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Abuso Eclesiástico: El viernes comienza el juicio contra el cura Rosa Torino

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que la Sala IV del Tribunal de Juicio, juzgará al sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas; y abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto reconocido, en perjuicio una tercera.

El Tribunal colegiado será presidido por el juez Maximiliano Troyano e integrado por los jueces Norma Vera y Roberto Faustino Lezcano.

Está previsto que las audiencias se realicen los días 25, 28, 29 y 30 de junio y el 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de julio de 2021.

En julio de 2019, las fiscalas penales Verónica Simesen de Bielke y Cecilia Flores Toranzos, reformularon el requerimiento de remisión de causa a juicio, en el marco de la causa contra el sacerdote. La acusación llevó la firma del procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó los fundamentos esgrimidos por las fiscales.

Dos requerimientos de elevación a juicio

El pedido de elevación a juicio de la causa seguida contra Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración agravado por ser ministro de culto reconocido en perjuicio de dos víctimas; y de abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto reconocido, en perjuicio una tercera víctima; fue dirigido a la jueza de Garantías 1, el viernes 5 de julio de 2019.

Las fiscalas reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio de ese año, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio.

En el nuevo pedido, Verónica Simesen de Bielke y Cecilia Flores Toranzos dejaron constancia de que no comparten los fundamentos del vocal del Tribunal y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa; las declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos; y las razones por las cuales se atribuyó al imputado la comisión de los hechos.

Entre los elementos probatorios detallados, se encuentran los resultados de las inspecciones oculares realizadas sobre los inmuebles donde habrían ocurrido los hechos; con planimetría y tomas fotográficas; pericias sobre teléfonos celulares, un pendrive y DVD.

Del requerimiento se desprendió, entre otros puntos, que “de los diversos elementos reunidos en el curso de la investigación, particularmente las declaraciones testimoniales no solo de víctimas de los atroces actos de abuso consumados por el acusado, sino también de testigos presenciales de los hechos, surge con claridad meridiana que el imputado Rubén Agustín Rosa Torino, valiéndose de su condición de “fundador y director” del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, “guía espiritual” de la comunidad religiosa y aprovechando tal condición, desplegó conductas deshonestas en claro menoscabo de la libertad sexual de las víctimas”.

Y que dichas conductas, afectaron la dignidad humana de las víctimas, “al producir sufrimientos y humillaciones tanto por la intensidad de su duración como por la repetición de tales conductas vejatorias que dejaron huellas indelebles en sus psiquis”.

Agrega el pedido elevado por las fiscales y avalado a través de la firma del Procurador General de la Provincia, que de la causa, “surge el temor fundado que todas y cada una de las víctimas sufrió hasta poder llegar a denunciarlo pues, tal como lo manifestaron, jamás podrían expresar tales situaciones, porque inmediatamente eran humillados en público o gritados o insultados”.

El requerimiento precisa que, tanto es así “que el acusado, se aprovechó de la manifiesta superioridad sobre las víctimas para hacerlas objeto de actos de inequívoco contenido sexual, con tocamientos en sus partes genitales en los casos de los denunciantes varones y mediante el tocamiento en la cola y en el pecho a la víctima mujer; actos libidinosos que se llevaron a cabo por el consentimiento viciado que se obtenía a través del referido prevalimiento, abusos que han producido necesariamente sufrimientos, malos recuerdos y una afección psíquica general en las víctimas, deviniendo así en el reproche penal mediante la presente acusación”.

Amenazas, humillación y dominación espiritual y económica

Entre otras cosas, el requerimiento hecho por las fiscalas, contiene distintas declaraciones de la mujer víctima, quien expresó que radicó denuncia en contra de Rosa Torino, en razón de haber recibido amenazas coactivas, insultos y humillaciones, abusos de autoridad, calumnias y difamaciones hacia su persona. Y dice la víctima “por su machismo y desprecio hacia las mujeres y por abusos sexuales reiterados y manoseos libidinosos y ultrajantes hacia ella y hacia diversos hermanos de la comunidad; por haberlos mantenido dominados en todo espiritualmente, económicamente, con respecto a las demás personas que él consideraba que eran una amenaza para él y por el ofrecimiento de dádivas para evitar la presente denuncia”.

