Julio Frias

Condenado por abusar de su empleada aprovechando que dormía

En momentos en que la damnificada se había quedado dormida en un sillón del local, el acusado aprovechó para abusar de ella. Deberá cumplir normas de conducta y someterse a tratamiento psicológico.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra un hombre de 44 años de edad, que fue condenado por la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple.

En 2022, la damnificada denunció al acusado, quien la había contratado para que atendiera un local denominado “24 horas” de su propiedad y a quien conoce desde que era chica porque era amigo de su madre. Debido a que la denunciante estudiaba, el individuo le había ofrecido trabajar los fines de semana, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

En la madrugada del 28 de mayo de ese año, la joven mujer puso la alarma a las 5:30, como solía hacerlo, ya que a veces se quedaba dormida, tal como sucedió ese día. Al despertar, se dio con que el acusado tenía su mano adentro del pantalón y que estaba sometiéndola a tocamientos en sus partes íntimas, por encima de la ropa interior.

Al advertir que la mujer había despertado, el sujeto  le dijo que ya eran las 6:30, si quería irse a su casa y luego se fue rápido al baño. La denunciante tomó sus cosas y, llorando, se fue a casa de su madre, a la que le contó lo sucedido.

A partir de entonces, la víctima no volvió a tener contacto con el acusado y radicó la denuncia.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González Miralpeix sostuvo que la comisión del delito de abuso sexual simple surge a raíz de que, de los elementos colectados, se vislumbra un acometimiento contra la reserva sexual de la damnificada.

El Juez Ángel Amadeo Longarte condenó al hombre de 44 años a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional. En el mismo fallo, el Juez le impuso normas de conducta dispuso que el condenado se someta a tratamiento psicológico.

El Carril: Denunció a su sobrino y a su expareja por hechos de violencia

La acusada habría incumplido una orden de prohibición de acercamiento por un hecho de violencia familiar. En tanto, el acusado habría intentado agredir al damnificado, tras haber sido encontrado en el interior de la vivienda violando medidas cautelares.

El fiscal penal de Cerrillos, Delegación El Carril, Federico Gabriel Portal, imputó provisionalmente a un hombre mayor de edad por la presunta comisión de los delitos de amenazas con arma y desobediencia judicial y a una mujer mayor de edad por el delito de desobediencia judicial.

El propietario de una vivienda presentó una denuncia después de que, la noche del 21 de octubre, encontró a su sobrino y a la acusada, quien es su expareja, consumiendo alcohol en su casa. Días antes, la mujer había lesionado a su sobrino con una botella, siendo detenida, pero recuperó la libertad bajo medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2, que incluían una orden de prohibición de acercamiento al domicilio de su expareja.

Al descubrir a ambos en el dormitorio, el denunciante notificó a la policía para evitar incidentes similares a los anteriores.

Cuando los efectivos llegaron, el sobrino se mostró agresivo e intentó agredir al denunciante, pero fue detenido por uno de los policías. Posteriormente, el denunciante se retiró, y al llegar al puesto policial del CIC, se encontró nuevamente con el acusado, quien intentó atacarlo con una maza, siendo detenido de nuevo por la policía.

Durante la audiencia de imputación, ambos acusados dieron su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Portal solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno.

Intensa búsqueda de una menor de 15 años desaparecida desde el 24 de octubre

La última vez que fue vista, dos compañeros de colegio la observaron conversando con otro menor a la salida, antes de que se retirara, desconociendo hacia dónde se dirigió.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 15 años de edad, identificada como Aranza Martina Domínguez.

Fue la madre de la menor quien denunció su desaparición, ocurrida la tarde del  jueves 24 de octubre.

La denunciante afirmó que, ese día, alrededor de las 12:30, su hija salió para ir al colegio Miguel Ragone, ubicado en Onofre Marimón 501, en el barrio Autódromo, donde cursa el primer año de secundaria. Al no regresar a su domicilio en el barrio Cerámica a las 18:30, su madre se dirigió a la dependencia policial para presentar la denuncia.

Aranza Martina Domínguez es de contextura delgada, tez blanca, cabello color rojo a la altura de los hombros, con flequillo recto color negro.

