Fueron detenidos en el marco de una investigación por la supuesta comisión de la actividad ilícita y en los allanamientos realizados, se secuestraron plantas de marihuana, dinero, sustancia vegetal disecada, elementos de fraccionamiento y armas de fuego con proyectiles. Se solicitó que permanezcan detenidos.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a dos hombres, de 40 y 28 años, como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil en concurso real y a una mujer de 33 años y a un hombre de 43 años como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Se solicitó que los acusados, tras conocer la imputación en su contra, permanezcan detenidos.
La investigación fue llevada adelante por la División de Drogas Peligrosas, al tomar conocimiento de la supuesta actividad ilícita que estarían desplegando los acusados y tras cuatro allanamientos, se produjo su detención y durante el operativo, se incautaron diversos elementos relacionados con actividades ilícitas, incluyendo plantas de marihuana, envoltorios conteniendo la sustancia vegetal desecada, instrumentos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas, dispositivos móviles, una balanza de precisión y armas de fuego con proyectiles.
El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre en paraje El Mariscal, donde un hombre de 48 perdió la vida tras recibir heridas de arma blanca.
A solicitud del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, el juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, dictó la prisión preventiva de un hombre de 51 años imputado de forma provisional como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de un hombre de 48 años.
El hecho investigado ocurrió en una vivienda de paraje El Mariscal, donde en el marco de una reunión social durante la tarde del 6 de septiembre, el acusado habría lesionado mortalmente con un arma blanca a otro hombre.
El pedido de la Fiscalía se fundamenta en el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Durante la jornada de este miércoles, declararon como testigos, vecinos de Salvador Mazza y la periodista que entrevistó a Ledesma en una emisora en la ciudad de Salta. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para que comparezca una testigo que aún no se ha presentado y para contar con el expediente físico de la justicia federal.
Al reanudarse la audiencia de debate este miércoles por la tarde, continuó la declaración del hermano de Liliana Ledesma y el Tribunal hizo lugar al pedido de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Claudia Carreras para que se realice la lectura de una denuncia realizada por el testigo en marzo de 2007 en el fuero federal. En dicha denuncia, se mencionaban amenazas que él y su familia habían recibido por parte de la familia Castedo. El testigo también comentó sobre ciertas situaciones que le hacían pensar que los acusados disfrutaban de ciertas prerrogativas con las autoridades. Respecto a la oposición de la defensa a la lectura, hizo reserva de casación.
Luego fue el turno del testigo Walter Pérez, miembro de la comisión directiva de Pequeños Productores de Salvador Mazza, quien reconoció haber viajado junto a Ledesma y otras personas a Salta para exponer la problemática de los caminos vecinales.
El testigo Víctor Ochoa, en calidad de vecino y concejal en tanto, dijo que conocía a la productora desde la época escolar y en coincidencia con el testigo anterior, refirió que desconocía sobre las supuestas amenazas o conflictos de Ledesma con los acusados.
Tras un cuarto intermedio, fue el turno de declarar vía remota de la periodista Marta César, quien entrevistó a la fallecida junto a otras personas en una emisora de radio. César relató que tuvo un encuentro con Liliana en una única ocasión, en agosto de 2006, cuando esta última visitó la emisora FM Noticias junto a Rojas. En esa ocasión, les brindó espacio para que pudieran hablar sobre el problema de los desmontes y el cierre de caminos vecinales que les afectaba. Allí, sus entrevistados mencionaron sentir temor del entonces diputado Aparicio y de los Castedo.
Relató que pudo verificar en una oportunidad que los caminos estaban cerrados por portones, a pesar de que la Municipalidad de Salvador Mazza había certificado que se trataban de caminos vecinales. Posteriormente, supo de que estos caminos fueron reabiertos gracias a la intervención de la Dirección de Inmuebles. También mencionó haber experimentado amenazas y otros incidentes después del fallecimiento de la productora. A petición de la fiscal Claudia Carreras, se reprodujo nuevamente el audio de la entrevista que había realizado oportunamente.
Finalizada la declaración, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 4 a las 17, con el propósito de obtener acceso al expediente físico que se encuentra en jurisdicción de la Justicia Federal y para garantizar la comparecencia de una testigo que se considera de gran relevancia en el caso.
El acusado mantuvo una relación de pareja con una joven, la que terminó por sus actos violentos. Ante esta situación, desplegó hechos hostiles contra la madre de su expareja y amenazó a todo el grupo familiar. Fue declarado reincidente por tercera vez.
La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia multipropósito, donde por acuerdo de juicio abreviado, un hombre de 28 años fue condenado como autor de los delitos de coacción y coacción con arma en perjuicio de la madre de su expareja.
En la denuncia, la damnificada relata que el acusado mantuvo una relación de pareja con su hija, la que finalizó por distintos hechos de violencia. A partir de allí, comenzó a comportarse hostil contra ella y el resto del grupo familiar en distintos hechos, exigiendo retomar el vínculo.
El juez Marcelo Rubio, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente por tercera vez.
