Muerte de Solá Torino: La fiscal se declara incompetente por ser una causa netamente federal

La fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Ana Salinas Odorisio, planteó la incompetencia material  y ordenó que se remitan las actuaciones a la fiscalía federal que por turno corresponda, en la causa que investiga la muerte del exjuez federal, José Antonio Solá Torino. Por tratarse de un condenado federal, la fiscal insistió en solicitar la presencia de funcionarios de ese fuero en el lugar del hecho, pero no supervisaron ni el operativo de allanamiento realizado ni el desenlace, que terminó con la muerte del exmagistrado.

La fiscal Salinas Odorisio basó su planteo en los supuestos de competencia excepcional de la justicia federal, en los términos de la Ley 48, luego de haber repasado en el escrito todas las tareas de rigor concretadas por el Ministerio Público Fiscal, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo perjudicara la investigación y que se puedan establecer certeramente las circunstancias del fallecimiento de Solá Torino.

Es que a partir del momento en el que se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, se constataron circunstancias que ameritan la intervención de la justicia federal, ya que Solá Torino había sido condenado en una causa federal a la pena de seis años por la comisión del delito de cohecho pasivo; el Juez Federal había librado una orden de allanamiento sobre su domicilio particular para que fuese apresado y conducido en carácter de detenido al Complejo Federal del Norte III, dependencia del Servicio Penitenciario Federal e intervino en dicho procedimiento la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tanto es así, que a la fiscal le resultó llamativo que la orden de allanamiento en cuestión autorizó a proceder en días y horas inhábiles, cuando se trataba de la aprehensión de un ciudadano que se encontraba a derecho, según manifestaciones de su abogado y cuyo análisis, también excede a la competencia de Fiscalía provincial.

Salinas Odorisio repasó en su presentación que en el momento en el que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresó al domicilio de Solá Torino y constató que estaba tendido en el suelo, sin vida, y con el arma con la que se habría presuntamente suicidado, se anotició por teléfono a una Secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1. 

Sin embargo, ningún magistrado o funcionario federal se hizo presente en el lugar, aunque fue un procedimiento ordenado por ellos. A pesar de la insistencia para lograr que se hicieran presentes funcionarios federales, ello no ocurrió. Por una cuestión de responsabilidad y ante la gravedad de los hechos, la fiscal provincial prosiguió con las investigaciones, al menos para establecer las circunstancias del fallecimiento de Solá Torino, pero con la imposibilidad de profundizar los detalles que contextualizaban el hecho luctuoso.

Consideró absolutamente ajeno a su competencia “el análisis de las órdenes emanadas de la justicia federal, la falta de fundamentos para librar una orden con habilitación de días y horas inhábiles, la falta de constatación de la tenencia de armas en el domicilio y la opción de formas adecuadas para efectivizar una orden de detención y la publicación en los medios periodísticos durante la tarde del viernes 27”, todos hechos que podrían haber desencadenado la ejecución de la decisión de Solá Torino.

Es más: cuando la fiscal tomó el control de la investigación, estuvo absolutamente impedida de plantear cuestiones de competencia, dado que se encontró con un occiso, un arma de guerra y una carta manuscrita de última voluntad. Dispuso la realización inmediata de la autopsia, la remisión del cuerpo a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el secuestro del arma que se encontraba al lado del cuerpo y de las armas reglamentarias de todos los efectivos de la fuerza federal que actuaron esa noche. Además, dispuso la toma exhaustiva de fotografías y ordenó la prohibición de la cremación del cadáver, antes de proceder a su entrega. Todas esas operaciones culminaron cuatro horas más tarde, a las 5.30 de la mañana, sin que ningún magistrado o funcionario federal haya tomado contacto telefónico ni personal con la fiscalía.

La fiscal entendió que la publicación y/o filtración de la decisión de detener a Solá Torino; las formas y criterios adoptados por los jueces que emitieron la orden de allanamiento y detención y sus fundamentos para habilitar días y horas inhábiles y el contenido de la carta manuscrita por el occiso, exceden ampliamente la competencia material de la justicia provincial. Y especialmente, para determinar responsabilidades en orden al cumplimiento o no de los deberes de funcionarios federales o a la incidencia o no, que tuvo el proceder de la justicia federal que desencadenó en la decisión de quitarse la vida del destinatario de la medida judicial, emanada de un Magistrado federal como consecuencia del pedido de un fiscal federal, por un proceso federal y que ordenó la intervención de fuerzas federales.

En la misma declaración, la fiscal Salinas Odorisio solicitó que se remita la totalidad del secuestro obrante en la causa, con carácter de urgente y preferente despacho, atento a que aún está vigente la retención del domicilio como escena del hecho, y los demás elementos secuestrados, que requieren que se tomen decisiones inmediatas respecto de su mantenimiento.

Salvador Mazza: Investigan el femicidio de una menor de 15 años

El fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga el femicidio de María Liz Elizabeth Flores, de 15 años, domiciliada en barrio La Pista, de Salvador Mazza. La joven había salido de su hogar ayer y desde entonces su familia desconocía su paradero.

