María Fernanda Quinteros

Colonia Santa Rosa: detienen a un motochorro

Un hombre fue detenido e imputado por un hecho ocurrido días atrás, cuando en compañía de otra persona, sustrajo un celular a una menor de edad, intimidándola con un cuchillo. Luego se dieron a la fuga en una motocicleta.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa, imputó a Jesús Armando Paz, «Kiriku», como autor del delito de robo calificado por el uso de arma en perjuicio de una menor de edad.

La adolescente se encontraba sentada afuera de su domicilio en Colonia Santa Rosa, cuando dos hombres, intimidándola con un cuchillo, le sustrajeron un teléfono celular y se dieron a la fuga en una motocicleta.

Los padres realizaron la denuncia y aportaron datos para la investigación. Tras ser identificados los delincuentes, se detuvo a uno de ellos en la zona y se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Piden la elevación a juicio contra un hombre que privó de su libertad a una mujer y sus dos hijos

El fiscal Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, había imputado en enero pasado a Marcelo Sánchez por privar de la libertad a su pareja y a dos menores de edad.

El fiscal Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías N°2 la elevación a juicio contra Marcelo Sánchez, acusado de privación ilegítima de la libertad de una mujer y de dos menores, coacción agravada y lesiones en perspectiva de género en concurso real.

El fiscal Cazón realizó el requerimiento de juicio tomando en cuenta la existencia de elementos de prueba suficientes y la declaración de la propia víctima, que ya se encuentra en Buenos Aires.

La investigación se inició a partir de un oficio enviado a la Fiscalía por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1 del distrito judicial Tartagal, a cargo de la jueza Carmen Juliá, quien había recibido un oficio de Buenos Aires –a través del Distrito Judicial Centro- por el que se buscaba a la víctima.

En efecto, en noviembre de 2020, la madre de la mujer, desde Buenos Aires, denunció que su hija se encontraba en la ciudad de Salvador Mazza en contra de su voluntad e incomunicada por su pareja.

Los hechos

De acuerdo a lo narrado por la víctima, conoció a Sánchez en Buenos Aires en 2017 e iniciaron una relación, fruto de la cual tuvieron un hijo. En esa ciudad comenzaron a vivir episodios violentos y bajo amenazas, la obligó a trasladarse a la ciudad de Salvador Mazza, donde residía una hermana del acusado.

Ya en la ciudad del Norte salteño, la mujer contó que su pareja la mantenía encerrada, sin posibilidad de comunicarse y ejercía violencia física, sexual y psicológica sobre ella.

En un descuido de su captor, la víctima pudo enviar un mensaje de WhatsApp a su madre en Buenos Aires y pedir ayuda, quien radicó la denuncia que llevó al fiscal Cazón a investigar el caso, logrando detener al acusado y poner a resguardo a la mujer y a sus hijos.

Sánchez se encuentra detenido en Tartagal.

Advierten por el crecimiento exponencial del juego clandestino

Bingos y lotas virtuales están prohibidos, pero proliferaron en forma exponencial desde el inicio de la pandemia. El Ente Regulador del Juego de Azar radicó nuevas denuncias por juego ilegal en Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, Campo Quijano, Tartagal, Orán y Pichanal, e insiste en el enorme perjuicio que generan la ilegalidad y consecuente evasión fiscal, a las entidades de bien público.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió nuevamente al vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Adrián Amén, quien informó que sigue siendo alarmante el avance del juego ilegal, especialmente virtual. Es que la oferta de juegos online se incrementó a partir del primer aislamiento obligatorio determinado por la pandemia y se mantuvo en franco crecimiento desde entonces. En ese marco, Enreja insistió en la necesidad de que funcione la Fiscalía de Ciberdelitos –cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre de 2019-, porque la especialización, descomprimiría al resto de fiscalías que investigan distintos delitos e imprimiría mayor celeridad a las investigaciones.

Amén también consideró urgente que se otorgue la atención y tratamiento que merece la problemática, porque la tarea de ENREJA y las reiteradas denuncias formales ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos y fiscalías de toda la provincia, son insuficientes para frenar los delitos. Especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica. En el mismo sentido, el funcionario instó a los usuarios de juegos virtuales clandestinos, a denunciar formalmente las estafas de las cuales son víctimas porque a través de ENREJA, informaron que muchos organizadores de bingos y lotas virtuales, no entregan los premios promocionados, otorgan otros de menor valor o lo hacen discrecionalmente a personas conocidas.