El pasado mes de marzo, el acusado junto a una mujer que logró huir, asaltaron con armas a una joven que circulaba en proximidades del río Tartagal. Fue declarado reincidente por tercera vez.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Luis Alberto González como autor del delito de robo calificado por el uso de arma en perjuicio de una joven mujer.
La jueza Sandra Sánchez condenó al acusado a la pena de 5 años de prisión efectiva y lo declaró reincidente por tercera vez.
El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo sobre ruta nacional 34, cuando una joven circulaba en forma peatonal y fue interceptada por una mujer que le pidió dinero y luego, usando un cuchillo, le exigió que le entregara sus pertenencias.
Al ofrecer resistencia, la mujer tomó algo de dinero que cayó, mientras que el acusado usó un machete para agredir a la joven y pudieron huir. Personal policial logró la detención del acusado, mientras que su compañera logró fugarse con el dinero.
El hecho ocurrió el pasado 31 de agosto en barrio Solidaridad, cuando el menor de 11 años habría perdido la vida luego de ser golpeado por su progenitora.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, participó este martes de la audiencia multipropósito donde el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, debía resolver el pedido de prisión preventiva para una mujer de 41 años, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hijo de 11 años.
El juez Pablo Zerdán, haciendo lugar a la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal, dictó la prisión preventiva de la acusada, fundamentada en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la fuga.
Vecinos protagonizaron una protesta en contra de un miembro de la comunidad por la supuesta comisión de hechos ilícitos, la que incluyó daños materiales y otras situaciones que requirieron la intervención policial para restablecer el orden.
El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, informó sobre la intervención realizada durante la jornada de este martes en la localidad de Coronel Cornejo, donde se reportaron incidentes entre vecinos, donde incluso se produjeron daños materiales.
Los efectivos policiales que concurrieron al lugar tuvieron a su cargo el restablecer el orden en la comunidad e identificaron a algunos referentes del grupo, quienes serán convocados a la sede fiscal para que puedan expresarse sobre la problemática que desencadenó el conflicto.
El acusado fue condenado a la pena máxima que prevé el Código Penal por el hecho ocurrido en agosto de 2022, cuando interceptó a su pareja y la lesionó con un arma blanca, provocando su muerte. Fue absuelto por la tentativa de homicidio.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Lionel Sandro Pérez como autor de los delitos de tentativa homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género y homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género en perjuicio de Paola Maricel Díaz de 32 años.
Este miércoles, al finalizar la ronda de testimoniales, se produjeron los alegatos de las partes, donde la fiscal Carreras sostuvo la acusación.
En el veredicto, los jueces Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci, condenaron a Pérez a la pena de prisión perpetua como autor del femicidio de quien fuera su pareja y lo absolvieron por la duda del delito de tentativa homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género.
En el mismo fallo dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho juzgado ocurrió durante la noche del 31 de agosto de 2022, cuando la mujer de 32 años fue interceptada sobre calle Dorrego por su pareja y la lesionó con un elemento filo cortante, provocando su muerte.
También llegó acusado de haber intentado prender fuego a la mujer durante las primeras horas de ese día, causando el incendio de la vivienda que ocupaban.
El hecho ocurrió en agosto de 2022 cuando el acusado interceptó a su pareja y la lesionó con un arma blanca, provocando su muerte. En forma previa, intentó quemar a la mujer e incendió la vivienda donde habitaban. Este miércoles se recibirán los últimos testimonios.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Lionel Sandro Pérez como autor de los delitos de tentativa homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género y homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género en perjuicio de Paola Maricel Díaz de 32 años.
Durante la última jornada, los jueces Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci, recibieron dos testimonios y se exhibió el video de una cámara de seguridad donde se registra el hecho.
Tras un cuarto intermedio, este miércoles 27 está previsto que reciban los últimos testimonios y se dé lugar a los alegatos de las partes.
El hecho juzgado ocurrió durante la noche del 31 de agosto de 2022, cuando la mujer de 32 años fue interceptada sobre calle Dorrego por su pareja y la lesionó con un elemento filo cortante, provocando su muerte.
También está acusado de haber intentado prender fuego a la mujer durante las primeras horas de ese día, causando el incendio de la vivienda que ocupaban.
El pasado lunes fue detenido en un allanamiento en el marco de una investigación por la supuesta comisión de la actividad ilícita. Durante el operativo, se incautaron dispositivos informáticos y otros elementos de relevancia para la causa.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años como autor del delito de distribución de material de abuso sexual infantil a través de internet.
El acusado estuvo acompañado de un defensor particular y tras conocer la acusación en su contra, prestó declaración y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el cumplimiento de medidas sustitutivas.
La investigación inició en el marco un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), y el pasado lunes se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a un hombre investigado por la posible comisión del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil a través de Internet.
NCMEC es una organización sin fines de lucro con sede Estados Unidos y que tiene como finalidad dar una respuesta internacional coordinada e intercambiar información respecto de la problemática de los niños desaparecidos y explotados sexualmente y que estableció un mecanismo centralizado, donde los proveedores de servicios de Internet reportan actividades sospechosas relacionadas a la explotación sexual de los niños debido a la proliferación de hechos delictivos contra menores de edad existentes en la red.