El Procurador General tomó juramento a cinco Fiscales

Este lunes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres Fiscales de Impugnación, un Fiscal Penal para el Distrito Judicial del Sur y una Fiscal Penal Juvenil. Participaron además, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a los fiscales de Impugnación Ana Inés Salinas Odorissio, Mónica Susana Poma y Ramiro Hernán Ramos Ossorio; al fiscal Penal del distrito Judicial del Sur César Saravia y a la fiscal Penal Juvenil Mercedes de la Cuesta.

Los Fiscales Penales concursaron sus respectivos cargos, recibieron acuerdo del Senado Provincial fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial oportunamente.

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte Fabián Vittar, Gabriel Chibán, María Edit Nallím y Guillermo Catalano; la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares.

Mesa contra el Narcotráfico

En la Casa Rosada, referentes de los tres poderes del Estado, remarcaron el propósito de abordar de manera integral las problemáticas del narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo la cooperación interinstitucional», para enfrentar un flagelo que afecta al país desde hace décadas.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, asistió junto a sus pares en representación del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores de la República Argentina a la presentación de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, un evento que fue encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, reuniendo a destacados referentes judiciales, legislativos y de las fuerzas de seguridad.

Durante su discurso, la ministra Bullrich destacó la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico con medidas como la destrucción de drogas decomisadas y la asignación de parte de los bienes incautados por lavado de dinero a las fuerzas de seguridad. «Queremos que, como sucede con el FBI, las fuerzas de seguridad reciban un porcentaje por su trabajo. Otro porcentaje debería destinarse al Sedronar. Este es un esfuerzo compartido, y los recursos también deben distribuirse», afirmó la funcionaria.

Asimismo, Bullrich subrayó los avances en la eliminación de estupefacientes: «Droga que se incauta, droga que se destruye». Informó que ya se han realizado 120 procedimientos de destrucción, eliminando más de 190 toneladas de sustancias prohibidas.

El ministro Cúneo Libarona en tanto, resaltó el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Pidió «terminar con el delito, tener leyes adecuadas, e imponerse sobre la inseguridad», también combatir al narcotráfico, los robos, las violaciones, los homicidios. «Tener una Argentina en que no tengamos miedo de caminar por la calle», definió el funcionario.

Además, destacó la implementación del Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio, ya vigente en 12 provincias, entre las que se encuentra Salta, como una herramienta fundamental para fortalecer la justicia y enfrentar el narcotráfico con mayor eficacia.

Por su parte, el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, exhortó a no temer a utilizar terminologia, como «una guerra global» en términos de definir la lucha que se sostiene en todo el planeta con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómeno global que se replica en todo el mundo y también en Argentina. Subrayó la importancia de abordar esta problemática desde todos los frentes por cuanto la finalidad de estas prganizaciones «multinacionales» del crimen organizado es la destrucción de los estados.

Participaron del acto el secretario de relaciones institucionales y actas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina, Jorge Canteros; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el procurador general, Eduardo Casal, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo ConteGrand.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi

Este jueves 12 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

Durante la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, este jueves se llevaron a cabo los alegatos de las partes.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como titular de la promoción de la denuncia, comenzó su alegatos refiriéndose en forma individual a cada una de las cinco causas que la integran y apoyado en soporte multimedia, detalló cada una de las irregularidades detectadas y expuestas a lo largo de la audiencia de debate.

Al concluir sus alegatos, García Castiella sostuvo la acusación y pidió al Jurado de Enjuiciamiento un fallo ejemplar, solicitando la remoción del cargo del suspendido juez Claudio Parisi y su inhabilitación por el período que se considere adecuado. Por su parte, la defensa de Parisi solicitó su absolución.

Tras un cuarto intermedio, el Procurador General ejerció su derecho a réplica, y realizó aclaraciones sobre cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos.

Finalizada la contrarréplica del defensor, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, pasó a deliberar.