Amén insistió en el perjuicio al estado Provincial, pero especialmente a entidades de bien público porque apuestas y juegos online no autorizados, no tributan aquí. “Se llevan el dinero de todos los salteños” afirmó el Vicepresidente de En.Re.J.A, al ratificar que no pagan canon ni tributo alguno, cuando la ley establece que la recaudación tiene como fin desarrollar acciones preventivas de la adicción al juego y para programas sociales y educativos.

“El Ente actuará muy rápidamente en tratar de erradicar el juego ilegal, a través de las facultades que otorga la Ley Provincial Nº 7.020 y requerimos de la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para dar la baja de dominios de páginas en las que apuestan los salteños”, precisó el funcionario, al tiempo que destacó la necesidad de concretar un próximo encuentro en el MPF con el Procurador y fiscales de los Distritos con mayor incidencia de juego ilegal, pero esta vez, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y el Jefe de Policía de la Provincia, con el objetivo de aunar esfuerzos en torno a la problemática.

El juego clandestino es un delito

En 2017, el juego clandestino dejó de ser una contravención y por imperio de la reforma que se hizo a la Ley de Ganancias al introducir el artículo 301 bis al Código Penal, quedó establecido como delito. La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

El Ente Regulador del Juego de Azar de la Provincia de Salta es la entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta que regula el juego de azar en todas sus formas, es decir las pautas, procedimientos y condiciones de su explotación y administración.

En el encuentro también participó la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

San Lorenzo: Cuatro acusados de un homicidio

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con los acusados y resultó lesionado con un arma blanca. Falleció antes de ser asistido. Uno de los acusados fue detenido en El Quebrachal y será imputado en las próximas horas.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, investiga el homicidio de César Emanuel Cruz, ocurrido durante la madrugada del pasado sábado en barrio San José de la localidad de San Lorenzo.

De las primeras tareas desplegadas, pudo establecerse que la víctima se encontraba de visita en el lugar y que mientras compartía bebidas alcohólicas con otras personas, surgió una gresca y fue herido con un arma blanca, lo que provocó su muerte en forma casi inmediata por shock hipovolémico.

Se logró identificar a cuatro personas como involucradas en el hecho, dos de las cuales son hijos de la actual pareja de la víctima.

Este lunes se imputó a Gastón Hugo González, Santiago Ariel González y Diego Pascual Tévez como autores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y se abstuvieron de declarar.

En tanto, Cristian Nahuel González, detenido en la localidad de El Quebrachal, será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Salta para la audiencia de imputación.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género repudia la violencia de género e institucional ejercida sobre una docente de la UNSa

Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresan su repudio a la violencia ejercida por el profesor Facundo González contra la docente Ana Echenique en una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades  de la Universidad Nacional de Salta, al emplear el término “orgasmo” para referir al placer sexual que supuestamente le generaba a la docente la posibilidad de que él manifestante cesara en su cargo. Asimismo, instan a la Universidad Nacional de Salta a adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la Ley Nacional 26.485, Ley Provincial 7888 y Tratados ccs.

La declaración del profesor se produjo en el marco de una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el 23 de abril de 2019. Con esta conducta ha conculcado los Derechos Humanos, de las Mujeres y ha desacatado abiertamente la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485), como también la ley local Nº 7888; justificando con ello la intervención del Juzgado de Violencia de Género que ha acogido favorablemente el reclamo de la docente.

En efecto, ambas legislaciones abordan la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”). Esto implica que se entiende la violencia hacia las mujeres como una problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos esenciales de estas leyes se encuentra la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Como es sabido, la legislación vigente establece diferentes tipos de violencia y modalidades. Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es precisamente lo que sucedió con este caso cuando a la violencia verbal inicial le sucedió la violencia institucional como resultado de más de dos años de demoras en la emisión de la Resolución por parte del Decanato de la Facultad de Humanidades; tal como lo ha expuesto claramente la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta que también se ha expedido en este caso.

Por ello, repudiamos las violencias ejercidas y manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que esa Casa de Altos Estudios no brinde la adecuada respuesta a la denuncia realizada, cuando se espera de ella no sólo la excelencia académica sino también los más altos niveles de resguardo de los derechos de las personas que integran su comunidad, en una provincia como la nuestra,  tan severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país.  

