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Desbaratan una banda dedicada a robar cobre de transformadores de loteos privados

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Marcos Antonio Fernández, Zacarías David Quipildor, Miguel Alejandro Fernández y José Alfredo Ruiz, acusados del delito de robo en despoblado y en banda. Todos participaron en por lo menos, siete hechos cometidos en distintos Loteos del Valle de Lerma. En algunos casos, los denunciantes estimaron perjuicios económicos millonarios.

Las actuaciones de la fiscalía penal UNICROH, que iniciaron hace aproximadamente un año e incluyeron distintas tareas investigativas y múltiples allanamientos, con el trabajo conjunto de la División Delitos Contra la Propiedad a cargo del Comisario Inspector Oscar Chocobar, permitieron probar la participación de los acusados en siete hechos, todos ocurridos en 2020. Así, surgió que los imputados, mediante un mismo modus operandi, se apoderaron ilegítimamente del cobre de transformadores ubicados en diferentes loteos del área metropolitana.

Para eso, emplearon fuerza sobre los elementos y aprovecharon la ausencia de personas, para luego vender el material robado, tal como ocurrió en la mañana del 18 de octubre pasado. Ese día, el grupo se apoderó del cobre de transformadores de El Carril, intentó venderlo en la sucursal de Metalnor, pero no pudo por la intervención policial.

El primer hecho fue denunciado por el titular de la empresa Eduardo Cabrera Bienes Raíces, contratado para desarrollar el loteo “La Guillermina”, sobre ruta nacional 24, en Cerrillos. Sostuvo que el 30 de junio, asistió al loteo con el propietario de Constructora Norte y se dieron con la novedad de que habían sustraído uno de los tres transformadores instalados. También encontró la base del transformador tirada, sin el núcleo de cobre, de aproximadamente 300 kilos.

Al día siguiente, el denunciante recibió el llamado del propietario de la empresa J.P. Pastrana, encargada de realizar la implantación, quien le informó que también habían sustraído el cobre de los otros dos transformadores. Es decir, el nuevo robo había ocurrido hacía pocas horas. Estimó el valor de cada transformador en USD 10 mil.

El segundo hecho fue denunciado el 19 de octubre, por una vecina de El Carril, cercana al loteo Padre Neldo Sermasi, donde abrieron los trasformadores y les sustrajeron el cobre. El loteo no estaba habilitado, pero la mujer aportó que vecina escuchó una explosión, a la que restó importancia.

El tercer hecho fue denunciado el 30 de julio por una persona en representación de Dinarco SA, propietaria del loteo Ciudad Oeste, ubicado en el ingreso a La Aguada. Relató que desconocidos violentaron el centro de transformación, colocado a una altura de cinco metros en columnas de hormigón y se llevaron cerca de 400 kilos de cobre.

Un cuarto hecho fue denunciado por la misma persona el 6 de octubre, tras recibir el llamado telefónico de empleado, quien le informó que habían forzado las cerraduras. En la obra confirmó el robo de 150 metros de cable de cobre de 50 mm2, valuado en $250.000.

El quinto hecho fue denunciado el 9 de abril, por el jefe de obra de ROFER SRL, encargado del desarrollo del loteo “Las Victorias”, ubicado en ruta provincial 24, en Cerrillos. El sereno le informó sobre el robo del transformador del loteo, donde constató la falta del núcleo de cobre, con un peso aproximado de 300 kilos.

El 12 de agosto fue denunciado el sexto hecho, por el propietario de un loteo en la Hacienda de las Nubes, de Rosario de Lerma, luego de percatarse de que en la avenida principal, estaba tirado un transformador, totalmente destruido.

El séptimo hecho fue denunciado el 29 de agosto por el apoderado de Suco SRL, a cargo de la urbanización y comercialización del loteo Parque El Lago. Allí, dos transformadores fueron dañados. Según el denunciante, estaban valuados en $1.500.000.