En su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento, haciendo lugar a lo solicitado por el Procurador General, destituyó a Claudio Parisi como juez de Garantías 2 de Orán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 8 años. Los fundamentos de la decisión serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, además del Procurador General, Pedro García Castiella, estuvieron los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Alegatos en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Parisi

Este miércoles se recibió la declaración de los testigos citados por la acusación y se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 para dar lugar a los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la Secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que «ya le había pagado al Juez» y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 a las 8.30 para dar lugar a los alegatos.

Inició el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi

El suspendido magistrado prestó declaración al iniciar la audiencia y comenzó la incorporación de la prueba producida.

Este martes dio inicio la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En representación del Ministerio Público Fiscal participan el Procurador General, Pedro García Castiella, junto con los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Tras la lectura de la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia de Salta, en la que se solicita la destitución del juez Claudio Parisi conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Provincial, y se invocan las causales de mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, se procedió a leer el escrito en el que el acusado expone su descargo.

El juez optó por prestar declaración en la audiencia, respondiendo a la acusación en su contra, aunque decidió no aceptar preguntas.

Finalizada la declaración, se dio lugar a la incorporación de la prueba, momento en el que se reprodujeron audios de relevancia para la acusación. Dichos audios corresponden a llamadas grabadas por la sargento Mariana Castellanos, sobrina del juez Parisi —quien actualmente se encuentra en prisión—, y revelan negociaciones irregulares con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. En las grabaciones, Castellanos invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la «paralización» de las causas, a cambio de dinero. Estos elementos, incorporados como prueba en el Jury de Enjuiciamiento, resultan claves en la causa penal donde se investiga un presunto entramado de corrupción policial.

El Jurado de Enjuiciamiento dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8:30, momento en el cual se dará inicio a la recepción de testimoniales.

Cabe recordar que Claudio Parisi se encuentra suspendido en su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, además de encontrarse detenido con prisión preventiva en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el delito de cohecho.

Para el Procurador, el Plan Güemes envía un mensaje contundente de que no habrá tregua contra el crimen organizado

En un esfuerzo conjunto, el Plan Güemes despliega 310 efectivos, vehículos y tecnología para enfrentar el crimen organizado en la frontera con un comando unificado entre fuerzas federales y provinciales. 

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, participó hoy en el lanzamiento del Plan Güemes, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Sección Aguas Blancas de Gendarmería Nacional Argentina, dependiente del Escuadrón 20 Orán.

El Procurador manifestó su enorme satisfacción por asistir a lo que consideró un hecho histórico: “Por primera vez, Nación y provincia unen esfuerzos en una lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que estos generan, incluyendo hechos de sangre. La presencia de fuerzas federales y provinciales, junto a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz, refleja un compromiso contundente. Estamos todos acá, y este es un mensaje claro al crimen organizado: no habrá tregua ni respiro frente al descontrol en nuestras fronteras”.

“Desde el inicio de mi gestión en la Procuración, establecí que el crimen organizado sería uno de los principales objetivos de nuestra labor. En ese momento, enfrentábamos un aumento preocupante en la tasa de homicidios, marcado por una violencia extrema generada por organizaciones criminales rudimentarias, pero altamente violentas”, amplió.

Destacó además: “La Procuración adoptó una decisión firme, respaldada por una política criminal definida, junto con un decidido apoyo político del Gobierno Nacional, representado por la ministra Bullrich, y del gobernador Sáenz, quienes asumieron un compromiso político contundente para apoyar este proceso.  Hemos avanzado significativamente, y lo que hoy se debate públicamente es el fruto de las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, con la colaboración de jueces íntegros y sin condicionamientos”.
Finalmente, García Castiella reafirmó: “Estamos convencidos de que, por el bienestar de los salteños y de las generaciones futuras, es imprescindible continuar luchando hasta el final para garantizar una provincia en paz”.
Acompañaron al Procurador la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)Gabriela Buabse; la fiscal de Pichanal María Sofía Fuentes; y los fiscales de Orán, Daniela Murúa, Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Mariana Torres y Carlos Alberto Salinas.

