María Fernanda Quinteros

Orán: declaró la víctima de tentativa de femicidio

Al reanudarse la audiencia de debate contra Sergio Ariel Torres por el intento de homicidio calificado de su pareja, se escuchó el testimonio de la mujer damnificada y se fijó que los alegatos se lleven a cabo el próximo lunes 2 de agosto.

Foto Poder Judicial

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Claudia Carreras, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, en la causa seguida contra Sergio Ariel Torres, de 41 años, por el intento de homicidio de su pareja, ocurrido en 2020.

Este martes, al reanudarse la audiencia, sin la presencia del imputado en la sala, se recibió la declaración de la víctima y se reprodujo la declaración filmada que se obtuvo cuando estuvo internada en 2020.

El juez Aldo Primucci ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de agosto para dar lugar a los alegatos de las partes y lectura del veredicto.

Torres está imputado por la comisión de los delitos de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa y en concurso real, y de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia en concurso real.

Según consta en las actuaciones, la víctima fue atacada el 26 de abril de 2020 por Torres, quien era su pareja desde hacía dos meses. Sergio Daniel Torres le arrojó combustible y prendió fuego cuando se dirigía hacia un almacén. La mujer pudo trasladarse a la casa de un familiar, desde donde junto a una amiga, llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue asistida en el hospital local hasta el 30 de abril, cuando fue derivada al hospital San Bernardo, porque se agravaron las lesiones sufridas en torso, brazos y cara.

En primera instancia, la víctima no quiso denunciarlo, pero cuando fue derivada a la capital salteña reveló el nombre del atacante.

La investigación inició en la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, a cargo de María Soledad Filtrín Cuezzo y fue derivada luego, cuando la acusación se convirtió en tentativa de femicidio.

Salvador Mazza: es juzgado por el femicidio de su pareja

Un hombre es juzgado por la muerte de quien fuera su pareja. La madrugada del 1 de junio de 2020, la golpeó con los puños en la cabeza y provocó su muerte. Este martes declaró un testigo que aportó importantes datos sobre lo acontecido aquel día.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Casiano Choque Carrillo, de 45 años, por la comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), previsto en el Art. 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, en grado de autor y en perjuicio de su pareja.

Plácida Meléndez Ilafaya, de 42 años, residía en Salvador Mazza y mantenía una relación de pareja con el acusado, aunque vivían en domicilios separados. El 31 de mayo de 2020, la mujer visitó al imputado y durante la madrugada del 1 de junio, discutieron violentamente y el hombre la golpeó en la cabeza. Posteriormente, Meléndez Ilafaya se retiró del domicilio de su pareja y sufrió una caída en la vía pública, la cual fue advertida por otros testigos, quienes se dirigieron al domicilio de la pareja de la víctima para avisarle.

Choque Carrillo, acompañado por vecinos, trasladó a la mujer a su lugar de residencia y se retiró. Regresó luego y la encontró sin vida y sobre la cama. El resultado de la autopsia indica que la muerte fue causada por hemorragia subdural, producida por cuatro golpes a la altura de la cabeza.

Durante la jornada de este lunes se leyó la requisitoria fiscal y el acusado se abstuvo de declarar. Este martes, entre los testigos citados, declaró un vecino de Salvador Mazza que escuchó cuando la pareja discutía y aportó importante información del suceso.

La audiencia está presidida por la jueza Soledad Rodríguez y está previsto que finalice el próximo jueves 29.

Caso Gine: los alegatos serán el próximo lunes 2

Para la última jornada de testimoniales se prevé la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y otros presentados por las partes y el Tribunal determinó que los alegatos se producirán el próximo lunes 2 de agosto al mediodía.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representa al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Agustín Morales por el delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género en perjuicio de María Leonor Gine, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia y contra Federico Detzel y Tania Rocío Aguirre por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia y en forma subsidiaria, por el delito de encubrimiento agravado.

Durante la séptima jornada de la audiencia de debate, declararon médicos psiquiatras y psicólogos del CIF y otros profesionales convocados por las partes, quienes se refirieron a informes que elaboraron sobre los imputados.

Para la última jornada de testimoniales se encuentran citados peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y otros de parte.

El Tribunal, integrado por los jueces Gabriela González, Carolina Sanguedolce y Pablo Farah, fijó el próximo lunes 2 de agosto como la fecha para que se lleven a cabo los alegatos de las partes y se conozca el veredicto para los tres acusados.

Dos nuevos detenidos por el homicidio de Mariano Núñez

La minuciosa tarea de los investigadores del CIF, permitió que se produzca la detención de dos personas que se encontraban prófugas y que están vinculadas con el homicidio calificado ocurrido el pasado 11 de julio en inmediaciones de villa Juanita. Serán imputadas en las próximas horas.

