En la jornada de ayer fue firmado en San Ramón de la Nueva Orán un importante acuerdo entre partes, a raíz del proceso de Mediación en el que intervino el Equipo de Conflictos Públicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que permitió el desalojo de la sede gremial de ATE.
Según lo establecido en la quinta cláusula, fue acordado que sea el Ministerio Público Fiscal el que ponga en conocimiento público que las partes arribaron a un acuerdo autocompositivo, sin publicar el contenido detallado del convenio, en respeto al principio de confidencialidad que rige en el proceso de Mediación.
Tras la firma del convenio rubricado este lunes 27 de diciembre en el que intervino el Equipo de Conflictos Públicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, la Sede Gremial de ATE ubicada en la esquina del Pasaje Alem y calle Alvear, se encuentra actualmente desocupada.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, investiga la posible comisión del delito de apremios ilegales por parte de efectivos policiales de la Comisaría 45 de General Mosconi y de la motorizada, en perjuicio de un joven de 29 años que permanece internado en delicado estado en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.
La intervención del fiscal penal Gabriel Alejandro González, se produjo a partir de la denuncia radicada por el padre del joven el pasado 17 de diciembre, en la delegación de la Fiscalía de Derechos Humanos de Tartagal.
En su denuncia, el padre indicó que el joven de 29 años, quien padece leucemia y es un paciente trasplantado, fue interceptado junto a un amigo a bordo de una moto por personal policial motorizado, en inmediaciones de un hotel ubicado sobre ruta nacional 34, para luego ser trasladado a la Unidad Regional 4 y posteriormente a la Comisaría 45 de General Mosconi, donde permaneció detenido durante dos semanas y habría sido golpeado por parte de los efectivos policiales.
De la denuncia, también surgió que el joven debió ser internado a los pocos días de recuperar su libertad en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y posteriormente fue derivado al hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta.
El fiscal penal Gabriel Alejandro González, dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho investigado, entre ellas, la recepción de numerosas testimoniales, la remisión de la historia clínica del paciente y otras para determinar la data de una lesión y su etiología, toda vez que del certificado médico al momento de la detención se advirtió la presencia de la misma.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, mantuvo este lunes importantes encuentros en la ciudad de Buenos Aires, con el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal y con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, se reunió este lunes con el procurador general de la Nación (I), Eduardo Ezequiel Casal, en el marco de un encuentro protocolar en el que se ponderó los beneficios del trabajo conjunto y articulado interjurisdiccional entre los fiscales provinciales y federales, coincidiendo en los objetivos de avanzar y fortalecer la labor conjunta interjurisdiccional, mediante el trabajo conjunto y coordinado entre fiscales provinciales y federales.
Cabe destacar que la provincia de Salta está siendo pionera en esta modalidad de trabajo, que tal como se observó en recientes investigaciones, permitió imprimir celeridad y eficacia en la resolución de diversas causas.
En este sentido, el procurador Pedro García Castiella, aseveró que “la actividad criminal traspasa y no reconoce jurisdicciones” advirtiendo que “el trabajo segmentado entre fiscales provinciales y federales no siempre beneficia el éxito de las investigaciones y debe superarse mediante una articulación conjunta que permita potenciar el trabajo y evitar la dispersión de esfuerzos. Con mayor razón aún con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal que expresamente contempla y aconseja esta actividad investigativa conjunta en los casos que proceda o mejor convenga al logro de resultados eficaces”.
De la reunión entre Casal y García Castiella también participó el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel.
Por otra parte, García Castiella también fue recibido por el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin. Durante el encuentro, ambos magistrados hicieron hincapié en la necesidad de impulsar y dinamizar las tareas preparatorias para la próxima puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia, recientemente creada.
Se avanzó en la planificación de una agenda de actividades a partir de los primeros meses del próximo año 2022, para la provisión por parte de dicha Unidad Fiscal Federal, de aportes en capacitaciones, experiencias, planificación y logísticas, aprovechándose así para la nueva Fiscalía Provincial a implementarse, la experiencia con la que ya cuenta la Unidad Fiscal Federal de Ciberdelincuencia.
