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Presos acusados de golpear y encerrar a un compañero de celda

Cuatro detenidos de la Comisaría 23 de Colonia Santa Rosa, fueron imputados por un violento hecho en contra de un compañero de celda, al que golpearon, amenazaron y encerraron maniatado en un baño.

La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Wilson Montenegro, Enzo Álvarez, Reynaldo Guaipi; Leonardo Noguera y Pablo Villordo como autores de los delitos de lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

El pasado 11 de octubre, en la Comisaría 23 de Colonia Santa Rosa, dos reclusos que mantenían una enemistad y compartían celda, decidieron pelear “mano a mano”.

Pero la víctima fue sorprendida por los demás compañeros de celda, quienes desde atrás lo sujetaron, lo golpearon y le provocaron diversas lesiones. Luego lo amarraron y amordazaron por varias horas en el baño de la celda.

Cuando pudo sacarse un trapo que le introdujeron en la boca, pidió auxilio y el cabo de guardia lo pudo liberar.

La fiscala, luego de la imputación, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención por este hecho.

Condenado por robar un celular

Un hombre de 27 años fue condenado por la sustracción de un teléfono celular a un trabajador que se encontraba sobre una ruta provincial, esperando a un compañero de trabajo. Para cometer el hecho, lo amenazó.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Manuel Maximiliano Rivas, imputado como autor del delito de robo.

El hecho juzgado ocurrió el 24 de enero de 2020 sobre ruta provincial 6, cuando el damnificado esperaba en una garita a un compañero de trabajo que lo trasladaría y fue sorprendido por el acusado, quien profiriendo amenazas, le sustrajo el teléfono celular.

Tras la denuncia realizada, personal policial logró aprehender al sospechoso y recuperar el teléfono.

El juez Ramón Haddad le impuso el cumplimiento de una pena de 8 meses de prisión efectiva.

Imputaron al policía acusado del femicidio de Gladys Paz

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó este jueves a Jorge Nicolás García, de 31 años, por la supuesta comisión del delito de homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género, en perjuicio de Gladys Estefanía Paz, de 29 años. El policía acusado del femicidio fue trasladado hoy a esa ciudad.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, solicitó la prisión preventiva de Jorge Nicolás García, después de imputarlo por el femicidio de su pareja, Gladys Estefanía Paz, a quien habría ultimado con su arma reglamentaria. Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

Rodríguez López solicitó la realización inmediata de la pericia psicológica y socioambiental al imputado y especialmente, pidió a la Jefatura de Policial que brinde los informes psicológicos, posibles acusaciones por violencia de género y otros elementos de interés para la investigación penal, que estén contenidos en el legajo del policía acusado. Al mismo tiempo, solicitó a la fuerza de seguridad provincial que informe sobre la vigencia del comodato del arma reglamentaria, sobre la cual se realizarán pericias y cotejos con los casquillos hallados en el sector donde fue ultimada Paz, el 7 de octubre pasado.

Este jueves, el fiscal también citó a la familia de Paz, para entregar la motocicleta marca Corven, de 110 CC, en la que huyó el femicida y que pertenecía a la víctima.

Entre las próximas diligencias dispuestas, fueron convocados distintos testigos que brindarán declaración testimonial en la Fiscalía.

Jorge Nicolás García habría matado a Gladys Paz el 7 de octubre pasado y huyó. El sábado 16 de octubre, se presentó por sus propios medios en dependencias de la Jefatura de Policía, en la ciudad de Salta y quedó detenido. Hoy fue trasladado a Rosario de la Frontera, donde fue imputado.

Juzgan a un policía que provocó un siniestro vial con víctima fatal

El hecho ocurrió en agosto de 2018 en el municipio de Vaqueros, cuando una mujer de 57 años fue embestida por un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga. Estuvo internada en grave estado y falleció. Tras tareas investigativas, se identificó a quien conducía y se secuestró el vehículo, que había sido reparado.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra César Daniel Lucero por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo a motor calificado por haberse dado a la fuga y por no intentar socorrer a la víctima en perjuicio de Gregoria Raimunda Quipildor de 57 años.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2018 en la localidad de Vaqueros, cuando la mujer caminaba junto a su esposo por avenida Costanera de ese municipio y en el mismo sentido, se acercó a los peatones un automóvil que embistió a la mujer, provocando que cayera a una zanja y se dio a la fuga. La víctima fue asistida y permaneció internada en el hospital San Bernardo, donde falleció por la gravedad de las lesiones días después.