En el marco de la investigación que se lleva adelante en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas por el homicidio de Mariano Omar Núñez, y por el que ya se encuentra una persona detenida e imputada, los investigadores del CIF desplegaron distintas tareas que permitieron identificar a otras personas vinculadas al hecho.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención para los domicilios de los sospechosos.

Bajo su dirección, los investigadores dieron cumplimiento a la medida en distintos domicilios y en “la laguna”, un lugar que es frecuentado por personas que padecen adicciones. Como resultado, se logró la detención de dos personas que tuvieron una activa participación en el hecho.

Cabe recordar que ya se encuentra detenido e imputado Franco Ariel Chaves, alias “Puli”, de 23 años, como autor del delito de homicidio calificado por la alevosía, en perjuicio de Mariano Omar Núñez.

La audiencia de imputación de estas dos personas se concretará en las próximas horas.

Salteño detenido por grooming en perjuicio de una menor que reside en el exterior

Investigadores del CIF lograron la identificación de un hombre que desde Salta, amenazaba a una menor de edad, que reside en Noruega, con publicar fotos íntimas si no cumplía sus pedidos. La investigación es dirigida por el fiscal penal Sergio Federico Obeid y en un allanamiento realizado en la zona Oeste de la ciudad, se produjo su detención y el secuestro de material de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por los padres de la menor, que se oriunda de Chile y reside en Noruega, donde dan cuenta que su hija es víctima de un hombre mayor de edad, que reside en Salta y que la amenaza con publicar fotos de carácter íntimo en caso de que ella no cumpla con pedidos que le realiza.

Las tareas investigativas desplegadas por los investigadores del CIF con la colaboración de la División Prevención de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la Provincia, a cargo de la comisario Diana Guzmán, permitieron individualizar al acusado.

Con los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, solicitó al Juzgado de Garantías 4, orden de allanamiento y detención en el domicilio del sospechoso.

Cumplida la medida en un domicilio de barrio San Rafael, en la zona Oeste de la ciudad de Salta, el acusado fue detenido y será imputado en las próximas horas por el delito de grooming.

Tartagal: esclarecen millonario robo a un comerciante

El hecho ocurrió el pasado 6 de julio, cuando el empresario fue sorprendido por los acusados, quienes simulando ser personal de Gendarmería, lo detuvieron en la ruta y le sustrajeron una suma cercana a cinco millones de pesos y documentación del vehículo en el que se desplazaba desde la ciudad de Salvador Mazza, hacia Tartagal. Son seis hombres y dos mujeres los imputados.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó a Luis Yapura, María Eugenia Castro, Cristian García, Franco Bustamante, Emilse Cisneros, Gabriel Armando Cisneros, Cristian Eduardo Fernández y Darío Dante Rivero, como coautores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego en perjuicio de un empresario de esa ciudad.

El pasado 6 de julio, el damnificado junto a otra persona, regresaba a la ciudad de Tartagal desde Salvador Mazza en su camioneta, cuando fueron sorprendidos por un supuesto control sobre la ruta nacional 34, donde personas que simulaban ser gendarmes, los hicieron descender del vehículo, los maniataron y sustrajeron una suma cercana a cinco millones de pesos, que iban a ser depositados. También se llevaron la documentación del vehículo y otras pertenencias.

Por los datos aportados por los damnificados y las tareas desplegadas por personal de la Brigada de Investigaciones, se logró identificar a dos mujeres y seis hombres como los involucrados en el violento hecho.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Medina solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención para distintos domicilios vinculados a los investigados.

En el cumplimiento de las medidas, se detuvo a los acusados y se logró secuestrar elementos de interés para la causa.

Desde la Fiscalía se solicitó oportunamente al Juzgado de Garantías 1 en feria, que se mantenga la detención de los ocho imputados.

Últimos testimonios en el juicio por el femicidio de María Leonor Gine

La audiencia de debate que se lleva adelante por el homicidio de María Leonor Gine se encuentra en sus instancias finales. El Tribunal de la Sala III de Juicio recibe a los últimos testigos citados por las partes y se espera que el próximo viernes se produzcan los alegatos y se conozca el veredicto para los tres acusados.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representa al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Agustín Morales por el delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género en perjuicio de María Leonor Gine, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia y contra Federico Detzel y Tania Rocío Aguirre por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia y en forma subsidiaria, por el delito de encubrimiento agravado.

Durante la sexta jornada del juicio, prestaron declaración ante los jueces Gabriela González, Carolina Sanguedolce y Pablo Farah, un amigo del imputado Morales, un exadministrador del edificio donde vivía la víctima, un religioso que se desempeñaba en un centro de rehabilitación donde concurrieron dos de los acusados, médicos y otros.

