Estudiantes de Abogacía tendrán la oportunidad de realizar prácticas en el ámbito judicial a partir de un convenio entre Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y la Procuración General.
El procurador general de la provincia Pedro García Castiella y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Eduardo Romani, firmaron un Convenio para la implementación de una formación práctica en el ámbito de las Fiscalías y Delegaciones Fiscales de la provincia, destinado a los alumnos del último año de la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Salta.
El propósito es promover la integración entre el ámbito académico y el profesional, afianzando los conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito académico mediante actividades prácticas formativas y adquiriendo habilidades que serán una herramienta de formación indispensable en los tiempos actuales.
Es fundamental destacar los beneficios del acuerdo, poniendo énfasis en los alumnos que estudian en el interior de la provincia, ya que en un desafío por descentralizar las oportunidades, la práctica se desarrollará en las instalaciones de las distintas Fiscalías y Delegaciones Fiscales dependientes de la Procuración General, dentro de todo el territorio provincial.
La Procuración recibirá en calidad de practicantes a los alumnos que designe la Facultad, que se encuentren en condiciones académicas de realizar las prácticas profesionales no rentadas, brindando colaboración en el asesoramiento académico que requieran, con una duración máxima hasta treinta horas mensuales, debiéndose cumplimentar durante el ciclo lectivo entre los meses de abril a noviembre de cada año.
El cumplimiento de la práctica por parte de los alumnos, otorgará la excepción de cursado de las materias Práctica Forense II o Practica Profesional II correspondiente al 5to año de la carrera de Abogacía, cuando estos además de contar con el 80% de asistencia, obtengan informe favorable de los profesionales a cargo de la práctica profesional, debiendo rendir el examen final para la aprobación de las materias mencionadas.
El ingreso del alumno como practicante en el Ministerio Público Fiscal de Salta no origina ningún tipo de relación laboral entre éste y el alumno manteniendo la Facultad, las potestades académicas y disciplinarias sobre los alumnos así como las obligaciones de su aseguramiento civil correspondientes.
Un hombre, detenido en Metán, será trasladado mañana a la capital de la provincia para audiencia. Dos personas permanecen prófugas. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a siete mujeres por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras.
Durante la audiencia, las siete fueron asistidas por abogados particulares. Seis de ellas declararon y negaron los hechos, mientras que una de las mujeres detenidas se abstuvo de declarar.
El octavo detenido se encuentra en Metán y está previsto que mañana sea trasladado a la ciudad de Salta para audiencia de imputación. Además, dos personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.
La fiscal Salinas Odorisio investiga a una financiera – Ríos & Asociados- que estaría empleando una identidad falsa a fin de aparentar solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura.
De acuerdo a lo recabado, la empresa ofrecía en redes sociales la participación en operaciones de inversión prometiendo importantes ganancias en el corto plazo (15, 30 y 60 días). Los “inversores” debían rubricar un contrato de inversión con la financiera, que llevaba el membrete de Ríos & Asociados, número de CUIT y que era representada por un abogado.
Según las primeras investigaciones, no existe una empresa con la denominación Ríos & Asociados en Salta y, al investigar el CUIT se lo encontró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de una empresa dedicada al negocio inmobiliario.
El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.
Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitante en la provincia. Además, el profesional del Derecho aseguró que la firma en los contratos era falsa. Por otra parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional dado de baja en 2007.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, mantuvo diversos encuentros en la ciudad de Buenos Aires con distintos organismos nacionales para la coordinación de las intervenciones adecuadas y oportunas en el abordaje integral y el robustecimiento de las políticas victimológicas. Estos vínculos vienen a reforzar el trabajo que desde la Procuración General de Salta se lleva a cabo, en orden a colocar en la agenda de prioridades de las políticas públicas a la perspectiva victimológica y las buenas prácticas en tal sentido, para mejorar las respuestas y garantizar una apertura adecuada a las víctimas en los procesos penales en la defensa de sus derechos y garantías.
El día lunes 28 se celebró un encuentro en sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el que se firmó una primer acta acuerdo y marco de colaboración institucional entre el CENAVIC (Centro Nacional de Atención a las Víctimas de Delitos) y la Procuracion General de la Provincia, comprendiendo también al SAVIC (Servicio de Asistencia a las Victimas de Delitos) que integra el Ministerio Publico Fiscal, a fin de coordinar esfuerzos institucionales para defender, promover y robustecer, la defensa y vigencia de las garantías y derechos individuales de las personas víctimas de delitos, de modo interjurisdiccional, coordinado y complementariamente entre ambos organismos.
