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Imputan por homicidio simple al taxista que mató a un motociclista en Aguas Blancas

Se trata de Fabián Antonio Sarmiento, de 37 años, a quien la fiscal penal, Claudia Carreras, de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas de Orán, imputó el delito de homicidio simple por entender que el acusado obró con “dolo eventual”, ya que debió “representarse la responsabilidad del resultado muerte como consecuencia de su comportamiento al conducir”.

La imputación penal fue formalizada ayer en la fiscalía de la ciudad de Orán. El acusado, en tanto, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. La fiscal, por su parte, solicitó que se mantenga la detención del mismo y solicitó una serie de diligencias procesales complementarias, entre ellas la confirmación del registro de alcohol en sangre del imputado.

El hecho, según surge del decreto de imputación, ocurrió el sábado pasado alrededor de las 18, cuando la policía a partir del alerta del alférez Jonathan Benítez, quien fue el primero en tomar intervención tras el impacto de los vehículos, en la ruta 50 a la altura del acceso a la finca Demisa.

De acuerdo a los reportes de la policía, el accidente se produjo cuando el acusado, al volante de un taxi rural, Fiat Siena, circulaba de norte a sur por la ruta, mientras el segundo rodado, una motocicleta, de 125 cilindradas, conducida por Leonardo Jaimez, lo hacía en sentido contrario.

Al tomar intervención, la policía pudo advertir que el acusado y su acompañante, éste último tío de la víctima y del conductor, evidenciaban estar alcoholizados, por lo que se sometió a una prueba de alcoholemia, la que dio un registro de 3.56 de alcohol en sangre, sobre Fabian Antonio Sarmiento, quien conducía el taxi rural.

No obstante ello, la fiscalía ordenó la toma de muestra de sangre del acusado, con la cual ahora se lleva adelante un estudio a fin de confirmar la graduación de alcohol en sangre, prueba que está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Tras reunir las pruebas obtenidas en la escena del hecho, tanto periciales como declaración de testigos, la fiscal Carreras dispuso la imputación en contra de Sarmiento por el delito de homicidio simple, el que contempla una escala penal de 8 a 25 años de prisión.

Para Carreras el acusado obró con “dolo eventual”, ya que debió “representarse la responsabilidad del resultado muerte como consecuencia de su comportamiento al conducir”. La fiscal explicó que Sarmiento conducía de norte a sur por la ruta 50 en estado de ebriedad.

Agregó que a la altura del lugar de impacto, el acusado “cambió de carril de forma intempestiva, y producto de ello colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario”, la cual era conducida por la víctima.

Como resultado del impacto, agregó la fiscal, Jaimez perdió la vida, por lo que resaltó que el conductor actuó con “dolo eventual”, ya que lo hacía en un estado que podía causar el resultado lamentablemente alcanzado en una ruta transitada y lo hacía “cumpliendo un servicio de transporte público”.

Prisión para un ladrón que tenía en vilo al barrio San Carlos

Un hombre de 32 años y con un frondoso prontuario, fue condenado a la pena de 3 años de prisión efectiva por 3 hechos de robo en el barrio de la zona Sur. Su individualización fue posible a partir de una huella dactilar que dejó en una de las casas y por un tatuaje que lleva en una de sus piernas.

El fiscal penal 3, Pablo Paz, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Raúl Alberto Ruiz, imputado por los delitos de robo con efracción (2 hechos) y robo con escalamiento en concurso real.

La investigación se inició a partir de tres denuncias de vecinos del barrio San Carlos de esta ciudad, quienes habían sido víctimas durante el mes de Enero del accionar del acusado, quien ingresó a sus propiedades y sustrajo elementos de valor.

El grupo investigativo del Sector 3 B, a cargo del comisario Sergio Prieto, inició una minuciosa tarea con los diversos indicios recogidos en las viviendas donde Ruiz había delinquido.

