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“La dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes”

Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la apertura Primer Encuentro Interprovincial sobre “La revictimización de la Infancia – Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes”. Cornejo instó a una reacción ética de la sociedad y el necesario convencimiento de los tres poderes del Estado en prevenir, sancionar y erradicar el abuso sexual infantil.

Cornejo consideró que “la dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra continuidad” y advirtió que si no los protegemos “tendremos un futuro caótico, sin haber solucionado las heridas lacerantes del abuso sexual infantil que humillan a la sociedad”. En ese sentido, citó a una especialista forense e invitó a pensar que “si se comete un abuso y la sociedad no se siente integralmente abusada, no habrá reacciones éticas de la contundencia necesaria para revertir los hechos aberrantes”. Entonces, insistió en destacar la tarea del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, por lograr la condena en el caso de las atrocidades sexuales cometidas por religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, porque “fue una condena ejemplar para uno de los hechos más oprobiosos de la historia judicial argentina”.

El Procurador también apuntó a la necesidad de articular y potenciar acciones entre poderes del Estado. “Es imposible que uno solo de los poderes pueda llevar a cabo acciones eficientes, porque si los tres no están convencidos de que se trata de un oprobio que nos humilla, avergüenza, posterga y somete como sociedad, nada cambiará”, advirtió. Y agregó que los funcionarios “tenemos la obligación de revertirlo, para dignificar a las personas abusadas porque a pesar de todos los esfuerzos de las víctimas, las personas no vuelven a ser las mismas”. Según Cornejo, ese abordaje “no puede ser coyuntural y sí a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo, con voluntad inquebrantable de provocar un cambio estructural en los poderes públicos”.

Por su parte, la presidenta de la Red PAPIS, Lucrecia Miller consideró que a la gravedad de un abuso sexual infantil, se suma que “el problema empieza con la denuncia, porque además de una víctima, hay una familia estallada y que debe ser reconstruida”, especialmente cuando el abusador se encuentra en el entorno de la víctima. Recordó la necesidad de avanzar en la creación de la figura de Defensor del Niño en la Provincia y por otra parte, en discutir el proyecto de ley mediante el cual se impulsa la jerarquización de la víctima infantil con respecto de las otras. En el mismo sentido, Miller celebró que a partir de la sanción de la Ley 27.455, el abuso sexual en la Infancia se haya convertido en un delito de instancia pública. La norma modifica el artículo 72 del Código Penal y obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil.

En tanto, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano dijo que el derecho debe tender a restablecer la paz social, pero que en muchos casos, “se olvidó de la víctima”, y especialmente cuando se trata de una niña, niño o adolescente. “No se dio un remedio integral a la problemática en la provincia y allí es cuando la sociedad civil pide que se revea”, porque la infancia necesita tutela efectiva, finalizó.

Durante la apertura estuvieron con Cornejo, Catalano y Miller, la defensora general de la Provincia, María Inés Diez; el ministro Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, fiscales, autoridades e invitados especiales.

Zona Oeste: Imputaron al detenido por el femicidio de una menor

Walter Alejandro Espinoza, de 23 años, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género, en perjuicio de una menor, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en el baño de una cancha. Se abstuvo de declarar.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Espinoza por el delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género, en perjuicio de una menor, de 16 años. También pidió su detención preventiva. El acusado se abstuvo de declarar.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en el interior de un baño de la cancha conocida como “Los Vallistos” de barrio Palermo II. Entre otras medidas dispuestas por la fiscal, se ordenó el secuestro del teléfono del acusado y prendas de vestir con manchas de sangre.

La autopsia determinó que la adolescente murió como consecuencia de fuertes traumatismos recibidos en la cabeza, entre otras lesiones de ataque.

Abuso Sexual: Piden elevación a juicio contra Marco Teruel por las dos causas

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7, contra Marco Lautaro Teruel, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En la segunda causa, Teruel está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

El Fiscal realizó el requerimiento de juicio tomando en cuenta la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de los imputados y ratificó la calificación provisional otorgada oportunamente.

En la primera causa y tomando en cuenta la existencia de elementos probatorios obtenidos de la investigación a través de pericias psicológicas y psiquiátricas, declaraciones testimoniales, exámenes médicos, análisis telefónicos e informes de inspección ocular, pudo establecerse que Teruel habría cometido diversos hechos de abuso sexual en perjuicio de una niña cuando ésta tenía 10 años y en más de una oportunidad, aprovechando que la víctima frecuentaba su casa para jugar con un familiar.