Todo coincidiendo en la necesidad del intercambio y colaboración en el trabajo preparatorio necesario para un mejor funcionamiento de la nueva Fiscalía, para detectar, perseguir y reprimir este tipo de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, como así también eligiendo como víctimas a las y los menores de edad, las estafas virtuales y muchas otras modalidades criminales.
La creación de la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta, fue promulgada en diciembre de 2019 y su puesta en marcha agilizará la resolución de numerosos casos atravesados por la digitalización, como así también la distribución de investigaciones vinculadas con el uso de la tecnología entre otras fiscalías, descentralizadas y especializadas.
“La evidencia digital significará un importante salto en la calidad de las investigaciones y Salta será la cuarta provincia en el país en contar con una Fiscalía especializada”, resaltó el Procurador.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público a través de los medios de comunicación, luego de que dos mujeres se atrincheraran el pasado martes en las oficinas de la Cámara de Diputados, ubicadas en calle Rivadavia 747 de la ciudad de Salta.
Se trata de la exjefa del Área
Jurídica de la Cámara de Diputados y de una colaboradora, quienes habrían
impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a dos mujeres por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, ya que habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector, a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
Durante la audiencia de
imputación celebrada este miércoles, ambas mujeres, asistidas por sus
respectivas defensas, optaron por declarar y dieron su versión de los hechos.
La intervención del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se produjo luego de que las autoridades del organismo legislativo convocaran a personal policial. El fiscal precisó que en la mañana del martes, la primera de las acusadas fue citada por la Presidencia de la Cámara de Diputados y se negó a asistir.
Durante el atrincheramiento, inicialmente la mujer dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2, quien asistió al lugar a tomarle denuncia por supuestas irregularidades, porque así lo había pedido la ahora imputada, quien luego dijo que “no denunciaría nada porque no confiaba en la justicia”, por lo que no fue radicada una denuncia formal antes, durante, ni después del hecho investigado.
También dialogó con la mujer un mediador y se aproximó el Secretario Legislativo de la Cámara para realizar un inventario, a quien no le permitió el ingreso.
Momentos después, fueron advertidos intentos de pasar colchones y otros elementos por el balcón de la oficina, algunos de ellos susceptibles de producir fuego, por lo que al no producirse avances en el diálogo, fue solicitada la detención de ambas mujeres, medida que fue posteriormente ordenada por el Juzgado de Garantías 2.
Previamente, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal
precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino
removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta
permanente y seguirá afectada al servicio.
En la jornada de ayer, se realizó en Salvador Mazza la reconstrucción de los hechos investigados como medida probatoria ordenada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. En la causa fueron imputados dos efectivos policiales, acusados provisionalmente del delito de homicidio culposo en perjuicio de Estéfano Alexis Leonardo Barrios.
El fiscal penal Gonzalo Vega, encabezó este miércoles la reconstrucción de los hechos en la causa que investiga la muerte de Estéfano Alexis Leonardo Barrios, de 28 años, ocurrida en Salvador Mazza el pasado 26 de abril.
En este sentido, el fiscal informó que del procedimiento participaron la querella de la familia Barrios, ambos imputados y sus defensores, peritos de parte presentados por la querella, peritos de Criminalística y de Medicina Legal de la Policía de la Provincia y de la Fiscalía.
El procedimiento consistió en el recorrido realizado por Barrios, desde Plaza 9 de Julio hasta la esquina de las calles Joaquín Castellanos y Sarmiento, donde sufrió las lesiones que le causaron la muerte.
El fiscal indicó que ambos acusados, un oficial subayudante y un sargento ayudante de la Policía de la Provincia, firmaron un acta en Fiscalía y estuvieron dispuestos a participar de la recreación, en la que asumieron sus respectivos roles.
La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones de prevención de la Comisaría 40 de Salvador Mazza, en las que consta que el lunes 26 de abril, cerca de las 5:15, Estéfano Barrios caminaba por avenida 9 de Julio a la altura de la plaza de barrio Pueblo Nuevo, cuando habría sido divisado por los imputados, a cargo del control preventivo, quienes se acercaron al joven, de quien no surgió que hubiera cometido ningún ilícito.
