciones, la fiscal entendió que corresponde dictar el sobreseimiento por el delito de abuso de armas agravado, al igual que tampoco se puede sostener la acusación por el delito de falsedad ideológica, al no existir informes que lo vinculen.

Los hechos por los que irán a juicio

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, en el que se desplazaban los acusados, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo. Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En septiembre, el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, rechazó el pedido de prisión domiciliaria instado por la defensa técnica y en su mérito, dispuso mantener la prisión preventiva sobre el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien continua alojado en la División Caballería de la capital salteña. Oportunamente, la fiscal penal de Derechos Humanos se opuso al beneficio.

Vale recordar que el jueves 6 de agosto, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. Además, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.

Abusó de una mujer trans y le robó dinero y su celular

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 29 años, acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo, todo en concurso real.

Terminada la investigación, el fiscal penal González Miralpeix sostuvo que fue acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del acusado, quien, tal como denunció la víctima, durante la madrugada del 11 de julio de este año, interceptó a la mujer trans mientras caminaba por avenida Ponstussi, le tapó la boca y la sujetó de los brazos para trasladarla a un descampado cercano al barrio Virgen de Urkupiña, donde después de amenazarla, abusó sexualmente de ella.

En sus fundamentos, el fiscal destacó el relato coherente expuesto por la víctima al momento de radicar la denuncia y también lo expresado por una amiga, quien pudo advertir el estado en el que estaba cuando llegó a su morada.

Además, indicó que el imputado, tras cometer el abuso mediante la violencia desplegada y relatada anteriormente, le sustrajo a la víctima la suma de $500 y un teléfono celular, que fue recuperado tras una requisa realizada al acusado al momento de su detención.

Desbaratan una banda que vendía cocaína en Villa Chartas

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a José Bautista Rodríguez, Fernando Lucas Peloc, Claudio Omar Liendro y Oscar Daniel Fernando Carrasco, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de las tareas de vigilancias realizadas por personal policial y el resultado de los procedimientos del 29 de octubre, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y venta de estupefacientes.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Fiscal y en el Sistema 911, en las que se indicó que Carlos Peloc, Omar Liendro y otro grupo de personas, vendían drogas en inmediaciones del pasaje La Viña al 800 y de calle 10 de Octubre al 800, de Villa Chartas.

En el inicio de la investigación, se constató la existencia de los domicilios denunciados y pudo corroborarse que Carlos Peloc, de 34 años y José Bautista Rodríguez, de 20, tenían antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Con los elementos obtenidos de las distintas tareas de investigación, fue  solicitado al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento de los domicilios.

El jueves 29 de octubre, personal policial irrumpió en una de las viviendas de calle 10 de Octubre al 800 y en presencia de testigos civiles, los efectivos detuvieron a los acusados Claudio Omar Liendro, de 42 años y Oscar Daniel Fernando Carrasco, de 33.

Durante la requisa corporal, se secuestró desde la billetera de Carrasco la suma de $4430 y desde la vestimenta de Liendro, la suma de $ 4670.

En tanto, en el domicilio se secuestró una motocicleta Motomel de 150 CC, un teléfono celula, dos tijeras, un cuchillo con cabo de color verde, dos velas consumidas, dos envoltorios de papel con restos de sustancia blanquecina, tres coladores, una bolsa plástica transparente con nueve envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta y otra bolsa plástica transparente con 113 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. El narcotest dio resultado positivo para cocaína por un total de 13.2 gramos.

Por otra parte, en el domicilio de pasaje La Viña al 800, se produjo la detención del imputado Lucas Fernando Peloc y no se secuestraron elementos de interés para la causa.

Por último, de otro domicilio, también ubicado en calle 10 de Octubre al 800,  la comisión policial detuvo al acusado Bautista Rodríguez, a quien se le secuestró dos teléfonos celulares.

Vendió drogas a un menor y le secuestraron un revólver

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Sebastián Alex Lamas, de 23 años, acusado de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización agravada por cometerse en perjuicio de un menor de edad y portación de arma de fuego de uso civil.

En base a las tareas de investigación y vigilancias realizadas por personal policial y los elementos obtenidos tras los allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente, pudo determinarse que el acusado tenía en su poder y a su disposición estupefacientes que vendía a terceras personas, además de elementos para fraccionarlos y acondicionarlos para la venta.

Durante los procedimientos, también se obtuvo que el imputado tenía en su poder un revólver en condiciones de ser utilizado en forma inmediata.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Fiscal en las que se indicó que en un domicilio del Grupo 648 de barrio Castañares, el acusado vendía drogas.

Con los elementos obtenidos mediante las tareas de investigación, fue pedida la autorización al Juzgado de Garantías para los allanamientos.

El pasado 30 de octubre, personal policial advirtió que el investigado se retiró del domicilio de barrio Castañares a bordo de una moto, en la que se dirigió hasta otro inmueble de barrio Puerto Argentino. Cerca de las 21, la comisión policial irrumpió en el domicilio de barrio Castañares, donde secuestraron de una habitación, cinco envoltorios de papel con sustancia blanquecina y nueve envoltorios de papel con restos de la misma sustancia, mientras que de otra habitación se secuestró un colador y un picador de metal. El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína, por un pesaje 0.21 gramos.

Respecto al domicilio de barrio Puerto Argentino, la comisión policial observó la llegada del acusado, quien ingresó a la vivienda y luego se retiró, por lo que fue interceptado en la esquina de las calles Di Pasquo y Aconcagua, donde se le secuestró la moto y una mochila con la suma de $28.200 y un teléfono celular.

Terminado ese procedimiento la comisión policial ingresó al domicilio, donde secuestró la suma de $19.000, un revólver calibre 22 largo, 13 envoltorios con sustancia amarillenta compacta, dos envoltorio con sustancia vegetal disecada, dos terrones dos terrones de sustancia vegetal disecada compacta y restos de sustancia vegetal disecada, compacta y picada.

Además, se secuestraron dos cuchillos con restos de sustancia, otro teléfono celular, una balanza granera y tres plantas de cannabis sativa.

El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína sobre la amarillenta y para cannabis sativa sobre la vegetal, por un pesaje total de 1.321 gramos para la primera y 246 gramos para la segunda.

Clanes familiares, un penitenciario detenido y droga en el penal de Villas Las Rosas

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, brindó detalles del procedimiento con múltiples allanamientos y requisas en la Unidad Carcelaria N° 1 realizado durante este lunes, que finalizó con la detención de seis personas, entre ellas, un agente del servicio penitenciario. Las imputaciones se llevarán a cabo en las próximas horas.

Del procedimiento surgió que la venta de estupefacientes se realizaba dentro del penal, mediante un agente carcelario que colaboraba con el ingreso de los distintos elementos, mientras que dos presos manejaban desde adentro la organización.

La causa, denominada “Pasaporte a la Cancha”, inició luego de que se produjera el 15 de mayo pasado, el hallazgo de 161 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulvurenta en el interior de una celda de la Unidad Carcelaria N° 1.

De las tareas investigativas, que hasta ahora demandaron seis meses, pudo conocerse que las actividades eran realizadas por “clanes familiares”, con la participación activa de cada uno de sus integrantes, que eran comandados por un interno desde el interior del Servicio Penitenciario Provincial Nº 1, que los reos llaman “La Cancha”.

La banda desbaratada contó con la participación y connivencia de un funcionario de la administración pública perteneciente a esa fuerza, con jerarquía de Sargento Primero.

Las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de investigaciones de UFINAR, se realizaron de forma conjunta con el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba y contaron con la cooperación del personal del Servicio Penitenciario.