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Abuso sexual: Le pidió comida, un cigarrillo y la tocó

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 41 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una mujer.

De la declaración testimonial de la víctima, surgió que el acusado atentó contra la libertad sexual de la joven, al someterla a tocamientos el domingo 4 de octubre pasado, cerca de las 17.30.

La denunciante manifestó que al salir de la casa de su padre, ubicada en calle Mariano Boedo, a buscar cigarrillos en su auto estacionado al frente, se acercó el acusado, quien le pidió algo de comer.

Tras contestarle que no tenía comida, la mujer regresó en dirección a la vivienda de su padre, cuando sorpresivamente el imputado le tocó la cola, mientras también le pedía un cigarrillo.

Al ser demorado por familiares de la denunciante y por personal policial, uno de los policías que intervino dio cuenta que el imputado tenía sangre en el rostro y se golpeaba contra el piso para autolesionarse, con la intención de evitar ser detenido.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que el tocamiento corporal libidinoso fue de carácter inequívocamente sexual, también llamado “tocamiento inverecundo” y que es dirigido generalmente a partes pudendas del cuerpo asociadas a la actividad sexual, lo que configura un atentado a la reserva sexual de la víctima.

Irá a juicio por abusar sexualmente de su inquilina

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado un hombre de 40 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una mujer.

La denuncia fue radicada por la víctima el 21 de mayo de este año, en la que manifestó que residía junto a su pareja en barrio Castañares y que el 8 de ese mes, tras una pelea, tuvo que abandonar el departamento.

Sostuvo que al no tener familiares en esta provincia, dejó esa noche sus pertenencias en casa de un conocido que se ofreció a ayudarla.

Al día siguiente, la mujer encontró un alquiler en barrio Leopoldo Lugones, donde fue atendida en un primer momento por el acusado, quien le manifestó que tenía una habitación disponible.

Tras esto, la denunciante se comunicó con la persona que tenía sus partencias para que se las acercara. Al llegar, el hombre vio al acusado y le advirtió a la víctima “ojo con este”, ya que lo conocía por trabajar juntos en una remisera, donde el imputado tuvo problemas con compañeras y pasajeras, por ser muy “confianzudo”.

Del requerimiento surgió que el lunes siguiente, cerca de las 1, al estar la víctima en su habitación, sentada en la cama y conversando con el acusado que estaba parado al lado de la puerta, este ingresó, se sentó al lado de ella y la besó, mientras ella intentaba sacarlo con sus brazos y le decía que no. Luego, el imputado la accedió carnalmente, por lo que atentó contra la libertad e integridad sexual de la víctima.

Apolinario Saravia: La “amenazaban” desde una cuenta falsa de Facebook que ella misma creó y fue imputada

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó provisionalmente a Yessica Yudith Yulán, de 48 años, acusada del delito de falsa denuncia en perjuicio de la administración pública.

Del decreto de imputación, surgió que en septiembre, la acusada radicó una denuncia en contra de un hombre con domicilio laboral en la Municipalidad de Apolinario Saravia, por amenazas de muerte y violencia psicológica contra la hija de 17 años de la denunciante y del grupo familiar.

Sostuvo que las amenazas llegaban mediante una cuenta de Messenger y que el denunciado actuaría en venganza por una denuncia de abuso sexual en su contra.

La denunciante dejó constancia que ya existía una denuncia radicada en contra del acusado en la Subcomisaría El Dorado.

También expresó que durante la madruga del 9 y del 10 del mes en curso, intentaron ingresar a su vivienda ubicada en barrio San Roque.

Luego aclaró que por una ventana de su domicilio, cerrado con tapia y rejas, pudo ver a dos hombres, a quienes no pudo reconocer. Sostuvo que vecinos también pudieron verlos sin reconocerlos e remarcó que sospechaba que el acusado tenía que ver con este hecho y que lo hacía responsable por su integridad física y la de su familia.

Además, en la causa fue incorporada una denuncia de Yulán de fecha 24 de septiembre, en la que sostuvo que recibió mensajes con amenazas de usuarios de Facebook y agregó que personas encapuchadas llegaban al frente de su domicilio a golpear las manos y se retiraban velozmente.

