Julio Frias

Imputado tras ser captado por videovigilancia mientras robaba a un ciclista

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, efectivos policiales lograron asistir al damnificado que había reducido al acusado. Se solicitó prisión preventiva.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó de manera provisional a un hombre de 26 años por la presunta comisión del delito de robo simple.

En la mañana del pasado 1 de octubre, cuando el damnificado circulaba en su bicicleta por la avenida Tavella, antes de ingresar al río Arias, habría sido interceptado por el acusado y un tercero, lo que obligó a detener su marcha.

Fue en ese momento que el acusado se habría colocado frente al damnificado e intentado sustraerle la bicicleta, mientras le decía que tenía un cuchillo. Tras realizar movimientos amenazantes con la mano, habría impactado en la zona lateral izquierda, debajo de las costillas del denunciante, aunque no logró ocasionarle lesiones.

Luego se produjo un forcejeo, oportunidad en la que habrían logrado quitarle un bolso de tela que contenía diversas herramientas en su interior.

El acusado fue reducido por el damnificado hasta que el personal policial llegó, luego de que el incidente fuera detectado por las cámaras de seguridad de la zona, y procedió a su detención.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Ruiz de los Llanos solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno la prisión preventiva.

Cafayate: Imputado por el hurto de una heladera que ya había sido vendida

El sujeto habría ingresado a una obra en construcción de donde se habría apoderado de, al menos, una heladera. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre mayor de edad por la presunta comisión del delito de hurto simple.

El acusado habría ingresado a una vivienda en construcción, de donde, sin ejercer violencia, habría sustraído una heladera. Posteriormente la habría vendido a un tercero, quien la adquirió por $90 mil, quedando un saldo pendiente hasta completar un total de $200 mil.

Fue una vecina del denunciante quien le avisó que había visto la puerta de acceso abierta. Al ingresar, el propietario se percató de la falta de varios objetos, entre ellos una cocina, una manguera para garrafa, una cama de dos plazas, ropa, ollas, grifería y baldes de albañil.

Sin embargo, el acusado fue imputado solo por el hurto de la heladera, que fue el único elemento hallado y secuestrado durante la investigación.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Rojas solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de detención.

Cafayate: Acusado de transportar marihuana en un micro con fines de comercialización

Tras un procedimiento realizado en el micro en el que se trasladaba el individuo, se procedió al secuestro de un paquete conteniendo cannabis sativa. 

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó de manera provisional a un hombre de 19 años de edad por la presunta comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de la Fiscalía se produjo a partir de las actuaciones de la División Drogas Peligrosas de la Policía, tras un procedimiento concretado pasada la medianoche del 28 de septiembre. El personal especializado recibió la novedad de que en una unidad de un micro de larga distancia que se dirigía a la ciudad de Cafayate, viajaría un individuo con sustancia estupefaciente.

Con esa información, personal policial de la División Drogas de Cafayate dio seguimiento y alcance al transporte, siendo interceptado a la altura de Ruta 40. Al advertir la presencia de los efectivos, el acusado se habría ocultado en el baño del micro, negándose a salir.

Cuando la unidad retomó la marcha, el individuo salió de su escondite, momento en el cual los uniformados procedieron a requisar el baño, donde encontraron un envoltorio de plástico que contenía sustancia vegetal disecada, con un peso total de 251.5 gramos.

La prueba de narcotest practicada a la sustancia, arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana).

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Rojas solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de detención.

Condenado por coaccionar a su expareja

El sujeto la siguió en su motocicleta y, tras sacar un cuchillo, quiso obligarla a subir. Ante su negativa la siguió, la redujo en el piso hasta que apareció su padre para ayudarla.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre mayor de edad por el delito de coacciones agravadas.

La damnificada, expareja del acusado con quien había mantenido una relación de noviazgo y de quien estaba separada al momento del hecho, denunció que, al descender del colectivo que la llevaba al barrio Las Colinas, donde reside su padre, caminó unos metros y, de manera repentina, se le apareció el hombre en una motocicleta.