Piden juicio para policías que casi provocan la pérdida de un ojo a un joven

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Omar Francisco Vale, de 35 años; los cabos Diego Omar Sánchez, de 34 y Raúl Iván Quispe, de 34 y el sargento Rogelio Armando Nanda, de 37; todos con revista en la Dirección de Seguridad Urbana, por el delito de vejaciones y lesiones leves calificadas por el uso de la violencia, todo en concurso real y en calidad de autores.

Del requerimiento surgió que los acusados, mientras circulaban por Villa Asunción y sin motivo alguno, dispararon sus armas e impactaron contra la integridad física de un joven, a quien le causaron lesiones.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos se produjo tras la denuncia formulada por la madre de la víctima, en la que relató que en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, tuvieron una reunión familiar y vecinal.

Luego de la cena, cuando su hijo y otros familiares tomaban cerveza en la vereda, llegaron los efectivos policiales en moto y sin mediar palabra, dispararon con escopetas e impactaron en la nariz, espalda y glúteos del joven. Tras esto, la víctima ingresó al patio del domicilio, hasta donde también ingresaron los acusados. Allí continuaron las detonaciones, a pesar de la presencia de niños y personas mayores.

El joven perdió el conocimiento, por lo que debieron trasladarlo hasta el centro de salud de Villa Cecilia, desde donde fue derivado al Hospital San Bernardo. Allí le realizaron suturas y le diagnosticaron “fisura de nariz, con riesgo de pérdida del ojo derecho”.

Juzgarán a un anciano por tocar a una mujer que subía al colectivo

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 70 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una mujer de 28 años en el momento del hecho.

Surgió de la denuncia radicada por la víctima, que el 28 de marzo de 2017, cerca de las 13:30 y en circunstancias en la que la mujer esperaba el colectivo en una parada ubicada sobre calle Mariano Boedo, se acercó el acusado, quien sin mediar palabras, sometió a la denunciante a tocamientos en sus partes íntimas.

La víctima manifestó que en ese momento, quedó en estado de shock y que pudo observar que se acercaba un colectivo del corredor 1B, por lo que le hizo señas para abordarlo.

Al detenerse el colectivo, el acusado quiso subirse en el mismo momento a una unidad del corredor 2G. Fue en ese instante que la mujer reaccionó y con la ayuda del chofer, retuvieron al acusado y lo llevaron al Destacamento Policial San Bernardo.

Preguntó a los policías qué necesitaban y lo golpearon hasta que terminó hospitalizado

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al oficial ayudante Rodrigo Gabriel Betanzos Abán, de 22 años, al sargento ayudante Olver Eduardo Casimiro, de 43 y al agente Diego Fernando Mamaní, de 28; todos con revista en el Destacamento Policial de Villa Los Álamos, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, todo en concurso ideal.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo tras la denuncia radicada el 3 de octubre de 2020 por la víctima, quien sostuvo que el 31 de julio de ese año, cerca de las 7, estaba frente a su domicilio ubicado en Villa Los Álamos de Cerrillos, cuando se presentó un móvil policial. Al acercarse para consultar a los efectivos qué necesitaban, fue reducido sin mediar palabra por éstos, quienes lo tiraron al piso con los brazos hacia atrás y le pisaron la cabeza. Sostuvo que se trataba de tres o cuatro efectivos y que no pudo ver sus identificaciones.

El denunciante dijo que cuando les pidió una explicación, le respondieron que se callara y lo subieron a un móvil esposado con las manos hacia atrás, donde lo golpearon en el abdomen, los testículos y la cara.

Relató que luego pasaron por el Destacamento Los Álamos, donde dos efectivos se quedaron y otros tres lo llevaron hasta el hospital local, para que lo revisara un médico. Tras esto, emprendieron el regreso al destacamento, mientras continuaron las agresiones.

Una vez allí, lo bajaron y los mismos efectivos que antes lo agredieron, lo golpearon en las costillas y lo arrastraron hasta un pasillo de la dependencia, donde uno de los efectivos le colocó la rodilla en el cuello y otro lo golpeaba en las costillas. Sostuvo que en un momento comenzó a escupir sangre, por lo que los agresores limpiaron el lugar y lo dejaron allí.

