Imputaron al exintendente de Quijano por peculado e incumplimiento

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, imputó al exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos que no contaban con la documentación de respaldo para el control de legalidad de la erogación.

También le atribuyó la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio.

La investigación de la fiscal Guzmán incluyó el cotejo de numerosa documentación contable, con libros de bancos del Municipio, resúmenes de cuenta de distintas entidades bancarias, pedidos de informes a distintos organismos recaudadores y registrales, y de empresas privadas.

La fiscal también ordenó diligencias tendientes al recupero del vehículo, el cual se determinó tras la investigación de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, fue secuestrado previa orden expedida por el Juzgado de Garantías de Turno en el domicilio del exfuncionario.

Se logró el secuestro de la documentación de la camioneta, así como de documentación cuya vinculación con la anterior gestión municipal está en análisis.

La Unidad de Delitos Económicos continúa con la investigación.

Detienen a falso “gestor” municipal

Un hombre señalado por testigos como “puntero político”, estafó al menos a cuatro personas simulando ser empleado municipal o tener contactos para realizar trámites relacionados al levantamiento de multas de tránsito a cambio de dinero. Tenía sellos apócrifos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos, integrada por los fiscales penales María Eugenia Guzmán y Leandro Flores, llevan adelante una investigación en la que un hombre identificado como Víctor Álvarez, “Moncholo”, simulaba ser empleado municipal o gestor con “contactos” y ofrecía a cambio de una suma de dinero, solucionar infracciones de tránsito.

Con autorización del Juzgado de Garantías 5, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado, se secuestraron documentos y sellos vinculados a la investigación y se procedió a la detención de Álvarez.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo saber que “Moncholo” solicitaba a los contribuyentes una suma de dinero a cambio de solucionarles infracciones de tránsito e incluso les brindaba un recibo con sello impreso.

Los testigos refirieron que el acusado es conocido como “puntero político” y les decía que era empleado municipal o se presentaba como gestor con “contactos”. Tras su detención fue imputado por los delitos de estafa e impresión fraudulenta de sellos (4 hechos).

Campo Quijano: investigan irregularidades denunciadas por el intendente

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos investiga una denuncia realizada por el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni. Se trata de irregularidades en el manejo de fondos, detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio. La fiscal María Eugenia Guzmán dispuso diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, tomó intervención ante la denuncia realizada por el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, donde consignó irregularidades en el manejo de fondos durante los últimos años de gestión del exintendente Manuel Cornejo, detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio.

Guzmán, explicó que a partir de la denuncia del jefe comunal, dispuso la recepción de testimoniales de quienes realizaron la auditoría, la remisión de documentación bancaria y otras medidas que permitirán esclarecer lo sucedido.

Gral. Güemes: investigan irregularidades denunciadas por el intendente

La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga una denuncia realizada por el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra. Se trata de irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio, supuestas irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de algunos archivos.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, investiga en el marco de la denuncia realizada por el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, en la que consignó irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio, irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de algunos archivos.

Flores explicó que el jefe comunal presentó la denuncia penal ante el procurador general, Abel Cornejo, y que las actuaciones fueron giradas a esa unidad para que se realice una profunda investigación. Para ello, el Fiscal dispuso la recepción de testimoniales de quienes realizaron la auditoría, la remisión de documentación y otras medidas que permitirán esclarecer lo sucedido.

Estafó a varios con la promesa de construir casas prefabricadas

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Juan Sebastián Segovia, acusado del delito de estafa (ocho hechos) y coacción (un hecho).

Según consta en el decreto de imputación, Segovia, mediante maniobras ardidosas, simuló solvencia e idoneidad e hizo creer a sus víctimas que era parte de dos emprendimientos comerciales serios. Uno se ubica sobre calle San Juan al 400 y el segundo, sobre Olavarría al 1100, ambos en la capital salteña. Así, ganó la confianza de los damnificados al proporcionar datos de empresas de construcción y venta de viviendas prefabricadas y les expresó que por una suma de dinero de contado, les efectuarían las obras prometidas.