Visiblemente alterado, el individuo le exigió que subiera a la moto, pero la mujer se negó. El sujeto insistió hasta que sacó un cuchillo tipo carnicero de entre sus prendas y, de manera amenazante, le indicó que se subiera. En ese momento, apareció un amigo de la damnificada que pasaba en su motovehículo, a quien ella le pidió que la llevara hasta su casa.

El acusado los siguió hasta que los perdió de vista y cuando la mujer creyó que se había ido, su amigo la dejó cerca de su casa. Fue en ese momento que la expareja volvió a aparecer; la siguió, la tomó de la campera, la arrojó al piso y puso sus manos en el cuello.Ella comenzó a gritar pidiendo auxilio, momento en el cual apareció su padre, lo que provocó que el acusado la soltara y huyera.

El Juez Javier Araníbar, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y le impuso una serie de reglas de conducta por el término de 3 años, tales como residir en domicilio fijado, someterse a tratamiento psicológico con perspectiva de género, prohibición de acercarse a la damnificada a 300 metros, prohibición de ejercer actos de violencia psicofísica hacia la víctima y de consumir sustancias estupefacientes, como de abuso de bebidas alcohólicas.

Condenado por hechos de violencia contra su expareja

La damnificada había mantenido una relación de doce años con el acusado. El acusado llegó a amenazarla con quitarle la vida. 

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 46 años de edad por los delitos de coacción agravada por el uso de arma (dos hechos), lesiones agravadas por la relación de pareja y por el género, y hurto.

El 24 de diciembre de 2019, la expareja del acusado se presentó en su domicilio, ubicado en el barrio 9 de Julio, para retirar a la hija que tienen en común. Durante el encuentro, la mujer expresó su preocupación por el aspecto de la niña, lo que desató una discusión que culminó con el acusado agrediéndola físicamente al empujarla contra el auto, causándole lesiones.

El acusado ya había sido notificado respecto a las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género interviniente.

En la madrugada del 25 de julio de 2021, el acusado se comunicó con la víctima para reclamarle que no estaba en su domicilio y que él se encontraba esperándola afuera. La denunciante acudió de inmediato a su vivienda, donde el hombre le pidió que subiera a su camioneta.

Una vez en marcha, comenzó a mostrar celos y le exigió que le entregara su teléfono celular. Ante la negativa de la mujer, se tornó violento e intentó arrebatarle la bandolera. Tras un forcejeo, el sujeto sacó un cuchillo y cortó la correa del bolso, logrando quedarse con el celular.

Al no poder acceder al dispositivo debido a que estaba protegido con una contraseña, el hombre se tornó aún más agresivo y le colocó el cuchillo en el cuello a su expareja, amenazándola con atentar contra su vida si no le entregaba la clave. Posteriormente, regresaron al domicilio de la víctima, desde donde se retiró llevándose el teléfono celular.

El Juez Javier Araníbar, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y le impuso una serie de reglas de conducta por el término de 3 años, como también la prohibición de ejercer actos de violencia física y psíquica en perjuicio de su expareja, prohibición de acercamiento a la damnificada y a los lugares que esta concurra. Le impuso, además, someterse a tratamiento psicológico con perspectiva de género.

Diez años de prisión efectiva para el exjefe de tráfico de la empresa de colectivos

El hombre fue condenado por los tres hechos en los que se lo acusaba de abuso sexual. Las víctimas al momento de los hechos, se desempeñaban como choferes de línea.

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate en la que un hombre de 66 años de edad fue condenado a 10 años de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una de las víctimas; abuso sexualmente ultrajante en contra de otra  de las damnificadas y abuso sexual simple en contra de la tercera víctima, todo en concurso real.

