Marcela Perez

Comunicado Fiscal

Las y los Fiscales de la Provincia de Salta abajo firmantes RECHAZAN ROTUNDAMENTE las manifestaciones vertidas por el abogado Darío Palmier en el programa “Día de Miércoles”, conducido por la Lic. Mónica Abiles y emitido el miércoles 23 de octubre de 2024 por el canal Somos Salta – Jujuy, de la ciudad de Salta, por considerarlas totalmente desacertadas y contrarias a la normativa constitucional que legisla el funcionamiento democrático de las instituciones que intervienen en la administración de justicia como mecanismo que garantiza la paz social de  nuestra Provincia. 

El rol del abogado litigante es una función esencial dentro de todos los procesos de justicia en garantía de los derechos que representa, pero también, como auxiliar de justicia, tiene el deber legal de ser colaborador de los organismos públicos que ejercen el poder punitivo del Estado.

La función de los fiscales penales provinciales, que tan livianamente ha analizado, es otra postura de su pensamiento, que dista de la colaboración que se ha prestado desde este Ministerio Público Fiscal con los colegas que desempeñan la misma y delicada función en el ámbito federal a lo largo de los años, respecto de la cual los justiciables no entienden de jurisdicciones.

La labor que se nos ha encomendado en orden al ejercicio de la acción penal pública, orientada fundamentalmente a la persecución del delito, está dirigida a mantener como objetivo principal la paz social de los salteños.

Las investigaciones penales en curso, tanto en el fuero provincial como las que fueron derivadas a la justicia federal, parten del esfuerzo institucional, personal e incólume de cada uno de los equipos que conforman las fiscalías penales. La expresión vertida de que un fiscal, en la jerga penal, prefiere perder su vida a que le quiten la de un familiar, cuando son objetivos, resulta totalmente repudiable e intenta normalizar el término «muerte» en cualquier tipo de investigación penal en la que nos toca intervenir, y atenta directamente contra la tranquilidad y la paz social a la que tenemos derecho todos los habitantes de la provincia.

Es nuestra obligación llevar adelante la investigación penal en el territorio de nuestra provincia, una obligación indelegable que recae en el Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los parámetros de objetividad y legalidad. Rechazamos categóricamente, en primer lugar, la creación de comisiones especiales, las cuales están prohibidas por nuestra Constitución Nacional (Art. 18) y por tratados internacionales de jerarquía constitucional. Por otra parte, la liviandad con la que se refiere al término «muerte» de un o una fiscal, o de alguien de su familia, en el cumplimiento de sus obligaciones legales, proviniendo de un profesional técnico-jurídico cuya expresión debería ser calificada, debe hacerse con la seriedad y el compromiso que se espera de un auxiliar de la justicia.

 Ministerio Público Fiscal de Salta

Distrito Centro

Fiscalía Penal 1

Fiscalía Penal 3

Fiscalía Penal 4 

Fiscalía Penal 5

Fiscalía Penal 6

UDIS 1

UDIS 2

UDIS 3

UDIS 4

UNICROH

UFINAR

UDEC

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 1

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 4

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 5 

Fiscalía Penal Juvenil 1

Fiscalía Penal Juvenil 2

Fiscalía Penal de Derechos Humanos

Fiscalía de Cachi y Rosario de Lerma

Fiscalía de General Güemes 

Fiscalía de Cerrillos y Delegación

UFEM

GAP 1

GAP 2 

Fiscalía de Ciberdelitos

Fiscalía de Transición

Fiscal Civil 1

Fiscalía Civil 2

Distrito Orán 

Fiscalía Penal 1 

Fiscalía Penal 2

Fiscalía Penal 3

UGAP 

Fiscalia de Violencia Familiar y Género – UDIS

Fiscalía Civil 

Unidades Fiscales del Distrito

Distrito Tartagal

Fiscalía Penal 1

Fiscalía Penal 2

Fiscalía de Embarcación

Fiscalía de Violencia Familiar y Género – UDIS

Fiscalía de Salvador Mazza

UGAP 

Fiscalía Civil

Distrito Sur

Fiscalía de Anta y sus Delegaciones

Fiscalía de Rosario de la Frontera

Fiscalía Penal 1

Fiscalía Penal 2

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 

Dirección del CIF 

Coordinación General de Fiscales

Salvador Mazza: Imputan a efectivo policial por amenazas y abuso de armas

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre. Es acusado de provocar un altercado donde amenazó con un arma de fuego a una persona.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó provisionalmente a un efectivo policial de 24 años, quien presta servicios en la Comisaría DUR-2 de Orán, por la supuesta comisión de los delitos de amenazas (artículo 149 bis) y abuso de armas (artículo 104 del Código Penal), en calidad de autor según lo dispuesto en el artículo 45 del mismo código. Tras la imputación, se le tomó declaración y se dispuso que continúe detenido.

