Elevan a juicio una causa en contra de Cristian Gabriel Palavecino por dos casos de sicariato

El 1 de mayo de 2017, Ricardo Adrián Gerónimo fue baleado a la altura del estómago al llegar a su casa, siendo trasladado luego al hospital, donde sicarios intentaron ingresar para consumar el crimen. Cinco días después, el 6 de mayo, Raúl Fernando Martínez fue asesinado a tiros mientras esperaba su pedido en un puesto de comida.

A solicitud de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte y en el marco de una audiencia flexible y multipropósito a cargo del juez de Garantías N.º 1 de Orán, Francisco Oyarzú, se resolvió la elevación de la causa a juicio en la que se encuentra imputado Cristian Gabriel Palavecino en carácter de coautor del homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Adrián Gerónimo y por el homicidio consumado de Raúl Martínez, ocurridos en mayo de 2017 en la ciudad de Orán.

El primer hecho ocurrió el 1 de mayo de 2017, cuando Ricardo Adrián Gerónimo regresaba a su vivienda, ubicada en Pasaje Las Tipas 1667, en su vehículo particular. Al descender del mismo, mientras abría el portón de la casa, se le acercó una persona que sacó un arma de fuego de entre sus prendas y le disparó varias veces a la altura del estómago, retirándose en un automóvil conducido por otro sujeto, en dirección al centro de la ciudad. Luego del hecho, la víctima se trasladó por sus propios medios al hospital local, lugar al que sicarios intentaron ingresar simulando ser familiares, con el objetivo de consumar el delito.

El segundo hecho ocurrió cinco días después, el 6 de mayo de 2017, alrededor de las 21 horas, cuando Raúl Fernando Martínez se dirigió junto a su esposa e hija a un puesto de comida ubicado en avenida Esquiú, en la intersección con calle Alvarado. Mientras se encontraba esperando su pedido, se le acercó un hombre que descendió de una motocicleta conducida por otra persona y, desde corta distancia, le efectuó varios disparos con un arma de fuego en la zona de la cara, el cuello y el torso, ocasionándole la muerte.

En el marco de la investigación y mediante una intervención telefónica autorizada por el Juzgado de Garantías 3 de Salta, se descubrió que ambos hechos fueron encargados por Raúl Ricardo Rojas, alias “Coya”, quien se encontraba cumpliendo una condena por transporte de estupefacientes en un establecimiento de detención de Cerrillos. Junto a Enzo Quiroga y Matías Sarmiento, contactaron al sicario Norberto Mendoza para ejecutar a Gerónimo y Martínez, a quienes acusaban de “mejicanear” drogas y dinero.

De la intervención mencionada surgió que, ante el fallido intento de dar muerte a Gerónimo, quienes lo contrataron le exigían que fuera al hospital a terminar con el trabajo, y por tal motivo, Cristian Palavecino optó por buscar sicarios de la provincia de Tucumán para terminar con la vida de Raúl Martínez.

Fue así que Palavecino contactó a Martín Castillo, alias «Pájaro», quien fue el encargado de ocasionar la muerte de Raúl Fernando Martínez en las circunstancias mencionadas.

Por los hechos descriptos, fueron condenados a prisión perpetua Ricardo Rojas y Martín Castillo; a 19 años de prisión, Enzo Quiroga y Norberto Mendoza; y a 15 años de prisión, Matías Sarmiento. Quedó pendiente el juicio contra Palavecino por haberse mantenido prófugo de la justicia durante casi siete años, hasta que fue detenido en octubre de 2023.

Cabe destacar que, mientras cumplía su condena en la Unidad Carcelaria N.º 1, Martín Castillo fue víctima de un homicidio el 6 de octubre de 2024. En esa oportunidad, los familiares del mismo manifestaron que recibía amenazas y asistencia económica tanto de Cristian Palavecino como de Ricardo Rojas, para que se mantuviera en silencio.

Solicitan juzgar a los imputados por el violento robo a la empresa Abra del Sol

El hecho ocurrió en diciembre de 2022 y entre los acusados se encuentran Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz y Brian Gabriel Palavecino. La acusación incluye robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, respaldada por evidencia digital clave obtenida durante la investigación.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte presentó el requerimiento de elevación de la causa a juicio contra Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Según la investigación, se reunieron elementos de cargo suficiente que indican que fueron los autores del robo a la empresa Abra del Sol. 

El hecho objeto de la investigación ocurrió el 16 de diciembre de 2022, alrededor de las 20 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra del Sol con los rostros cubiertos con pasamontañas para ocultar su identidad. Portaban armas de fuego, tanto largas como cortas, y ejercieron violencia física contra el personal de seguridad y demás empleados. Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares).

Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa. A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado de donde cometieron el robo, donde finalmente fue abandonado. El empresario fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para radicar la denuncia.

La investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.

Esta situación se agravó debido a que, a pesar del evidente entorpecimiento de la investigación, José Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.

 Otro obstáculo para la investigación fueron las sistemáticas negativas del juez Francisco Oyarzú a las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados. Esta decisión fue corregida por el Tribunal de Impugnación, como consecuencia de la actividad recursiva desplegada por el Ministerio Público Fiscal, un trámite que demandó casi seis meses. Este hecho fue uno de los motivos de la denuncia presentada por el Procurador General Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el mencionado magistrado, en la que se reclamó su destitución.