Sin embargo, uno de los acusados habría descendido del móvil policial para dirigirse hacia Barrios, momento en que el joven corrió en sentido sur a norte por avenida 9 de Julio.
En las actuaciones consta que Barrios giró hacia la derecha y que al llegar a calle Joaquín Castellanos, uno de los acusados, quien lo perseguía a pie, subió nuevamente al móvil, para continuar una persecución de dos cuadras hasta darle alcance en calle Sarmiento, frente al puesto del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional, donde habrían cruzado el vehículo para dar alcance a Barrios a pie y hacerlo caer al suelo, mientras éste gritaba por ayuda.
Allí, el joven, atento al temor experimentado por la persecución, se habría realizado una herida cortante en el cuello con el filo de una botella rota.
Surgió que al llegar la ambulancia, el personal policial se encontraba en un principio parado al costado de Barrios, pero cuando llegó el enfermero, los acusados habrían actuado de forma nerviosa.
Al constatar que Barrios todavía estaba con vida, el joven fue traslado en la ambulancia y murió camino al hospital.
De los hechos mencionados, surgió que los imputados habrían incumplido los reglamentos y deberes propios de su cargo, al realizar el procedimiento policial que derivó en la muerte Estéfano Alexis Leonardo Barrios, debido a un shock hipovolémico por lesión vascular grave.
El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar al pedido de detención de dos mujeres, quienes en las próximas horas serán imputadas provisionalmente por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional. La detención se concretó después de la intervención de un mediador y de que las acusadas no depusieran su actitud. Ambas cumplen arresto domiciliario.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público a través de los medios de comunicación, luego de que dos mujeres se atrincheraran en las oficinas de la Cámara baja, ubicadas en calle Rivadavia 747 de la ciudad de Salta. Se trata de la exjefa del Área Jurídica de la Cámara de Diputados y de una colaboradora, quienes durante este martes habrían impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades.
En este sentido, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, cuya intervención se produjo luego de que las autoridades del organismo legislativo convocaran a personal policial, indicó que inicialmente la primera de las detenidas dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2 y con un mediador. Posteriormente, también dialogó con ella el Secretario Legislativo de la Cámara.
Luego de que no se produjeran avances en el diálogo, en horas de la noche, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal
precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino
removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta
permanente y seguirá afectada al servicio.
Luego de que el Juzgado de Garantías 2 hiciera lugar al pedido de detención, ambas mujeres cumplen arresto domiciliario y serán imputadas provisionalmente en las próximas horas por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, ya que habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
Luego de realizar la investigación, la fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre, tío de la víctima, por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda (tres hechos) en concurso real.
La fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga a un hombre de 55 años que fue denunciado por abuso a una menor de 13 años.
El hombre, que fue imputado provisionalmente por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda (tres hechos) en concurso real, se encuentra detenido y no prestó declaración durante la audiencia.
La fiscala Filtrín Cuezzo tomó intervención en el caso luego de que una psicopedagoga pusiera en conocimiento de la Justicia que, durante una entrevista realizada con una menor de 13 años, ésta le reveló que había sido víctima de abuso por parte de un tío.
A través de Circuito Cerrado de Televisión con profesionales, la niña contó que mientras se encontraba al cuidado de su tío, éste la habría sometido a tocamientos y accedido carnalmente.
La madre de la víctima, al tomar conocimiento de la situación, decidió radicar una denuncia.
Reunidos distintos elementos de prueba, la fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán solicitó la detención del hombre y realizó la audiencia de imputación.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento este martes a Daniel Alejandro Escalante como Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro, Circunscripción Cachi.
Del acto participaron la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general, Mirta Lapad; el defensor general, José Gabriel Chibán y el procurador general, Pedro García Castiella, quien le tomó juramento a Daniel Alejandro Escalante. El funcionario se desempeñará como Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro, Circunscripción Cachi.
El acto de juramento de Escalante se
desarrolló este martes 7 de diciembre en el salón auditorio de la Escuela del
Ministerio Público.
