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Allanaron ilegalmente una casa, lo esposaron y golpearon y en la Comisaría, le quebraron la mandíbula

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa por vejaciones agravadas en perjuicio de un hombre y que tiene a nueve efectivos policiales imputados.

Las imputaciones recayeron sobre los cabos Santiago Delfín Jonatan Alcoba y María José Miranda, el sargento Aldo Daniel Chauque y el suboficial principal Leonardo Corrillo, con revista en la Comisaría 104 de barrio Palermo I; quienes fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, y falsedad ideológica, todo en concurso real.

Los sargentos ayudantes Jorge Alfredo Guitián y Jorge Valdiviezo, junto al sargento Jorge Alberto Saracho, con revista en la subcomisaría de Grand Bourg; y el cabo Álvaro Guanca junto al agente Cristian Cruz, con revista en la subcomisaría de Villa Asunción, fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron tras la recepción de una copia del decreto de la audiencia de imputación de la víctima de la Fiscalía Penal 1, en la que expresó que el 19 de diciembre de 2020, salió de su casa en dirección al domicilio de un amigo ubicado en barrio Bicentenario.

Relató que cuando caminaba junto a su amigo, frenó el móvil 1723 de la Comisaría 104 de barrio Palermo I, con cuatro policías que comenzaron a insultarlos, por lo que hicieron “oídos sordos” y siguieron caminando, pero la policía los seguía “bardeando”.

Cuando el amigo les pidió que los dejaran de molestar, los policías se bajaron del móvil y los siguieron hasta el domicilio de éste, donde esperaron a que el móvil policial se fuera. Sin embargo, al lugar también llegaron los móviles 1682 de la subcomisaría de Grand Bourg y 1700 de la subcomisaría de Villa Asunción.

Los efectivos patearon la puerta del domicilio, rompieron un vidrio con piedras e ingresaron contra la voluntad de la dueña de casa, donde tiraron al piso al denunciante, lo esposaron y lo golpearon.

Sostuvo que la familia trataba de que los policías se fueran pero que los efectivos no le hacían caso e insultaban a toda la familia, aunque en la casa había menores asustados.

La víctima indicó que fue subida a los golpes a uno de los móviles y que al llegar a la Comisaría lo tiraron al piso. Luego, se sumaron más policías y entre todos, lo patearon.

Tras esto, fue llevado al hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron doble fractura de mandíbula, se la inmovilizaron y le dijeron que necesitaba una prótesis de platino y medicamentos. Sin embargo, sostuvo que fue llevado a la Alcaidía y que no le dieron ninguno de los medicamentos indicados en el hospital y que no podía comer.

El informe médico del Gabinete de Medicina Legal del CIF, indicó que la víctima presentaba una fractura de mandíbula y que por las características de la lesión, sería compatible con traumatismo contuso, al golpearse o ser golpeado con o contra un elemento o una superficie dura, con un tiempo probable curación superior al mes y de incapacidad laboral de entre 40 y 60 días. ´

La acusación de falsedad ideológica devino porque los efectivos labraron un acta en la que hicieron constar que la dueña de casa sí había autorizado el ingreso al domicilio, lo cual no sucedió.

Tras analizar las pruebas que surgieron de la investigación, entre las que se encuentra la declaración de la víctima, diversos testigos del hecho, los informes médicos y el estudio de imágenes, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.

Anta: Condenan a un docente a 10 años de prisión efectiva por el abuso de dos menores

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al  Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, condenó a Diego Eduardo Feroce, de 45 años, a la pena de 10 años de prisión efectiva por la comisión del delito de abuso  sexual simple calificado reiterado en perjuicio de una menor de 9 años y por la tentativa del delito de abuso sexual simple calificado reiterado, en perjuicio de otra menor de la misma edad.

La fiscala penal García Pisacic, intervino en la investigación en contra de Diego Eduardo Feroce, a partir de las denuncias de las madres de ambas menores, quienes eran alumnas del docente en cuestión en la escuela Patricias Argentinas Nº4561, de Piquete Cabado, localidad de Anta, a la que se accede por Joaquín V. González.