Los investigadores lograron identificar al conductor, quien se desempeñaba como personal policial y se logró secuestrar el automóvil con el que habría atropellado a la víctima.

De las pericias y levantamientos realizados en el lugar del hecho, se pudo encontrar restos del automóvil embistente, que sometidos a pericias por el Departamento de Criminalística del CIF, se pudo constatar que pertenecían al auto del acusado, pese a que intentó ocultar el hecho reparándolo tras el siniestro.

La audiencia de debate es presidida por el juez subrogante Pablo Farah y está previsto que se extienda hasta el próximo viernes.

Durante la primera jornada, luego de la lectura del requerimiento a juicio, el acusado se abstuvo de declarar.

Metán: Requieren juicio para una banda de estafadores de Córdoba

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, serán llevados a juicio por un hecho en el que telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus2 cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio para Leonardo Lucas Godoy como autor de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real, en perjuicio de dos vecinos de esa ciudad. Para su hermano Cristian Godoy, Rocío Belén Galván y Melisa del Valle Maciel requirió juicio como partícipes necesarios de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia de Córdoba, se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

Imputado por abusar de su hijastra de 6 años

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a un hombre de 24 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, la edad y la convivencia preexistente (hechos reiterados) en calidad de autor.

La intervención del fiscal penal Rodríguez López, se produjo tras la recepción de las actuaciones de la Comisaría 31, donde la madre de la niña víctima de 6 años, radicó la denuncia contra su expareja, luego de que la menor pudiera relatarle lo ocurrido.

Al momento de denunciar, la mujer solicitó que se tomaran las medidas legales pertinentes, ya que teme por la integridad física y psicológica de su hija.

Entre las medidas dispuestas, el fiscal fijó fecha para recibir en las próximas horas las declaraciones testimóniales de la madre y la madrina de la niña.

La autoría del imputado y su calificación legal, fueron provisionalmente comprobadas con las actuaciones llevadas a cabo en la Comisaría 31 y en la Fiscalía Penal.

El acusado se desempeña como bombero voluntario.

Contravenciones contra el Ecosistema: Piden la clausura de una recicladora y el juicio contra sus propietarios

El fiscal contravencional, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías en turno, la elevación a juicio de la causa seguida contra Betiana Elizabeth Aguirre y Alan Jorge García, por infracción al artículo 89 de la Ley 7914/15 de Contravenciones Contra el Ecosistema y la clausura preventiva del establecimiento.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal Contravencional, iniciaron con la recepción de un informe remitido por personal de la División Policial Rural y Ambiental del pasado 19 de agosto, tras realizar un patrullaje preventivo y observar que en la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen al 1000, donde funciona la recicladora Ahmad, había gran cantidad de bolsones con diferentes residuos que obstruían el paso, por lo que labraron un acta contravencional.

Otro informe del 21 de septiembre indicó que en el lugar fue nuevamente observada gran cantidad de bolsas y paquetes con cartones. Además, la recicladora que se dedica al acopio y comercialización de residuos, no contaba con la habilitación ambiental correspondiente que estipula el artículo 89 de la Ley 7914/15 en concordancia con Ley Nacional N° 25.916 de gestión de residuos domiciliarios.

En este sentido, el artículo 89 de la citada Ley, expresa que será sancionado con arresto de hasta veinte días o multa a quien arrojare en lugares públicos elementos, objetos o sustancias que constituyan residuos domiciliarios, en transgresión a lo previsto por las normas y las autoridades administrativas para su debida gestión integral, según Ley Nacional 25.916.

La pena será de arresto hasta cincuenta días o multa a quien, a sabiendas, enterrare, incinerase, dispusiere, confinare, transportare, almacenare, acopiase, comprare, vendiere, industrializare, y/o pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos de residuos domiciliarios sin certificación de la aptitud ambiental de su actividad.