El cuerpo de la víctima fue encontrado este mediodía, boca abajo y parcialmente cubierta de agua, sobre un canal de desagüe cercano al barrio Justo Juez.

Al levantar el cuerpo se observó un orificio en el rostro, que aparenta ser un disparo con arma de fuego.

El fiscal penal Pablo Cabot, dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho, mientras que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Una disputa vecinal que pudo terminar en tragedia

Ocurrió en barrio Castañares, donde dos grupos que mantienen una manifiesta enemistad se enfrentaron. Se generó un incendio intencional en una de las viviendas y uno de los participantes resultó herido con un arma de fuego. Hay 13 detenidos.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, investiga un hecho ocurrido en barrio Castañares de la ciudad de Salta, donde el pasado 11 de octubre, miembros de un grupo antagónico provocaron el incendio en la vivienda de la familia Rearte, causando un real peligro de muerte para dos mujeres que son vecinas y sus grupos familiares. El fuego y el humo se propagó hasta sus domicilios, provocando incluso daños materiales.

Tras una minuciosa investigación, se pudo conocer que el hecho desencadenante habría sido que un miembro de la familia Rearte, acompañado de otra persona, había realizado siete detonaciones de arma de fuego contra la humanidad de un miembro de la familia Benítez, impactándole tres de los disparos en la pierna, tobillo y brazo del damnificado y luego huyeron.

Por directivas del fiscal Torres Rubelt, se logró identificar a los participantes, determinar el rol que cumplieron y se abrió decreto de imputación para trece personas.

Martín Ezequiel Benitez, Lucando Eduardo Antonio Benitez, Cristian Tomás Rodriguez, Valeria Natalia Benitez, Emilio Nicolás Rodríguez, Noelia del Valle Álvarez, Facundo Ezequiel Segovia, Damian Baltazar Fernández, Darío Leandro Martínez, Nadia Agustina Carrizo y dos menores de edad, fueron imputados como autores del delito de estrago doloso con peligro para la vida de las personas en perjuicio de dos vecinas del grupo 244 viviendas de Castañares.

Diego Rafael Gregorio Rearte fue imputado como autor del delito de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma en perjuicio de Martín Ezequiel Benítez.

El fiscal explicó que los acusados se encuentran detenidos y se solicitó que así se mantengan mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

La próxima semana inicia el juicio por el homicidio de Roberto Ezequiel Farfán

Juan Ignacio De Singlau Naser será juzgado desde el 4 de diciembre de este año como autor del delito de homicidio doblemente calificado de Roberto Ezequiel Farfán. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en un potrero de sembradío, a la vera de la ruta Circunvalación Sur-Este entre la Ruta Provincial 21 y Ruta Nacional Nº 68.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representará al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Juan Ignacio De Singlau Naser por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y criminis causa en perjuicio de Roberto Ezequiel Farfán.

El hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima había salido a correr y no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo reportaron como desaparecido. El día siguiente, en el marco de las tareas de rastrillaje que se realizaban, se encontró sin vida al joven en inmediaciones de la ruta nacional 68 y ruta provincial 21.

El informe de autopsia reveló que falleció por traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por los golpes que De Singlau Nasser le propinó en el cráneo y rostro para luego sustraerle el teléfono celular.

La audiencia estaba fijada para fines de agosto y por la situación sanitaria existente, debió ser reprogramada para el próximo 4 de diciembre.

Prisión perpetua para «Angelito» por el homicidio de una comerciante

La Sala III del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a los recursos de casación presentados por la Fiscalía y la querella y modificó la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez. Le impuso la pena máxima que fija el Código Penal. En setiembre de 2016 fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio simple de María Julia Aranda Mansilla.

Audiencia de debate – Setiembre 2016

Marcelo Raúl Núñez llegó a juicio en setiembre de 2016, acusado del homicidio calificado criminis causa de la comerciante María Julia Aranda Mansilla, ocurrido en noviembre de 2015 en barrio Sanidad.

Fue condenado el 19 de setiembre de 2016 por el juez Federico Armiñana Dohorman de la Sala I del Tribunal de Juicio a la pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.

Tanto el fiscal penal Pablo Paz, como el abogado querellante, interpusieron recursos de casación y los jueces Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvieron casar la sentencia y modificar la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez, «Angelito» por el delito de homicidio criminis causa y le impusieron la pena de prisión perpetua.

Mathieu Martin: Juan Cuevas condenado por homicidio

El Tribunal de la Sala VI de Juicio, dio a conocer este martes por la tarde, el veredicto para Juan y Froilán Cuevas, acusados del homicidio del turista francés. Juan Cuevas cumplirá 13 años de prisión efectiva y su hermano fue absuelto por el beneficio de la duda.

Durante los alegatos, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, solicitaron al Tribunal se aplique la pena de 20 años de prisión efectiva a Juan Cuevas y 12 años de prisión efectiva a Froilán Cuevas, como coautores del delito de homicidio simple.