El Procurador General analizó los alcances del Plan Provincial para la Igualdad de Género

En las próximas semanas, se definirán acciones concretas para fortalecer el trabajo conjunto.

El Ministerio Público Fiscal, en su compromiso con el fortalecimiento de políticas inclusivas y la erradicación de la violencia de género, avanza en la consolidación de un esquema de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este marco, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la titular de la Secretaría, Itatí Carrique, quien estuvo acompañada por las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, y de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Rosaura Gareca, junto al director de Gestión de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Álvaro Vanetta.

Durante el encuentro, las autoridades de la Secretaría presentaron el proyecto del Plan Provincial para la Igualdad de Género 2024-2026, basado en la premisa de construir una Salta libre de violencias y discriminaciones. Este plan recoge y analiza información sobre las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+, así como las diversas manifestaciones de violencia por motivos de género y sus consecuencias. Los ejes fundamentales del Plan incluyen la prevención de la violencia y la promoción de derechos, la atención de situaciones de violencia por razones de género garantizando asesoramiento, asistencia y acceso a la Justicia, el fortalecimiento de las autonomías económicas y personales, el abordaje de formas extremas de violencia como femicidios, transfemicidios y travesticidios, y la revisión y actualización normativa.

El Procurador propuso durante el encuentro, fortalecer esquemas de interacción y colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría, generando redes de trabajo que permitan abordar estos temas de forma integral y coordinada. Este compromiso se concretará en un nuevo encuentro previsto para las próximas semanas, en el que participarán los equipos técnicos para avanzar en la implementación conjunta de estas iniciativas.

García Castiella: El plan piloto de oralidad permitirá un servicio de justicia más transparente y ágil para los ciudadanos de Orán

El Procurador destacó la necesidad de que el norte de la provincia cuente con un sistema de justicia más ágil y moderno. El plan piloto de oralidad permitirá una justicia más transparente y ágil de mano de la oralidad para los ciudadanos de Orán, además de herramientas innovadoras como las audiencias unilaterales, que fortalecen las investigaciones y la tramitación de casos penales y criminales.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó del acto de inicio del Plan Piloto de Oralidad Penal en el distrito judicial de Orán, destacando la importancia de esta iniciativa para modernizar y dinamizar el sistema de justicia penal en la región.

Durante el acto, que tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Orán, estuvieron presentes el gobernador Gustavo Sáenz, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y el defensor general de la provincia, Jorge Martín Diez Villa, quienes subrayaron el impacto positivo de este plan en la administración de justicia.

El Procurador General, expresó su satisfacción por formar parte del proceso de implementación del Plan Piloto de Oralidad en el distrito judicial de Orán. Resaltó que este modelo representa un avance significativo dentro de un nuevo esquema de litigación, cuya adopción progresiva acompasada a los recursos del Ministerio Publico Fiscal, ya ha mostrado resultados exitosos en el distrito Centro.

García Castiella puso énfasis en la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas de Gobierno y los poderes del Estado para enfrentar el delito y el crimen organizado. “Todos los procesos de investigación que se han llevado adelante en los últimos tres años en el norte de la provincia, todo lo que hasta ahora se ha descubierto y puesto sobre la mesa, todo lo que está yendo a juicio en otras jurisdicciones, son el fruto del esfuerzo de muchos actores de la justicia provincial, comenzando por los equipos de investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (C.I.F.), la Policía de la Provincia, fiscales provinciales, jueces provinciales que controlaron y autorizaron procedimientos, todo un trabajo en coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial de la provincia y las justicias provincial y federal. Todo eso demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio de mucha gente con muy buena predisposición, esfuerzo y buena voluntad”, concluyó.