Por otra parte, este Comité entiende que la demora y revictimización de la docente, trasciende su situación personal, ya que el mensaje que hoy la Universidad brinda a la comunidad universitaria y especialmente al estudiantado, contradice aquello que debería ser objetivo fundamental de una institución formadora de futuras y futuros profesionales: la búsqueda y creación de políticas institucionales que reviertan el impacto negativo sobre las trayectorias académicas y laborales que causan los significados culturales asociados a la feminidad y la masculinidad y la desnaturalización de los micromachismos y estereotipos; así como la discriminación hacia quienes integran el colectivo LGTTTBIQNB+. En cambio, debería ser objetivo primordial, -especialmente cuando hablamos de la Facultad de Humanidades-, el aporte a la transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional y la dinámica institucional.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, y de que resta aún que el Consejo Superior resuelva la impugnación a la Resolución de la Facultad de Humanidades, presentada por la denunciante, este Comité no puede dejar de exhortar a la Universidad Nacional de Salta a que:

a) Se intensifiquen las acciones para la puesta en funcionamiento de la Comisión de atención de los casos de violencia prevista en el protocolo que ya está aprobado (dado que lo que se hizo hasta aquí es claramente ineficiente).

b) Se disponga el sumario correspondiente, teniendo en cuenta el enfoque de género que el caso amerita.

c) Se implementen las acciones necesarias para dirimir las responsabilidades institucionales de las autoridades que produjeron la situación de violencia institucional al omitir o dilatar la toma de medidas en resguardo de la víctima.

d) Se tomen las medidas necesarias para evitar la persistencia o nueva manifestación de violencia sobre la denunciante.

e) Se otorgue adecuado tratamiento a las situaciones de  violencia y acoso  que ocurran en el ámbito laboral desde la perspectiva de género y diversidad y con acciones concretas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia a razón de género, de conformidad al Convenio 190 y la Recomendación 206 ratificados por nuestro país a través de la ley nacional 27.580, el 15 de diciembre de 2020.

f) Se instrumenten propuestas pedagógicas de sensibilización y formación en género y violencia por motivos de género y diversidad, a todo el personal dependiente de dicha institución de conformidad a la Ley 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado.

El pronunciamiento fue acompañado por la mayoría de integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal.

Instan a una mediación por la ocupación de tierras en La Moraleja

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, interviene en la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada el miércoles 26 de mayo por el apoderado de la firma Tentrio S.A, que administra Finca La Moraleja, por la ocupación de terrenos en la zona. Se estima que entre 800 y 1000 personas permanecen en el predio. La mediación penal se realizará en breve.

De acuerdo a la denuncia, ese día empleados de La Moraleja observaron a quince personas, que realizaban limpieza, quema de basura y cavaban pozos, aparentemente con intenciones de asentarse. El predio en cuestión es un terreno de aproximadamente 50 hectáreas, sin perimetrar ni iluminación, con acceso por distintos caminos alternativos y sendas peatonales. El río del Valle limita con uno de los sectores. La misma noche se verificó la presencia de unas doscientas personas, entre varones mujeres y niños, de las cuales algunas se retiraron.

La fiscala solicitó a la jueza de Garantías de 1ra. Nominación de Joaquín V. González, Patricia Rahmer, la  prohibición de ingreso y medida de innovar, las cuales fueron otorgadas por la magistrada y se mantienen vigentes.

Según consta en las actuaciones, la madrugada del 27 de mayo, concurrió al terreno usurpado el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi junto al representante legal del municipio y el apoderado de la empresa, para solicitar que se retiren. En ese marco, a las 5:30 de la mañana, un grupo de 50 personas se negó a abandonar el lugar y comenzó a insultar y arrojar elementos contundentes hacia los efectivos. Uno de ellos, resultó con cortes en la cara.

A las 8, empezaron a regresar más personas, y sumaron unas 150. La fiscala convocó al Intendente, al apoderado de la empresa y a representantes de la toma, para la mediación penal prevista en la Delegación Penal Las Lajitas para esa misma tarde. Dicha audiencia no pudo concretarse por razones de salud de la mediadora. La nueva convocatoria será informada en breve, apenas se disponga el reemplazo de la funcionaria oportunamente designada.

Fuera de esa mediación formal convocada, cuatro delegadas del asentamiento fueron citadas al domicilio del intendente esa misma tarde y según las mujeres, les habría aconsejado que reunieran a más personas para el asentamiento irregular. Hacia las 20, ya había unas ochocientas personas en el predio, entre varones, mujeres con niños en brazos y adultos mayores.

También consta en las actuaciones que desde el inicio de la toma, estuvieron los candidatos a concejales Milagros Córdoba, Moro Ledesma, Kike Castillo y Coquena Ledesma.

En las mismas actuaciones surgió que la noche del sábado 29, llegaron al predio usurpado el diputado provincial Marcelo Paz y el senador provincial Marcelo García, donde se reunieron con las familias asentadas.

A todo esto, el apoderado de la firma, amplió la denuncia por la ocupación en un segundo terreno de la finca, y dejó constancia que parte de las tierras fueron donadas oportunamente al municipio de Las Lajitas, con destino habitacional.