En la jornada de este miércoles se hizo lugar a los alegatos de las partes, luego de los cuales el Tribunal unipersonal dispuso se pase a un cuarto intermedio hasta hoy jueves a la mañana, oportunidad en la que se escucharon las réplicas y las últimas palabras por parte del acusado.

Durante su alegato, la fiscal Sodero Calvet puso énfasis en el hecho de que este es un caso que involucra a tres mujeres que trabajaron en un ámbito históricamente dominado por hombres, como lo es una empresa de transporte de colectivos.

En ese sentido, la fiscal manifestó que el contexto en el que se produjeron los hechos revisten particular relevancia y que, por ende, debe merituarse a la hora de la pena, ya que revela la existencia de un patrón abusivo en el acusado y una situación de asimetría, dada la posición de poder que este último ocupaba, dentro de ese contexto.

Tras otro cuarto intermedio para deliberar y emitir el fallo, este mediodía el juez Eduardo Sángari condenó al exjefe de tráfico de 66 años a la pena de 10 años de prisión de ejecución efectiva.

En el mismo fallo, el Juez revocó el arresto domiciliario dispuesto, oportunamente, por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, ordenando su inmediata detención, disponiendo que sea trasladado a la penitenciaría local y se proceda a la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular, del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Este jueves se conocerá la sentencia para el exjefe de tráfico de una empresa de transporte

Luego de dos semanas de debate, durante las que se escucharon las declaraciones de alrededor de cincuenta testigos, ayer miércoles 2 se escucharon los alegatos de las partes.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, donde se juzga a un hombre de 66 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Durante su alegato, la fiscal Sodero Calvet enfatizó que este caso involucra a tres mujeres que trabajaron en un ámbito históricamente dominado por hombres, como lo es una empresa de transporte de colectivos. Este, destacó la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), constituye un contexto de particular relevancia y que debe merituarse a la hora de la pena, ya que revela la existencia de un patrón abusivo en el acusado y una situación de asimetría, dada la posición de poder que este último ocupaba, dentro del contexto del que se trata.

También subrayó el impacto psicológico que la violencia verbal, simbólica y psicológica ha tenido en las víctimas, quienes enfrentaron esta situación en un entorno hostil.

Al concluir su exposición, Sodero Calvet solicitó una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Por su parte, la querella respaldó el alegato de la Fiscalía y solicitó una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual simple y gravemente ultrajante, en representación de dos de las víctimas.

La primera denuncia fue presentada por una chofer de colectivos, quien acusó al jefe de tráfico de la empresa en la que trabajaba por hechos ocurridos en 2016. En esa ocasión, fue citada fuera de su horario laboral, momento en el que el acusado la condujo en su automóvil y la habría sometido sexualmente. Esta situación se prolongó durante tres años.

Otra de las víctimas denunció un hecho de abuso ocurrido mientras era atendida por el acusado para realizar un trámite. En esa ocasión, el hombre la habría acosado, amenazándola con despedirla si no accedía a sus pretensiones.

Una tercera chofer presentó su denuncia afirmando que el acusado la sometía a tocamientos, intentó besarla en varias ocasiones y la amenazó con hacerla despedir.

Tras una extensa jornada de alegatos, el juez Eduardo Sángari dispuso un cuarto intermedio hasta hoy, jueves 3 de octubre. Se prevé que la audiencia se reanude a partir de las 9:00 para dar lugar a las réplicas y para que el acusado tenga la oportunidad de dar su última palabra.

Jefe de trafico de una empresa de transporte es juzgado por abusar sexualmente de tres mujeres

Cafayate: Elevan a juicio la causa contra un Juez de Paz y otras cuatro personas

La pericia caligráfica arrojó como resultado que la firma estampada en el testamento que tenía como único beneficiario a uno de los acusados, era apócrifa.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, representa al Ministerio Público Fiscal en la causa contra el Juez de Paz de Cafayate y otras cuatro personas. El Juez está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que otro dos hombres, uno de ellos abogado, enfrentan cargos por los delitos de falsificación de documentos y estafa. Ademas un cuarto hombre y una mujer, están imputados por el delito de falso testimonio.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías de Cafayate hizo lugar al pedido de elevación a juicio solicitado oportunamente por la Fiscalía y rechazó el planteo de oposición por parte de la defensa técnica de los acusados.