Agregó que en la tarde del mismo día, fue trasladado al hospital de La Merced, donde lo asistieron porque tenía dolores en el pecho, las costillas, el cuello y la cabeza. Allí lo medicaron con inyectables y luego fue trasladado nuevamente al día siguiente, para repetir los medicamentos.

Al radicar la denuncia, la víctima no pudo precisar dato alguno de los efectivos que participaron de su detención y traslado y tampoco pudo aportar mayores características o detalles fisonómicos de los involucrados. Solo refirió que eran de tez morena y que al momento de su demora, no había nadie en las inmediaciones por lo que no podía aportar testigos.

Entre los elementos valorados por la fiscal durante la investigación, figuran la denuncia y la declaración testimonial de la víctima, el informe médico emitido por el hospital Santa Teresita de Cerrillos, el informe con la nómina del personal policial interviniente y la copia del libro de guardia emitido por el Destacamento Los Álamos, entre otros.

Piden juicio para once policías que lesionaron a mujeres, varones y una niña originarios

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a 11 efectivos policiales con revista en la Brigada de Investigaciones 3, de Rosario de la Frontera, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, todo en concurso ideal y en calidad de coautores. Entre las víctimas hubo mujeres y una niña, todas de un barrio con mayoría de originarios.

Las imputaciones recayeron sobre Alberto Rafael Juárez, Juan Marcelo Díaz, Daniel Eduardo Martínez, Mario Silvestre Pantaleón Miranda, Gastón Arnaldo Costilla, Oscar Rodrigo Arapa, José Alejandro Mercado, René Ricardo Arias, Pedro Martín Torres, Germán Domingo Torres y Claudio Cristian Peralta.

Del requerimiento surgió que el 13 de mayo de 2017, entre las 20 y las 22, los acusados se presentaron en el barrio La Misión, de Metán, a raíz del llamado de una vecina que denunció que un grupo de jóvenes aparentemente bebía alcohol en la vía pública. De acuerdo a los testimonios, los efectivos llegaron en tres móviles, uniformados, armados con carabinas, escudos y máscaras. Dispararon en distintas direcciones e impactaron sobre la integridad física de una niña, de 12 años, dos mujeres y cuatro varones.

De las investigaciones desplegadas, los testimonios incorporados y las pruebas médicas que constataron las lesiones causadas a las víctimas, se advirtió con claridad manifiesta que el uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales excedió los límites permitidos y que de ningún modo, se hallaba legítimamente justificada.

Surgió así la atribución de responsabilidad de los acusados, todos ellos con revista en la Brigada de Investigaciones 3 de Rosario de la Frontera, en calidad de coautores, pues mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes, con la posibilidad de evitar las lesiones sobre las víctimas y sin desplegar ninguna acción en tal sentido, por lo que omitieron cumplir con el deber legal de resguardar la integridad física de las víctimas.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar injustificado de los efectivos policiales excedió claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de las diversas víctimas permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados, afectó los derechos de los sujetos pasivos y recayó en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal.

Es que según la jurisprudencia, “si bien la Ley Orgánica de la Policía Provincial dispone que la policía podrá hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario mantener el orden, garantizar la seguridad, impedir la perpetración del delito y en todo acto de legítimo ejercicio…el uso de la fuerza por parte de los miembros de la institución policial sólo resulta legítimo cuando su despliegue es necesario e imprescindible, y siempre debe ajustar y ser proporcional a las particularidades del caso. En otras palabras, la fuerza sólo resultará legítima cuando constituya un mínimo suficiente para vencer la resistencia”.

Abuso, armado de causas y venganza: Definieron quién juzgará al comisario Mamaní

Se trata del Juez del Tribunal de Juicio Sala II del Distrito Sur – Circunscripción Metan, Ramón Alberto Haddad, quien llevará adelante la audiencia de debate en un Tribunal Unipersonal. La causa fue remitida por el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta y tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de Luciano Diez.

El juicio requerido por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, también incluyó a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia.

El cabo Juan Giménez se encuentra imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.

En tanto, los sargentos Julia Antolina Díaz y Sergio Luis Carlos Argañaráz, fueron imputados por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.