Ante la creciente cantidad de personas asentadas y distintos hechos de violencia registrados especialmente el fin de semana, García Pisacic solicitó al Ministerio de Seguridad de la Provincia en dos oportunidades, que en carácter de muy urgente, dote de recursos humanos y materiales a la dependencia policial de la zona para tareas preventivas, al tiempo que ratificó que primará la mediación por sobre un pedido de desalojo.

Tartagal: condenado por amenazar y lesionar a otro hombre

El acusado recibió una condena en juicio abreviado por un hecho ocurrido en abril de este año, cuando lesionó a otro hombre que no aceptaba pelear con él y le profirió amenazas. Deberá cumplir reglas de conducta.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Eduardo Sebastián Frías, acusado de los delitos de lesiones leves y amenazas con arma en perjuicio de otro hombre.

El hecho juzgado ocurrió el pasado 20 de abril en calle Warnes al final de esa ciudad, cuando el acusado persiguió al damnificado y lo invitaba a pelear. Ante la negativa de iniciar una gresca, con un cuchillo le produjo lesiones en una de sus piernas, mientras profería amenazas contra su vida.

El juez Anastacio Vázquez Sgardelis, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 1 año de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

Hipólito Yrigoyen: intentaron robar amenazando con un machete

Dos jóvenes están acusados de un hecho delictivo ocurrido días atrás en la localidad, cuando portando un arma blanca, impidieron que una vecina ingrese a su propiedad con su vehículo y le exigían dinero. La mujer comenzó a tocar bocina y la llega de vecinos, los puso en fuga. Uno es menor de edad.

La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Lucas Joel Tapia de 19 años como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma y por la participación de un menor en perjuicio de una vecina de la ciudad de Hipólito Yrigoyen y también imputó a un menor de edad que lo acompañaba como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma.

La vecina regresaba en auto por la noche a su casa, cuando fue interceptada por los acusados, quienes portando un machete, impidieron el ingreso. Hacían ademanes con el arma y le exigían la entrega de dinero. La mujer comenzó a tocar bocina, lo que provocó la salida de los vecinos, que pusieron en fuga a los delincuentes.

Gral Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos del hospital Castellanos

Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto para los cinco profesionales de la Salud, imputados tras la muerte de bebé en junio de 2015.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

El pasado viernes se finalizó con la ronda de testimoniales y declararon dos de los imputados, dando su versión de los hechos. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, para dar lugar a los alegatos de las partes, las últimas palabras de los acusados y conocer el veredicto.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.

El vehículo de Sánchez fue visto la última vez en la zona de La Pedrera

El seguimiento a través de las cámaras permitió verificar que la última imagen del automóvil Renault Scénic Sportway color gris, conducido por Leonardo Nicolás Sánchez de 88 años, fue vista en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La Fiscalía solicita colaboración para dar con el paradero del hombre, quien falta de su hogar desde la tarde del viernes 21 de mayo, cuando salió desde su domicilio ubicado en la zona centro.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, investiga la desaparición de Leonardo Nicolás Sánchez de 88 años, ocurrida el pasado 21 de mayo por la tarde.

Imagen ilustrativa Renault Scénic Sportway

De las diversas medidas ordenadas, la del seguimiento de cámaras permitió ver por última vez el automóvil marca Renault Scénic Sportway, (color gris, dominio IUW- 523 y con un portaequipaje metálico negro en la parte superior), en la zona de la rotonda de barrio Solidaridad y con dirección hacia la zona conocida como “La Pedrera”, desde donde se puede conectar con distintos destinos hacia el sur de la provincia tales como Coronel Moldes y Cafayate; y hacia la Ruta Nacional 9, entre otros.

Sánchez es de contextura delgada, tez morena, de 1,70 metros de altura aproximadamente, cabello canoso, ojos color marrón oscuro, y al momento del extravío vestía camisa oscura, pullover marrón escote en V, campera color verde y pantalón color gris oscuro.

La denuncia fue radicada por la hija del adulto mayor, al detectar la ausencia de su padre y del automóvil. Llevaba consigo su DNI.

Se activaron los protocolos de búsqueda y desde el principio, se dispuso el trabajo del Grupo Investigativo del Sector 5 B para el cumplimiento de las distintas medidas tendientes a dar con su paradero.

La Fiscalía solicitó la colaboración a la comunidad y pidió que ante cualquier información sobre su ubicación, se comunique al Sistema de Emergencias 9-1-1, al Grupo Investigativo del Sector 5 B – Tel. 387-5806346, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.