Causa Saulo Capital SRL: Imputan por 488 estafas y asociación ilícita a los cuatro detenidos

Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a las cuatro personas detenidas ayer en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

En la audiencia de imputación, tanto los tres hombres como la mujer fueron asistidos por abogados particulares. Durante la lectura del decreto se les informó que lo delitos que se les imputan son los de estafas (488 hechos) y asociación ilícita.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

Cabe recordar que el jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital SRL por lo que inició una investigación. Informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.

Por otra parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles pertinentes.

Causa Saulo Capital SRL: Hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la Policía de Salta

Esta madrugada se realizó un importante operativo bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. Fueron allanadas cinco viviendas y 10 comercios, secuestrándose dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación de interés para la causa. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma.

Miembros del Cuerpo de Investigadores del CIF, de UDEC y del GOPAR realizaron desde esta madrugada un importante operativo dirigido por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

A la madrugada fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos Humanos.

En las viviendas allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Además, fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.

La causa

La fiscal de UDEC investiga unas 500 denuncias en contra de la firma Saulo Capital SRL, por haber generado mediante contratos celebrados entre la empresa y los damnificados, una rentabilidad de dinero que fue convenida fuera de las previsiones reguladas por entidades financieras y Mercado de Valores en Argentina.

De acuerdo a las denuncias, distintos ciudadanos -motivados por difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses). Según los contratos presentados por los damnificados, luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. Otras de las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato (renovación automática).

Conforme a las actas acuerdo aportadas por los denunciantes se observó que unos de las clausulas estipulaba que: “El solicitante aportará a la empresa, en fecha XXX, la suma de $ XXX en concepto de aporte de capital, a efectos de formar parte de ella, en calidad de socio”.

Es decir que el dinero que recibían de los denunciantes era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron empleadas para devolver, con intereses, el dinero a varias de las víctimas; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.

Desde UDEC determinaron que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL, tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados.

La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.

Personal de Investigaciones del CIF durante uno de los allanamientos por la causa Saulo Capital SRL

Condenan a los miembros de la banda jujeña que estafaba telefónicamente

Los acusados aceptaron los hechos. Además de las penas impuestas, devolverán el dinero sustraído a las víctimas.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes y mediante juicio abreviado, cinco personas fueron condenadas por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por las estafas telefónicas realizadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, y fue quien estuvo a cargo de la investigación que culminó con dos hombres y tres mujeres detenidos en la provincia de Jujuy.

Tras la aceptación voluntaria de los acusados sobre la intervención en los hechos, el juez Amadeo Longarte sentenció a Maximiliano Ariel Firpo y Cristian Marcelo Pasora  -ambos privados de su libertad- a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, ordenando la remisión de la condena al Juzgado interviniente de Jujuy para que realice la unificación y cómputo de pena.

Por su parte, Beatriz Carolina Torres fue condenada a 3 años con modalidad domiciliaria dado que tiene bajo su cargo hijos pequeños; y Rosa Fabiana Firpo a 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conductas.

Los cuatro fueron condenados por los delitos de estafas reiteradas ( dos hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

En cuanto a Vanesa Soledad Torres, fue sentenciada a 3 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa en calidad de partícipe necesaria.

En conformidad, la fiscal Salinas Odorisio y los abogados de los acusados y a modo de reparación del daño causado, acordaron que los condenados deberán abonar la suma de $163.700 a una de las víctimas y $65.000 al otro damnificado. Además de las penas impuestas, se dispuso el decomiso de las notebooks, tablets y celulares secuestrados.

La causa

La investigación realizada por la UDEC se originó a partir de dos denuncias radicadas por estafas telefónicas, en donde las víctimas fueron contactadas e informadas de que habían ganado premios, solicitándoles el pago de sumas de dinero para gestiones administrativas. Engañados, realizaron transferencias bancarias sin recibir nada a cambio, lo cual les generó perjuicio económico.

Del entrecruzamiento de datos se pudo identificar que dos hombres, detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia de Jujuy, eran quienes realizaban el contacto. La pareja de uno de ellos recibía el dinero en su cuenta, para luego transferir una parte del monto a una familiar del otro detenido.

El jueves 13 de octubre de 2022, por pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, fueron allanados tres domicilios particulares y la Unidad Carcelaria de la provincia vecina, secuestrándose importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, una caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Las mujeres fueron detenidas, trasladadas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia de Salta. La hermana de uno de los detenidos, que también recibía el dinero transferido por las víctimas, fue detenida posteriormente.

Imputan a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Durante la audiencia fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por el delito de exacciones ilegales a los agentes de Movilidad Ciudadana detenidos el 28 de diciembre pasado.

Durante la audiencia, el Supervisor del personal motorista y el agente examinador del municipio capitalino, fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Ambos permanecen detenidos.