Finalmente destaco: «Esta fuerte presencia institucional en el norte de la provincia es la mayor demostración de fortaleza colectiva de las instituciones de nuestra provincia, y hablo en particular del Ministerio Público Fiscal que, como Procurador General, tengo a mi cargo. Esta fortaleza de las instituciones se verifica claramente en el hecho objetivo de haber podido avanzar con absoluta libertad e independencia, como lo hemos venido haciendo desde hace tres años, en un proceso sostenido en la firmeza y convicción de la determinación de atacar a las organizaciones delictivas en todo el distrito Orán y sus zonas de influencia, yendo al corazón, al núcleo central de quienes derramaron hechos de violencia en los últimos tiempos, hasta alcanzar su definitiva desarticulación, con la coordinación de todo el servicio de justicia, incluido el Poder Judicial y las demás instituciones de la provincia».

Y ello con absoluta libertad e independencia institucional, sin ninguna injerencia o sugerencia siquiera de limitación alguna por parte del resto de las instituciones de la provincia. Por el contrario, esta política de persecución criminal para someter a justicia a los violentos estuvo siempre acompañada y respaldada por todas las instituciones de la provincia y la justicia.

El MPFS, en cuanto custodio celoso de los intereses generales de la sociedad, y en conjunto con las instituciones del Poder Judicial, debemos velar por asegurar a los comprovincianos oranenses, así como a los del resto de nuestra provincia, el derecho a gozar de una vida en paz, civilizada, libre, y de poder salir, desarrollar su vida con normalidad, habitualidad y sin violencia.

Este es el compromiso, es la carga constitucional que nos impone la Constitución de la Provincia a cada uno de nosotros en el rol de las funciones que nos toca desempeñar. La sociedad espera eso de nosotros, y con todas las respuestas institucionales que se han venido dando, estamos logrando sostener la paz, la concordia y, sobre todo, la presencia de las instituciones de la democracia, que están respondiendo una a una con hechos concretos y visibles, precisamente aquello que juramos defender. Es un esfuerzo mancomunado del Ministerio Público, junto al Poder Judicial y los gobiernos provincial y nacional, para afrontar esta situación que nos toca en el norte de la provincia”.

También el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a otras acciones que se realizan en conjunto con la Nación para reforzar el control de las fronteras. Dijo que próximamente se pondrá en marcha el Plan Güemes, que implica mayor equipamiento tecnológico, además de más recursos humanos con la instalación de la primera base de la Prefectura Naval Argentina en Salta y la llegada de refuerzos de la Gendarmería Nacional al norte salteño. “Estamos trabajando para lograr lo que nunca se pudo desde que nació la Patria”, evaluó.

Con relación a la implementación del Plan Piloto de Oralidad Penal, Sáenz destacó que esta incorporación representa un cambio significativo en el sistema judicial de la región, ya que los juicios penales en el distrito se desarrollarán, en su mayoría, de forma verbal. Subrayó el marco institucional de la ceremonia, señalando que la presencia de “cinco jueces de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, senadores, diputados, jueces federales y provinciales, entre otros, demuestra claramente que vamos por el camino correcto; que estamos trabajando de manera coordinada y eso es fundamental”.

“La modernización de la justicia no sólo está vinculada a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que también requiere un cambio cultural profundo en las prácticas, la gestión y la visión misma del trabajo judicial”, afirmó el Gobernador.

Tras la ceremonia, la presidenta de la Corte de Justicia recibió el juramento de Gustavo Ramiro Morizzio en el cargo de juez de Garantías del Distrito Judicial Orán con designación temporaria.

El Procurador General amplió la denuncia contra el juez Oyarzú ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño

Este viernes, Pedro Oscar García Castiella, presentó una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, informando sobre otros hechos que constituirían mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Juez de Garantías Nº 1 de Orán.

La denuncia se basa en la reiterada conducta del juez Francisco Oyarzú, de dar la libertad anticipadamente a imputados, basándose en una interpretación irrazonable de las normas procesales, lo que utiliza para rechazar sistemáticamente los pedidos de prisión preventiva que le efectúan las Fiscalías Penales.