Uno de los elementos fue una huella dactilar que dejó en una de las escenas, la cual fue analizada y permitió identificar a Ruiz como el autor del hecho. El otro elemento fundamental de la investigación fue el material fílmico de las cámaras de seguridad de una de las viviendas, donde se observa el despliegue del delincuente y se nota claramente un tatuaje particular en una de sus piernas.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, desde la Fiscalía se solicitó orden de allanamiento y detención para tres domicilios vinculados al sospechoso. Tras los procedimientos realizados, se logró su detención y el secuestro de algunos de los elementos sustraídos.

El juez Federico Javier Armiñana Dohorman, vocal interino de la Sala V del Tribunal de Juicio, tras recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de tres años de prisión efectiva y revocó la condicionalidad de una pena anterior impuesta por el Juzgado de Garantías 7, unificando ambas condenas en la pena única de tres años y tres meses de prisión efectiva.

Tartagal: atentaron contra la vida de un preso con salidas transitorias

Un condenado con el beneficio de libertad vigilada, recibió un disparo de arma de fuego cuando regresaba a su lugar de detención. Se investiga el hecho como tentativa de homicidio.

Imagen Ilustrativa

El fiscal penal Gonzalo Vega, interino en la Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, investiga un hecho ocurrido días pasados en esa ciudad, donde un preso que regresaba a su lugar de detención, recibió un disparo de arma de fuego en la zona abdominal.

Según consta en las actuaciones, Pablo Brienza cumple una condena unificada por robo calificado por el uso de arma y goza del beneficio de libertad vigilada. El día de los hechos, cuando Brienza era conducido por un familiar en una motocicleta al centro de detención, se aproximó otro rodado y el conductor le efectuó un disparo que impactó en la zona abdominal y huyó. La víctima fue atendida por la herida y permanece internada por la gravedad de las lesiones.

Desde la Fiscalía se dispusieron diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho, entre las que se cuenta el análisis de cámaras de seguridad de la zona, entre otras.

Caso Gaspar: Un imputado por homicidio doblemente calificado

El fiscal penal 4 de la UGAP, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Jorge Ariel Mendoza, quien asumió ser el autor del homicidio de Antonio Gaspar, de 55 años. El cuerpo fue hallado el miércoles pasado, en una camioneta Ford F100, sobre avenida Constitución. Mendoza fue imputado por homicidio doblemente calificado por alevosía y por ensañamiento.

Efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, afectados al Ministerio Público Fiscal, realizaron el seguimiento de las imágenes de las cámaras de seguridad y confirmaron que el trayecto que realizó Mendoza, el miércoles pasado, fue desde su domicilio, -ubicado la zona norte de la ciudad-, y hasta avenida Constitución, donde abandonó el vehículo con el cuerpo de Gaspar. Luego, regresó a su domicilio en un remis que abordó a dos cuadras.

Con esa información, el fiscal Ramos Ossorio elevó el pedido de allanamiento y detención al juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, quien autorizó y este sábado realizó la audiencia de control de legalidad de detención.

En el allanamiento en el domicilio, se secuestraron la barreta que Mendoza habría utilizado para ultimar a Gaspar y otros elementos de interés para la causa. El cuerpo de Gaspar presentaba un traumatismo encéfalo craneano y tres puñaladas en el pecho y una cuarta en la espalda.

Durante el allanamiento, Mendoza, quien se desempeña como tapicero, reconoció ser el autor del hecho. Según los testigos, la víctima y el victimario eran amigos y se reunían frecuentemente.
El crimen se habría cometido cinco días antes del hallazgo del cuerpo y la hipótesis del móvil, gira en torno a una deuda.

Penas de 7 y 8 años de prisión para asaltantes que hacían “entraderas”

En su raid delictivo, irrumpieron en viviendas de los barrios Tres Cerritos y Periodista, de donde se alzaron con numerosos bienes, dinero y joyas. Tras ser detenidos, la policía recuperó parte de lo robado y en juicio abreviado, la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos logró la condena de ambos acusados.