El delito de exacciones ilegales se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal y se trata de un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por parte de un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la repartición pública mencionada, contando lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría. Tomado conocimiento del caso, decidieron comunicarse con el número que le habían brindado, a través del cual un agente, solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y acordando una cita en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le señaló a un compañero laboral que realizaba los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a aprobar, entregándole el denunciante una suma menor: 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados y detenidos.

Allanan el canchón municipal y detienen a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Se trata del Supervisor del personal motorista y un agente examinador. Fueron denunciados por aprobar exámenes para la obtención de licencias de conducir a cambio de dinero. Interviene la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta tarde se realizó un procedimiento en el que fueron detenidos dos empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio había solicitado al Juzgado de Garantías de turno el allanamiento de una vivienda en barrio Alto La Viña, una en barrio Santa Cecilia y en el canchón municipal de calle Artigas, en donde fueron secuestrados elementos de interés para la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la Secretaría de Movilidad Ciudadana y, tras contar lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría, se comunicaron con el número que le habían brindado. Allí atendió un agente que le solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y lo citó en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le realizó señas a otro agente que realizaba los exámenes para indicarle que ése era el hombre a aprobar, quien entregó 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados como el Supervisor del personal motorista y un agente examinador. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Provincia y se espera que en las próximas horas sean imputados.

La permisionaria que actuó de mediadora en la negociación también fue citada a la Unidad Fiscal.

Monasterio San Bernardo : Una Unidad Fiscal continuará las investigaciones

Frente a la inhibición planteada por la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por el fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a fin de que ejerzan de manera conjunta la representación del Ministerio Público Fiscal,  dando continuidad a la investigación de hechos denunciados, vinculados a la administración del Monasterio San Bernardo. 

Obedece a tal resolución, la inhibición formulada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dependencia que venía actuando en la investigación.

Detienen al dueño de una supuesta concesionaria de autos

El hombre fue detenido en un operativo encabezado por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de una investigación por estafas en la compra de vehículos a una empresa denominada L&A Automotores.

En el marco de una investigación encabezada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas en la compra de vehículos, un hombre fue detenido y fueron allanados un domicilio en barrio Palermo I de la ciudad de Salta y una vivienda en barrio El Portal de Campo Quijano.

Como resultado del procedimiento, además de la detención del hombre, fueron secuestrados celulares, notebooks, dinero en efectivo, dólares falsos, contratos y documentación relacionada a la empresa L&A Automotores, un automóvil y otra documentación de interés para la causa.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia y se espera que en las próximas horas sea imputado. Además, una mujer fue citada a audiencia de imputación el próximo lunes 26 de diciembre en sede fiscal.

La causa

La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició a raíz de distintas denuncias efectuadas en la ciudad de Salta el 22/12/2020; 29/12/21; 24/06/22; 06/06/22; 04/04/22; 22/02/22 y el 11/08/22 en Campo Quijano, por distintas personas.

Las víctimas manifestaban haber visto en redes sociales avisos de una concesionaria de vehículos de nombre L&A Automotores a buen precio y en cuotas, por lo que se pusieron en contacto para adquirir automóviles o motocicletas.

Una vez en la concesionaria –que se ubicaba primero en avenida Belgrano 1078 y luego en Córdoba 255-, los damnificados pactaban con el gerente la adquisición de un vehículo que sería entregado a los 60 o 90 días, previo pago total o parcial, mediante transferencia bancaria o en efectivo.

Cumplido el plazo de entrega y sin que esta se produjera, las víctimas solicitaban la restitución del dinero, sin obtener respuesta positiva, por lo que radicaron denuncias penales.

Los investigadores de la UDEC determinaron que el número de CUIL brindado a los damnificados no correspondía a la concesionaria L&A Automotores, sino que se encuentra asociado al detenido. Además, que esta persona era quien se presentaba como dueño y gerente de la empresa, atendía y asesoraba a sus desprevenidas víctimas, y vendía planes de automóviles y motocicletas 0KM, generando a tal fin carpetas con contratos otorgándole gran credibilidad a la empresa. Es así como las víctimas hacían entrega de cuantiosas sumas de dinero, en efectivo y mediante transferencias bancarias a cuentas registradas a nombre del investigado, con la promesa de obtener un vehículo 0KM, aclarando que dicha concesionaria también recibía vehículos en consignación.

En el caso de la denuncia radicada en Campo Quijano, la víctima aseguró que se contactó con una mujer que era promotora de la L&A Automotores, firmando un acuerdo para la adquisición de un automóvil por la suma aproximada de $1.200.000, haciendo entrega de la suma de $50.000 como primer anticipo a la empleada. Luego, transfirió a una cuenta a nombre del ahora detenido, 200 mil pesos y luego entregó a la promotora en la concesionaria, 150 mil pesos. Tras varios meses de espera y sin que le entregaran el bien adquirido, la mujer denunció lo sucedido.

