María Fernanda Quinteros

Rº Frontera: Se investiga un vuelco fatal

Durante la tarde de este lunes se produjo un siniestro vial con víctima fatal sobre ruta nacional 9, donde, por razones que se tratan de establecer, un automóvil volcó y su conductor falleció. El fiscal Rodríguez López se hizo presente en el lugar para coordinar el trabajo.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, investiga un siniestro vial con victima fatal que ocurrió durante la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 1409 de la ruta nacional 9.

El fiscal se hizo presente en el lugar, donde coordinó las tareas de rigor e informó que se trabaja en pericias que permitirán determinar las causas por la que el automóvil que circulaba con sentido Sur – Norte, volcó, y su ocupante, identificado como Lucas Daniel Gagino, falleció.

Tartagal: Piden juicio para un acusado de abuso sexual con acceso carnal

La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 de ese Distrito,  contra Alexis Rambert Ríos, de 26 años, imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.

La actuación de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Tartagal inició a partir de la denuncia radicada por una hermana de la víctima, una joven hipoacúsica que empezó a encerrarse a llorar y con quien el acusado había mantenido una relación personal.

Según consta en las actuaciones, la víctima fue sometida sexualmente en distintas oportunidades y en contra de su voluntad en ocasiones en las que Rambert Ríos visitaba al hermano y madre de la joven, con quienes había entablado una relación de confianza.

El imputado pidió a la denunciante que retire la denuncia en su contra, luego de que ésta fuera ratificada por escrito, por la propia la víctima.

Orán: Se investiga un homicidio en zona centro

Un hombre de 32 años falleció este lunes, luego de recibir un disparo de arma de fuego en el cráneo. El hecho ocurrió durante la noche del pasado sábado en el centro de esa ciudad.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, investiga un hecho ocurrido durante la noche del pasado sábado en las inmediaciones de calle San Martín y pasaje Joaquín Castellanos de esa ciudad, donde un hombre de 32 años resultó lesionado con un arma de fuego en la cabeza.

Fue trasladado al hospital local, donde pese a la asistencia recibida, falleció en las últimas horas.

A solicitud de la fiscal, cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se realizará la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán.

Carreras señaló que se dispuso el trabajo de personal policial para el relevamiento de testigos, de cámaras de seguridad y otras medidas que permitirán determinar las circunstancias en las que sucedió el hecho.

Imputaron a un abusador violento que estaba prófugo

La fiscala penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, imputó este domingo al hombre de 21 años que fue detenido el sábado por investigadores del CIF, en General Güemes y sobre quien pesaba un pedido de captura y detención.

Gabriel Alejandro Rodríguez Paz, de 21 años, fue imputado provisionalmente por la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con lesiones y amenazas. Contó con defensa particular y se abstuvo de declarar.

La víctima, de 22 años, denunció que la madrugada del 6 de junio de 2020, el hombre la llevó en motocicleta  hasta las inmediaciones del predio denominado “La Saltita”, en la ciudad de General Güemes, donde ella se negó a mantener relaciones sexuales y él, reaccionó brutalmente. La agredió con golpes de puño en la cara, la tomó del pelo y la arrastró, además de patearla, antes de someterla sexualmente, bajo agresiones y amenazas de muerte con un cuchillo.

Gral. Güemes: Seis imputados a juicio tras un violento enfrentamiento

Se requirió juicio para una mujer, un menor y cuatro hombres, imputados por un hecho ocurrido el pasado 14 de febrero en barrio Santa Teresita de esa ciudad. La gresca se produjo cuando dos de los acusados ingresaron con un arma de fuego a una vivienda con fines de robo.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para Eva Cristina Lazarte, Ricardo Maximiliano Vásquez, y Marcelo Alejandro Lazarte, como autores del delito de tentativa de homicidio agravado por la participación de menores en concurso real con el delito de lesiones leves agravadas por la participación de menores.

Para un menor de 17 años, se requirió juicio como autor del delito de tentativa de homicidio simple en concurso real con lesiones leves. Para el otro menor, de 15 años, se instó el sobreseimiento por inimputabilidad.

Para Diego Exequiel Margara y para Mauro Marcelo Baldiviezo por el delito de tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por cometerse en poblado y en banda en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero de este año al mediodía, en barrio Santa Teresita de la ciudad de General Güemes, cuando Baldiviezo y Margara, ingresaron al domicilio de residencia de Eva Cristina Lazarte, portando un arma de fuego y con intenciones de robo.

En esas circunstancias, fueron agredidos por la acusada, los dos menores y otros dos familiares mayores de edad, quienes les arrojaron piedras, usaron un arma hechiza tipo lanza y con un perro raza Pitbull, causándoles serias lesiones.