De las denuncias, surgió que el docente “agarró a las menores y les dijo que no tenían que andar contando esas cosas porque lo iban a meter en problemas”, porque el denunciado, en horario escolar, según dijo una de las menores “las abrazaba de atrás y a su compañera le tocaba los pechos”. La madre de la segunda menor, denunció que su hija refirió que el docente “la abrazaba y le tocaba los pechos y que la había agarrado y le dijo que no tenían que andar contando esas cosas que lo iban a perjudicar”.

García Pisacic evaluó todos los elementos de prueba colectados y dijo que todo lo manifestado resultó compatible con lo expresado por una de las menores en la realización de Cámara Gesell, que contó que ella pudo eludir al docente en tres oportunidades, pero también que fue testigo de los tocamientos a los que sometió a su compañera, cuando se quedó con otra alumna, escondida detrás de un árbol.

Ello confirmó que el relato goza de total y absoluta credibilidad y veracidad en sus manifestaciones, sin contradicciones e indicando la escena del ilícito de manera pormenorizada, detallada y con un marcado estado emocional de angustia y miedo por la conducta antijurídica y culpable del acusado, a quien identificó como “Diego, el profesor de Agronomía”, en una extrema vulnerabilidad física y psicológica marcada por la imposibilidad de la menor de repeler cualquier ataque y/o fuerza física del agresor en su integridad corporal. De todo ello, resultó el imputado responsable y autor material del delito en perjuicio de la menor víctima, que también fue testigo presencial del abuso sexual simple calificado que el educador desplegaba de manera absolutamente despreciable contra otra menor, en horario de clases.

El relato de la segunda víctima en Cámara Gesell confirmó los tocamientos y el miedo que sentía por el docente, después de las tres veces a las que la sometió,  en el sector posterior de la Escuela, donde se encuentra la huerta.

El relato “lleno de angustia, llanto y miedo hacia Feroce, exteriorizó un estado de extrema vulnerabilidad frente a quienes  debería haber cumplido su función como educador, obligado al resguardo y a la protección de los alumnos como tarea principal inherente a la condición de persona humana,  actuando sin embargo como un agresor sexual abusando de su condición de profesor y haciendo propicio llevar adelante una conducta típica,  antijurídica, culpable y punible en perjuicio de dos niñas indefensas, con imposibilidad de repeler cualquier ataque como el sexual y/o de otra índole”, dijo la fiscala.

Al mismo tiempo, destacó el daño provocado “que resulta irreparable en un ambiente educativo en el que se educa, se instruye, se forma y se da las herramientas como mujeres y hombres del mañana con un marco de seguridad y respeto frente a la sociedad, y que en este caso, han sido atacados y quebrados por una conducta delictiva intencionada, dolosa, dirigida a satisfacer los deseos sexuales del agresor”.

Los testimonios de otras menores describieron de manera coincidente la conducta del condenado, en relación a sus alumnos y en el temor y la desconfianza que suscitaba entre las niñas y niños su conducta inapropiada y lesiva de su integridad sexual.

También dijo la fiscala que el comportamiento del docente, mereció ser reprimido penalmente, al haber alterado con su comportamiento, la inmadurez sexual de las menores, provocando un daño en su integridad física y psíquica irreparable.

Confirman la prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

La Sala IV del Tribunal de Impugnación, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados y confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva de los tres efectivos que se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana, quienes fueron detenidos el lunes 19 de abril, tras el requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías 2 por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales.

Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Aprovechó su amistad con la pareja de una mujer y abusó de ella

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 32 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en calidad de autor.

De la investigación, surgió que el 4 de febrero de 2014, cerca de las 9, el imputado ingresó al domicilio de la denunciante ubicado en barrio Palermo II de la Ciudad de Salta, se sentó al lado de la cama de la víctima, quien descansaba junto a su beba y la sometió a tocamientos sin su consentimiento.

La denuncia fue radicada por la víctima, en contra de su vecino y amigo de su concubino.

Caso Tárraga: Piden la captura de Alexis Campos

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la detención de Alexis Campos, prófugo en la causa que investiga el homicidio de Oscar Andrés Tárraga y que tiene a una mujer y un hombre en calidad de imputados.