Según consta en un informe del Arzobispado de Salta, “Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Salta el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado en esa Iglesia particular hasta la fecha de la aprobación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, en 2009. A partir de ese momento, fecha dejó de estar incardinado en Salta y pertenece a ese instituto”, finaliza el informe.

Rosario de la Frontera: Tres detenidos con $200 mil, por estafar a Mercado Libre

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Rosario de la Frontera, en el marco de la causa que investiga distintos tipos de fraude contra la empresa Mercado Libre. Intervienen los fiscales penales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López.

Los procedimientos, a cargo del personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos y de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF, permitieron la detención de dos hombres y una mujer, el secuestro de teléfonos celulares y la suma de $200 mil en efectivo, además de elementos informáticos.

Tras detectarse distintos tipos de fraudes con la modalidad “Chargeback” o “Contracargo”, el área de Fraud Intelligence de Mercado Libre, puso en conocimiento de la maniobra ilícita a la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos, por hechos que se habrían perpetrado en esta provincia, con un perjuicio económico aproximado de $1.800.000 a la empresa multinacional. 

El personal de investigaciones realizó diversas tareas de campo y técnicas de ingeniería social, que permitieron individualizar a las personas que llevaban a cabo las maniobras ilícitas.

A partir de la información colectada, la fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió ante el Juzgado de Garantías de turno, las ordenes de allanamiento y detención para los domicilios de las personas identificadas como autores del hecho.

También participó en forma conjunta, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López.

Fueron a bailar y terminaron atacados con armas de pintura, cachiporras y látigos

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves.

Los efectivos Simón Antonio Cansino, Leonardo Gregorio Rodríguez, Edmundo Rodrigo Rivas, todos con revista en la División de Infantería, fueron acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (tres hechos), todo en concurso real, en calidad de autores.

En tanto, los efectivos Francisco Bañagasta y Diego Quiroga, con revista en la División de Caballería, fueron acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (dos hechos), todo en concurso real, en calidad de autores.

Por otra parte, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, requirió el sobreseimiento de otros cinco efectivos, ya que de la investigación no surgieron elementos que permitan sostener su participación en los hechos.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de una de las víctimas, quien manifestó que el 25 de diciembre, a las 21:30, desconocidos le sustrajeron un teléfono celular de su bolsillo, en medio de la multitud, mientras se desarrollaba “La Carpa de las Estrellas”, en el Centro de Convenciones ubicado en la zona sur de la Ciudad de Salta.

A los 15 minutos, se le acercaron tres hombres que le exigían que les devolviese un teléfono celular, supuestamente robado. Les explicó que no tenía nada que ver con el hecho y estos quisieron golpearlo, pero no llegaron a agredirlo físicamente.

Tras dar aviso al personal civil de seguridad de la carpa, los tres hombres, el denunciante y su hermano, fueron sacados.

Una vez afuera, el personal de Infantería disparó con armas de pintura, que les provocaron lesiones visibles, además de golpearlos con cachiporras y golpes de puño.

Del requerimiento, surgió que Cansino, Rivas y Rodríguez, con revista en la División de Infantería, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de tres víctimas, que resultaron con diversas lesiones, compatibles con las armas que portaban los acusados.

En relación a Quiroga y Bañagasta, surgió que al desempeñarse en la División Caballería, acometieron contra la integridad física de un hombre y una mujer, quienes resultaron lesionados por el uso de látigos y los golpes recibidos por los caballos que ambos acusados dirigían el día del hecho.

En sus fundamentos, la fiscala sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada por la denuncia y el testimonio de las víctimas, certificados médicos, copias del libro de guardia y diversas declaraciones testimoniales, entre otros elementos de convicción reunidos.

