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Piden la prisión preventiva de los once imputados de la Brigada de Investigaciones de Orán

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Orán, la prisión preventiva de los once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, imputados en el marco de la causa que investiga los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, advirtió sobre la pena esperada por los delitos endilgados, siendo el de torturas el más grave, lo que supone un monto de pena en concreto que permite inferir que será alta y de ejecución efectiva.

También surgió como indicio suficiente para el encierro cautelar, que los acusados tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no posee el ciudadano común, por lo que podrían obstaculizar la investigación, ante la posibilidad de ocultar medios de prueba o de influenciar a personas que serán llamadas a declarar, quienes deberán hacerlo libres de toda influencia.

Por otra parte, la situación procesal de los acusados, constituye una de las hipótesis de procedencia que autorizan el mantenimiento del encierro cautelar durante la etapa preparatoria, ya que los diversos elementos colectados permiten sostener que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga.

Surgieron indicios vehementes que los acusados actuaron de forma sistemática, ya que de las declaraciones de varios detenidos alojados en la Brigada de Investigaciones 2, surgió que era el modus operandi para lograr la confesión mediante la aplicación de tormentos, conducta enmarcada dentro la violencia institucional.

En este sentido, debe valorase que los efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En consecuencia, es necesario impedir que los acusados continúen acometiendo en contra de la población, con el abuso de poder que detentan al cumplir funciones en las fuerzas de seguridad y al contar con armas letales y no letales.

Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa.

Torturas y paseo con amenaza de muerte: Imputaron a los once detenidos de la Brigada de Investigaciones de Orán

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, detenidos en el marco de la causa que investiga la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Los acusados se negaron a declarar.

De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

Con los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, imputó al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.

El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.

Tras las nuevas detenciones producidas el 29 de abril, fueron imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada N º 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona. En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.

El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.

A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos.

Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.

Un juez impidió que un exintendente se declare culpable en juicio abreviado por hechos de corrupción

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, rechazó el juicio abreviado contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor.

En la misma causa, se encuentra imputada la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

En el inicio del juicio abreviado, en el que la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal, ambos exfuncionarios reconocieron su responsabilidad penal en los hechos que le fueron imputados, por omitir dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones, al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinando la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke solicitó para Cornejo la pena de tres años y dos meses prisión de ejecución efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor.

En tanto, para la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

Luego de que la querella, los imputados y su defensa acordaran la pena, el magistrado sostuvo que “resulta fundamental un mejor conocimiento de los hechos y de la plataforma fáctica” planteada y consideró que la causa debe ser juzgada en un proceso oral y público y no en un juicio abreviado.

El informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registración contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

De la documentación aportada por el denunciante y actual intendente, Carlos Héctor Folloni, surgió la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Acuerdo de la reparación integral del daño

A raíz de las exigencias de la fiscala penal, Verónica Simesen de Bielke, las partes habían acordado la devolución de los bienes y dinero, en beneficio de la comunidad. Con el asentimiento del Ministerio Publico Fiscal, acordaron como reparación del daño la entrega de bienes, entre ellos, un camión Ford Cargo 1730, dominio EUK 327, que se encuentra secuestrado y la entrega del formulario 08 respectivo para su transferencia al Municipio de Campo Quijano.

También acordaron la firma del formulario 08 para la inscripción a nombre del Municipio de una camioneta Chevrolet S10, dominio AC840GK, que se encuentra en poder del Municipio de Campo Quijano en carácter de depositario judicial y con entrega definitiva.

En el acuerdo también debían firmar un boleto de compraventa, para la entrega al Municipio de Campo Quijano, de un terreno con catastro N° 13.445 del departamento de Rosario de Lerma.

Por último, Cornejo debía abonar la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos) en el plazo de 48 horas, en una cuenta judicial para su posterior transferencia al nombre y cuenta del Municipio de Campo Quijano.

Con el fallo del Juez interviniente, el acuerdo fracasó.

Estéfano Barrios: Una junta médica del CIF analiza el resultado de la autopsia

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de Estéfano Barrios, de 28 años, ocurrida en barrio Pueblo Nuevo de Salvador Mazza.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, indicó que se conformó una junta integrada por médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes analizan el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Barrios.

Por otra parte, el padre del joven fallecido incorporó un perito de parte, que presenció el procedimiento que incluyó análisis de sangre y pool de vísceras para la realización de estudios toxicológicos.

El resultado de la autopsia será elevado a la fiscalía en los próximos días.

Por otra parte, el grupo de GAP del CIF, analiza imágenes de videos que fueron aportados por Gendarmería Nacional.