En virtud de lo analizado en la causa y tras constatar la existencia de la infracción, el fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías la clausura preventiva de la recicladora ubicada en Villa Soledad y la elevación a juicio de la causa.

No declaró el acusado del homicidio de un compañero de bebidas

Durante la primera jornada del juicio contra Sergio Daniel González por el homicidio de un hombre de 59 años, se leyó el requerimiento a juicio y el imputado decidió no declarar. Este miércoles se recibirá el testimonio de peritos del CIF y se prevé que los alegatos se desarrollen el próximo jueves.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Sergio Daniel González, como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Simón Rafael Aguilar, de 59 años.

Durante la primera jornada se leyó el requerimiento a juicio y el acusado decidió no prestar declaración. Su abogado defensor señaló que lo hará este miércoles.

La jueza Mónica Faber recibió la declaración de los primeros testigos, entre los que se cuenta a familiares de las partes, médicos del CIF y otros.

Este miércoles se encuentran citados peritos del CIF que tuvieron participación durante la investigación y los alegatos, según lo previsto, se producirán este jueves.

El hecho ocurrió en octubre de 2020 en el Encón Chico, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con el acusado y tras una discusión, se inició una gresca que culminó con Aguilar lesionado en la zona abdominal con un arma blanca.

Fue asistido en el hospital de Campo Quijano y dada la gravedad de la herida, fue trasladado al hospital San Bernardo para una intervención quirúrgica, donde luego falleció.

Piden la captura internacional de un hombre acusado de abusar de una niña

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, investiga una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad radicada el jueves pasado. El acusado es Rafael Bruno, de 45 años.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, solicitó la captura internacional de un hombre que la semana pasada fue denunciado por abusar sexualmente de una niña de 9 años.

Martínez se encuentra investigando la denuncia radicada en Tartagal por la madre de la menor de edad el jueves pasado en horas de la tarde. De acuerdo a su relato, su hija de 9 años llevó a la su sobrinita bebé a dormir. Al ver que la nena no regresaba, la madre fue a buscarla y encontró al yerno en el momento en el que abusaba de la menor. Al ser descubierto, el hombre se dio a la fuga.

La niña, que habría sido abusada en varias oportunidades por el acusado, contó que el hombre le decía que “si hablás, voy a matar a tus padres y tu hermano”.

Ante ello, la fiscala ordenó distintas medidas para proteger a la víctima y solicitó la detención del hombre a nivel nacional e internacional, ya que se supo que el hombre habría cruzado hacia Bolivia el mismo jueves 14 de octubre.

La fiscala dispuso también que un equipo del Equipo del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) la asista en su domicilio.

Parque La Vega: Condenaron a una pareja por vender estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada en la Sala V del Tribunal de Juicio, que condenó a un hombre y una mujer por la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Del fallo surgió que Mauro Enrique López, de 30 años, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva, como autor del delito.

En tanto, Susana Alicia Sarapura, de 29 años, fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, como partícipe secundaria.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Nacrocriminalidad, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los penados vendían estupefacientes en inmediaciones de su domicilio, ubicado en Ampliación Parque La Vega, de la Ciudad de Salta.

Las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial de la Dirección de Drogas Peligrosas Sector 3 y los elementos obtenidos del allanamiento realizado el pasado 18 de junio en el domicilio de los imputados, permitieron determinar que ambos tenían en su poder estupefacientes acondicionados para su venta al público, además de elementos de fraccionamiento de la droga.

Durante la requisa, se le secuestró a López una balanza gramera digital con restos de sustancia amarillenta y la suma de $250, un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y otro envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta en forma compacta.

En tanto, del dormitorio del inmueble se secuestró dos envoltorios rectangulares tipo ladrillo con sustancia vegetal disecada en forma compacta y un envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta en forma compacta.

En el comedor se encontró una bolsa con sustancia vegetal disecada en forma compacta en trozos, un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal en forma de picadura, $500 en efectivo y un teléfono celular.

Por último, en el patio se encontraron dos plantas de cannabis sativa – marihuana, en su estado natural.

El narcotest realizado a la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa, por un total de 1 kilo con 76 gramos y para cocaína y sus derivados, por un total de 13 gramos.