La intervención de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza se produjo a partir de actuaciones iniciadas por la Comisaría N° 40 de la misma localidad (DUR-4), luego de un incidente ocurrido el 12 de octubre de 2024, alrededor de las 6:45 horas, en la intersección de las calles Monteagudo y José Hernández, en el barrio Pueblo Nuevo.

Según consta en la denuncia presentada, el acusado, quien se encontraba en franco de servicio, llegó al lugar en una motocicleta mientras el denunciante conversaba con un grupo de amigos en la vereda. En medio de la situación, el acusado habría comenzado a lanzar insultos, dirigiéndose de manera desafiante hacia el grupo.

Al intentar retirarse, el denunciante fue interceptado por el acusado, quien extrajo un arma de fuego y le apuntó a la cabeza, impidiéndole abandonar el lugar y arrojando al suelo su motocicleta.

Ante esta situación, los acompañantes del damnificado intervinieron rápidamente, logrando desarmar al acusado y someterlo hasta que uno de ellos solicitó la asistencia policial. 

Efectivos de la Comisaría N° 61 llegaron al lugar y procedieron a trasladar al acusado al hospital para su evaluación médica..

Las primeras investigaciones y pruebas reunidas tanto por la policía como por la Fiscalía han permitido formalizar la imputación del acusado, conforme lo establece el artículo 241 del Código Procesal Penal. El fiscal Cazón informó que la causa sigue su curso, y el imputado permanece bajo detención mientras se avanza en el proceso judicial.

Campo Quijano: Imputan a joven por violar medidas judiciales y amenazar a su expareja

Ingresó sin permiso al domicilio de su expareja y la amenazó de distintas formas y reiteradamente, negándose a terminar la relación. Además, desobedeció repetidamente las órdenes judiciales que le impedían acercarse.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un joven de 22 años por una serie de delitos graves que incluyen violación de domicilio, amenazas, hurto y desobediencia judicial, todos en concurso real, en perjuicio de su expareja. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de detención.

Los hechos ocurrieron cuando el acusado ingresó sin autorización a la vivienda donde residía la víctima junto a sus padres, causando un gran desorden y generando un clima de miedo que llevó a la mujer a presentar denuncias formales. Durante meses, la joven fue víctima de una serie de amenazas, pese a manifestarle el fin de la relacion, recibiendo mensajes intimidantes a través de diversas plataformas, como WhatsApp, correo electrónico y redes sociales, en los cuales el imputado manifestó su intención de causarle daño, tanto a ella como a su familia.

Lo más alarmante del caso es la reiterada desobediencia del acusado a las órdenes judiciales impuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1. A pesar de haber sido debidamente notificado de las medidas cautelares que le prohibían ejercer actos de violencia física y psíquica, así como insultos y amenazas a través de cualquier medio de comunicación, el hombre violó estas restricciones en múltiples ocasiones. Se le había prohibido acercarse a menos de 300 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio al que ella concurriese, pero estas disposiciones fueron ignoradas, incrementando el temor de la denunciante.

La imputación es el resultado de una minuciosa investigación llevada a cabo por la fiscalía en conjunto con la Comisaría y Grupo Investigativo de Campo Quijano, quienes recolectaron evidencia y testimonios que permitieron la actualización de los delitos imputados. Este proceso refleja el compromiso de la justicia por proteger a las víctimas de violencia de género, enviando un mensaje claro sobre la importancia de respetar las medidas judiciales y prevenir cualquier acto de intimidación o violencia.

Imputado por robos y agresiones en zona centro

Distintas denuncias policiales evidencian el accionar del acusado. En todos los casos, se apropiaba de pertenencias ajenas mediante el uso de la violencia.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a un hombre en situación de calle y con antecedentes penales como presunto responsable de varios delitos, incluyendo robo en poblado y en banda , robo simple (dos hechos) y hurto simple, todo ello en concurso real.

La intervención de la Fiscalía se inició con la denuncia de un damnificado que, encontrándose en situación de calle, relató que el 21 de octubre de 2023, mientras permanecía en la Plaza Güemes con el acusado y otras personas, fue agredido de forma imprevista. El hombre habría comenzado a golpearlo en la parte de la ceja izquierda y en la barbilla, y le propinó varias patadas en la pierna izquierda. 