Abusó de su sobrina, menor de edad

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 31 años, acusado del delito abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor y en perjuicio de una menor de 17.

Del requerimiento, surgió que durante la madrugada del 24 de enero de este año, mientras la víctima estaba acostada en una habitación del domicilio ubicado en barrio Nueva Esperanza, llegó el imputado y se acostó en la misma cama.

Ambos empezaron a charlar y luego de un tiempo, la víctima se durmió, hasta que despertó nuevamente porque el acusado la sometía a tocamientos.

Ante esto, la menor rompió en llanto y le pidió al imputado que se alejara, mientras intentaba correrlo con los brazos.

Luego, el acusado se le tiró encima, mientras la joven aun intentaba sacarlo con las piernas, hasta que en un momento, la accedió carnalmente.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, en contra del tío de la joven, durante los primeros días de febrero, tras tomar conocimiento del abuso.

Van a juicio por disparar en un ojo a un joven que fue a bailar y mentir sobre el uso de armas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a dos efectivos policiales con revista en la División de Infantería.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Mario Pérez, acusado de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y sobre el oficial auxiliar Luis Guillermo Moreyra, acusado del delito de falsedad ideológica, ambos en calidad de autores.

Del requerimiento surgió que el 10 de febrero de 2019, cerca de las 23:40, el denunciante estaba en el Centro de Convenciones de barrio Limache, de la ciudad de Salta, donde se desarrollaba la “Carpa de Las Estrellas”, cuando se originó un problema en el interior.

La víctima sostuvo que fue confundido y sacado por la fuerza por parte del personal de seguridad privado del evento.

Una vez afuera, intervino el personal policial de Infantería y uno de ellos realizó varios disparos, con un arma tipo paintball. Uno de los disparos impactó en el ojo derecho del denunciante.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos agregados al legajo de investigación, de los que surgió que el damnificado fue examinado en el Hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron traumatismo de ojo derecho y le recomendaron realizar reposo por 30 días.

Además, la víctima se sometió a un examen del Gabinete de Medicina Legal del CIF, que diagnosticó equimosis bipalpebral de color violáceo, con bordes de color verdoso, con derrame conjuntival en ojo derecho y equimosis figurada de aspecto alargado, de color violáceo con borde de color verdoso en región lumbar derecha.

Los hechos también fueron corroborados por testigos presenciales que observaron el momento en el que la víctima recibió el disparo en el ojo.

Asimismo, en su calidad de funcionario público, el oficial auxiliar Moreyra insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado que el personal a su cargo no había hecho uso del armamento y que no se habían desarrollado incidentes, por lo que omitió consignar en dicho documento la información veraz de lo sucedido.

Obligaba a su hijastra a ver pornografía y luego abusaba de ella

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 45 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por la convivencia, en concurso real con promoción a la corrupción de menores, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el acusado atentó contra la libertad sexual de la víctima denunciante, al someterla a tocamientos que ocurrieron intempestivamente en un domicilio de la localidad de Nazareno, ubicado en el Departamento Santa Victoria Oeste, lugar en el que por entonces residía el grupo familiar.

El imputado también obligaba a la menor a ver películas pornográficas, sin reparo moral alguno, tal como lo describiera la propia víctima en su relato, para luego desplegar las conductas libidinosas que se le reprochan y que ocasionaron vivencias traumáticas verificadas también por las conclusiones a las que llegó la médica psiquiatra tratante de la joven.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 12 y 16 años y que por las circunstancias de su realización, constituyeron un sometimiento gravemente ultrajante, al representar un peligro mayor para la integridad de la víctima y una mayor afectación a su dignidad.

Policías van a juicio por golpear brutalmente a un menor

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a siete efectivos policiales con revista en el Grupo de Intervención Conjunta.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Miguel Exequiel Carrizo, Oscar Sebastián Torres, Mario Manuel Miranda, Víctor Hugo Quispe, Hugo Rolando Nicolás Villada Guzmán y Saúl Carlos Alfredo Chiliguay, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de autores.