En la segunda causa, Obeid atribuyó la calidad de coautores a Marco Lautaro Teruel, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

La imputación se originó en la denuncia de una mujer que relató que durante el verano de 2014, cuando tenía 19 años, fue abusada sexualmente por Marcos Lautaro Teruel, en su domicilio. En tanto, Rodríguez y Farfán habrían participado, según la valoración a la que arribó Obeid, después de analizar numerosos elementos incorporados a la investigación a través de las declaraciones testimoniales, inspecciones oculares, pericias psicológicas, exámenes médicos e inspecciones en teléfonos computadoras y redes sociales de la víctima y los imputados.

Zona Oeste: Un detenido por el homicidio de una menor

Un hombre mayor de edad fue detenido esta madrugada y acusado provisoriamente del delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género, en perjuicio de una menor, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en el baño de una cancha.

El cuerpo de la joven fue encontrado en el interior de un baño de la cancha conocida como “Los Vallistos” de barrio Palermo II. Interviene la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputará este viernes provisoriamente del delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género.

Entre otras medidas dispuestas por la fiscal, ordenó el secuestro del teléfono del acusado y prendas de vestir con manchas de sangre.

La autopsia determinó que la adolescente murió como consecuencia de fuertes traumatismos recibidos en la cabeza, entre otras lesiones de ataque.

Investigación Criminal: Fiscalías profundizarán relación con Nación

El Ministerio Público Fiscal profundizará el trabajo conjunto con el Centro de Inteligencia Criminal del NOA y sumará acciones coordinadas entre ambas instituciones. El CICRE NOA también integra la comisión interinstitucional conformada recientemente para la búsqueda de María Cash.

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la Coordinadora del Centro de Inteligencia Criminal Regional NOA, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación; Laura García Albesa.

Convinieron avanzar en ciclos de capacitación en inteligencia criminal contra el delito complejo y organizado y en mejorar el intercambio de información y análisis de datos para futuras investigaciones. La capacitación incluirá al Ministerio Público Fiscal y a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.

La profundización de la tarea se hará en nuevas fiscalías, ya que en otras se trabaja en forma conexa con temas específicos.

Del Centro de Inteligencia dependen Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

La Procuración pidió informes sobre contaminación en aguas subterráneas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, requirió informes a diferentes entes sobre la situación de las aguas subterráneas en el territorio. Ante la falta de respuestas, dio intervención al CIF y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Se evaluarán nuevas medidas.

Motivado por la posibilidad de que el agua de consumo humano procedente de explotaciones subterráneas resulte pasible de contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas, el Procurador elevó la consulta a los organismos de vigilancia provincial.

En primer lugar, requirió a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica Provincial explicaciones sobre las políticas de protección implementadas. Dicha Coordinación informó que no posee registros sobre aguas subterráneas; que aplica las normas de vigilancia a través de los centros de salud, y solo cuando existen casos puntuales de foco de patologías hídricas, coordina tareas con Aguas del Norte (CoSAySA). Por último, expuso que realiza el control sistemático sobre aguas envasadas.

Por otra parte, la Procuración pidió informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia respecto de su desempeño en la concesión de usos especiales de aguas subterráneas y su monitoreo; sobre los sancionados por generar efectos dañosos sobre las aguas y sobre la obligación de hacer un inventario actualizado anualmente, que establezca su grado de contaminación, conforme le exige el Código de Aguas Provincial. La autoridad hídrica contestó que no cuenta con la información de mapas de vulnerabilidad de acuíferos por falta de infraestructura. Además, informó que está empezando a realizar mapas de calidad de agua, con datos disponibles por regiones y en base a la concentración de algunos elementos físico-químicos. Por último, detalló las tareas de avance del mapa de riesgo de arsénico de Salta.

Los entes tienen el deber de realizar la clasificación y mapeo de las aguas subterráneas en relación a su vulnerabilidad, ya que es una obligación que pesa sobre sus autoridades desde la entrada en vigencia del Decreto N° 3097 del año 2000.

Tras el análisis de estos informes, el Procurador General decidió ampliar el pedido y se dirigió al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), a fin de que detalle la explotación subterránea de acuíferos para extracción de agua para consumo humano que realiza la prestadora provincial; la vigilancia sistemática realizada sobre su cantidad y calidad y especialmente sobre contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas y las políticas de protección implementadas. El ENRESP todavía no contestó.

Ante la falta de implementación de los instrumentos de control detectados, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo requirió la intervención del Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

Con los resultados de los exámenes solicitados, la Procuración determinará los pasos a seguir para adoptar nuevos cursos de acción que permitan conocer fehacientemente el estado de potabilidad de las napas subterráneas de la provincia y las posibles consecuencias ante el incumplimiento de normativa vigente sobre la información requerida.