Aprovechando la situación, una mujer que se encontraba con ellos, le habría sustraído una bolsa que contenía una carpa para dos personas, mientras el denunciado se apropiaba de una mochila que contenía elementos de higiene y medicación. Ambos se dieron a la fuga en dirección a la calle Balcarce.

Por otro lado, otro damnificado relató que el 7 de octubre de 2023, cuando se dirigía hacia el hospital San Bernardo, pasó por la Plaza 9 de Julio y se encontró con el acusado, caminaron juntos hasta que en calle España, el hombre habría comenzado a golpearlo con puños cerrados en el rostro y a propinarle puntapiés, alegando que le había robado a su mujer el celular.  Durante la agresión, según el relato, le quitó la mochila que contenía ropa, su billetera con el documento y una tarjeta de débito, dándose a la fuga. 

Posteriormente, el damnificado se dirigió al hospital San Bernardo, donde quedó internado durante un día, siendo diagnosticado con una fractura de mandíbula, por lo que deberá seguir realizándose estudios. Actualmente reside en un lugar de contención llamado Red Puentes.

Asimismo, un denunciante manifestó que el 24 de marzo de este año, se encontraba en una conocida peña. Al retirarse, olvidó un bolso con un equipo de sonido apoyado en la puerta de entrada lateral. No realizó la denuncia pensando que no lo recuperaría. Sin embargo,vio una publicación en la red social Facebook Marketplace, en el perfil del acusado, donde se ofrecían los bienes que reconoció como de su propiedad.

Por su parte, una vendedora ambulante relató que a su carro de artesanías lo guarda en un estacionamiento ubicado en calle Zuviría al 100. Relató que el 21 de abril pasado, el acusado, su pareja y otro hombre, previo a romper un candado del estacionamiento, ingresaron al lugar y le sustrajeron su carro con artesanías. La denunciante indicó que el estacionamiento cuenta con cámaras privadas, donde pudo observar al acusado realizando el hecho, destacando que no era la primera vez que le sustraía sus pertenencias.

Finalmente, un informe policial destaca que el 22 de octubre de 2024, durante un patrullaje en el interior del Mercado San Miguel, y tras tener conocimiento de la denuncia registrada por el hecho ocurrido en la Plaza General Güemes, se pudo detectar la presencia de una pareja en situación de calle. La mujer fue identificada y se advirtió que el masculino llevaba consigo una carpa con características similares a la que había sido sustraída, por lo que se procedió a la detención de este sujeto y al secuestro del elemento mencionado.

Grave amenaza telefónica en la Fiscalía Penal 5

El hecho se encuentra bajo investigación. 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, fue notificado por el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, sobre un grave incidente ocurrido cuando una empleada administrativa de la Fiscalía Penal 5 atendió una llamada en la que un hombre consultaba la nueva dirección. Recibido este dato, expresó su intención de colocar una bomba. 

Ante esta amenaza, el fiscal penal 5, Federico Jovanovicz, puso en conocimiento a la Coordinación Fiscal, y conforme a directivas del Procurador General, las actuaciones fueron derivada a la Fiscalía Penal  2, que se encuentra a cargo de la investigación.

Asimismo, se dio intervención al Ministerio de Seguridad de la provincia, que dispuso de manera inmediata la presencia de la División Explosivos de Departamento Bomberos de la Policía de la Provincia,  procediendo a inspeccionar la totalidad del edificio, descartándose como resultado, la existencia de material explosivo. 

Como medida preventiva se dispuso la consigna policial permanente en resguardo de la seguridad en el edificio. 

Cinco años y un mes de prisión efectiva para el autor de disparos en un bar céntrico

El hombre ademas deberá someterse a tratamiento psicológico e ingresar a un programa de rehabilitación.

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2 Ramiro Ramos Ossorio y el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gabriel González,  representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio, Sala 4, en la que Hugo Matías Paz fue condenado a una pena de cinco años y un mes de prisión efectiva por los delitos de abuso de armas, tenencia y portación de arma de guerra con supresión del número de registro, en concurso real.

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de octubre de 2023, cuando Paz llegó a un bar ubicado en la Avenida Belgrano al 200, en la ciudad de Salta. Allí mantuvo un altercado con los mozos del establecimiento, que incluyó agresiones físicas y amenazas, situaciones que fueron registradas por las cámaras de seguridad del lugar.