Diversos testigos fueron citados por el fiscal, entre ellos, efectivos de Gendarmería que estuvieron de guardia en el momento del hecho, enfermeros que prestaron los primeros auxilios y familiares del joven fallecido.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención en la causa el pasado 26 de abril y entre las primeras medidas adoptadas, personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en barrio Pueblo Nuevo, desde donde fue trasladado el joven al hospital, todavía con vida.

Según testimonios recogidos en ese momento, el joven padecía de consumos problemáticos de sustancias e intentó escapar cuando vio al personal policial en un control de rutina.

De acuerdo a las primeras declaraciones del personal policial, Barrios tropezó durante la persecución, rompió la botella que portaba y se habría autolesionado con los vidrios. Fue trasladado al hospital local, donde murió.

Imputaron al camionero ebrio que mató a un motociclista y escapó

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Mauricio Jairo Ismael Díaz, acusado del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, en grado de autor. Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, el acusado optó por declarar. El fiscal solicitó el mantenimiento de su detención.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo a partir de las actuaciones de la Comisaría 42 de Tartagal, en las que consta que el domingo 2 de mayo, cerca de las 19.40, el acusado de 22 años se desplazaba en compañía de otro hombre de 20, ambos oriundos de la Comunidad Lapacho I, a bordo de un camión Fiat Iveco por ruta nacional 86, a la altura del kilómetro 6.

Allí, el imputado hizo una maniobra de giro desde un camino hacia la ruta e impactó con el guardabarros delantero derecho con una moto Gilera negra, conducida por Omar Mauricio Cuellar, quien circulaba acompañado por otro hombre.

Por el impacto, Cuellar murió debido a un politraumatismo de cráneo grave.

Tras el fatal incidente, Díaz continuó su marcha sin prestar auxilio y fue luego detenido por efectivos policiales, quienes dieron con su paradero y el de su acompañante.

Del test de alcoholemia realizado al imputado, surgió que en el momento del hecho tenía 2.67 gramos por litro de alcohol en sangre.

Policías de Infantería lo golpearon brutalmente e intentaron abusarlo

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a ocho efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal; y un efectivo policial imputado por el delito de severidades calificadas.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Carlos Eduardo Giménez; los sargentos ayudantes Diego Orlando Choque, Carlos Alberto Ríos y Orlando Sebastián Estopiñán; el sargento Mario Jacinto Maidana; y los cabos Adrián Mauricio Maidana, Walter David Chocobar y Claudio Oscar López, acusados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de coautores.

En tanto, el suboficial principal Miguel Ángel Quispe, fue acusado del delito de severidades calificadas, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 7 de marzo de 2020, cerca de las 18:30, mientras el denunciante circulaba por barrio Islas Malvinas de La Merced, fue interceptado por un móvil de Infantería del que descendieron dos efectivos para detenerlo, por lo que corrió e ingresó por temor a un domicilio que tenía la puerta abierta.

El dueño de esa vivienda hizo pasar a los policías, quienes detuvieron al denunciante y lo llevaron esposado al móvil, donde lo agredieron físicamente con golpes de puño y con cachiporras en piernas, codos y cabeza.

En ese momento, la víctima pidió que dejaran de golpearlo y les dijo “¿por qué no peleamos mano a mano?”. Tras esto, los efectivos detuvieron la marcha del móvil y le quitaron las esposas, mientras que uno de ellos lo invitó a pelear.

El denunciante se negó, ya que estaba débil, por lo que los acusados volvieron a esposarlo y lo tiraron boca abajo de la caja del móvil, donde uno de ellos, le bajo los pantalones y el calzoncillo y dijo “lo caguemos violando”.

La victima relató que intentaron introducirle en el ano una cachiporra de manera brusca y que lo evitó moviéndose para diversos lados, mientras permanecía esposado y boca abajo.

Luego fue llevado a la Comisaría, desde donde el efectivo Quispe lo trasladó al hospital Doctor Nicolás Lozano, donde luego de examinarlo pidieron el traslado al hospital San Bernardo para corroborar el estado neurológico. Sin embargo, el denunciante fue llevado nuevamente a la Comisaría y en un momento dado, Quispe lo tomó del cabello, le profirió golpes de puño en el ojo derecho y le expresó “¿para qué hablás?”. Luego, le quitó las esposas y le dijo que se retirara de la dependencia.

Los hechos denunciados por la víctima, guardan correlación con los certificados médicos incorporados de profesionales del hospital de La Merced, Medicina Legal de la Policía y del Gabinete de Medicina Legal del CIF.

Además la autoría de los imputados fue corroborada por un testigo presencial del hecho.