En su fallo, los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera condenaron a Juan Cuevas a la pena de 13 años de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin y se dispuso además que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Froilán Cuevas fue absuelto por el beneficio de la duda y se ordenó además que se registre el fallecimiento de Mathieu Martin y se notifique a sus familiares.

Nueve años y medio de prisión para el homicida de Fortunato Matorras

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que Gustavo Daniel Cuéllar, alias “Calandra”, fue condenado por el Tribunal de Juicio Sala II Vocalía I del Distrito Judicial Norte, a la pena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva, por el delito de homicidio en grado de autor, en perjuicio de Fortunato Matorras.

El mismo fallo ordenó que Cuéllar, de 40 años, sea trasladado a la Unidad Carcelaria 5 y que una vez que quede firme la sentencia, se extraiga material genético del condenado por el servicio de Biología Molecular del CIF para posterior inscripción en el registro del Banco de Datos Genéticos.

La intervención del fiscal penal Pablo Cabot, se produjo tras los hechos ocurridos el 26 de octubre de 2019, cerca de las 2, cuando la víctima y el acusado bebían alcohol en un terreno baldío ubicado en la intersección de avenida Rivadavia con calle Libertad, de Aguaray.

En un determinado momento, Cuéllar agredió físicamente con golpes a Matorras, quien una vez en el piso, fue golpeado repetidamente con un hierro por el acusado y recibió golpes en la cabeza que le produjeron la muerte.

Una mujer imputada por intentar matar a su expareja

Ocurrió en la zona Sudeste de la ciudad de Salta, donde la mujer, tras mantener una discusión con su expareja, lo apuñaló en la zona cervical, poniendo en riesgo su vida. Se abstuvo de declarar.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Karen Lorena Flores como autora del delito de tentativa de homicidio agravado por ser en perjuicio de su expareja.

El hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre por la tarde en asentamiento Los Pinos, zona Sudeste de la ciudad de Salta. Personal policial que realizaba tareas de patrullaje fue desplazado hacia una vivienda donde había un hombre herido con arma blanca.

Al llegar, los policías encontraron a Miguel Ángel Estarque de 28 años tendido en el piso, con un cuchillo sierrita incrustado en la zona cervical. A su lado había una joven mujer, que se identificó como su expareja y manifestó en forma espontánea que habían mantenido una discusión y lo lesionó desde atrás en la zona del cuello.

Estarque fue asistido y trasladado al hospital San Bernardo con el arma blanca en la lesión. Debió ser intervenido quirúrgicamente y se comprobó el riesgo de vida que corrió.

La acusada fue detenida e imputada y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención, mientras se completan diversas medidas solicitadas.

Mathieu Martin: jornada de alegatos

Este martes a partir de las ocho, se reanudará la audiencia de debate contra Juan y Froilán Cuevas por el homicidio del turista francés. Las partes realizarán sus alegatos y se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Froilán Cuevas

El juicio inició el lunes 9 de noviembre en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial y tras recibir alrededor de 70 testimonios, el Tribunal de la Sala VI de Juicio del Distrito Centro, escuchará este martes los alegatos de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero; de la querella; de la defensa de los acusados y de la Asesora de Incapaces que representa a Froilán Cuevas.

Durante la jornada del pasado viernes, los acusados prestaron declaración ante los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera, sin responder preguntas y se reprodujeron las declaraciones filmadas de ambos, realizadas en sede fiscal tras su detención.

No declaró el imputado por el homicidio de Tartagal

Sergio Guillermo Colque, de 37 años, fue imputado por la posible comisión del delito de Homicidio simple, en perjuicio de Carlos Daniel Puig. Colque se abstuvo de declarar y seguirá detenido en instalaciones de la Comisaría N° 42, de Tartagal.

La audiencia de imputación celebrada mediante videoconferecia, contó con la participación del fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Cabot, la Auxiliar de Fiscalía  y el imputado Sergio Guillermo Colque, alojado en la Comisaría 42 de la ciudad de Tartagal.

Colque, asistido por una defensora oficial, decidió abstenerse de declarar, por la participación que se le atribuye en el hecho registrado el sábado 21 de noviembre de 2020, a las 21:40, cuando mantuvo una discusión con Carlos Daniel Puig en la esquina de las calles Cornejo y San Martín, de la ciudad de Tartagal. Allí, Colque golpeó en la cara a Puig con un pedazo de baldosa y luego le asestó una puñalada en el lado izquierdo del tórax, lo que provocó la muerte de Puig, minutos después. La víctima, de 48 años, era oriunda de CABA y se desempeñaba como artesano.

Para la imputación por homicidio simple, Cabot tuvo en cuenta los informes policiales, el certificado médico, distintas declaraciones testimoniales, las actas de secuestro del cuchillo hallado clavado en el pie de la silla en la que se encontraba el imputado al momento de su aprehensión, las prendas de vestir del acusado al momento del hecho y una baldosa con rastros de sangre, levantada del lugar del hecho. Según el certificado médico, Colque no presenta lesiones.

El fiscal también espera informes para corroborar la manifestación del imputado, quien dijo haber recuperado su libertad en 2018, después de haber cumplido una condena previa por robo calificado.