Los denunciantes concretaron el pago de diversas sumas de dinero, sin que el imputado cumpliera, lo que produjo en consecuencia un perjuicio patrimonial a las víctimas.

Además, frente a los reclamos realizados por uno de los denunciantes, el acusado lo amenazó de muerte al decirle que no lo molestara o apurara porque “los cagaría matando”.

Con la intervención del Juzgado de Garantías 5 y la División de Delitos Económicos de la Policía Provincial se realizó el allanamiento en los locales comerciales, el secuestro de documentación atinente a la causa y la detención del imputado.

Sobre Segovia y con igual modalidad, pesan dos requerimientos de juicio por acusaciones previas.

Imputaron a una escribana y la nieta que defraudó a su propio abuelo

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, llevó adelante la investigación contra la nieta del denunciante y una escribana, quienes mediante engaños lograron hacer firmar una constancia de cesión de acciones y derechos hereditarios al abuelo de la primera. Las acusadas fueron imputadas por defraudación y falsedad ideológica en perjuicio de Teobaldo Galarza.

En julio del año pasado un hombre de la tercera edad denunció a una escribana y su nieta, con quien había perdido contacto hace más de catorce años, según expresó. Dijo que no tenía vínculo con su nieta ni con su familia por la distancia y discusiones que surgieron entre ambas partes. Sin embargo, en noviembre de 2018 la nieta se presentó con la supuesta intención de restablecer el vínculo familiar, lo que se repitió en reiteradas oportunidades.

De esa manera fue logrando tener la confianza del denunciante y su cónyuge, pues los visitaba para tomar mates y charlar. Según denunció el anciano, en una ocasión la nieta le preguntó sobre el estado de los papeles de su vivienda y ambos le manifestaron que contaban con una porción hereditaria.

A partir de allí las visitas fueron más seguidas. Tanto así que los acompañaba a realizar trámites en el centro de la ciudad, tareas domésticas e incluso visitas al médico y actividades sociales, por la complejidad que implicaba para ellos hacerlo de manera independiente.

Desde abril del año pasado, la joven comenzó a sugerirle a su abuelo que le firmara un poder con fines asistenciales de control y protección. Logró convencerlo de ir a una escribanía donde la notaria, luego de reunirse con su nieta, lo hizo pasar para hacerle una par de preguntas a fin de que luego firmara un documento. No le explicó el contenido ni le dio una copia.

Al volver a casa, su pareja, Gercy Socorro Rabaiotti, actualmente fallecida, le hizo ver que también debería haber accedido a una copia del documento firmado, por lo que al volver a la escribanía la profesional solo le dijo que podía darle una copia simple. Así se dieron cuenta que había firmado una constancia por la cual donaba sus acciones y derechos hereditarios de su vivienda.

El recibir la denuncia, la fiscalía pidió diversos informes de la Dirección General de Inmuebles y sumó declaraciones testimoniales, entre otros elementos a través de los cuales logró fundamentar las acusaciones en contra de la nieta del damnificado y la escribana. Fueron identificadas como Paula Betiana Arancibia y María Virginia Flores, respectivamente, a quienes se les imputó la supuesta comisión del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica.

Investigan una denuncia contra un exintendente

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, ordenó una serie de diligencias a partir de una denuncia radicada la semana pasada por el actual jefe comunal de Campo Quijano y contra el exintendente del mismo municipio.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, interviene en la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por el intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, contra el exjefe comunal de ese municipio, Manuel Cornejo, por supuesta malversación de caudales públicos y peculado.

A partir de la denuncia, radicada la semana pasada, la Fiscal ordenó una serie de diligencias que permitirán avanzar y determinar si existió la comisión de delitos contra el erario público en la municipalidad de Quijano, del departamento Rosario de Lerma.

La Unidad de Delitos Económicos investiga deuda de empresas de servicios con el Ente Regulador

A partir de una denuncia pública realizada por su Presidente, el fiscal penal Leandro Flores inició actuaciones preliminares. Carlos Saravia declaró ayer, aportando mayores precisiones y documentación para la investigación.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, tomó intervención ante la denuncia pública realizada por el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, a un medio periodístico. Allí plantea la posible comisión de delitos a raíz de la deuda que mantienen las empresas prestatarias de servicios públicos Aguas del Norte y Edesa con el organismo de control por la tasa de fiscalización.

