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San Lorenzo: Elevan a juicio la causa contra el exintendente, un exsecretario y un exconcejal

El Juzgado de Garantías 5, resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad de juicio y sobreseimiento presentados por la defensa técnica de los acusados y dispuso la remisión a juicio de la causa que tiene como imputado al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.

También fueron imputados el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.

Para resolver, el Juzgado de Garantías 5 entendió que las actuaciones siguieron los cauces prescriptos por la normativa procesal rectora, sin que se conculcara derecho constitucional alguno, por lo que resultó procedente remitir la causa a juicio y la remitió a la mesa distribuidora para el sorteo del Tribunal que corresponda.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en octubre de 2020 por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien pidió que se tenga por ofrecida la prueba, sin perjuicio de ampliarla en la etapa procesal oportuna y sumó las denuncias hechas por el intendente actual, José Manuel Saravia Arias; por el expresidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris; distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos, entre otros numerosos elementos.

En junio del mismo año, Simesen de Bielke imputó al exintendente Ernesto Fernando Gonza porque incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. El incumplimiento facilitó la discrecionalidad, a lo que se sumó la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato.

Además, en su carácter de máxima autoridad del municipio, Gonza realizó un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero que a todas luces resultó irrisoria e incompatible con la función ejercida.

Por su parte, Rogelio Higinio Guaymás también incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. Ello facilitó la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos no podrían haberse llevado a cabo.

La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración (porque era concejal) retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales.

Auditoría externa

Vale recordar que el intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza. El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y determinó observaciones como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras. También hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.

Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda, cuyo destino se debía informar. Sin embargo, para el trimestre abril, mayo y junio de 2019 las extracciones hechas por la suma de $11.514.135, no se registraron en el sistema informático.

En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal.

Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 y que fue rechazado por falta de fondos, además de figurar como pagado en el sistema.

También se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.

Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. De esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019; mientras que un total de $539.215, fue retirado por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.

Declaró un productor de modas y fue imputado por abuso sexual

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, imputó provisionalmente a Pablo Marcelo Rangeón, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de una mujer y en calidad de autor. Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, Rangeón, asistido por su defensa, optó por declarar.

La intervención de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima el pasado 1 de marzo, quien sostuvo que trabajó durante 7 años como encargada de la escuela de modelaje del imputado.

En su relato, la denunciante dijo que durante el período comprendido entre 2010 y 2017, el acusado la sometió sexual y psicológicamente y que en algunas oportunidades, lo hizo a través de agresiones físicas.

La mujer denunció también que tras hacer públicos los hechos a través de una cuenta de la red social Facebook, empezó a sufrir amenazas a través de cuentas falsas.

La OPRIV implementó la denuncia web para conductores inhabilitados

A través del sitio https://www.denunciasweb.gob.ar, los ciudadanos podrán denunciar –anónimamente o identificándose- a los que violen la prohibición de manejar.

La Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) implementó la posibilidad de denunciar virtualmente a las personas que violen la inhabilitación de conducir e iniciar, así, una investigación.

Para radicar la denuncia es necesario ingresar en https://www.denunciasweb.gob.ar/accidentetransito y completar el formulario en el que se solicitará que se aporte la mayor cantidad de pruebas posibles, como ser fotos o detalle de las calles y horario en los que se vio conduciendo al inhabilitado.

Una vez recibida la denuncia –que puede ser anónima-, la OPRIV iniciará una investigación para confirmar la veracidad de la misma y tomar las medidas necesarias.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal puso a disposición de los vecinos el sitio Denuncias Web, desde el que cualquier ciudadano puede denunciar abusos policiales, robos, venta de drogas, incidentes viales u otros delitos.

En el caso de lesiones o muertes en incidentes viales, conducción de un vehículo estando inhabilitado o picadas de autos, se debe ingresar a https://www.denunciasweb.gob.ar/ opción Incidentes Viales y efectuar la denuncia.

Piden juicio contra 20 policías por la represión en Parque La Vega

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a 20 efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (19 hechos), en calidad de coautores y en perjuicio de 21 víctimas.

Las imputaciones recayeron sobre el comisario Federico Samuel Heredia, de 43 años; los suboficiales principales Claudio David Flores, de 44 y César Hugo Brizuela, de 48; los sargentos ayudantes Raúl Néstor Herrera, de 39; Diego Fernando Suárez, de 37; Carlos Eugenio Torres, de 43; Jorge Enrique Acoria, de 41; Diego Gustavo Tolaba, de 35; Gustavo Adolfo Flores, de 42 y Gustavo Ariel Quispe, de 43; el suboficial mayor Claudio Daniel Muruaga, de 47; oficial principal Marcos Guillermo Rodríguez, de 40; oficial ayudante Simón Antonio Cansino, de 28; el sargento Carlos Alberto Ríos, de 34; suboficial principal Hugo Ariel Troncoso, de 43; cabo Diego Aniceto Potosí, de 36; todos con revista en la División de Infantería.