Ocho policías a juicio por lesionar a dos mujeres y una menor

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a ocho efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves (tres hechos) en concurso real.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Facundo Nicolás Díaz Aguirre; los sargentos ayudantes Omar Walter Choque y Ezequiel Marcelo Bravo; los sargentos Juan Carlos Casimiro, Vanesa Romina Isabel Sarapura González y Sebastián Alejandro García; y los cabos Maximiliano Nicolás Antonio Mansilla y Diego Enrique Guari.

La investigación inició tras la denuncia radicada por una mujer, quien sostuvo que el domingo 22 de noviembre de 2020, cerca de las 20, dos hombres fueron a su domicilio ubicado en barrio Constitución, en la zona este de la Ciudad de Salta, quienes amenazaron a los gritos y arrojaron piedras para que saliera a la calle una menor de edad, hija del concubino de la denunciante.

Del requerimiento, surgió que la menor fue defendida por su padre, quien quiso alejar a los agresores, cuando llegó el móvil de Infantería 1489. Cuando los efectivos quisieron detenerlo, la denunciante quiso evitar que se lo llevaran y fue sujetada por tres efectivos. Luego, recibió un disparo de bala de goma en la pierna izquierda.

Asimismo, otra hija del detenido quiso dialogar con el personal de infantería para indicarles que los agresores eran otros. En ese momento, un efectivo que portaba un arma larga le disparó en el brazo, costillas y pierna izquierda, lo que resultó reprochable porque en el lugar había niños y los disparos también impactaron sobre una menor.

Los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados en la investigación, que dieron cuenta de las lesiones sufridas por las mujeres y la menor.

La participación de los acusados fue corroborada por una testigo presencial, quien sostuvo que vio el momento en que uno de los efectivos realizó tiros con un arma larga.

Condenaron a una mujer que vendía cocaína en su kiosco

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Jesica Celeste Cortez, a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras el registro de una denuncia anónima recibida en la subcomisaría de Villa Lavalle, en la que señalaron que la penada vendía estupefacientes en su inmueble, donde funcionaba un kiosco al que llegaban constantemente jóvenes con consumos problemáticos.

Un allanamiento realizado el 18 de noviembre de 2020 al domicilio de la imputada ubicado en barrio 23 de Agosto de la capital salteña, permitió el secuestro de un cuaderno con restos de sustancia blanquecina en forma de picadura, una mochila rosada con 70 envoltorios de polietileno celestes con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos envoltorios de polietileno verdes y otro blanco con sustancia blanquecina compacta, un colador metálico con restos de sustancia blanquecina, un teléfono celular, una balanza gramera electrónica y la suma de $800 en efectivo. El narcotest realizado a la sustancia dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a la penada mientras comercializaba sustancias prohibidas y la demora de compradores.

Torturas y paseo con amenaza de muerte: Ya son once los detenidos de la Brigada de Investigaciones de Orán

El Juzgado de Garantías 1 de Orán, hizo lugar a un nuevo pedido de allanamiento, detención y secuestro requerido por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, en el marco de la causa que investiga la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal, por parte de efectivos de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad. Hasta el momento, son 11 los detenidos. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF.

Las nuevas medidas ordenadas que incluyeron múltiples allanamientos en la Brigada de Investigaciones 2 de Orán y en los domicilios de los efectivos mencionados, se concretaron este jueves.

Como resultado, fueron detenidos un oficial auxiliar a cargo de la dependencia y otros dos oficiales; un suboficial principal y cuatro sargentos que estuvieron de guardia el día del hecho. Cabe recordar que el pasado viernes 23 de abril, fueron detenidos un oficial y dos sargentos, en el marco de la misma causa.

Nuevos testimonios de internos alojados en la Brigada de Investigaciones, fueron coincidentes al señalar que el pasado 8 de abril, los efectivos policiales ingresaron a hombre a una habitación de la dependencia que está atrás del patio interno. Relataron que luego cerraron la puerta y pusieron música a alto volumen, aunque pudieron escuchar gritos de dolor. Dos de los internos manifestaron que también fueron víctimas de torturas con bolsas en la cabeza y que los golpearon.

El pedido de detención de la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, se fundó principalmente en la gravedad de los hechos de violencia institucional y en la necesidad de impedir que los investigados continúen los acometimientos en contra de la población, con el abuso del poder que detentaron al cumplir funciones en la fuerza de seguridad provincial. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa.

Asimismo, resulta reprochable la conducta del resto de los efectivos y del Jefe de la dependencia, quienes están obligados a denunciar las torturas llevadas a cabo mientras se encontraban en la dependencia, por lo que omitieron llevar a cabo una obligación legal.

A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos.
Durante los procedimientos, fue secuestrado el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal.

Torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

De las tareas investigativas, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

Prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para los tres efectivos policiales detenidos el lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.