Cómo se detectó la falsedad

Para realizar la imputación, la fiscal penal Marcía Celeste García Pisacic, tomó en consideración un informe de tareas de campo realizado por la Unidad Especial de Investigaciones, que concluyó, con la información suministrada por Facebook, que la cuenta de uno de los supuestos amenazadores fue creada con el teléfono celular que la denunciante reconoció como propio durante el allanamiento a su vivienda. Por otra parte, el GPS marcó la ubicación de su domicilio en la fecha y horario en el que la cuenta fue creada.

También fue establecido que otra de la cuentas fue creada con el teléfono celular de una amiga de la imputada.

En sus fundamentos, la fiscal sostuvo que los hechos relatados deben ser analizados en el marco del artículo 245 del Código Penal, que reprime con prisión de dos meses a un año o multa de $750 a $12.500 a quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

Explicó que con el engaño, la acusada ofendió a la justicia pública, no solo porque se presentó ante la Fiscalía y relató hechos falsos que configuraron la comisión de delitos de acción pública, sino que además, con sus múltiples exposiciones públicas en las que reclamó protección, causó también un perjuicio al sentimiento de seguridad de los ciudadanos.

En relación a la denuncia contra el empleado municipal, hubo cuentas de Facebook que fueron dadas de baja, por lo que no se pudo lograr la investigación a las cuentas informadas. Sin embargo, los elementos colectados en la investigación pudieron determinar la conducta penalmente reprochable de la acusada, no solo por provocar el trabajo estéril e todos los involucrados en el proceso, sino también el dispendio de tiempo y medios del personal policial.

“Todo ello importa una burla y un desprestigio para la justicia, que no puede ser engañada ni debe servir a interés alguno, cualquiera sea el fin que se proponga en la denuncia”, afirmó la fiscal García Pisacic.

Irá a juicio por abusar sexualmente de tres hijas y amenazar a su familia con un machete

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 46 años, acusado de abusar sexualmente de tres de sus hijas y amenazar a su familia con un arma blanca.

El imputado fue acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y por aprovechar la convivencia preexistente (dos hechos) en perjuicio de una menor de 15 años; abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y por aprovechar la convivencia preexistente y abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por el vínculo, la guarda y por aprovechar la convivencia preexistente en perjuicio de otra menor de 13 años; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y su reiteración agravado por el vínculo, la guarda y por aprovechar la convivencia preexistente, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y por aprovechar la convivencia preexistente continuado y lesiones leves agravadas por el vínculo y el género, en perjuicio de otra víctima de 18 años y amenazas con arma, todo en concurso real.

Del requerimiento surgió que el acusado, padre de las tres víctimas, perpetró severos ultrajes contra su libertad y dignidad sexual.

Respecto de la víctima que alcanzó los 18 años al momento de la denuncia, surgió que cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, el acusado comenzó a someterla a tocamientos mientras su madre no estaba en la vivienda. Los hechos se repitieron hasta que la menor alcanzó los 15 años, cuando la accedió carnalmente.

Además, se acreditó que el 7 de junio de 2020, tras un altercado en la vivienda familiar ubicada en La Ciénaga, el acusado le propinó un golpe de puño en la boca a la damnificada, lo que fue observado por testigos.

Respecto de la menor de 15 años, surgió que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que el acusado atentó contra su dignidad sexual desde los 14 años, al someterla a tocamientos. También la amenazó de muerte si contaba sobre los abusos.

En lo concerniente a la menor de 13 años, fue acreditado que el acusado la accedió carnalmente, días antes de que fuera radicada la denuncia en su contra. En su caso, los tocamientos comenzaron cuando la niña tenía 11 años.

La denuncia fue radicada el 20 de junio por la madre de las víctimas, en contra de su marido, con quien lleva casada 20 años y tuvo 9 hijos en común. En su relato, la denunciante sostuvo que toleró agresiones y golpes del imputado durante muchos años para que sus hijos no se quedaran sin padre.