También fueron imputados el subprincipal ayudante Mauro Renato Luna, de 44; sargento ayudante Daniel Fernando Mamani, de 49, la cabo Estela Margarita Ampuero, de 21, y el cabo Cristian Gonzalo Blas Pereyra, de 26; todos con revista en el Departamento de Seguridad Urbana.

Entre los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia de la Delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denuncias e informes de relevancia de los efectivos que participaron del hecho, certificados médicos, informes y copias del libro de guardia, soportes magnéticos y análisis de grabaciones y fotografías de los lesionados, entre otros, cuyo contenido fundamentan el requerimiento por resultar coincidentes respecto a la ocurrencia de los hechos y la autoría de los imputados.

Así, surgió que entre las 18:30 del 25 y las 0:30 del 26 de agosto del 2020, en el asentamiento Ampliación Parque La Vega, los funcionarios imputados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes le causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, según se constató tras el examen médico del CIF.

Incumplimiento, peculado y perjuicio por $84 millones: Elevan a juicio la causa contra el exintendente de Campo Quijano

La jueza de Garantías 6, Sandra Espeche, elevó a juicio la causa que tiene como imputados a Manuel Cornejo y Carmen Rosa Méndez, después de que la Sala III del Tribunal de Impugnación, rechazara las oposiciones y planteos de nulidad presentados por la defensa técnica de los acusados. En su resolución, ordenó la remisión de la causa, previo paso por la Mesa Distribuidora Penal, al Tribunal de Juicio que por sorteo corresponda y con la acusación impuesta por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke.

Es que el juez del Tribunal de Impugnación, Sala III, Eduardo Arturo Barrionuevo, rechazó las oposiciones al requerimiento de juicio y los pedidos de sobreseimiento y de nulidad impetrados por la defensa técnica de los imputados Manuel Cornejo y Carmen Rosa Méndez y de esa forma, el Juzgado de Garantías avanzó en la elevación a juicio correspondiente.

Vale recordar que en noviembre de 2020, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor.

En la misma causa fue imputada la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

Lo golpearon y picanearon, le arrojaron gas pimienta y lo obligaron a pelear con otro detenido

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la División de Seguridad Urbana, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, todo en concurso ideal y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los sargentos Mario Milton Balanza Chauque, de 38 años; Hugo Antonio Morato; de 41; y Fabiana Andrea Marín, de 34.

Del requerimiento surgió que el 20 de junio de 2020, cerca de las 13, la víctima estaba en la vereda de su vivienda, de barrio Solidaridad, junto a su padre, quien en un momento dado, lo insultó por tener una cerveza en la mano y llamó a un móvil policial, que estaba en la esquina.

Tras esto, los efectivos policiales llegaron hasta la vivienda, agarraron al hijo del cuello, lo tiraron al piso, lo esposaron y golpearon hasta subirlo al móvil. Una vez allí, lo acostaron en el piso del vehículo y lo pisaron en distintas partes del cuerpo.

La madre de la víctima, quien declaró como testigo, quiso intervenir y también sufrió empujones y maltratos por parte de los acusados.

El denunciante relató que luego, fue trasladado a la Comisaría de barrio Democracia, donde también lo golpearon. Indicó que otro efectivo salió con una picana y lo hizo arrodillar para picanearlo en el costado derecho del abdomen. Tras esto, le tiraron gas pimienta en la cara y le pusieron un balde en la cabeza, para golpearlo en los glúteos con un palo, mientras intentaban bajarle el pantalón.

Luego de trasladarlo al Hospital San Bernardo para la revisión médica, fue llevado al Centro de Contraventores, donde los policías hicieron que peleara con un hombre detenido y en estado de ebriedad.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados al legajo de investigación, de donde surgió que el damnificado fue examinado por el médico legal, quien diagnosticó que la víctima presentaba equimosis y excoriación en región frontal, inflamación e hinchazón en labio superior con excoriación en mucosa yugal, inflamación en labio inferior, equimosis varias en región torácica y excoriaciones costrosas en rodilla izquierda.

Además, la autoría de los imputados fue corroborada por la madre del testigo, quien al ver que su hijo era agredido por personal policial, se subió al móvil y les pidió que dejaran de golpearlo.

Veinte años después, pudo denunciar a su abusador

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 44 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y por su duración, agravado por la guarda, en perjuicio de una menor.

Del requerimiento, surgió que el acusado, primo del padrastro de la víctima, abusó de ella cuando tenía 8 años y en distintas ocasiones (al menos tres, que ella recuerda). El hombre aprovechó que la menor quedaba a su cargo, para tocarla en sus partes íntimas.

La denuncia fue radicada en agosto de 2016 por la víctima, de 29 años en ese momento, tras poder hablar por primera vez sobre los abusos, durante una consulta con el psicólogo en el hospital Papa Francisco.