Paz abandonó el bar, pero regresó minutos después portando un arma de fuego. Durante su regreso, apuntó a dos empleados del local y disparó contra ellos, sin causarles lesiones, ya que lograron refugiarse detrás de la barra.

Se le acusó, además, de tener y portar un arma de fuego sin las condiciones habilitantes, agravado por el hecho de que la pistola semiautomática de 9 mm utilizada tenía el número de serie limado y borrado, lo que imposibilitaba verificar su estado registral.

La jueza María Cecilia Flores Toranzos decidió revocar la sentencia anterior y unificar la condena. Además, dispuso la inhabilitación del uso de armas por diez años y ordenó que el condenado se someta a tratamiento psicológico, así como que se incorpore a un plan de control de adicciones dentro del programa «Puertas».

 

Cuatro años de prisión efectiva para el sacerdote Carlos Fernando Páez por abuso sexual

Fue condenado por abuso sexual, tras ser considerado autor material y penalmente responsable de tres hechos, agravados por su rol como ministro de culto. La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio de Tartagal, incluye medidas adicionales como la extracción de su perfil genético y la remisión de documentación a la Oficina de Gestión de Audiencias.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio celebrada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, donde el sacerdote Carlos Fernando Páez fue condenado a cuatro años de prisión efectiva al ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual sin acceso carnal, doblemente calificado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido y encargado de la educación, en grado de autor, en forma reiterada por tres (3) hechos, en concurso real. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Hugo Martoccia, María Soledad Rodríguez y Reinaldo Burgos, quienes ordenaron su inmediata detención.

Durante el juicio, se presentaron evidencias clave en contra de Páez, quien se desempeñaba en la parroquia La Santa Cruz de Villa Saavedra, bajo la Diócesis de Orán. Las denuncias contra el sacerdote surgieron de un joven que relató hechos ocurridos entre 2015 y 2017.

En su alegato, el fiscal Cabot subrayó la importancia de la pericia psicológica conjunta realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Defensoría General. Esta evaluación determinó que el testimonio del denunciante no fue un relato aislado, sino que se alineó con las declaraciones de varios testigos que desempeñaron diferentes roles, lo que confirma un patrón de comportamiento del religioso.

El fiscal Cabot destacó que el fallo del tribunal representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y protección de las víctimas de abuso sexual en el ámbito eclesiástico.

En la sentencia, se ordenó que, por Secretaría, se elabore el cómputo de pena una vez que la misma sea firme, conforme al artículo 573 del Código Procesal Penal. Asimismo, se dispuso que, una vez firme, se envíe a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) una copia certificada del fallo condenatorio, junto con una revisión médica exhaustiva del condenado y sus fichas dactilares, de acuerdo con lo establecido en las Acordadas 12.481 y 12.641 de la Corte de Justicia. También se autorizó la toma de fotografías del condenado.

Además, se ordenó que el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realice la extracción del perfil genético del condenado, el cual deberá ser inscrito en el Banco de Datos Genéticos. Esto se llevará a cabo tras la asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), cumpliendo así con lo dispuesto por las Leyes 26.879 y 7.775. Para facilitar este proceso, se oficiará a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la continuación del trámite correspondiente.

Por último, se fijó una audiencia para el 31 de octubre de 2024, a las 12:45 horas, con el fin de dar lectura a los fundamentos que formarán parte de la sentencia. En esta ocasión, el condenado deberá ser trasladado.

 

La Fiscalía Penal de Embarcación reanuda la investigación sobre la desaparición de Norma Márquez

La justicia federal descartó la investigación por trata de personas. Tras el reintegro de la causa al fuero provincial, se han solicitado peritajes al Cuerpo de Investigación Fiscales (CIF).

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, informó sobre la reactivación de la investigación de la desaparición de Norma Márquez, una adolescente de 14 años, ocurrida en Misión Chaqueña.

El hecho fue denunciado oficialmente por el padre de la menor, el 30 de septiembre de 2022, lo que dio inicio al protocolo de búsqueda correspondiente, que incluyó la intervención del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). La adolescente mide 1.50, tiene tez morena, cabello largo color negro y es de contextura delgada.