La madre de la adolescente se comunicó por WhatsApp con dos compañeros de colegio, quienes confirmaron que ella asistió ese día a clases,  y que, al salir, conversó con otro menor antes de irse, pero desconocían hacia dónde se dirigía.  Al momento de ausentarse, la menor no contaba con teléfono celular.

Apenas el fiscal Ruiz de los Llanos tuvo conocimiento del hecho, dio instrucciones para que intervinieran el Grupo Investigativo 3B y la División Trata de Personas. Se ordenó el relevamiento de cámaras, tanto privadas como públicas, la exploración de redes sociales, así como entrevistas con familiares y amigos de la menor.

Se solicita a la persona que pueda aportar datos o información útil sobre el paradero de Aranza Martina Domínguez , comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Fue condenado a prisión efectiva y declarado reincidente por octava vez

El acusado registraba varios ingresos sin autorización al domicilio de su expareja y de la madre de esta, aun cuando pesaban medidas cautelares vigentes.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3, en la audiencia de juicio abreviado, fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OFIJu), contra un hombre de 36 años de edad por el delito de desobediencia judicial, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género y violación de domicilio (tres hechos), todo en concurso real.

Uno de los hechos fue denunciado por la expareja del acusado, con quien mantuvo una relación de cuatro años y con un hijo en común, fruto de esa relación.

La mujer radicó una de las denuncias el 1 de octubre de 2023, cuando aún convivía con el acusado en una vivienda de barrio Roberto Romero, expresando que la madrugada de ese día, el hombre la agredió en medio de una discusión, apuntando a que el acusado consumía sustancias. Tras propinarle golpes de puño en cara y cabeza, provocándole sangrado, el individuo se retiró de la vivienda y la damnificada terminó siendo ingresada al servicio de guardia del Hospital San Bernardo, donde se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneal, secundario a agresión por cónyuge.

Meses después de haberse separado del acusado, la mujer denunció que, al mediodía del 8 de enero de 2024, encontró al individuo dentro de su vivienda. Tras una discusión, él le propinó dos cachetadas en el rostro.

Otra denuncia fue recibida el pasado 29 de septiembre en la sede policial por parte de la madre de la expareja del acusado, residente del barrio El Cambio. La mujer manifestó que el sujeto había ingresado a su domicilio sin autorización, en estado de ebriedad y con golpes en el rostro. Fue el mismo individuo quien le dijo a la denunciante que había mantenido una  gresca antes de ingresar a su vivienda.

En agosto pasado, el sujeto había sido notificado por parte del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2 de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la denunciante y su grupo familiar.

El Juez Antonio Germán Pastrana, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 9 meses de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por octava vez.

El Carril: Acusado de incumplir el arresto domiciliario y amenazar a su hermana

El hombre se presentó en el domicilio aun cuando tiene vigente la exclusión de hogar. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Cerrillos, Delegación El Carril, Federico Gabriel Portal, imputó provisionalmente a un hombre de 39 años de edad por la presunta comisión de los delitos de amenazas, desobediencia judicial y evasión.

La denuncia fue realizada por la hermana del acusado, quien declaró que él se presentó de madrugada en la vivienda donde reside con sus hijos y sus padres, en estado de ebriedad y vociferando que nadie lo sacaría de la casa.

La damnificada llamó al Servicio de Emergencias 911 y fue el padre quien intervino para que su hijo subiera al móvil policial. En ese momento, el acusado la habría amenazado.

La denunciante mencionó que sus encuentran vigentes medidas cautelares, dispuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1, que incluyen la exclusión de hogar, prohibición de acercamiento y abstención de ejercer actos de violencia por parte del acusado.

Además, de constancia en actuaciones, surge que el individuo se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Portal solicitó mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno.

Acusado de ocasionar lesiones graves a un niño con una piedra que arrojó en medio de una pelea

Madre e hijo quedaron en el medio de una persecución entre dos sujetos, uno de los cuales habría lesionado al menor al haber arrojado una piedra. Será imputado en las próximas horas.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, abrió decreto de imputación contra un hombre mayor de edad por la presunta comisión del delito de lesiones graves con dolo eventual.