La Candelaria: Condenado por lesionar y abusar de una menor

Un hombre fue condenado por un hecho ocurrido el 26 de mayo de 2019 en finca La Aguadita, cuando abusó sexualmente de su cuñada menor de edad, la golpeó y la dejó abandonada en una zona descampada. El propio acusado dio aviso a la Policía, creyendo que le había quitado la vida.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Walter Manuel Salazar por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género en perjuicio de una menor de edad.

El hecho juzgado ocurrió el 26 de mayo de 2019 en finca La Aguadita, departamento de La Candelaria, cuando el acusado se presentó en una dependencia policial y confesó que había abusado sexualmente de su cuñada de 14 años, la había golpeado y la dejó abandonada en una zona despoblada, inconsciente. Se activaron los protocolos y la menor fue localizada y tras recibir las primeras atenciones, fue derivada al Hospital Público Materno Infantil.

La jueza Carolina Poma Salvadores, condenó al acusado a la pena de nueve años de prisión efectiva como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real en perjuicio de una menor de edad.

En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

El próximo viernes finaliza el juicio por Gimena Bernasar

Al reanudarse la audiencia, el próximo jueves 16, finalizará la ronda de testimoniales y según lo previsto, los alegatos y veredictos serán el próximo viernes 17. La fiscala Poma amplió la acusación contra dos de los imputados.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representa al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra José Humberto Nieva como autor material del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Gimena Sofía Bernasar; contra Pablo Maximiliano Nieva como partícipe necesario y contra Ruth Alejandra Loaiza como partícipe secundario del mismo delito.

Durante la jornada del viernes 10, declararon testigos citados por los abogados defensores y la fiscala Poma solicitó al juez Pablo Farah, ampliar la acusación contra Pablo Maximiliano Nieva y Ruth Alejandra Loaiza, añadiendo las calificaciones de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Para el próximo jueves 16 se prevé que finalice la ronda de testimoniales y los alegatos y veredicto se desarrollarán el viernes 17, según lo fijado por el Tribunal.

Detienen a un abusador violento

Bajo la dirección de la fiscala penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, los investigadores del CIF lograron este sábado, la detención de un hombre de 21 años sobre quien pesaba un pedido de captura.

El sujeto está acusado de la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con lesiones y amenazas.

La víctima, de 22 años, denunció que en junio de 2020, el hombre la llevó en motocicleta  hasta el predio denominado “La Saltita”, en la ciudad de General Güemes, donde ella se negó a mantener relaciones sexuales y él, reaccionó brutalmente. La agredió con golpes de puño en la cara, la tomó del pelo y la arrastró, además de patearla, antes de someterla sexualmente, bajo agresiones y amenazas de muerte con un cuchillo.

El detenido quedó alojado en la Comisaría de ese municipio y será imputado próximamente.

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio

El acusado, de 51 años, fue imputado por el homicidio doblemente agravado de su expareja, ocurrido el pasado domingo en la zona Oeste de la ciudad. Decidió no prestar declaración y se solicitó su prisión preventiva.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó este viernes a Melanio González como autor del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y mediar violencia de género en perjuicio de Marcelina Peloc.

El acusado, asistido por un defensor oficial, luego de conocer la acusación en su contra, decidió no prestar declaración.

La fiscala solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva de González.

Ampliaron la imputación contra un Senador por fraude, malversación e incumplimiento de deberes

La fiscala multifuero del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, María Celeste García Pisacic, amplió la imputación contra Marcelo Durval García, por la comisión de los delitos de  fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello en concurso real y en calidad de autor. Los hechos endilgados al legislador ocurrieron cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal. Se presentó esta semana con abogado particular y se abstuvo de declarar.

La fiscala García Pisacic pudo imputar a García luego de convocarlo en dos oportunidades, y tras citarlo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública, ante un nuevo caso de incomparecencia injustificada.

De acuerdo a las actuaciones y la abundante prueba colectada, Leonardo Fabián García Y Marcelo Durval García, en su carácter de funcionarios públicos, -ya que a la fecha de los hechos denunciados se desempeñaban como Intendente y Secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal-, la fiscala determinó que incumplieron en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. Así, dispusieron en forma discrecional de los recursos municipales sin observar las normas y produjeron un grave perjuicio al erario municipal. La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos.

En ese marco, el actual senador Marcelo Durval García, era quien libraba cheques sin contar con respaldo de documentación legal e impositiva que acreditara los gastos, maniobras contrarias a lo estipulado por la ley de contabilidad de la Provincia de Salta.