La víctima también denunció que fue abusada sexualmente por el sobrino del padrastro. Sin embargo, la magistrada interviniente se declaró incompetente en ese punto, debido a que el segundo denunciado era menor al momento de los hechos.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los hechos fueron corroborados, fundamentalmente, con el relato sostenido y coherente de la víctima, quien a pesar del tiempo transcurrido, siguió angustiada. Esa situación fue corroborada con una pericia psicológica, que dio cuenta que la víctima no tiene indicadores de mendacidad, sino indicadores compatibles con vivencias traumáticas de índole emocional y sexual, que le produjeron trastornos de estrés postraumático.

Piden juicio contra los asaltantes de un supermercado

El fiscal penal interino de UNICROH, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Mauricio Osvaldo Robles, Carlos Walter Roldán Pavón y Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, acusados del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, todo en concurso real.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que los elementos reunidos durante la investigación, permitieron acreditar la participación de los sindicados mencionados como autores materiales, quienes se apoderaron ilegítimamente y por medio del uso de la fuerza de $36.000 pertenecientes a los denunciantes.

Para cometer el ilícito, los acusados utilizaron armas de fuego, según la declaración de la propia víctima y de los testigos, lo que luego fue ratificado por las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local.

Las actuaciones de UNICROH, iniciaron tras la denuncia radicada por uno de los empleados del local, quien expresó que el 13 de abril a las 16:30, mientras trabajaba en el Supermercado Día ubicado en la Ruta 26, ingresó un hombre que gritó “esto es un asalto” y mostró un revolver que sacó de la cintura.

También pudo observar que otro sujeto se dirigió al sector de las cámaras de video y le pidió que abriera la caja registradora y le entregara el dinero. Tras apoderarse de $18.000, el asaltante lo obligó a abrir otra caja registradora, de donde sacó otros $8000.

Tras esto, el empleado relató que fue obligado a quedarse en el piso, desde donde observó a otro hombre que ingresó por uno de los pasillos, donde lo perdió de vista.

En tanto, otro de los empleados expresó que esa tarde, mientras trabajaba en uno de los pasillos del local en la reposición de mercadería, pudo escuchar una discusión en el sector de los cajeros y al pensar que se trataba de un intercambio entre clientes no le dio importancia. Segundos después, un cliente lo arrastró hacia el depósito y le dijo que se trataba de un robo con armas de fuego.

Tras permanecer unos instantes allí, el empleado reaccionó y se dirigió a ayudar a sus compañeros. Al aproximarse hacia las cajas no pudo observar a nadie en particular, pero al revisar sus pertenencias faltaba de su mochila una billetera con $10.600 y distintos documentos.

Modus operandi

De la declaración testimonial de una clienta que concurrió al supermercado junto a su hija, surgió que dos motocicletas se estacionaron en la entrada y que tres hombres entraron al local, mientras otro se quedó afuera. El último le mostró un arma de fuego, sin decirle nada. La mujer también pudo ver que en el interior del local los sujetos le apuntaban al cajero con un arma.

Personal de la División de Delitos en contra la Propiedad realizó diversas tareas investigativas, entre ellas, el análisis de las filmaciones captadas por la cámara de seguridad del local. Surgió que los causantes del hecho fueron cuatro hombres y que ingresaron al comercio solo tres, mientras uno se quedó en la puerta de ingreso con dos motocicletas de grandes cilindradas encendidas para escapar rápidamente.

Piden el juicio contra una mujer que tenía marihuana, cocaína y más de un millón de pesos

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.

La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.

Incumplimiento, fraude y cohecho: Piden el juicio contra el Intendente de Rosario de la Frontera

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur – Metán, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Gustavo Solís Mónico, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado. El jefe comunal de Rosario de la Frontera, fue imputado el 21 de diciembre de 2020, cuando asistido por su defensa, prestó declaración.

Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoria General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.

En relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, se tiene acreditado que el imputado desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación de Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación. Es que sobre Corimayo pesaban sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales.

La conducta desplegada en torno a la contratación de Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero del Banco Central de la República Argentina, dictadas para determinar el circuito financiero del dinero público y que prohíben la emisión de cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso.

Además, se tiene acreditado que el imputado aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.

En relación al fraude a la administración pública, se tiene que Solís Mónico emitió en 2017, una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral. Todo ello, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal.

Al acusado también se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, el jefe comunal incurrió en el delito de cohecho, pues de una denuncia y de la transcripción del audio agregado en legajo, se observó una promesa directa por parte del jefe comunal al presidente de una fundación, de una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara.

La propuesta era de un precio de $163 por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones. Ello permitió verificar el dolo del imputado.

Por último, Solís Mónico incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50.

En este sentido, el jefe comunal celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina, sin verificar la situación financiera del contratado, además de emitir cheques en incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público y que precisan que no deben emitirse cheques por sumas inferiores, cuando el monto de los anticipos así lo permiten.