Previamente, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Teodora de los Ángeles Vacaflor y Víctor Manuel Rivero, por el delito de homicidio simple. Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, ambos acusados se abstuvieron de declarar. En tanto, Alexis Campos permanece prófugo.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones de la Comisaría 42, de las que surgió que el sábado 8 de mayo, cerca de las 0:15, la víctima Oscar Andrés Tárraga junto a una prima, llegaron a bordo de una moto al domicilio de Teodora de los Ángeles Vacaflor, ubicado en barrio Norte Grande, para que en esa vivienda, la prima de Tárraga le pidiera a su expareja que le diera dinero para comprar medicamentos para el hijo que tuvieron en común.

De la investigación, surgió que Vacaflor salió del domicilio para pedirle a la mujer y la víctima que se retiraran, porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo y en un momento dado, comenzó a agredir físicamente a Tárraga, lo que ocasionó que éste cayera de la moto.

Tras esto, la acusada manifestó que Tárraga la había apuñalado, motivo por el que el acusado Alexis Campos, hijo de Vacaflor, salió del domicilio y agredió a golpes a Tárraga.

Tras esto, Tárraga y su prima se retiraron del lugar a bordo de la moto, pero cuando circulaban por calle Richeri y ruta nacional 34, fueron nuevamente interceptados por Campos, quien también circulaba en moto acompañado por su novia, menor de edad.

La persecución llegó hasta barrio San Silvestre, donde Campos hizo caer nuevamente de la moto a Tárraga y le manifestó a su tío, residente de ese barrio, que Tárraga había lesionado a su hermana con un cuchillo, por lo que tanto Campos como Rivero agredieron a Tárraga con golpes de puño y patadas, mientras la víctima permanecía tirada en la calle. Luego, se retiraron del lugar.

Tárraga fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón, donde fue ingresado en estado de coma y luego murió.

En sus fundamentos, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, sostuvo que del análisis de las pruebas producidas, surgieron los elementos de convicción suficientes para sostener la participación del prófugo en los hechos y que es evidente que intentará eludir el accionar de la justicia y que en liberad, intentará coaccionar a la denunciante o entorpecer la investigación.

Abusó de su nieta durante años y la amenazó con matar a su propia hija, madre de la víctima

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 73 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de su realización agravado por el vínculo, en calidad de autor.

La denuncia fue radicada en junio de 2019 por la madre de la menor, de 14 años en ese momento, luego de que la joven pudiera relatarle que su abuelo, padre de la denunciante, le ofreciera “hacer cosas” a cambio de plata durante una visita al domicilio de la víctima y que luego la sometió a tocamientos.

La menor también sostuvo que el acusado le apretó la nariz y la obligó a tomar un jugo, sin poder recordar nada más que haber despertado luego en su cama en ropa interior.

Además, sostuvo que el imputado la amenazó con matar a su madre si contaba algo y que si llegaba a tener novio, también lo mataría.

Del requerimiento surgió que el acusado atentó contra la integridad sexual de su nieta en diversas oportunidades, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de su voluntad.

En una oportunidad, cuando la niña tenía entre 11 y 12 años, durante las vacaciones de invierno, el imputado fue a su domicilio y la invitó a que se sentara cerca, para luego someterla a tocamientos. Ante ello, la niña se asustó y corrió a su habitación, donde el denunciando la tiró sobre la cama, la agarró de los brazos y la besó. En otras ocasiones, el imputado sometió a la niña a tocamientos por encima de la ropa.

Los hechos ocurrieron desde inicios del año 2016 y hasta dos meses antes de que la madre radicara la denuncia.

Tartagal: Dos imputados y un prófugo por el homicidio de Oscar Tárraga

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Teodora de los Ángeles Vacaflor y Víctor Manuel Rivero, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Oscar Andrés Tárraga. Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, ambos acusados se abstuvieron de declarar. En tanto, Alexis Campos permanece prófugo.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones de la Comisaría 42, de las que surgió que el sábado 8 de mayo, cerca de las 0:15, la víctima Oscar Andrés Tárraga junto a una prima, llegaron a bordo de una moto al domicilio de Teodora de los Ángeles Vacaflor, ubicado en barrio Norte Grande, para que en esa vivienda, la prima de Tárraga le pidiera a su expareja que le diera dinero para comprar medicamentos para el hijo que tuvieron en común.

De la investigación, surgió que Vacaflor salió del domicilio para pedirle a la mujer y la víctima que se retiraran, porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo y en un momento dado, comenzó a agredir físicamente a Tárraga, lo que ocasionó que éste cayera de la moto.