Según la peculiar lectura que hace el Juez denunciado, los escritos de la Fiscalía sólo pueden ser presentados hasta las 13:00 horas del día en que se vence el plazo para solicitar la prisión preventiva y no rige para esa parte la prórroga especial de las dos horas del día siguiente hábil, que el Código Procesal Penal establece en el art. 217.

El Procurador General ha identificado al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de ellos, el Tribunal de Impugnación revisó sus resoluciones y le reprochó al magistrado su interpretación, explicándole en todos los supuestos cómo debía computar los plazos. Según se pudo tomar conocimiento, esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017 y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró en varias oportunidades que modifique su criterio porque resultaba arbitrario y contrario a la ley, Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar porqué razones no acataba esa jurisprudencia.

Se pudo constatar que dichas liberaciones anticipadas se efectuaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes, delitos en contexto de violencia de género, entre otros. En fecha reciente, la Sala III del Tribunal de Impugnación, al resolver uno de tantos casos que llegaron a esa instancia, no sólo anuló la resolución de Oyarzú (como se hizo en varias oportunidades anteriores), sino que también ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura irroga en términos de seguridad jurídica y economía procesal, también mandó copias de las actuaciones a Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.

García Castiella resaltó en su denuncia, que lo más grave de la situación es el reiterado entorpecimiento del correcto devenir procesal por parte de este Juez, aferrándose a una interpretación jurídica que le fue tantas veces criticada y que su insistencia sólo generó retrasos e incalculables perjuicios en el éxito de las investigaciones, además de el riesgo que en cada caso implicó liberar anticipadamente a un acusado de cometer un delito, cuando su privación de libertad se justificaba por el peligro de que pueda atentar contra la víctima o testigos del hecho, o que pueda fugarse y evadir el accionar de la justicia.

Resaltó el Procurador la lesión que produjo el juez Oyarzú al sistema de justicia pues, con su obstinada posición, no hizo más que demorar y entorpecer el curso del proceso, poner en riesgo sus fines y generar un excesivo e innecesario aumento de la carga de trabajo, no sólo del Ministerio Público Fiscal que en cada caso se vio obligado a recurrir sus arbitrariedades o a tener que plantear nuevas medidas cautelares, sino también del Tribunal de Impugnación que tuvo que resolver las mismas controversias en reiteradas oportunidades.

 

El Procurador General presenta denuncia contra el juez Franciso Oyarzú ante el Jurado de Enjuiciamiento

Fortalecerán la coordinación entre fiscalías provinciales y fuerzas federales en el marco del Plan Güemes

Se busca agilizar la actuación de las fuerzas federales en el norte de la provincia. El Plan Güemes busca optimizar las estrategias de seguridad y control mediante un trabajo conjunto e integrado.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal, Gaspar Solá, mantuvieron una reunión con Virginia Cornejo, Directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este encuentro tuvo lugar en el marco del “Plan Güemes”, y su inmimente implementación, avanzando en la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, con el fin de fortalecer  y optimizar las estrategias de control y vigilancia en el norte de la provincia.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de garantizar una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y los fiscales provinciales para agilizar las respuestas ante situaciones puntuales y que requieran una rápida intervención. “Es fundamental que las fuerzas federales puedan actuar de manera rápida y eficiente, con consultas claras y precisas que permitan resolver los problemas en tiempo real”, señaló García Castiella.

Uno de los principales acuerdos fue avanzar en mecanismos que permitan a los fiscales provinciales y federales trabajar de forma coordinada. En este sentido, se subrayó la necesidad de implementar procedimientos que faciliten la primera intervención de las fuerzas federales, evitando dilaciones derivadas de cuestiones de competencia operativa.

Cornejo destacó que “el Plan Güemes representa un cambio significativo en la manera de abordar la seguridad en la región. Nuestra meta es que las fuerzas de seguridad dispongan de las herramientas necesarias para intervenir de manera inmediata”.

Además, se acordó fortalecer los canales de comunicación entre la Procuración y el MInisterio de Seguridad para garantizar una intervención efectiva en casos que requieran la actuación conjunta .