La denuncia fue presentada por la madre del niño afectado, de 8 años, quienes, en la tarde del pasado 23 de octubre, caminaban por la calle Gorriti hacia su domicilio, tras retirarlo de la escuela a la que asiste.

Al llegar a la intersección de Gorriti y Emeregildo Diez, la denunciante escuchó unos gritos y, al darse vuelta, vio al acusado y a otro hombre intercambiándose insultos e incitándose a pelear.

Luego, el acusado, quien acusaba al otro individuo de haber entrado a robar a su casa, comenzó a lanzar piedras en su dirección. Ante esto, el otro individuo comenzó a correr por la calle Gorriti, mientras el acusado lo seguía y continuaba arrojándole piedras.

Una de las piedras impactó en la cabeza del niño, quien cayó al suelo y se golpeó el rostro, lo que le causó diversas lesiones. La mujer, solicitó asistencia de una ambulancia para que socorriera a su hijo, mientras los dos sujetos salieron corriendo en diferentes direcciones.

El certificado médico emitido por el médico legal que examinó al menor detalla que presentaba excoriación circular de 3 cms., aproximadamente, en cara posterior tercio superior de antebrazo izquierdo. Además, el niño presentaba fractura de hueso parietal derecho con hundimiento y se encontraba en posquirúrgico por reducción de la fractura craneal. Todas lesiones recientes, producidas al golpearse con o contra elemento romo, duro y/o contundente.

El documento concluye afirmando que el menor corrió riesgo de vida debido a las lesiones sufridas.

Se espera que la audiencia de imputación tenga lugar en las próximas horas.

Dos efectivos policiales condenados por vejaciones

Un hombre resultó damnificado con lesiones en su cuerpo, producto de los golpes con la cachiporra y los impactos de bala de goma que uno de los acusados le ocasionó. Ambos acusados cumplirán reglas de conducta.

La fiscal penal (i), Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio, Distrito Centro, en la audiencia de debate contra dos hombres de 32 y 43 años de edad por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La mañana del 22 de julio de 2018, cuatro amigos regresaban de una fiesta caminando por la banquina derecha de la Ruta Nacional 68 y compartiendo una gaseosa. De forma imprevista, fueron interceptados por efectivos policiales que se desplazaban en una camioneta. Los agentes descendieron del vehículo y, en voz alta, les ordenaron que tiraran lo que estaban bebiendo.

Uno de los jóvenes respondió que solo estaban bebiendo gaseosa. Sin embargo, uno de los efectivos reaccionó sacando la cachiporra y golpeando la botella, para luego asestar un segundo golpe en el brazo izquierdo del joven, a la altura del codo. Tras esto, los uniformados subieron nuevamente al móvil policial y se retiraron.

A pocos metros del lugar donde los habían interceptado inicialmente, los policías volvieron a alcanzarlos. El mismo efectivo que había golpeado con la cachiporra a uno de los jóvenes le propinó nuevos golpes, esta vez en la cabeza y en el dedo meñique. En un intento de defenderse, el joven le arrebató la cachiporra al policía y la lanzó hacia un descampado para evitar que continuara golpeándolo, tras lo cual salió corriendo.

El uniformado tomó una escopeta y disparó contra el joven, quien, junto a sus amigos, continuó corriendo hasta llegar luego, al centro de salud del barrio Intersindical. Allí recibió atención médica por las heridas causadas por el disparo. Uno de los impactos lo alcanzó en la espalda y el otro en el glúteo izquierdo.

en su rol de funcionarios policiales, actuaron con un claro exceso de sus funciones. El acusado de 32 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como agente, fue señalado como autor de vejaciones, ya que agredió al damnificado mediante golpes y disparos con balas de goma, causándole lesiones.

Todo ello, afirmó la fiscalía, corroborado por las pruebas documentales, informes médicos y fotografías, lo que corrobora las lesiones sufridas. Asimismo, se encuentran los testimonios que dan cuenta del hecho y del perjuicio causado contra la integridad física del damnificado.