Tras esto, la acusada manifestó que Tárraga la había apuñalado, motivo por el que el acusado Alexis Campos, hijo de Vacaflor, salió del domicilio y agredió a golpes a Tárraga.

Tras esto, Tárraga y su prima se retiraron del lugar a bordo de la moto, pero cuando circulaban por calle Richeri y ruta nacional 34, fueron nuevamente interceptados por Campos, quien también circulaba en moto acompañado por su novia, menor de edad.

La persecución llegó hasta barrio San Silvestre, donde Campos hizo caer nuevamente de la moto a Tárraga y le manifestó a su tío, residente de ese barrio, que Tárraga había lesionado a su hermana con un cuchillo, por lo que tanto Campos como Rivero agredieron a Tárraga con golpes de puño y patadas, mientras la víctima permanecía tirada en la calle. Luego, se retiraron del lugar.

Tárraga fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón, donde fue ingresado en estado de coma y luego murió.

Alto la Sierra: Imputaron al homicida de Walter Mansilla

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Paul Bicterman Arias, de 21 años, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Walter Omar Mansilla.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo a partir de las actuaciones del Destacamento Policial Alto La Sierra, en las que consta que el sábado 8 de mayo, cerca de las 23.50, Mansilla y Bicterman Arias ingerían bebidas alcohólicas en el domicilio de la víctima, ubicado en barrio Yuchán, cuando ambos comenzaron a agredirse verbalmente.

En un momento dado, Mansilla, de 19 años, se retiró de lugar y fue seguido por el acusado hasta la esquina del domicilio, donde le asestó varias puñaladas.

La víctima fue asistida en el hospital zonal y falleció cuando era derivado a la ciudad de Tartagal.

Personal de Criminalística realizó las pericias de rigor, mientras que el cuerpo de Mansilla fue trasladado a Orán para la realización de la autopsia.

Cafayate: Nueve años después, pudo denunciar a su padrastro abusador

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías de Cafayate, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 40 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, en calidad de autor.

La denuncia fue radicada en septiembre de 2017 en la Oficina de Orientación y Denuncia por la propia víctima, en contra de quien fuera su padrastro.

La mujer relató que en el año 2008, cuando tenía entre 11 y 12 años, vivía en Cafayate con su madre, quien estaba en concubinato con el acusado.
Sostuvo que en diversas oportunidades, cuando su madre salía a trabajar y ella se quedaba sola en su dormitorio, el imputado la besó en la boca y la sometió a tocamientos.

Del requerimiento, surgió que el acusado atentó contra la integridad sexual de la víctima, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de su voluntad y sin que ella pudiera consentir tal accionar debido a su corta edad.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que el abuso no fue ocasional o circunstancial, sino que por el contrario, adquirió características de permanencia en el tiempo, por lo que resultó gravemente ultrajante para la dignidad de la menor.

Es que el concepto de “sometimiento sexual gravemente ultrajante”, conlleva una mayor humillación, tanto en el plano físico, como psíquico y moral, configurado sin dudas en esta causa.

Por otra parte, tal conducta se agrava por el hecho de que la víctima era menor de edad y convivía con el denunciado, quien sacó provecho de esa situación de proximidad y confianza que existía con la niña que, además, estaba bajo su cuidado.

Tartagal: Imputan a un médico por el abuso sexual de una menor

La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó provisionalmente a Marcelo Gustavo Cornejo, de 64 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una menor.

Del decreto de imputación, surgió que el acusado es médico y que en fechas imprecisas, entre mediados de junio y los primeros días de julio de 2020, atendió y revisó físicamente en su consultorio privado a una menor de 15 años.

En ese lugar, el imputado ofreció a la víctima practicarle un aborto por la suma de $20 mil o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara mantener relaciones sexuales con él tres veces por semana. La menor sostuvo que en esas circunstancias, el médico la sometió a tocamientos sin su consentimiento.

Tras la radicación de la denuncia y la declaración testimonial de la menor, la fiscala penal María Lorena Martínez, llevó a cabo la audiencia de imputación contra el acusado. La menor también declaró en cámara Gesell.

Por otra parte, el Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscala para realizar un allanamiento en el consultorio del imputado, que permitió el secuestro de documentación y un dispositivo de almacenamiento que se encuentran bajo análisis.