La Ley 8175, de creación de la Fiscalía Penal Cachi, fue promulgada el 16 de diciembre de 2019. En su primer artículo, establece que estará a cargo del Fiscal Penal que contará con las atribuciones y deberes fijados en los Códigos de Procedimientos y en la Ley Orgánica del Ministerio Público 7328 y sus modificatorias.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contras las Personas, Leandro Flores, tomó intervención en la causa originada tras el siniestro vial ocurrido esta mañana en la Circunvalación Este, en cercanías del Parque Industrial, donde un hombre mayor de edad que se trasladaba en bicicleta murió tras impactar con un camión.
El siniestro ocurrió este martes, cerca de las 6:30, en la Circunvalación Este, en cercanías del Parque Industrial. Allí, un hombre mayor de edad que se desplazaba en bicicleta, murió tras impactar con el camión.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contras las Personas, Leandro Flores, dispuso la realización de distintas medidas para establecer las causas del siniestro, entre ellas, la intervención del personal de Criminalística de la Policía, para la realización de las pericias de rigor.
En tanto, el conductor del camión que transportaba garrafas de gas, fue demorado en el lugar para su identificación y la realización de pruebas toxicológicas.
El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidos los protocolos vigentes, se realizará la correspondiente autopsia.
Durante la conferencia de prensa desarrollada en la mañana, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix, brindaron detalles sobre la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas iniciadas tras los hechos ocurridos este martes en la ciudad de Salta, de secuestro extorsivo a un empresario y tentativa de rapto a una menor de edad.
Al tomar la palabra, el Procurador afirmó que “ocurrió un hecho criminal inusual y extremadamente grave”, en relación al secuestro extorsivo con pedido de rescate de un importante empresario de la ciudad, quien por la noche de este martes ya se encontraba sano y salvo, y en su domicilio con sus familiares, pese a recibir lesiones menores en ocasión del hecho.
El Procurador hizo hincapié en la gravedad de la situación y celebró la recuperación de la persona secuestrada, como así también del dinero previsto para la entrega controlada.
En este sentido, el Procurador sostuvo que ante estas situaciones que “no se corresponden con la habitualidad criminal a la que pueden estar acostumbradas la ciudad y la provincia”, se debe dar brindar una respuesta contundente y eficiente del Estado en sus distintos ámbitos, porque “en Salta no puede haber lugar para el desarrollo de este tipo de modalidades criminales”.
El Procurador indicó que a raíz del hecho, se imprimió una dinámica contrarreloj y estableció contacto con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien inmediatamente puso a disposición al jefe de Policía, José Alberto Ibarra. Por jurisdicción, tomó intervención el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien también puso en conocimiento de la situación a los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba.
El Procurador destacó el trabajo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, como así también del jefe de Policía, José Alberto Ibarra; de la jueza de Garantías interviniente, Ada Zunino; de los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba y del Cuerpo de Investigaciones del CIF, además de organismos nacionales que brindaron su colaboración.
Secuestro
extorsivo
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, informó que inicialmente se tomó contacto con un familiar de la víctima y con su abogado cerca de las 14 de este martes, quienes ante el desconcierto fueron convocados en la Procuración General, para luego realizar una investigación en tiempo real, la cual mediante distintas tareas permitió mantener contacto con la persona secuestrada.
En este sentido, el Fiscal indicó que fue acordado un mecanismo de entrega y un lugar monitoreado, por lo que fue desarrollado un operativo cerrojo para evitar la entrega controlada y lograr acceder a la persona secuestrada, que era la principal prioridad.
Ramos Ossorio confirmó que los secuestradores simularon ser policías para realizar el secuestro e informó que actualmente dos hombres permanecen detenidos, mientras se trabaja en forma conjunta con la Fiscalía Federal, que continuará con la competencia de la causa.
Tentativa
de rapto
Por su parte, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, informó que durante la tarde de ayer, en cercanías del Hogar Escuela, una menor de edad fue interceptada por un hombre mayor de edad que se acercó a ella con su vehículo particular e intentó subirla al rodado.
La menor logró escapar y corrió
al edificio del Hogar Escuela, desde donde logró captar imágenes del vehículo.
El hombre, expolicía de la Provincia, fue posteriormente detenido en inmediaciones de las calles Caseros y Juramento. Será imputado provisionalmente en las próximas horas por el delito de rapto en grado de tentativa.