Por su parte, el acusado de 43 años, quien se desempeñaba como sargento al momento del incidente, también fue imputado por el mismo delito, pero en calidad de omisión. Según la fiscalía, el sargento presenció los hechos y habría permitido que se cometieran las vejaciones. Además, habría utilizado su arma reglamentaria para intimidar a los jóvenes con un propósito de burla o sorna, sin justificación alguna.

El Juez Francisco Mascarello condenó a los acusados a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial de 5 años por considerarlos penalmente responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.

En el mismo fallo, el Juez les impuso a los condenados, reglas de conducta por el término de 2 años y 6 meses, entre ellas, someterse a tratamiento psicológico por el tipo de delitos por el que fueron condenados y ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados.

Guachipas: Acusado de amenazar a su hermana y su madre desobedeciendo medidas cautelares

El acusado fue debidamente notificado de las medidas dispuestas por el Juzgado, pero pocos días después habría incumplido la orden al enviar mensajes amenazantes a su hermana. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Cerrillos, Delegación El Carril, Federico Gabriel Portal, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad por la presunta comisión de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

El 16 de octubre, la damnificada había radicado denuncia en contra de su hermano por violencia familiar.

Como consecuencia, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3 ordenó medidas cautelares, tales como la exclusión de hogar del  acusado, prohibición de ejercer todo tipo de violencia en contra de la denunciante y su grupo familiar y prohibición de acercamiento a 300 metros.

Sin embargo, la damnificada denunció que la noche del 20 de octubre, el acusado le envió mensajes de audio vía WhatsApp, en los que habría proferido insultos contra ella y su madre, además de amenazarlas.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Portal solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno.

Periodista salteño condenado por desobediencia judicial en causa de violencia de género

El fallo se emitió el pasado 22 de octubre. El acusado deberá cumplir pena condicional y respetar las reglas de conducta impuestas.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Juicio, Sala IV, en el juicio contra Martín Grande Durand, acusado de desobediencia judicial. La causa se originó por la denuncia de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien en julio de 2022 informó que el acusado había publicado un video en su perfil de Facebook, violando una medida cautelar vigente.

Dicha medida, dispuesta en junio de 2021 y ratificada en noviembre del mismo año, le prohibía realizar actos de violencia simbólica y mediática en redes sociales o medios masivos en contra de la denunciante. Grande Durand ya había descalificado públicamente a Simesen en mayo de 2021, cuando era legislador.

La Jueza Cecilia Flores Toranzos condenó a Grande Durand a 20 días de prisión de ejecución condicional y le impuso la obligación de realizar un curso sobre violencia de género, además de prohibirle ejercer nuevos actos de violencia simbólica y mediática, bajo apercibimiento de revocar la pena condicional.

Condenado por violentar bajo amenazas a su expareja y madre de sus hijos

La damnificada expresó que el acusado es una persona muy violenta y controladora.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 45 años de edad por el delito de coacción (dos hechos).

Uno de los hechos se produjo cuando la damnificada, expareja del acusado, con quien tiene cinco hijos en común y de quien se había separado hacía tres meses, recibió una llamada del individuo.

La denunciante se encontraba en su lugar de trabajo, y le informó al acusado que no podía hablar en ese momento. Ante esto, él reaccionó amenazándola, diciéndole que no colgara, o de lo contrario iría a su trabajo y le causaría problemas.

Poco más de una hora después, el hombre se presentó en la dependencia policial donde trabaja la damnificada, quien salió a atenderlo al frente.

Al negarse la mujer a dialogar con él, el sujeto se molestó, la empujó y la amenazó, diciéndole que si lo denunciaba, debería atenerse a las consecuencias.

A pesar de estar ya separados, ambos continuaban residiendo en el mismo domicilio, pero en habitaciones separadas. La mujer le había solicitado en diferentes oportunidades que se fuera del hogar, a lo que el sujeto respondía con amenazas.

Del informe de riesgo realizado por la perito de la Fiscalía surgió que la damnificada presentaba un alto grado de vulnerabilidad, con indicadores de riesgo de violencia cronificada, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, conductas de control y dependencia emocional.

El Juez Ángel Amadeo Longarte, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y, en el mismo fallo, le impuso reglas de conducta por el término de 2 años, tales como prohibición de ejercer actos de violencia física y psíquica en contra de la víctima y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.