Para la penúltima jornada de testimoniales se prevé la declaración de una psiquiatra y una psicóloga del CIF que participaron durante la investigación y otros profesionales propuestos por las partes.

Según lo fijado por el Tribunal, se prevé que la jornada de alegatos y lectura de veredicto sea el próximo viernes 30.

Abuso eclesiástico: Recurren a la Corte Suprema contra el sobreseimiento del exsacerdote José Carlos Aguilera

La fiscala interina de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio, interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que deje sin efecto el  punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que desestimó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y dejó firme el sobreseimiento del exsacerdote José Carlos Aguilera.

El 16 de junio último, el Alto Tribunal local dejó firme el sobreseimiento de José Carlos Aguilera, por extinción de la acción penal por prescripción, respecto de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto, que se le sindican y por el que se ordenó su libertad.

Salinas Odorisio interpuso el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, en contra del punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta mediante el cual, -por el voto de la mayoría-, se desestimó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Es que según la Corte de Justicia de Salta, casos como el de Aguilera, fueron tratados en los precedentes Galaverna, de 2019 y Chinque, de 2021. La Corte también entendió que en el caso Aguilera no se configuró “una situación de gravedad institucional”. Así, dejó firme y de manera irrevocable en el ámbito local, el sobreseimiento de José Carlos Aguilera por extinción de la acción penal, por prescripción.

Aguilera fue imputado el 21 de marzo por el Fiscalía Penal UDIS N° 2,  a partir de las denuncias de dos jóvenes, menores de edad al momento de los hechos. El entonces Juez de Garantías de 5° Nominación rechazó el 12 de abril de 2019, la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Aguilera. La defensa apeló, lo que fue acogido favorablemente por el Tribunal de Impugnación el 12 de junio de 2019 y el Fiscal de Impugnación N° 3 recurrió la resolución dictada, fundando su presentación en extensos y detallados agravios. La Sala IV del Tribunal de Impugnación denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF  por considerar, entre otras cuestiones, que “no se advierte que el fallo impugnado pueda violentar directa o indirectamente algún derecho constitucional, tampoco surge que éste haya sorprendido, por arbitrario, las expectativas del recurrente, siendo que la existencia de alguno de esos extremos resulta la base misma sobre la que debe sustentarse la admisibilidad de la presentación impetrada”. El MPF interpuso queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y la Corte de Justicia, por el voto de la mayoría, la desestimó el 16 de junio de 2021.

Los hechos ocurrieron en Campo Santo, cuando los denunciantes eran menores de edad. Así, la posición de preeminencia del sacerdote como consecuencia de la especial situación de vulnerabilidad en razón de la poca edad de las víctimas y por encontrarse en formación –lo que les impide comprender la dimensión de los eventos por los que resultaron damnificados, las consecuencias de esos sucesos en la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de sus vidas-, obligan a calificarlos como una violación a los derechos humanos.

Para la comisión de los delitos endilgados, José Carlos Aguilera se valió de la influencia que detentaba sobre los damnificados porque oficiaba como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana en una Parroquia a la que concurrían los denunciantes cuando eran niños.

No es un dato menor el que los sujetos más vulnerables, es decir niños, niñas y adolescentes, gozan de una protección mayor, reconocida constitucionalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por el Estado argentino por Ley 23.849. Tratado que, en su art. 34, establece en forma expresa que los Estados Parte se comprometen a proteger a las niñas y niños contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, previendo su protección contra toda forma de violencia o perjuicio, incluido el abuso sexual. Consolidar el sobreseimiento del acusado por prescripción de la acción del pronunciamiento de la Corte, implica que la violencia de que fueron víctimas los denunciantes se transforme en “violencia institucional”.

En su presentación, la fiscala Salinas Odorisio sostuvo que conforme a la doctrina de la Corte Federal, las cuestiones de la naturaleza de las ventiladas en este caso, son de orden público y pueden comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano, por lo que corresponde sean tratadas, aún cuando se considere que no fueron mantenidas explícitamente en la instancia extraordinaria

Es que al pronunciarse la Corte de Justicia de Salta el 16 de junio pasado, se limitó a  cuestiones estrictamente formales y otros precedentes, pero renunció a dar tratamiento al caso en particular. De esa forma, incurrió en arbitrariedad manifiesta debido a que, sin mayores fundamentos, y, tangencialmente, sin consideración en las particularidades del caso, se limitó a señalar que ya se expidió en los fallos Galaverna y Chinque, en los que declaró la prescripción de hechos que considera similares a los denunciados por las víctimas de Aguilera. Esa coyuntura configura una clara y decisiva denegación al acceso a la justicia y se decide no comprender que los hechos configuran una “grave violación a los derechos humanos de menores de edad”, y que los tribunales, en todo lo concerniente a los menores, deben atender a su “interés superior”.