En noviembre de 2022, las actuaciones fueron remitidas al Fiscal Federal de Orán, José Luis Bruno, debido a la posible comisión del delito de trata de personas, lo que llevó a la Fiscalía de Embarcación a considerarse incompetente en la investigación. Esto, en base a las conclusiones derivadas de la pesquisa realizada por el personal de la Brigada de Investigaciones, división Trata de Personas, conforme a la información recabada. Posteriormente, el expediente fue devuelto a la Fiscalía tras la evaluación del fiscal federal, quien determinó que no existían elementos que sustentaran esta hipótesis.

en base a  esta conclusión se arribó producto de la investigación desplegada por el personal de la brigada de investigaciones división trata conforme la información recabada . El expediente fue devuelto a la Fiscalía tras la evaluación del fiscal federal, quien determinó que no existían elementos que sustentaran esta acusación.

Desde la reactivación del caso este mes de octubre, la fiscal Souto solicitó la colaboración del Cuerpo de Investigación Fiscales (CIF) para un análisis integral a fin de explorar diversas hipótesis sobre el paradero de la menor. 

Payogasta: Niño pidió ayuda tras intentar frenar agresión a su madre

El acusado es la pareja de la víctima. Pese a que ésta no quiso hacer la denuncia, el Fiscal decidió actuar de oficio.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 36 años, por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Permanece detenido el hombre que protagonizó hechos en la localidad de Payogasta, el pasado 20 de octubre, en horas de la madrugada.

Según el informe policial, todo comenzó cuando un menor de 8 años, hijo del acusado, se presentó en el Complejo Deportivo de Buena Vista, donde se realizaba un evento, pidiendo ayuda a los gritos. El niño informó que su padre estaba golpeando a su madre en el domicilio familiar. Inmediatamente, el personal policial que se encontraba en el lugar, se dirigió al domicilio junto con el menor.

Al llegar, los policías ingresaron a la vivienda por la parte trasera y encontraron al acusado  y a su pareja,  forcejeando en el comedor. En ese momento, el hombre tomó un cuchillo e intentó autolesionarse en el abdomen, pero fue impedido por los efectivos policiales, quienes tuvieron que utilizar la fuerza  para evitar que se lastimara.  A pesar de esto, el hombre opuso resistencia, golpeando e intentando agredir a los oficiales con puños y patadas, además de proferir amenazas de venganza contra ellos.

Durante la intervención, los agentes observaron manchas de sangre en distintas partes de la casa y muebles desordenados. La víctima presentaba una mordedura en el brazo izquierdo y hematomas en el rostro, mientras que el acusado también tenía lesiones visibles. 

La mujer, sin embargo, no quiso realizar la denuncia penal de inmediato, alegando que hablaría primero con su padre y que no quería denunciar al agresor por el bienestar de sus hijos menores.

Uno de los hijos de la pareja, relató que su padre amenazaba con matar a su madre durante la agresión, lo que llevó a que él y su hermano más pequeño intervinieran físicamente para detenerlo.

Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital de Cachi y luego a la dependencia policial de Payogasta. 

A pesar de que la víctima no presentó una denuncia formal, el fiscal Escalante tomó la firme decisión de intervenir de oficio, comprendiendo la gravedad del caso y la necesidad de actuar en defensa del interés público. En su evaluación, no solo consideró el riesgo evidente para la integridad física de la mujer, sino también el profundo impacto emocional que esta situación podría tener en sus hijos, menores expuestos a la violencia.

Tartagal: Hermanos condenados por talar árboles protegidos

Se llevaron la especies en un tractor. Ambos reconocieron su responsabilidad.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado que se llevó a cabo ante la Sala 1 del Tribunal de Juicio, donde Diego Adrián Orellana y Antonio Osvaldo Orellana fueron condenados por el delito de robo calificado en circunstancias de hurto calificado. El juez Ricardo Matoccia impuso a los acusados una pena de tres años de prisión condicional, además del cumplimiento de estrictas reglas de conducta.

Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2024, cuando los hermanos Orellana, junto a otras personas, ingresaron de manera ilegal en la Finca Aliki, situada en el kilómetro 10 de la Ruta Nacional N° 86. Tras romper el cercado perimetral de la propiedad, procedieron a cortar distintas especies de árboles autóctonos, como cebil, palo blanco y lapacho. Utilizaron un tractor con acoplado para cargar la madera y retirarse del lugar, llevándose lo talado.

Durante el juicio, ambos acusados reconocieron haber participado en el delito. Diego Adrián Orellana expresó su arrepentimiento por lo sucedido, mientras que su hermano Antonio detalló cómo rompieron el alambrado, ingresaron a la finca, talaron varios árboles y se retiraron con la madera, lamentando también sus acciones.