Uno de los imputados, al asumir su propia defensa y la de los otros cuatro, incluído el Juez de Paz, planteó la oposición a la requisitoria fiscal. Además solicitó la producción de prueba, el cambio de calificación y el sobreseimiento.

En los considerandos de la resolución, el Juzgado señala que todos los agravios señalado por la defensa técnica, deben ser resueltos en un juicio oral y público. Es en es ámbito donde se debe producir la prueba y someterla a valoración con los fines propios del proceso penal.

En relación al contenido de la acusación, el Juzgado indica que esta cumple con todos los requisitos necesarios para su procedencia. Respecto al cambio de calificación, afirma que corresponde no hacer lugar a la solicitud, destacando la necesidad de que el debate se lleve a cabo ante el Tribunal correspondiente para dirimir la verdad de los hechos. Por todo lo expuesto, considera que corresponde elevar la causa al Tribunal de Juicio.

Cabe recordar que la intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate se produce tras la denuncia del damnificado contra el Juez de Paz y otras cuatro personas por asociación ilícita y falsificación de documento.

El hermano del denunciante había fallecido, y su firma aparecía falsificada en un testamento gestionado por el Juez de Paz y el abogado imputado, en el que se designaba como único beneficiario a otro de los acusados, con el fin de iniciar un juicio sucesorio.

Los otros dos imputados, el yerno del falso beneficiario y una mujer, actuaron como testigos al momento de certificar la firma falsificada del testamento. La pericia caligráfica concluyó que la firma manuscrita atribuida al testador, de fecha 4 de julio de 2019, no era auténtica.

Además, el beneficiario y su hijo estaban instalado en la casa del hermano del denunciante, ubicada en barrio El Porvenir de la ciudad de Cafayate. Incluso, cuando el hermano del denunciante estaba con vida, no permitían que ningún familiar se acercara a él.

 

La causa contra el Juez de Paz de Cafayate seguirá su curso tras el rechazo a un pedido de impugnación

Siete condenados por venta fraudulenta de inmuebles

Mediante maniobras de simulación de negocio inmobiliario, con ardid y engaño, los acusados cometieron varios actos de estafa. Entregaban documentación apócrifa y recibían dinero de las víctimas a cambio de recibos firmados por distintas personas.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante  la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra cuatro hermanos y otras tres personas, todos por el delito de estafas reiteradas.

En el acuerdo de juicio abreviado, los acusados reconocieron su participación y se declararon responsables de los delitos imputados. Además, aceptaron la responsabilidad penal y la calificación legal de los hechos.

Según la investigación de la Fiscalía, los imputados actuaban de común acuerdo y se dividían las tareas para llevar a cabo maniobras fraudulentas. Publicaban anuncios en redes sociales y clasificados de un diario local, ofreciendo la venta de lotes y casas bajo la apariencia de ser una inmobiliaria seria y solvente.

Las operaciones se concretaban mediante la presentación de documentos falsos que supuestamente acreditaban la titularidad de los inmuebles por parte del vendedor, haciendo creer a las víctimas que estaban realizando una transacción legítima. De este modo, lograban que las personas realizaran los pagos solicitados, generándoles un perjuicio patrimonial significativo.

El modus operandi de los acusados consistía en captar a sus víctimas a través de la red social Facebook, donde publicaban imágenes de terrenos y ofrecían planes de financiación con una entrega inicial en efectivo y el saldo en cuotas. Todo esto lo hacían bajo el nombre de  “L&E Asociados”.