 Así, los Jueces de la Corte, por mayoría, impidieron el tratamiento del fondo de la cuestión planteada. Es decir, la Corte de Justicia no atendió a los derechos constitucionales supralegales vulnerados, deteniéndose en aspectos formales, cuando se ha invocado una cuestión de índole constitucional, más la arbitrariedad de sentencia.

Eso sí fue advertido por el voto de la minoría, al sostener que “el tribunal “a quo” no debe limitarse a denegar o conceder mecánicamente el recurso de inconstitucionalidad sino que, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, debe efectuar un juicio de probabilidad sobre la afectación de principios constitucionales y entendieron que “al hallarse en juego derechos constitucionales, corresponde hacer lugar a la queja planteada”.

La fiscala también recordó que en un caso de naturaleza similar, cuando se investigaron delitos contra la integridad sexual en detrimento de menores, cometidos por el sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Justo José Ilarraz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el 7 de junio de 2018 el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Ilarraz, que solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción – por prescripción-. La Corte Federal entendió que no obraba en esa causa sentencia definitiva y habilitó la continuación del proceso contra el sacerdote.

En resumidas cuentas, el ejercicio del control de convencionalidad -que compete a todos los jueces y que evidencia que la aplicación lisa y llana de las disposiciones sobre prescripción de la acción que contenía el Código Penal, al momento en que se cometieron los hechos en perjuicio de los denunciantes-, implica una solución que traspasa el umbral de la injusticia extrema, que no puede ser avalada en un Estado constitucional.

Vale recordar que el Tribunal Colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a José Carlos Aguilera de haber cometido distintos delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.

Orán: Este martes finaliza un juicio por intento de femicidio ocurrido en plena calle

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Claudia Carreras, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, en la causa seguida contra Sergio Ariel Torres, de 41 años, por el intento de homicidio de su pareja, ocurrido en 2020.

El juez en feria, Aldo Primucci, ordenó un cuarto intermedio hasta este martes 20, a las 10. Está previsto que brinden declaración testimonial la víctima y su hermana, para dar lugar luego a los alegatos y lectura del veredicto.

Torres está imputado por la comisión de los delitos de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa y en concurso real, y de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia en concurso real.

Según consta en las actuaciones, la víctima fue atacada el 26 de abril de 2020 por Torres, quien era su pareja desde hacía dos meses. Sergio Daniel Torres le arrojó combustible y prendió fuego cuando se dirigía hacia un almacén. La mujer pudo trasladarse a la casa de un familiar, desde donde junto a una amiga, llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue asistida en el hospital local hasta el 30 de abril, cuando fue derivada al hospital San Bernardo, porque se agravaron las lesiones sufridas en torso, brazos y cara.

En primera instancia, la víctima no quiso denunciarlo, pero cuando fue derivada a la capital salteña reveló el nombre del atacante.

La investigación inició en la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, a cargo de María Soledad Filtrín Cuezzo y fue derivada luego, cuando la acusación se convirtió en tentativa de femicidio.

Detenido: entró a robar y fue captado por las cámaras de seguridad

Un hombre de 25 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado 19 de julio en avenida Mariano Moreno, en zona Sur de la ciudad de Salta, cuando junto a otra persona, ingresó a un taller de reparación de electrodomésticos y otros artefactos eléctricos y sustrajeron diversos bienes, causando daños. Las cámaras de seguridad del local fueron claves para identificar a los delincuentes. Se recuperaron algunos bienes.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Lucas Nahuel Monteros como autor del delito de robo (dos hechos) en perjuicio del propietario de un local comercial ubicado en avenida Mariano Moreno de la ciudad de Salta.

Según consta en la investigación, el pasado 19 de julio por la madrugada, el acusado ingresó al local violentando la seguridad de una puerta, sustrajo algunos bienes y se dio a la fuga. Regresó luego acompañado de otra persona y dividiéndose las tareas, ingresaron al taller y sustrajeron otros elementos de valor.

El propietario del lugar aportó las cámaras de seguridad con las que cuenta, donde quedaron registros fílmicos de lo sucedido y personal del Grupo Investigativo Sector 3B, logró individualizar a los sospechosos.

Cumplidos sendos allanamientos solicitados por Córdoba Mazuranic, se logró la detención de Monteros y el secuestro de algunos de los elementos sustraídos y otros de interés para la causa.