Por otra parte, el efectivo Fabián Marcelo Molina, fue acusado del delito de omisión de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.

La denuncia fue radicada por el padre de la víctima, de 17 años en ese momento, quien sostuvo que el 23 de febrero de 2020, cerca de las 5, estaba en su domicilio de Grupo 222 de barrio Castañares, mientras sus dos hijos festejaban el cumpleaños de un amigo.

En ese momento, escuchó un grito y al salir, vio que los jóvenes entraban al patio delantero y que había policías que disparaban con balas de goma y pintura.

El denunciante sostuvo que intentó hablar con quien estaba a cargo del operativo y que encontró un móvil con las siglas GIC (Grupo de Intervención Conjunta) y otro de Infantería (DUE).

Entre los efectivos, había uno que estaba lesionado, mientras otro filmaba con celular y otro, que amagaba con la cachiporra, le dijo que entregara a los jóvenes y que no los cubriera, porque había un efectivo lastimado.

Luego, llegó un móvil del 911 y otro efectivo que dialogó con el denunciante, insistió en que dejara salir a los chicos, para llevarlos a la Comisaría por averiguación de antecedentes y luego liberarlos.

Fue allí que el denunciante les dijo a los chicos que salieran y se llevaron a su hijo y al resto de los jóvenes, menos a su otro hijo.

Más tarde, cuando fue a ver al menor, lo vio lesionado en el rostro y el menor le dijo que los efectivos del GIC lo habían golpeado y que le dijeron “así que vos sos denunciante, a donde te veamos vas a cobrar, así que sos gallito…”.

Luego, cuando vio a su hijo en la Fiscalía 1, le vio lesiones en la sien, pómulo derecho y ojo derecho; y hematomas en dorsal izquierdo y en el estómago.

El menor víctima relató que mientras circulaban en el móvil, unos cinco o seis efectivos le mostraron un celular con la foto de su hermano y le dijeron “quien es éste”, por lo que el menor respondió que era su hermano y los efectivos le dijeron “que lo iban a matar, que donde lo vieran, lo iban a agarrar y lo iban a llevar al río y lo iban a matar”.

Luego le dijeron “así que sos machito y te la bancas” y le dieron dos disparos con balas de pintura. Uno le impactó en el pómulo derecho, cerca del ojo y el otro en la frente, del lado derecho, mientras le daban patadas en el estómago y golpes de puño en la zona de las costillas y el estómago.

Luego, lo llevaron al Centro de Contraventores, para hacerlo revisar con el médico. Mientras hacían la fila, le dieron golpes en las costillas.

Al salir lo hicieron arrodillarse mirando hacia la pared y continuaron con las amenazas sobre su hermano, al decirle que “los iban a violar y a matar”.

El menor también sostuvo que en el trayecto le pisaron el pecho y le dijeron “ojalá que adentro te caguen a puñaladas” y lo trasladaron a la Comisaría de Castañares, donde al bajar se acercó otro efectivo y le dio golpes de puño en el estómago y las costillas, y le dijo “ya nos vamos a cruzar”.

Luego, lo llevaron al Centro de Menores pero no los quisieron recibir, por lo que lo llevaron de nuevo al médico, porque faltaba la firma del certificado.

Cuando salieron del Hospital San Bernardo, uno de los efectivos recibió una llamada y dijo “cómo que le volaron los dientes a mi compañero?”.

El mismo efectivo, tras cortar la llamada, dijo “ahora le volemos los dientes a todos estos”, por lo que los jóvenes fueron golpeados en la cara.

Las lesiones fueron constatadas con el examen médico y las declaraciones testimoniales, que dieron cuenta que los efectivos del Grupo de Intervención Conjunta, que se encontraban en el móvil 1847, en ejercicio de una acto de servicio y con claro exceso en el uso de la fuerza, acometieron contra la integridad física del menor víctima y también contra su integridad psíquica, al inferirle sendos mensajes intimidatorios.