Una vez que los interesados veían las publicaciones, enviaban mensajes al chat de la red social para pedir más información. Los imputados respondían, concertaban una reunión y se encontraban con los posibles compradores en los supuestos terrenos en venta. Luego, simulaban un negocio jurídico legal y certificaban los actos con documentación falsificada que incluía firmas apócrifas de propietarios y escribanos.

Convencidas por la apariencia de legalidad, las víctimas entregaban el dinero sin recibir el inmueble prometido, ya que pertenecía a terceros ajenos.

Los lotes ofrecidos se encontraban en distintas ubicaciones: uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín (vendido en diciembre de 2018); otro en Ruta 26, camino a La Isla (mediados de 2019); un lote en el barrio San Nicolás II (octubre de 2019), que fue vendido en varias ocasiones y es propiedad de una cooperativa; un terreno en barrio Don Santiago (Los Gremios), comercializado en junio de 2020; otro en barrio Las Marías, zona sur (agosto de 2022); y un último terreno en barrio Cielo del Sur, Cerrillos (agosto de 2022).

Los lotes tenían diferentes ubicaciones, uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín, vendido en diciembre de 2018; otro en Ruta 26, camino a La Isla, vendido a mediados de 2019; un terreno en el barrio San Nicolás II, comercializado en octubre de 2019 y que fue vendido en varias oportunidades, perteneciente a una cooperativa; otro lote en el barrio Don Santiago (Los Gremios), cuya transacción se concretó en junio de 2020; otro en el barrio Las Marías, zona sur de la ciudad, vendido en agosto de 2022; y finalmente, un terreno en el barrio Cielo del Sur, en la localidad de Cerrillos, también vendido en agosto de 2022.

La jueza Carolina Sanguedolce condenó a Luz Florencia Analía Córdoba y Noelia Maribel Milagros Córdoba a 3 años de prisión de ejecución condicional. Carlos Mauricio Córdoba, Jesús Esteban Córdoba y Celina Frías recibieron 2 años de prisión condicional, mientras que María Elizabeth López Segovia y Nicanor José Facundo Figueroa Sánchez fueron condenados a 6 meses de prisión condicional.

Los condenados también se comprometieron a realizar una reparación económica que incluye la entrega de un inmueble, dos automóviles, seis sumas de dinero de $270.000, $280.000, $290.000, $330.000 y dos de $915.000, además de cuatro teléfonos celulares, una motocicleta, una bomba de piscina, dos televisores Smart TV de 55 pulgadas y un aparato de cocina.

Las sumas de dinero fueron abonadas al finalizar la audiencia de juicio abreviado.

 

Condenado por ocasionarle lesiones graves a su expareja

La damnificada había subido una foto a una red social, hecho que le molestó al individuo, quien la agredió físicamente, provocándole fractura de muñeca. Se le impusieron reglas de conducta.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Sala V del Tribunal de Juicio, Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre mayor de edad por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

El 4 de noviembre de 2021, por la tarde, la expareja del acusado, con quien compartía vivienda en la localidad de Cafayate, recibió una llamada del hombre. Con tono agresivo, él le reprochó haber publicado una foto en una red social y le exigió que la eliminara. Tras esto, cortó la comunicación.

Más tarde, en el domicilio, mientras la denunciante se encontraba en la habitación, el acusado ingresó y, sin decir palabra, le dio una cachetada y le lanzó una patada que impactó en su brazo derecho. Al salir de la habitación, la mujer se encontró con su hermana, a quien le relató lo sucedido, y esta le pidió al acusado que se retirara de la vivienda.

El certificado médico expedido por el profesional que atendió a la víctima constató que presentaba una fractura reciente en la muñeca.

El juez José Luis Riera, luego de escuchar la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves agravadas.

En el mismo fallo, se le impuso al condenado reglas de conducta por el mismo  tiempo que dure la condena, tales como la prohibición de ejercer actos de violencia física y psíquica en contra de la damnificada y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados y al Programa de Agresores del Ministerio Público Fiscal, debiendo presentar constancias una vez al mes.