Expresó que ese día, el acusado llegó en estado de ebriedad y se molestó con un yerno, a quien intentó agredir. Allí, tomó un machete, amenazó a la familia e intentó romper la heladera. Al llegar el personal policial al lugar, una de las hijas sostuvo que ya no deseaba vivir con el denunciado y relató los abusos que sufrió.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los hechos descriptos fueron corroborados, fundamentalmente con la declaración de las tres víctimas en la Fiscalía y en circuito cerrado de televisión, donde pudieron contar los aberrantes actos a los que fueron sometidas por su propio padre. Ello resultó coincidente con lo manifestado a su entorno familiar, con un relato sostenido en el tiempo y coherente, lo que avaló la verosimilitud de los sucesos narrados.

Sobre el delito de amenazas con arma, el fiscal lo imputó por atentar contra la tranquilidad y libertad espiritual de su familia, a quienes amedrentó con un machete que luego fue secuestrado. Al hecho lo confirmaron testimonios familiares y de vecinos.

El Bajo: A juicio, por facilitar la prostitución

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Susana Peducasse Ávila y Ramón Alfredo Gordillo, acusados del delito de facilitación a la prostitución.

Del requerimiento surgió que ambos imputados atentaron contra la libertad sexual de mujeres que acudieron a un domicilio ubicado en calle 16 de Septiembre al 700 de la Ciudad de Salta, en busca de un ingreso monetario, traducido en el derecho de disponer de sus propios cuerpos en el marco de su sexualidad.

Las actuaciones del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, iniciaron con un informe policial, del que se desprendió que el viernes 26 de junio de 2019, ingresó un llamado al Sistema de Emergencias 911 proveniente del sector mencionado, en el que la imputada Peducasse Ávila, alertó sobre una mujer de 22 años que trabajaba en “El Bajo” y que era intensamente buscada luego de que se fuera con un cliente y no regresara.

Ese fue uno de los datos para el inicio de la investigación, en torno a la cual el fiscal sostuvo que la conducta desplegada por Peducasse Ávila, resultó indiscutible si se toma en cuenta ese origen y el resultado de las tareas de vigilancia realizadas en la zona, donde pudo verse a la acusada mientras acudían los clientes.

De lo manifestado por las víctimas, pudo saberse cómo era el arreglo económico de las víctimas con la imputada, quien prestaba el inmueble y proveía preservativos, a cambio de una parte de las ganancias.

Respecto a Gordillo, el fiscal calificó su conducta como la del clásico “alcahuete”, ya que durante las tareas de vigilancia, fue visto en numerosas oportunidades en las afueras de la vivienda, desde donde hacía señas a las víctimas y les indicaba qué hacer, mientras ingresaba al recinto con absoluta naturalidad y familiaridad.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los acusados promovieron y facilitaron la prostitución de las víctimas, lo que de por sí lesiona el bien jurídico protegido, ya que contribuyeron a la degradación de las víctimas, al atentar contra su dignidad sexual.

Destacó que si bien los imputados no ejercieron directamente violencia sexual contra las damnificadas, ni se aprovecharon de su actividad sexual (conductas que trasladarían el hecho a otro delito), en el marco de la distribución de tareas antes indicada y de manera coordinada, contribuyeron a la prostitución de las víctimas, al poner a su disposición la oportunidad y los medios, además colaborar con la organización y vigilancia ante la llegada de clientes, trasladar a las trabajadoras y realizar eventuales captaciones.

Docente de la Iglesia Evangélica, a juicio por abusar sexualmente de una menor

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 37 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por ser encargado de la educación de la víctima.

Del requerimiento surgió que la conducta del imputado fue establecida, en primer lugar, a través de las declaraciones de la madre de la víctima, quien radicó denuncia en marzo de 2019, luego de tomar conocimiento de que su hija de 16 años cursaba un embarazo que sería producto de un abuso por parte del acusado, quien se desempeñaba como maestro en la Iglesia Evangelista a la que solían concurrir.

En su declaración, la denunciante manifestó que el imputado era profesor en esa Iglesia, que leía la Biblia, tomaba asistencia y era miembro activo de la comunidad.