Sobre el delito de fraude a la administración pública imputado a Marcelo García, sostuvo que habría desarrollado tareas tendientes a privar a la administración pública de bienes de su propiedad y por el contrario, dispuso de ellos en beneficio propio y de terceros.

Tanto es así, que del análisis contable realizado surgió la utilización de dinero para solventar la campaña en época electoral. En la documentación interna que acompaña las facturas se pueden ver inscripciones tales como “Mateada Casa Lila Enrique”, “Sede”, “Elecciones Pasos 2019”, “Elecciones Pasos 2019 Tolloche” y “Sede Elecciones”…”. Es decir, se habrían desviado fondos del presupuesto municipal para fines personales y para beneficiarse y llevar a cabo actos políticos enmarcados a la campana electoral.       

Por otro lado, en 2019 Leonardo y Marcelo García contrataron de manera directa con una librería cuyo propietario era un empleado público que prestaba sus servicios en la propia municipalidad y quien resultó beneficiado con una partida presupuestaria por “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por un importe de $111.458,00 (pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y ocho). Los comprobantes adjuntos suman $95.265 (pesos noventa y cinco mil doscientos sesenta y cinco), lo cual implica que se habría abonado una suma mayor a la de la documentación de respaldo. Es decir, faltan comprobantes por un monto de $16.193 (pesos dieciséis mil ciento noventa y tres), y al realizar la consulta en AFIP, no se puede obtener la validación, porque todos los comprobantes arrojan el mismo error. Tampoco hubo procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos de oficina, dado que el importe acumulado de las facturas establece que se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación directa o abreviada.           

Por otra parte, en la partida presupuestaria “Ayuda Social a Personas”, se detectaron irregularidades tales como falta de identificación del proveedor, ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido, inconsistencia entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago y el medio de pago empleado -efectivo-, por un monto de más de medio millón de pesos ($572.150, pesos quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta).

En el caso de honorarios destinados a “Servicios Jurídicos, se pagó en efectivo y se facturó dos veces el mismo período, en marzo de 2019.

En los distintos recibos de pagos, no se consigna la firma del tesorero que los emite.

Como modus operandi para justificar los gastos realizados, la fiscala detectó que cada vez que las facturas no eran válidas o correlativas, fueron completadas todas, con una misma fecha. También se realizaron diversos pagos diferidos que comprometieron el erario municipal cuya administración correspondía a la gestión siguiente.    

Sobre el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, García Pisacic observó que todos los cheques detallados en las órdenes de pago analizadas, son de cobro diferido a partir del 10 de enero de 2020. Ello implicaba que la erogación efectiva de fondos afectaba el presupuesto 2020, cuando la gestión de Leonardo García iba a concluir en diciembre de 2019. Todos los chequees diferidos fueron firmados por el exsecretario de Hacienda y senador Marcelo Durval García.

En segundo lugar, dijo que el medio de pago utilizado infringe lo normado por la Ley N° 25345 de Anti-evasión, que establece que los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $ 1.000 (pesos un mil), o su equivalente en moneda extranjera, deberán realizarse de acuerdo a los siguientes medios: depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o débito, factura de crédito u otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo Nacional y no en efectivo, como se hizo.

Y se detectó la falta de realización del procedimiento de contrataciones, acorde a lo estipulado por la Ley de Contrataciones, como en el caso de la adquisición de más de medio millón de pesos en concepto de Ayuda Social a Personas, la que se debería haber efectuado por medio de una Licitación Pública Nacional.               

Por último, durante la gestión de los imputados en la Municipalidad, habrían recibido fondos provinciales el 1 de febrero de 2019, para la realización de una obra de agua potable en Gaona, con un anticipo de $ 316.043,58; y el 15 de mayo de ese mismo año, para la obra de red de agua potable en barrio Evita, de El Quebrachal, con un presupuesto de $ 735.222,12. A pesar de existir los extractos bancarios en la causa, las obras no se realizaron ni se justificó el destino del dinero. Todo ello, aunque el Municipio fue intimado en tres oportunidades para iniciar las obras en cuestión.

Es decir, que en su carácter de funcionarios públicos como intendente de El Quebrachal, Leonardo Fabián García y secretario de Hacienda, Marcelo Durval García y habiendo tenido a su cargo la administración y custodia de caudales públicos, no habrían dado el destino asignado al dinero en efectivo que fue depositado debidamente.

La ampliación de imputación realizada esta semana, corresponde a la imputación concretada el 11 de diciembre de 2020. La Fiscalía hizo expresa reserva de una eventual ampliación de las imputaciones.