Zona Oeste: Encuentran el cuerpo de una mujer en el baño de una cancha

Fue encontrado este jueves en el interior de un baño de la cancha conocida como “Los Vallistos” de barrio Palermo II. Interviene la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio.

Imágen ilustrativa

El hallazgo fue denunciado por un hombre que suele ejercitarse regularmente en el predio, quien alertó al sistema de emergencias 911.

Peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajan en el lugar con la presencia de la fiscal Salinas, quien tomó intervención en el caso y dispuso numerosas diligencias tendientes a la identificación de la mujer.

Detenido tras intentar robar una moto

La Fiscalía Penal N° 1 imputó a un joven que trató de robar una moto. La damnificada recuperó su rodado y el acusado quedó detenido.

El hecho ocurrido el pasado martes, en barrio San Silvestre, fue denunciado por la dueña de una moto, quien relató que mientras se encontraba en su vivienda junto a una amiga escuchó el ruido del portón y al perro ladrar. Cuando salió, encontró a un joven arrastrando su motocicleta a media cuadra de la vivienda. Al ser descubierto la soltó y emprendió la fuga.

La denunciante se dispuso a perseguirlo hasta que se topó con una patrulla a la que le reportó lo sucedido y describió cómo se encontraba vestido. En tanto, otro patrullero logró detener al acusado quien fue identificado como Diego Wilson Oliver, de 19 años.

Ante la consulta con la fiscal Gabriela Buabse, se solicitó su detención. Fue imputado este miércoles por hurto en grado de tentativa.

Barrio Ceferino: Investigan la muerte de una mujer

Fue encontrada en el interior de su vivienda de barrio Ceferino. Interviene la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio.

La mujer fue identificada como Rosa del Carmen Sosa, de 65 años, quien fue hallada por una vecina, a quien le llamó la atención que los perros de la mujer estuvieran fuera de la casa, cuando habitualmente los mantenía dentro de la vivienda de Hernando de Lerma al 1600.

La vecina manifestó que ingresó al domicilio después de romper parte de una malla metálica y la encontró muerta sobre la cama, según confirmaron luego profesionales del Samec.

La autopsia reveló que la muerte se produjo por traumatismo encéfalo craneano grave.

Salta es el cuarto distrito del país con una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia

Hasta ahora, existían la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Salta suma su Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia. Nación capacitará en la Provincia.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Provincial que establece la creación de una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia. Además, establece la creación de una Fiscalía Penal en los municipios de Cachi y Rosario de la Frontera y la designación de un fiscal penal como director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Delitos informáticos y Fiscalía especializada

El proyecto, que tuvo media sanción de la Cámara de Senadores el 19 de septiembre pasado, crea una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia y el cargo correspondiente, con competencia en todo el territorio salteño y con asiento en el Distrito Judicial del Centro.

La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y persecución de delitos, cualquiera sea su naturaleza, siempre que para su comisión sean utilizados medios informáticos y sus derivados cometidos a través de la red. Se entiende por “delito informático” a toda acción u omisión así prevista como tal en la legislación penal argentina, que fuera dirigida hacia medios informáticos, o bien que se concretara mediante la utilización de estos. Serán funciones de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia: intervenir en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.

Para el cargo se deberá designar un fiscal especializado en delitos que se cometen a través de medios cibernéticos.

Cooperación interinstitucional con UFECI

La necesidad de contar con una Fiscalía de estas características en Salta, fue transmitida al Consejo Asesor de Fiscales desde mayo pasado por el Procurador, quien avanzó desde entonces con distintas entrevistas con especialistas en la materia e incluyó, en julio pasado, un acuerdo de cooperación interinstitucional con el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal. El 26 de noviembre pasado, Casal recibió a su colega Abel Cornejo, quien se interiorizó sobre el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Anticiparon la firma de un convenio de colaboración para que el MPF nacional brinde capacitaciones en materia de ciberdelincuencia.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuecia (UFECI) entró en funciones hace cuatro años y su titular es Horacio Azzolin. En ese marco, el acuerdo entre ambos ministerios públicos contempla actividades de capacitación a cargo de la UFECI para el equipo salteño acerca de las herramientas de análisis y procedimientos que utiliza. Se prevé también que la Unidad que encabeza Azzolin realice una consultoría en Salta a esos fines.

Algunos de los delitos informáticos son: Pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; Violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica; Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; Acceso a un sistema o dato informático; Publicación de una comunicación electrónica; Acceso a un banco de datos personales; Revelación de información registrada en un banco de datos personales; Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; Fraude informático; Daño o sabotaje informático y Ciberacoso a un menor y/o Grooming.