Del encuentro participaron el Subsecretario de Acceso a Justicia Dr. Víctor Oyarzo y la Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima (CENAVID), Dra. Azul Romero Beery, la Dra. Sandra Elena Furio y el Lic. Pablo Fasciotti, a cargo de la coordinación del Equipo Interdisciplinario; por parte de la provincia de Salta concurrió el Procurador General, como también la Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal Dra. Matilde Alonso, junto al Dr. Rafael Benegas.
En el encuentro se dialogó sobre la necesidad de articulación para un abordaje integral que abarque lo jurídico, psicológico y social, con el objeto de dar contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos.
García Castiella, propuso una articulación colaborativa, la proyección a futuro en diversas actividades concurrentes y la organización de mesas de trabajo en la Provincia de Salta, a fin de optimizar los recursos disponibles, generando mecanismos ágiles y eficaces de intervención y acompañamiento de personas víctimas de delito, todo teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad. Destacó el Procurador que con parámetros comunes, se obtendrán procedimientos eficaces para la optimización de la intervención más respetuosa de los derechos humanos de las personas afectadas por los efectos del delito.
En el marco de sus funciones, tanto el Servicio de Asistencia a la Victimas del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta, como el Centro Nacional de Assitencia a Victimas, se especializan en políticas publicas y victimologicas, y son quienes asumirán la responsabilidad de fortalecer la capacidad de respuesta a las situaciones de asistencia a victimas.
Encuentro en Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
Con anterioridad, el pasado viernes 25 de marzo, el Procurador General de la Provincia mantuvo un encuentro con la Subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género, Dra. Carolina Varsky y la Directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Natalia Chinetti, con la finalidad también de potenciar las posibilidades de articulación de las actividades entre organismos nacionales y provinciales en el abordaje de violencias contra la vida de mujeres y personas miembros de colectivos LGBTQ y delitos contra la integridad sexual. Se coincidió en la necesidad de procurar los mecanismos mas aptos para otorgar una red de contención y acompañamiento suficiente, especialmente en aquellos casos de sectores de extrema vulnerabilidad. En particular, se trataron aquellos casos en los que son victimas personas pertenecientes a comunidades aborígenes, que exhiben una complejidad diferente. Se intercambiaron perspectivas y alternativas para lograr un mejor abordaje en casos particulares como el acontecido en la comunidad “Pluma de Pato”.
También se abordaron aspectos vinculados al avance y proyección del Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género, al que la provincia de Salta adhirió en su oportunidad, auspiciando proyecciones futuras de ampliación en la coordinación y colaboración recíproca.
El Ministerio Publico Fiscal de Salta viene ya desde tiempo atrás avanzando en la sistematización, ordenamiento y disponibilidad de los antecedentes de casos de violencia por motivos de género, constituyendo una herramienta de anticipación en la información, seguimiento y consulta para las fiscalías de Violencia Familiar y de Género.
Abordaje de situaciones que afectan a comunidades aborígenes
En el ámbito de la provincia de Salta, tratándose en la mayoría de los casos de delitos contra la integridad sexual y resultando estos dependientes de instancia privada conforme las normas procesales y de fondo vigentes en el territorio nacional, no resulta suficiente ni eficaz la mera y sola disponibilidad física o territorial de uno o mas fiscales, sino que la determinación de instar la acción requiere de todo un proceso ordenado y previo de acompañamiento, contención, asesoramiento y protección suficiente para dotar así a las victimas de las herramientas y condiciones apropiadas para permitirles el ejercicio de sus derechos, salvo los casos de menores de edad. Por ello se dispuso un abordaje integral a través de una comisión interdisciplinaria coordinada por el SAVIC para la concurrencia a la zona y entrevistas con las victimas que deseen formular denuncias, y tomar conocimiento también de aquellos casos en que las víctimas pudiesen resultar menores de edad.