En relación al imputado Fabián Marcelo Molina, corresponde formular la acusación por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, ya que al desempeñarse como chofer del móvil 1847, incumplió con efectuar el informe de relevancia sobre el hecho, conforme lo requerido en el artículo 29 del reglamento para el uso de la fuerza pública, máxime cuando en dicho traslado se produjeron las lesiones denunciadas.

Ciberdelitos: Training para fiscales en investigaciones criminales digitales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés estratégico del Ministerio Público Fiscal de Salta, el programa de capacitación “Training para fiscales en investigaciones criminales digitales. Clínica de casos reales”, organizado por la Fundación Reconstrucción Forense Especializada y la Universidad Hartmann de México. Está dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales.

El Training para fiscales en investigaciones criminales digitales se llevará a cabo entre julio y septiembre del corriente año, bajo la dirección de la fiscala coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy  y el fiscal General Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, con la coordinación académica de los abogados especialistas Federico Baudino y Jorge Litvin.

El programa ofrece una formación de nivel superior dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales, a partir del tratamiento de temas de relevancia actual tales como la investigación digital de cara al juicio oral, evidencia digital, herramientas disruptivas para la investigación, cooperación internacional entre Estados y recolección de evidencia en extraña jurisdicción, entre otros.

Vale recordar que con la sanción de la Ley Nº 8175, se creó la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia en 2019, con competencia en todo el territorio de la provincia, con el fin de perseguir aquellas conductas delictivas cometidas a través de internet. Para ello, se consideró el evidente impacto en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

Por ello, la actividad resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, no solo debido a la materia específica a tratar y su importancia actual, sino también en virtud de la futura puesta en funcionamiento de esta fiscalía especializada, cuya ley de creación se promulgó en diciembre de 2019.

Las y los fiscales interesados, podrán comunicarse con la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

Los temas del training para fiscales en investigaciones criminales digitales

La capacitación comenzará el 8 de julio próximo, con el siguiente temario y disertantes:

  • Innovadoras herramientas para investigar en el Ciberespacio. Alek Pacheco, Agente Federal en Homeland Security Investigations. Puerto Rico Crimes Against Children Task
  • El femicida encubierto. Feminicidio. Ubicación del cuerpo con evidencia digital. Fiscal del caso: Ramiro Ramos Osorio. Fiscal de la Provincia de Salta
  • No todo lo que reluce es oro. Grooming y corrupción de menores de edad. Fiscal del caso: Martín Govetto. Fiscal en lo Penal de Bariloche.
  • El pediatra Pedófilo. Producción y distribución de explotación sexual infantil. Fiscala del caso: Daniela Dupuy. Fiscala Coordinadora Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos CABA
  • Buscando elementos probatorios en España. Narcotráfico con evidencia digital y Cooperación Internacional. Fiscal del caso: Maximiliano Hariabedian. Fiscal General Federal de la Ciudad de Córdoba
  • Del Grooming al abuso sexual con acceso carnal. Leading case de autoría mediata. Fiscal del caso: Laura Batistelli. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • Corrupción de Estado y evidencia digital. Corrupción y  enriquecimiento ilícito. Fiscal del caso: Carlos Rívolo. Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA • Ing. Gustavo Presman .
  • Una defensa difícil de probar. Homicidio en Legítima defensa. Técnicas de reconstrucción virtual. Fiscal del caso: Fernando Amoedo. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • El crimen del almacenero Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Fiscal del caso: Sebastián Videla. Fiscal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Piden el juicio contra policías de la DSU por lesionar a dos hermanos

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco efectivos policiales con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Walter David Peralta, el agente Humberto José Daniel Córdoba, el aspirante a agente José Darío Padilla y los cabos Jorge Adrián Pérez y Leandro Aníbal Vega.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo a raíz de la denuncia radicada por uno de los dos hermanos víctimas, quien puso en conocimiento que el 24 de abril de 2018, cerca de las 6, cuando salían de un boliche y caminaban por calle 20 de Febrero, de Rosario de la Frontera, fueron interceptados por un móvil policial con galera, a pocos metros de llegar a la intersección con la calle Soldado Sanguino.