A bordo de un vehículo VW Country, este peligroso dúo había realizado dos robos a la modalidad de “entraderas”, mientras que un tercer hecho fue abortado en vista de que las víctimas alcanzaron a pedir ayuda a gritos, y esto puso en fuga a los dos delincuentes, quienes a los pocos días de ello cayeron detenidos.

Los hechos endilgados a los dos detenidos, según lo informado desde la UNICROH, datan de una ola de asaltos registrada entre el 27 y 29 de agosto del año pasado en barrio Tres Cerritos, cuando los acusados aparecieron por calle Los Olivos al 100 y 200 y Los Eucaliptus al 300, donde lograron ingresar en dos de tres domicilios, mientras que en un tercer inmueble el golpe se frustró por el alerta dada por una empleada.

Sobre el accionar de estos sujetos, el fiscal penal, Federico Jovanovics, explicó que los acusados esperaban a que las empleadas de las casas elegidas salieran, ya sea a realizar mandados, o bien, hacer la limpieza de las veredas, para luego cuando estaban por ingresar a los inmuebles atacarlas y así poder irrumpir en los domicilios.

Con esta modalidad, agregó el fiscal, los acusados ingresaron a dos de los domicilios, en Los Olivos al 200 y Los Eucaliptus al 300. “Una vez adentro, los imputados actuaban con armas, ya sea de fuego o cuchillo. Por lo general, uno se quedaba con los moradores, a quienes reducían en un sector de la casa, mientras el cómplice recorría el resto del inmueble en busca de bienes y otros valores, como dinero y joyas”, sostuvo.

Esta misma modalidad, en tanto, fue aplicada por los acusados, identificados por la fiscalía como Pedro Alberto Cadenas y Facundo Maximiliano Bay, el 24 de abril del año pasado en una vivienda del barrio Periodista, donde los imputados redujeron a los moradores y se apoderaron varios bienes y sumas de dinero.

La captura de este dúo, según lo informado, se logró a partir de fuertes medidas dispuestas a fin de dar con el vehículo utilizados por los asaltantes, cuyas características pudieron ser reunidas a partir del aporte de vecinos y de imágenes obtenidas de distintas cámaras de video situadas en los alrededores de los domicilios saqueados.

La captura

Tras los robos registrados en barrio Tres Cerritos, la policía logró interceptar el rodado en cuestión  en las calles Los Ombúes y Los Peteribíes, oportunidad en la que fueron detenidos los acusados. En la requisa del auto, se secuestró armas de fuego y otros elementos incriminatorios.

Posteriormente, en tanto, la fiscalía solicitó el allanamientos en la casa de los acusados, en Villa Mitre, donde se secuestraron otros elementos más que terminaron por determinar la autoría de los hechos denunciados, por lo que el fiscal avanzó con las imputaciones penales los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y arma blanca reiterados, privación ilegítima de la libertad, portación ilegítima de arma de fuego y tentativa de robo.

En vista de la carga probatoria reunida, el caso avanzó y en un juicio abreviado, la fiscalía obtuvo una condena de siete y ocho años de prisión para Cadenas y Bay respectivamente por los delitos antes mencionados.

Violencia: Avanzan con un Formulario Único de Denuncias

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la jueza de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari. Avanzaron en la posibilidad de constituir una unidad intrapoder que diseñe políticas públicas contra la violencia familiar y de género. Además, se coordinará el establecimiento de un formulario único de denuncias.

El procurador Abel Cornejo y la jueza de la Corte, Sandra Bonari, quien supervisa la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) y es responsable de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta; analizaron la posibilidad de implementar la Unidad que integraría a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la activa participación del Ministerio Público Fiscal en materia de violencia familiar y de género.