Los abusos impartidos por el acusado, sucedieron en reiteradas ocasiones y la primera vez ocurrió cuando la víctima tenía 15 años, luego de que el imputado la llevara a un baldío, donde la tiró al suelo y abusó sexualmente de ella.

Relató que en otras ocasiones, el acusado la esperaba en la puerta del colegio y la llevaba a la casa de su tía, donde la forzaba a tener relaciones sexuales, mientras que en otras ocasiones, los ultrajes ocurrieron en una casa del centro de la Ciudad de Salta.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, destacó que las circunstancias ya mencionadas, fueron acreditadas con la declaración de la víctima pero también con la evidencia irrefutable del del informe de ADN del CIF, que arrojó como resultado el vínculo biológico entre el acusado y el hijo de la víctima.

Sostuvo que el acusado vulneró la integridad sexual de la víctima, al accederla carnalmente de manera continua, al ser docente de la menor, lo que indudablemente facilitó la comisión de los abusos durante todo el tiempo, con lo que los eventos se ven agravados.

Campo Quijano: Tres imputados por el violento robo de $110.000 de un galpón

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Gabriel Alberto Panique, de 37 años; Carlos Antonio Giménez, de 38, y Pablo Joaquín Rojo, de 20, acusados del delito de robo doblemente calificado en poblado y en banda y por ser cometido con el uso de arma de fuego.

De la investigación, que contó con el trabajo de la Brigada de Investigaciones 1 junto al Grupo de Investigadores del Sector 2, surgió que los acusados ingresaron al depósito del denunciante ubicado sobre calle Buenos Aires al 500, de Campo Quijano, y través del uso de arma y golpes, se apoderaron ilegítimamente de una caja metálica, que contenía la suma de $110.000, para luego escapar en un automóvil Chevrolet.

Las actuaciones del fiscal penal Pablo Rivero iniciaron con la denuncia radicada por la víctima el 24 de octubre, en la que expresó que es el propietario de un galpón de depósito utilizado para guardar cajones de gaseosas, cervezas y vino.

Indicó que cerca de las 20:30 de ese día, escuchó sonar el portón de ingreso, se dio con dos hombres que ingresaron y le gritaron “hacela corta, tirate al piso”, mientras uno de ellos, vestido con remera blanca, le apuntó con un revólver. Sobre el segundo, el denunciante sostuvo que tenía un hierro largo y que estaba vestido con un buzo oscuro.

Posteriormente,  comenzó un forcejeo entre el denunciante y el hombre armado. La víctima sufrió  golpes en la cabeza que le produjeron lesiones, mientras que el otro hombre lo golpeó por la espalda con un cajón de gaseosa.

El denunciante quiso cerrar el portón de ingreso, con las intenciones de que los causantes se quedaran en el lugar hasta la intervención de alguna persona que pasara por el lugar. En esos momentos, intervino el tercer hombre, sobre quien la víctima pensó que era un vecino que había acudido en ayuda y que también golpeó al denunciante.

En un último forcejeo,  la víctima se quedó con una zapatilla y una gorra de uno de los acusados, quienes escaparon por la esquina de las calles San Martín y Belgrano.

La víctima, herida, fue asistida por vecinos que llamaron al Sistema de Emergencias 911. El damnificado sostuvo que tenía cámaras de seguridad privadas, con las que se verificó el ingreso de los acusados y el robo de la caja con la suma de $110.000 del interior de la oficina.

Distintas tareas investigativas, que incluyeron entrevistas a testigos y el estudio de imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la víctima, permitieron la identificación de los acusados, uno de ellos investigado por la misma fiscalía por otros delitos.

El 2 de diciembre, se realizaron 17 allanamientos y entre ellos, en los domicilios de los investigados. Del domicilio de Panique, ubicado en barrio Nueva Esperanza, se secuestraron tres teléfonos celulares. El acusado fue trasladado al Centro de Contraventores para los trámites legales al caso.