Flores inició las actuaciones preliminares y en este marco, citó a Saravia a la sede fiscal, donde este martes presentó documentación y aportó datos que considera de interés para la investigación.

El fiscal explicó que a partir de lo aportado, se inicia la etapa investigativa que constará de la recepción de testimonios, análisis de documentación y otras medidas probatorias que permitirán esclarecer la situación.

Planes sociales: Aprovechó la desesperación y estafó a desempleados

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a un hombre por el delito de estafas reiteradas en concurso real. En diez de los once hechos que se le adjudican, los estafados estaban desempleados. En el restante, el perjuicio fue para una institución escolar cuyo director abonó por tareas de mantenimiento que el acusado nunca realizó. Actuaba bajo identidades falsas y pedía documentación personal para otras gestiones.

El fiscal penal Leandro Flores imputó a Juan Normando Rodríguez por estafas reiteradas (once hechos), todo en concurso real, después de reunir elementos probatorios sobre las maniobras ardidosas mediante las cuales aparentó ser parte del Programa Plan Argentina Trabaja y engañó al Director de la escuela Dr. Arturo Illia, al expresarle que si le entregaba una suma de dinero determinada realizaría trabajos de mantenimiento en el establecimiento educativo. Según consta en el decreto de imputación, el acusado actuó a sabiendas de que no cumpliría con lo pactado, mientras que el damnificado entregó la suma de $ 1.800 y perjudicó económicamente a la institución”.

Mediante las mismas maniobras ardidosas, Rodríguez (de quien se confirmó que operaba con al menos tres identidades diferentes), expresó que pertenecía al plan Argentina Trabaja e hizo incurrir en error a diez personas más al expresarles que si le entregaban la suma de $300 cada una, les conseguiría un trabajo. Las víctimas realizaron la disposición patrimonial solicitada, con la clara consecuencia económica.

Según consta en el decreto de imputación, “los interesados debían hacer entrega de fotocopias de documento de identidad, CUIL y una suma de $300 (trescientos pesos) para el estampillado, como así el acusado expresó tener contacto en el IPV y que también podía agilizar los trámites para la obtención de una vivienda”. En dos casos por lo menos, los denunciantes entregaron dinero y documentación personal para la supuesta gestión que Rodríguez iba a realizar ante el Instituto Provincial de la Vivienda. Además, a otro de los denunciantes solicitó $1200, para retirar un televisor que un hijo le mandaría desde Tierra del Fuego, pero que nunca le entregó. +

Durante la audiencia de imputación, Rodríguez se negó a declarar y su defensa ofreció reparar el daño causado. La Fiscalía solicitó el mantenimiento de la detención del imputado al Juzgado de Garantías 3.

Condenado por estafar a adultos mayores

José Luís Valenzuela fue condenado mediante juicio abreviado por varios hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, donde simulaba ser gestor de ANSES y solicitaba dinero para realizar trámites vinculados al beneficio de la Reparación Histórica. Tiene causas penales abiertas en Jujuy, donde permanecerá detenido.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 en la audiencia de juicio abreviado contra José Luís Valenzuela, imputado por varios hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores.

La fiscal Poma inició la investigación por denuncias de adultos mayores que denunciaban que un hombre se presentaba en los domicilios asegurando ser gestor de ANSES y les solicitaba dinero a cambio de realizar trámites necesarios para que los jubilados y pensionados pudieran acceder al beneficio del cobro de la Reparación Histórica.

Luego de numerosas diligencias realizadas por la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, que trabaja junto a la Unidad Fiscal, se pudo identificar al acusado, que fue detenido en el mes de diciembre de 2018.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos, lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y le impuso reglas de conductas por el mismo plazo.

Valenzuela también posee causas penales abiertas en la Provincia de Jujuy donde permanecerá detenido.