«En general, no solo en el abordaje victimológico, sino también en la investigación del delito en sus diversas modalidades, se observa la particularidad de que, al encontrarse la provincia de Salta integrando una organización como nación federal, existen tanto jurisdicciones nacionales y federales, como así también provinciales, que intervienen en las diversas conflictividades que pudiesen padecer los habitantes de nuestra provincia. No hay razón para que los esfuerzos que convergen a la misma finalidad que es el bienestar de las personas habitantes de nuestra provincia, actúen por separado y sin una comunicación y coordinación civilizada, armónica y superadora. Ello también se ve reflejado en los avances que se vienen logrando entre las fiscalías federales y provinciales; no existe motivo alguno para que ello no sea posible y realizable, ya que todo redundará en una mejor capacidad de respuesta del servicio de justicia como derecho de las personas«, afirmo el Procurador General Garcia Castiella.
En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.
El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.
El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.
En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.
Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.
Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.
Se amplian mesas de trabajo para coordinar tareas conjuntas entre fiscalías federales y provinciales; ahora, en la lucha contra la trata de personas y delitos conexos. Se diseñarán estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención, que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas.
Durante la mañana del pasado viernes, el Procurador General Pedro García Castiella, se reunió con el Fiscal General Federal Eduardo José Villalba, con el objetivo de ampliar la articulación de acciones conjuntas entre ambas jurisdicciones para el abordaje integral del delito de trata y explotación de personas; además de la protección y asistencia a las víctimas.
Se acordó como primer medida poner en funcionamiento una Mesa de Trabajo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Publico Fiscal de laprovincia de Salta para el abordaje temprano del delito de trata de personas.
Esta propuesta de trabajo conjunto entre los fiscales federales y fiscales provinciales, se enmarca en el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la lucha contra la trata de personas (Cf. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y su protocolo final aprobado por la ley 15.768, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional aprobado por ley 25.632), un flagelo que requiere de la coordinación de todos los organismos involucrados en la materia.
La iniciativa deriva de los ventajosos resultados consolidados, en el que fiscales provinciales y federales realizan trabajos de investigación de forma aunada sobre el tráfico de drogas sintéticas y delitos vinculados, y que fueron también analizados en la reunión.
La erradicación del delito de trata de personas es de suma complejidad y exige un trabajo permanente y coordinado, porque si bien la competencia es federal, se encuentra íntimamente vinculada a delitos conexos, de jurisdicción provincial como ser la facilitación y/o promoción a la prostitución, pornografía infantil, grooming, entre otros. Mejorar la coordinación y colaboración entre las jurisdicciones permitirá un abordaje mas contundente y ágil, en especial en relación a las “zonas grises” respecto de la calificación inicial que los hechos investigados pudiesen eventualmente exhibir en los primeros momentos, independientemente de cual sea el fuero que inicie la investigación.
Mediante el abordaje colaborativo, se proyecta optimizar los recursos disponibles para generar mecanismos ágiles y eficaces de intervención, teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad.
Tanto el Ministerio Público Fiscal de Salta, como la Procuración General de la Nación, trabajarán en la elaboración de un Protocolo de trabajo donde se establecerán estrategias de investigación mancomunadas tanto para la trata de personas como los delitos conexos, consensuar criterios de actuación, canales formales para compartir datos, actividades de capacitación a los agentes involucrados en la materia, y prestar especial atención a la protección y asistencia de las víctimas a través de una coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta.
Participaron de la reunión, el procurador general Pedro García Castiella, en representación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, Eduardo Villalba; además de fiscales y auxiliares de ambos fueros, incluidos UFINAR y Unidad de Delitos contra la integridad sexual.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género 2, María Luján Sodero, solicitó al Juzgado de Garantías 3 que sea juzgado en cuatro causas distintas en perjuicio de cuatro víctimas por los delitos de amenazas, coacción agravada, desobediencia judicial, amenazas agravadas y turbación de la posesión y usurpación de la propiedad.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género 2, María Luján Sodero, requirió juicio al Juzgado de Garantías 3 en cuatro causas distintas a un hombre de 54 años en perjuicio de cuatro víctimas (tres mujeres y un hombre).
Las imputaciones son por los delitos de amenazas, coacción agravada (3 hechos), desobediencia judicial (22 hechos), amenazas agravadas (17 hechos) y turbación de la posesión, usurpación de la propiedad.
La Fiscalía oportunamente reiteró la solicitud de detención de Matías Sanz Navamuel, que estuvo alojado en la Alcaldía y luego se le otorgó prisión domiciliaria.