Por último, el agente Franco Matías Vizgarra fue inicialmente imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta, dictó el sobreseimiento a su favor por los delitos de abuso de armas y falsedad ideológica, y declaró que el proceso no afectó su buen nombre y honor.

Por otra parte, el Juzgado rechazó las oposiciones formuladas por las defensas de los acusados y los pedidos de sobreseimiento, el cambio de calificación legal y la producción de pruebas instados por los letrados.

Por último, el Juzgado rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Mamaní y en su mérito, mantuvo la medida privativa de libertad en cabeza del imputado.

Policías lo golpearon por una supuesta restricción que desconocía

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Héctor Gustavo Suárez y el oficial principal Elber Enzo Burgos, acusados de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien expresó que el sábado 17 de octubre de 2020, se presentó en la esquina de la peatonal Alberdi y calle Urquiza, cerca de las 18:30, para visitar a su beba de 6 meses, ya que se había separado de la madre de la niña.

En su relato, el denunciante sostuvo que la mujer le entregó a la beba y cruzó al frente. Minutos después, estaba sentado en la puerta de un hotel junto a la niña, cuando de repente, la mujer volvió acompañada de policías, quienes le dijeron que debía devolver a la beba a su madre porque el denunciante tenía una medida cautelar de no acercarse a la bebé y la expareja.

La víctima dijo que desconocía la medida y menos que su expareja lo hubiera denunciado.

Relató que el oficial a cargo de la Comisaría Primera, le dio un golpe de puño que le produjo lesiones en la cara y la pérdida de un diente. Cuando el damnificado le pidió que se detuviera, el mismo policía y sus compañeros, le pegaron y lo llevaron detenido. Durante el transcurso del viaje a la comisaría, también lo golpearon.

Además, precisó que cuando lo llevaron al médico legal, le dijeron que se mantuviera callado porque sino “le iba a ir peor”, y destacó que por miedo a que lo mataran a golpes, fue obligado a mentir que se había lesionado en otro lado.

Al radicar la denuncia, el damnificado pidió que se tomaran cartas en el asunto, ya que lo perjudicaron laboral y psicológicamente. También solicitó revisación de un médico legal.

Del requerimiento surgió que los hechos fueron corroborados tras la denuncia y la declaración testimonial del damnificado, los certificados de exámenes médicos realizados por el CIF e informes de copias del libro de guardia, entre otros elementos reunidos, que dieron cuenta de la autoría de los delitos cometidos por los imputados.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que surgió con claridad que la figura endilgada pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido, en virtud de ser sujeto de derecho, lo que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado puntualmente a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional, juntamente con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

Prisión efectiva por abusar sexualmente de la hija de su novia

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez, condenó a un hombre de 47 años, a la pena de cinco años y cinco meses de prisión efectiva, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, por la duración y circunstancias de su realización, agravado por la guarda y en perjuicio de una menor.

La intervención de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual se produjo tras la denuncia radicada el 30 de agosto de 2017 por la madre de la víctima, de 12 años en ese momento. La denunciante sostuvo que el día anterior recibió el llamado telefónico de la psicóloga del instituto parroquial al que la niña asistía, para citarla a una reunión urgente.

Una vez en el establecimiento educativo, la profesional se refirió a un episodio entre compañeros, pero que había algo más que la denunciante debía saber y que su hija había logrado expresar después de mucho tiempo.

En esa circunstancia, con la contención de la psicóloga y después de expresar sus temores para hablar, la menor víctima relató que cuando vivía con su madre en General Güemes, el acusado la sometió a tocamientos y que no pudo contar sobre lo sucedido porque también la había amenazado.

Debido a la angustia de la denunciante y de la menor, la reunión se dio por terminada. Madre e hija pudieron continuar el diálogo en su vivienda, donde la menor precisó que se trató de diversos abusos y que todos ocurrieron en General Güemes, en 2015 cuando la madre, por motivos laborales, debía dejar a la menor al cuidado de su pareja, con quien mantuvo un noviazgo durante algunos meses.