Del móvil descendieron cinco uniformados, quienes gritaron a los hermanos “contra la pared”, por lo que sorprendido, el denunciante se sacó la mochila y la colocó en la vereda, mientras que su hermano no acató las órdenes y les pidió explicaciones.

Tras esto, fue arrinconado contra la pared y sin mediar palabras, le dieron un golpe de puño en la nuca y fue allí que el denunciante los insultó, por lo que recibió patadas, antes de que ambos fueran requisados y esposados.

Una vez arriba del móvil, los efectivos continuaron golpeándolos con cachiporras, hasta que llegaron al hospital, donde el médico de guardia sostuvo que los hermanos no tenían golpes. Luego, fueron trasladados a la Comisaría 31 y quedaron alojados durante dos horas.

Al momento de recuperar su libertad, los hermanos preguntaron los datos de los efectivos que los detuvieron, pero el personal de la Comisaría se negó a brindarles información.

Ambos hermanos se sometieron luego a nuevos exámenes médicos, que confirmaron lesiones en la cabeza, pecho, espalda, brazos y piernas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada por la denuncia radicada por una de las víctimas, certificados médicos, copias de libro de guardia y nómina del personal de servicio en fecha y hora del hecho, y copias de actuaciones contravencionales en las que resultaron lesionados ambos hermanos por el accionar del personal integrante del móvil 1868, entre otros elementos de convicción reunidos.

Caso Tárraga: Detuvieron al prófugo Alexis Campos y ampliaron la imputación

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Alexis Campos, por el delito de homicidio simple, en perjuicio de Oscar Andrés Tárraga. Durante la audiencia de imputación celebrada este jueves por videollamada, Campos, asistido por su defensor, se abstuvo de declarar. El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 2 el mantenimiento de su detención.

Distintas tareas investigativas permitieron dar con la ubicación de Campos, quien permanecía prófugo desde el sábado 8 de mayo y que fue detenido en un domicilio ubicado en Aguaray.

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Teodora de los Ángeles Vacaflor y Víctor Manuel Rivero, por el delito de homicidio simple, en perjuicio de Oscar Andrés Tárraga.

Al ampliar la imputación, Campos fue acusado junto a Vacaflor y Rivero, en calidad de coautor.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones de la Comisaría 42, de las que surgió que el sábado 8 de mayo, cerca de las 0:15, la víctima Oscar Andrés Tárraga junto a una prima, llegaron a bordo de una moto al domicilio de Teodora de los Ángeles Vacaflor, ubicado en barrio Norte Grande, para que en esa vivienda, la prima de Tárraga le pidiera a su expareja que le diera dinero para comprar medicamentos para el hijo que tuvieron en común.

De la investigación, surgió que Vacaflor salió del domicilio para pedirle a la mujer y la víctima que se retiraran, porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo y en un momento dado, comenzó a agredir físicamente a Tárraga, lo que ocasionó que éste cayera de la moto.

Tras esto, la acusada manifestó que Tárraga la había apuñalado, motivo por el que el acusado Alexis Campos, hijo de Vacaflor, salió del domicilio y agredió a golpes a Tárraga.

Luego, Tárraga y su prima se retiraron del lugar a bordo de la moto, pero cuando circulaban por calle Richeri y ruta nacional 34, fueron nuevamente interceptados por Campos, quien también circulaba en moto acompañado por su novia, menor de edad.

La persecución llegó hasta barrio San Silvestre, donde Campos hizo caer nuevamente de la moto a Tárraga y le manifestó a su tío, Víctor Manuel Rivero, residente de ese barrio, que Tárraga había lesionado a su hermana con un cuchillo, por lo que tanto Campos como Rivero agredieron a Tárraga con golpes de puño y patadas, mientras la víctima permanecía tirada en la calle. Luego, se retiraron del lugar.

Tárraga fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón, donde fue ingresado en estado de coma y luego murió.