En tanto, el formulario único de denuncias se basará en elementos contenidos en el Protocolo de Organización y Actuación de la Corte de Justicia, que de acuerdo a lo explicado por Bonari, “establece una plantilla de denuncias, que abarca toda la casuística necesaria para el trazado de estadísticas y políticas criminales”. El mismo formulario será utilizado por la Policía de la Provincia y los agentes fiscales.

En ese sentido, Bonari dijo que hay provincias que todavía no tienen un protocolo, como sí avanzó Salta y que a pesar de las herramientas disponibles, todavía no alcanza para frenar los hechos. Entre ellos, incluyó los casos de abuso sexual infantil, “que es otra de las formas de la violencia”, afirmó la magistrada.

El antecedente de la ficha única de denuncias, es el «Protocolo de Organización y Actuación» para casos de violencia familiar y de género, propuesto por la jueza Bonari y avalado por el Procurador, a través de la Acordada 12704, que firmó cuando era juez de la Corte de Justicia de Salta.

El Protocolo establece el procedimiento a seguir ante el conocimiento o denuncia de situaciones de violencia familiar o de género y busca evitar la revictimización y que las prácticas y decisiones judiciales sean integrales. Fue elaborado por una comisión interdisciplinaria formada por abogados, secretarios, prosecretarios, psicólogos y agentes de justicia, creada con ese fin.

Justicia y Derechos Humanos: Abusos sexuales, Régimen Penal Juvenil y contravenciones en el temario

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias; la secretaria de Justicia, Carina Iradi y el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila.

Ante la inminente implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que regirá desde el 5 de septiembre próximo, los funcionarios debatieron sobre la importancia de la Mediación Penal Juvenil.

Además, ahondaron sobre el funcionamiento de la Mesa de Prevención de Abusos Sexuales y abordaron la implementación de una mesa interdisciplinaria para generar acciones que eviten la revictimización. En ese sentido, destacaron la necesidad de un acuerdo que permita que los agentes sanitarios sean capacitados en la toma y conservación de muestras, para asistir y completar la tarea de los médicos forenses que deben generar las pruebas en casos de abusos.

Por último, los funcionarios celebraron la creación de la Fiscalía de Contravenciones, que está a cargo de la fiscal Gabriela Buabse y destacaron la importancia de lograr una articulación con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con el objetivo de lograr mayor celeridad en los resultados; finalizar las causas y ordenar los remates de bienes incautados por infracciones al Código Contravencional de la Provincia.

Sistema Acusatorio: La Defensora General de la Nación destaca el apoyo local

Durante una reunión entre el procurador general, Abel Cornejo y la defensora general, María Inés Diez; la funcionaria informó que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, destacó la implementación de un acuerdo entre ambos poderes, con el fin de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales brinde apoyo a los defensores nacionales, como herramienta para la producción de pruebas necesarias para el ejercicio de la defensa.

El jueves 29 y viernes 30 de mayo pasado, la defensora general, María Inés Diez, participó de la octava edición de las Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial, durante las cuales defensoras y defensores públicos de todo el país debatieron sobre Régimen Penal Juvenil, Derechos Económicos Sociales y Culturales (salud; género y vivienda), Adopción, Flagrancia, Ejecución penal, Salud mental, Trata de personas y Violencia Institucional.

En ese contexto, Martínez dialogó con Diez sobre la decisión de de la Procuración General de la Provincia, de acompañar la transición de la Justicia Federal, a partir del 10 de junio próximo, cuando se implemente el sistema acusatorio en la justicia federal de la provincia. El 27 de mayo pasado, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la coordinadora de la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy, Ana Clarisa Galán Muñoz y al defensor oficial federal, Martín Bomba Royo.

Entre otros puntos, la Procuración y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, avanzarán en un convenio que permitirá asistencia del ámbito local al federal, ante la inminente implementación del Nuevo Código Penal. Después del encuentro con el procurador general Abel Cornejo, la defensora pública, Ana Clarisa Galán Muñoz, dijo que el propósito del convenio para el trabajo conjunto, es que contenga los alcances necesarios para garantizar el principio básico de la igualdad de armas. “La implementación del nuevo sistema significará un cambio de paradigma jurídico y procesal importantísimo”, afirmó Galán Muñoz.