Financiera ilegal: Amplían la imputación a 22 involucrados en la causa Ríos y Asociados

Los implicados son parte de los 29 imputados por la falsa financiera que operaba en Salta y que estafó a más de 700 personas, en su mayoría, personal policial de menor jerarquía.  La fiscal interviniente insisitirá en su reclamo para que se revoque la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a quince involucrados.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio inició la ampliación de imputaciones en las que se ratifica el delito de asociación ilícita por más de 700  estafas, para 22 de los 29 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados.  Se suma además, un nuevo imputado que reviste en la fuerza policial, a quien se lo imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad.  

En la audiencia de hoy,  Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Párraga, quienes tuvieron un papel significativo en la estafa y comparten el mismo abogado defensor Luis Díaz Zabalaga, se abstuvieron de declarar. Las 19 personas restantes, serán citadas en el transcurso de la semana.

Reclamo

Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio manifestó su intención de dar continuidad en instancias superiores el reclamo correspondiente a la decisión del juez Pablo Arancibia, de la Sala 2 del Tribunal de impugnación, de otorgar la libertad domiciliaria a 15 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, considerando que no se realizó una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, representando un serio riesgo procesal para la causa. 

Destacó que el beneficio, fue tomado sin tener en cuenta la gravedad del delito imputado, ni los riesgos procesales que podrían traer aparejados la libertad no solo de Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadoras de la falsa financiera, sino también del resto de los imputados. 

Cabe destacar también que los abogados patrocinantes de las víctimas de estafa, se encuentran solicitando que se les revoque la prisión domiciliaria a las personas beneficiadas 

La causa

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

En la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.

Probation para la presidenta de la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril”

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, la había imputado por estafas reiteradas. Devolverá a las víctimas 190.000 pesos y deberá cumplir reglas de conducta.

El Juzgado de Garantías 1 concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) a Valentina del Pilar Ontiveros Díaz y Rebeca Denise Alfaro Berral, imputadas por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por el delito de estafas reiteradas (7 hechos) en concurso real.

Como parte del acuerdo alcanzado, Ontiveros Díaz y Alfaro Berral deberán cumplir durante un año reglas de conducta y devolver 190.000 pesos a las víctimas.

La intervención de la UDEC inició a raíz de las denuncias radicadas por varias mujeres que conformaban la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y que solicitaron un préstamo de 1.000.000 de pesos a la Fundación Pro Mujer, que debían devolver en cuatro cuotas de 300 mil pesos. Luego, cinco de las mujeres, solicitaron un nuevo préstamo de 121 mil pesos.

Las encargadas de juntar el dinero y realizar los pagos mensuales a la Fundación Pro Mujer eran Ontiveros Díaz, presidenta de la asociación comunal, y Alfaro Berral, que también es una de las solicitantes del crédito. El pago del dinero debía realizarse hasta el 24 de cada mes vía transferencia bancaria.

El 25 de septiembre de 2022, una de las víctimas detectó irregularidades, por lo que concurrieron a la Fundación Pro Mujer para conocer el estado de situación. Allí les informaron que sólo se habían realizado pagos parciales de las cuotas.

Los investigadores del Gabinete Económico de la UDEC pudieron determinar que las sumas de dinero habían sido depositadas en las cuentas de la presidenta de la comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y luego desviados a otras cuentas.

El 19 de octubre pasado, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado al Juzgado de Garantías 1, el allanamiento y secuestro de distintos elementos de las viviendas de la presidenta de la asociación y de su pareja, el congelamiento de las cuentas bancarias y la detención de las dos mujeres.

La UDEC fue notificada formalmente sobre la suspensión del juicio contra el ex intendente Manuel Cornejo

Respondió a un pedido de la defensa. Junto a la exsecretaria de hacienda del Municipio de Campo Quijano están acusados de peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, recibió formalmente la notificación de suspensión del juicio oral y público que debía dar inicio el 21 de diciembre, en la causa que se sigue contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez. 

La medida, obedece al pedido de la defensa del ex intendente de Campo Quijano que argumentó  resultaría imposible que las partes cuenten con las conclusiones técnicas de los peritos para dicha fecha, alegando haber tomado posesión tardíamente por razones de salud, pese a no existir impedimento para que dicho informe fuere incorporado durante el curso del debate.

El juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, ordenó suspender el inicio de la audiencia de debate hasta tanto se fije nueva fecha, manteniendo la habilitación de la causa para su tramitación durante la feria iudicial ordinaria del mes de enero de 2023.

Manuel Cornejo exintendente de Campo Quijano, está imputado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. Por su parte, Carmen Rosa Méndez, exsecretaria de Hacienda de ese municipio, está acusada como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

A consideración de la fiscalía actuante, tanto Cornejo como Méndez  desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos, de los que se apropiaron y que les correspondía administrar, con abuso del poder de Cornejo en disponibilidad que le fuera otorgado en razón de su cargo y con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.