Los fiscales integrantes de la Unidad destacaron la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios de Cristian Gabriel Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz. En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.

La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y mediante el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.  

Presto juramento Daniel Espilocín como Fiscal Penal

Fue designado por resolución y previo concurso publico. Se destacó el trabajo que ya viene realizado en la materia.

En la sala de reuniones de la Procuración General, se constituyó el Colegio de Gobierno, representado por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella. El objetivo de esta reunión fue tomar juramento a Ricardo Daniel Espilocín, quien fue designado como Fiscal Penal 6 del Distrito Judicial Centro, conforme a lo estipulado en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta designación se realizó a través del Decreto 396/24 del Poder Ejecutivo Provincial, tras un concurso público.

Asimismo, y teniendo en cuenta las necesidades del Ministerio Público Fiscal, mediante la Resolución 1565/24, el Procurador dispuso la afectación transitoria del Fiscal Penal 6 del Distrito Centro a la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, donde se venía desempeñando como auxiliar fiscal.

Durante el acto, García Castiella expresó su reconocimiento a todo el equipo que integra el Ministerio Público Fiscal, a cada uno de los fiscales y sus equipos, así como al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y sus equipos científicos y de investigación. “Ello tiene una enorme trascendencia institucional, ya que, como Ministerio Público Fiscal, se toma conciencia de la importancia de contar con un equipo completamente convencido de estos objetivos, coherente y dinámico, consciente de la trascendente responsabilidad de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, afirmó el Procurador.

En la ceremonia estuvieron presentes magistrados, funcionarios, familiares e invitados especiales.

El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad al traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

La solicitud fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, conformada por las fiscales penales Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero y Pablo Cabot, emitió el pasado lunes 30 un dictamen favorable al pedido de traslado de Cristian Gabriel Palavecino, solicitado a la Sala II del Tribunal de Juicio.Esta medida propuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, implica que el detenido sea trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Los representantes del Ministerio Público consideraron que la medida mencionada es viable, destacando los indicios vehementes resaltados por el Ministerio de Seguridad sobre el riesgo de una posible fuga del detenido. Advirtieron que dicha situación podría comprometer los objetivos del proceso judicial y frustrar el debate en el que se busca que se imponga una condena a Palavecino por los delitos que se le imputan.

Asimismo, invocando antecedentes del juicio contra los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los fiscales subrayaron que, gracias a los medios tecnológicos disponibles, es posible continuar con las etapas restantes del proceso penal sin restringir los derechos del imputado, incluso si este se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario distinto fuera de la provincia.

Crimen organizado: El Procurador refuerza la investigación sobre una supuesta banda criminal vinculada al homicidio de dos ciudadanos bolivianos

Se trata del homicidio de dos hombres de nacionalidad boliviana encontrados sin vida a la vera de la ruta nacional 34. El hecho habría ocurrido el pasado mes de mayo.

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella, dispuso mediante resolución Nº 1552 que la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por las y los fiscales Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo, Pablo Cabot, y María Luján Sodero incorporen y continúen la investigación de un doble homicidio ante la sospecha de haber sido perpetrado por una peligrosa organización criminal.

Recientemente en instancia recursiva el juez del Tribunal de Impugnación Juan Marcos Ezequiel Molinati, rechazó los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmó la prisión preventiva dictada por el Juez Francisco Oyarzú a solicitud de la Fiscalía de Orán en contra de los imputados, por la violenta muerte de dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados a la vera de la ruta nacional Nº 34 en Colonia Santa Rosa.

La investigación, inicialmente dirigida por la fiscal Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, y llevada adelante por el Grupo Investigativo GAP de Oran, se inició el 10 de mayo de este año, tras el hallazgo en la escena del crimen de dos hombres, originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, asesinados de varios disparos efectuados con arma de fuego.

El avance de la causa y el uso de técnicas avanzadas de investigación permitieron obtener los indicios necesarios que llevaron a ordenar la detención de una persona oriunda de la localidad de Orán y de dos personas de la provincia de Tucumán. Se realizaron allanamientos en esta última, y los detenidos fueron trasladados desde allí a la provincia de Salta.

Como parte de la mecánica delictual intervinieron varios vehículos, uno de ellos abandonado en la vía pública, en la localidad de Libertador General San Martín. En su interior encontraron documentación que lo vinculan a una estadía en la Ciudad de Orán.

Por otra parte, el análisis de información objetiva de tecnología actual arrojó compatibilidad con el recorrido cercano al lugar del hallazgo de los cuerpos.

Los exámenes forenses confirmaron que ambos cuerpos presentaban signos de extrema violencia previa a la muerte y numerosas lesiones causadas por disparos de arma de fuego. Además, una de las víctimas se hallaba maniatada con precintos, similares a los encontrados en uno de los vehículos usados por los presuntos autores del hecho.

La decisión estratégica de incluir la referida investigación en la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte obedece a los lineamientos de política de persecución penal dispuestas por la Procuración General de la Provincia.

 

Colonia Santa Rosa: Fueron imputados los dos tucumanos vinculados a un doble homicidio