En tanto, el defensor oficial, Martín Bomba Royo explicó que debido a la implementación del nuevo sistema acusatorio, que es similar al de la Provincia, pero con una generación avanzada, “vamos a tener que producir pruebas y estar más activos en las investigaciones”. Destacó el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales porque “el CIF es un laboratorio de excelencia a nivel nacional”.

Madre amenazaba a una comerciante por el escrache a su hijo en un robo

La mujer exigía que eliminen un video en el que se ve a su hijo cuando se apodera de dos teléfonos celulares. A raíz del escrache en las redes sociales, el botín fue devuelto, sin embargo, la acusada siguió con las amenazas. Fue detenida e imputada por los delitos de amenazas y coacción.

El caso, a cargo de la fiscalía penal 1, surge de una denuncia radicada por una mujer, propietaria de una carnicería ubicada en el barrio Vicente Solá, la que fue escenario del robo de dos teléfonos celulares, hecho ocurrido el 29 de mayo pasado.

Al revisar las cámaras de video internas del local, los propietarios advirtieron que el robo había quedado grabado, siendo un joven el autor, cuyo rostro fue expuesto en la red social de Facebook por uno de los propietarios, quien de esta manera pidió ayuda para identificar al delincuente.

La rápida difusión del video, según lo informados desde la fiscalía, tuvo su efecto, pues una mujer llamó a uno de los comerciantes y exigió la eliminación del video del escrache y a cambio ofreció la devolución de los dos aparatos robados, lo que fue concretado por una joven que se presentó en el negocio.

Posteriormente, siguieron los llamados con amenazas en contra de uno de los comerciantes, a quienes no sólo anunciaron atentados contra su vida, sino contra el local comercial, hecho que llevó a radicar la denuncia del caso, por lo que la fiscal, Gabriela Buabse, dispuso una serie de medidas investigativas para identificar a la mujer que hacía las amenazas.

Entre las diligencias del caso, la policía rastreó el número de teléfono desde donde provenían las amenazas, para posteriormente seguir el hilo investigativo, lo que les permitió llegar a la responsable de las llamadas, siendo la misma identificada como Rosa María Russo, con domicilio en el barrio Los Paraísos.

Al ser detenida, según lo informado desde la fiscalía, la acusada reiteró las amenazas, incluso hizo alusión de que no iba a delatar a su hijo y que una vez que quede en libertad buscaría al comerciante denunciante a fin de concretar sus amenazas.

En vista de los elementos de pruebas reunidos, la fiscal dispuso la imputación en contra de Russo por los delitos de “amenazas y coacción”. Asimismo, y ante el peligro de fuga y entorpecimiento procesal, se solicitó la mantención de detención de la acusada, como así también las medidas de protección del caso en favor del comercio y sus propietarios.

El Procurador dispuso cambios en la asignación de fiscales

Con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso cambios en la asignación de fiscales penales en las distintas fiscalías especializadas, descentralizadas y comunes en el Distrito Judicial del Centro.

Los cambios fueron adoptados en ejercicio de las atribuciones que los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia confieren al Procurador General.

En los considerandos de la resolución, el Procurador destacó que la inminente vacancia del cargo de fiscal penal de Maximiliano Troyano en la Fiscalía Penal de Limache, demanda la necesidad de reforzar la dependencia, para lograr una transición exitosa. En ese sentido, asignó al fiscal penal Pablo Paz a la Fiscalía Penal de Limache.

En tanto, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se hará cargo de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas N°2. Por su parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke será responsable de la Fiscalía Penal N°2, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Por último, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt pasará a desempeñarse como fiscal penal de General Güemes.