El MPF sumó una Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y fortalece todo el sistema

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde este lunes, la Delegación de Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 3, de barrio Limache, funcione como Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 5 del Distrito Judicial del Centro. Quedó a cargo de la fiscal penal, Liliana Jorge. Además, fortaleció el plantel de todas las fiscalías especializadas en la materia.

En la misma Resolución, Cornejo dispuso que la división territorial de funciones de las Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, se establezca en cinco zonas de actuación. También reforzó los planteles de cada Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro.

Para adoptar tal decisión, el Procurador tuvo en cuenta el monitoreo constante que se realiza sobre el funcionamiento del sistema de especialización de las Fiscalías Penales y por supuesto, la creciente demanda en materia de violencia familiar y de género. Ante la reciente centralización de funciones atinentes a esa materia, se optimizaron los recursos disponibles en el Ministerio Público Fiscal y se modificó la estructura de la Delegación de Limache, para convertirla en Fiscalía.

Como se sabe, solo hasta octubre pasado, las denuncias por violencia de 2020 habían superado a todas las 2019, porque el Ministerio Público Fiscal recibió 8569 denuncias por violencia de género (entre el 1 de enero y el 30 de octubre). Y durante 2019 se recibieron 8307 denuncias en todo el territorio provincial. Las denuncias aumentaron en forma exponencial.

El esquema de la especialización, se completa de la siguiente manera:

• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia N. Geria
• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 2, Facundo Ruiz de los Llanos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 3, Gabriela R. Dávalos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 4, Elisa Viviana Pérez
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 5, Liliana G. Jorge

Dos detenidos por el raid de robos armados en Tres Cerritos

El fiscal penal interino de UNICROH, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Luis Santiago Martín, de 23 años y Víctor Nicolás Altamirano, de 28, acusados del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (dos hechos) y tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego (un hecho), todo en concurso real. Durante la audiencia de imputación realizada este sábado, los acusados, asistidos por su defensa particular, optaron por declarar. El fiscal solicitó la prisión preventiva al Juzgado de Garantías interviniente. Mientras tanto, personal de la Brigada de Investigaciones del Sector 2A, investiga la posible participación de los imputados en otros hechos denunciados con el mismo modus operandi.

Del decreto de imputación, surgió que durante la medianoche del 29 de enero, los acusados ingresaron a un drugstore ubicado en avenida Bicentenario al 1100, de barrio Tres Cerritos, con un arma de fuego. Una vez adentro, ejercieron violencia física sobre la denunciante, a quien le sustrajeron la suma aproximada de 12 mil pesos. La damnificada brindó detalles de la fisonomía de los asaltantes y relató que tras el robo, ambos corrieron hacia calle 12 de Octubre. La mujer supo por un vecino que los imputados abordaron una moto, en la que escaparon por calle Juramento.

Otro damnificado, empleado en un almacén ubicado en Los Carolinos al 400 del mismo barrio, denunció que la noche del 28 de enero, cerca de las 23:40, fue asaltado por un hombre, a quien pudo describir. Relató que este sacó un arma de fuego tipo pistola y le sustrajo la suma de $2500. Tras esto, el asaltante salió caminando por calle Los Parrales.

Un tercer hecho fue denunciado por otro hombre, quien sostuvo que durante la medianoche del 29 de enero, trabajaba en un local comercial ubicado en calle Zuviría al 1400, cuando ingresó un sujeto, a quien también pudo describir, con un arma “tipo aire comprimido” con la intención de sustraerle la suma de $5.000 que tenía en la caja. El denunciante sostuvo que creyó que el arma era de juguete y le hizo frente. Tras esto, el asaltante se retiró y se subió a una moto ubicada sobre calle Anzoátegui.

Con las características aportadas por las víctimas, transmitidas por personal de Coordinación Operativa al del 911, efectivos policiales identificaron a los sospechosos en la madrugada del 29 de enero en la intersección de Los Piquilines y Los Tarcos, a bordo de una moto. Allí inició una persecución que finalizó con la intercepción de los acusados en la esquina de Reyes Católicos y Los Tiatines, donde fueron detenidos. Durante la requisa, encontraron en la cintura de Altamirano una pistola Bersa de 9 milímetros con nueve cartuchos. También le secuestraron la suma de $15.400.