En tanto, del domicilio de Giménez, de barrio Leandro Alem, se secuestró un teléfono celular, cupones de pago y certificados de cobertura de una aseguradora correspondientes a un vehículo Chevrolet. También se requisó y secuestró un Fiat Palio, del que también se secuestró dinero en efectivo por $7.030, un teléfono celular, un buzo color azul con capucha con bolsillo en la parte frontal baja tipo canguro. En ese marco, se encontró un envoltorio plástico con sustancia estupefaciente y se dio intervención a Drogas Peligrosas. Se ordenó la identificación simple del acusado.

Del domicilio de los padres de Pablo Joaquín Rojo, ubicado en barrio Alto Valle, se secuestraron dos teléfonos celulares, zapatillas y una gorra con visera negra. En tanto, el investigado fue trasladado al Centro de Contraventores para los trámites legales del caso.

El Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de detención de los acusados.

Investigan posible abuso policial durante una protesta en Salvador Mazza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso, de oficio, la apertura de una investigación para determinar posibles abusos policiales, durante una protesta en Salvador Mazza, en la que comunidades criollas e indígenas reclamaron el acceso al agua potable, electricidad, caminos y regularización sobre tierras.

Videos e imágenes publicadas en medios de comunicación y redes sociales, dieron cuenta de la existencia de varios heridos, entre ellos niños, niñas y una mujer embarazada, durante el reclamo de las comunidades por el acceso a servicios básicos a las autoridades del municipio ubicado en el departamento General José de San Martín.

Según las mismas informaciones publicadas, los efectivos policiales habrían actuado sin la orden judicial pertinente para cualquier operativo de despeje o desalojo.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso la realización de una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho ocurrido en cercanías del puente fronterizo con Bolivia.

Pichanal: La golpeó y amenazó cuando intentó frenar una pelea con su hijo

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a un hombre de 46 años, acusado del delito de lesiones leves doblemente agravadas por tratarse de una persona con la que mantiene una relación de pareja, mediando convivencia y por ser un hecho cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género y amenazas en concurso real.

Las actuaciones de la fiscal penal María Sofía Fuentes, iniciaron con la denuncia realizada el último 29 de noviembre por la víctima en contra de su pareja, con quien tiene cuatro hijos en común, todos mayores de edad y que no viven en el mismo domicilio familiar.

La mujer relató que ese día, cerca de las 8, el acusado comenzó a tomar vino con uno de sus hijos, hasta que diez horas después, ambos se quedaron dormidos en un sillón. En un momento dado, el denunciado se levantó, le dio un golpe de puño en el hombro a su hijo y le dijo «el vino es para machos, levantáte que me voy a sacar las ganas con vos, hijo de puta».

Tras esto, ambos se fueron al patio a pelear, hasta que la denunciante intervino para separarlos y fue en ese momento que el acusado le dijo «que te metes vos, vieja hija de puta, te voy a matar». Luego, el imputado tomó un hierro y la golpeó en el brazo derecho, lo que provocó que la mujer cayera al suelo. Al ver esto, el hijo golpeó fuertemente a su padre.

Ante la desesperación, la dicente salió a pedir ayuda, hasta que un móvil policial llegó y los uniformados se llevaron a los dos hombres.

Un certificado médico constató las lesiones que la denunciante sufrió en el cúbito, radio y antebrazo.

Comienza el juicio por el homicidio de Roberto Ezequiel Farfán

Juan Ignacio De Singlau Naser será juzgado desde este viernes, acusado como autor del delito de homicidio doblemente calificado de Roberto Ezequiel Farfán. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en un potrero de sembradío, a la vera de la ruta Circunvalación Sur-Este entre la Ruta Provincial 21 y Ruta Nacional Nº 68.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Juan Ignacio De Singlau Naser por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y criminis causa en perjuicio de Roberto Ezequiel Farfán.

El hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima había salido a correr y no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo reportaron como desaparecido. El día siguiente, en el marco de las tareas de rastrillaje que se realizaban, se encontró sin vida al joven en inmediaciones de la ruta nacional 68 y ruta provincial 21.

El informe de autopsia reveló que falleció por traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por los golpes que De Singlau Nasser le propinó en el cráneo y rostro para luego sustraerle el teléfono celular.

La audiencia estaba fijada para fines de agosto y por la situación sanitaria existente, debió ser reprogramada.