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Irá a juicio por abusar sexualmente de su sobrina de 11 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 47 años, acusado de distintos delitos en perjuicio de su sobrina, menor de edad.

El hombre está acusado de los delitos de abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente continuado y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente continuado, en concurso real y en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que fue acreditado con el grado de probabilidad requerida para esta etapa, que el acusado abusó sexualmente de su sobrina, de 11 años en el momento de los hechos, a quien de manera intempestiva accedió carnalmente en contra de su voluntad y también la sometió a tocamientos.

Los hechos ocurrieron con fecha imprecisa en el transcurso del año 2019, en el domicilio de la menor, ubicado en barrio San Benito, en la zona sudeste de la Ciudad de Salta.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que el acusado, con su actuar depravado e insano y para satisfacer su propia lascivia, atentó contra la integridad sexual de la niña, al accederla carnalmente en contra de su voluntad en dos oportunidades y tocarla en sus partes pudendas.

De esa forma, el acusado con su actuar doloso, atentó contra la libertad e indemnidad sexual de la menor, al someterla a relaciones sexuales involuntarias.

Zona sur: Condenado por hacer delivery de cocaína en un remís

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Carlos Alberto Martín Molina, a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia de juicio abreviada desarrollada de forma virtual, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió la afectación del 30% del dinero secuestrado al imputado para el Ministerio Público Fiscal, para su utilización en la lucha contra el microtráfico.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del procedimiento efectuado el miércoles 12 de agosto de 2020, que permitió el secuestro de sustancias que el imputado tenía en su poder, pudo establecerse que Molina, de 43 años, vendía estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, a bordo de un remís.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre que manejaba un remís gris, comercializaba estupefacientes en los barrios Parque La Vega y Limache.

Reunidos los elementos de convicción suficientes, fue solicitada al Juzgado de Garantías interviniente, la orden de allanamiento para el domicilio de barrio Santa Ana I y la orden de requisa y secuestro del vehículo Chevrolet Corsa.

Durante un seguimiento realizado el miércoles 12 de agosto, cerca de las 18, cuando Molina regresaba a la zona sur de la Ciudad de Salta por avenida Paraguay en sentido Norte-Sur, a bordo del remís, el acusado detuvo su marcha en un semáforo de Parque la Vega, donde fue detenido por personal policial.

Sin embargo, teniendo en cuenta el lugar, los efectivos policiales optaron por desplazarse al domicilio del detenido de barrio Santa Ana I, donde iniciaron la requisa del vehículo, en cuyo habitáculo de la puerta del conductor, encontraron un bolso de cuero con 91 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en forma pulvurenta.

Durante una requisa, a Molina se le encontró un teléfono celular. Por último, se encontró en el domicilio del investigado, la suma de $ 20.360 y otro teléfono celular.

La prueba de narcotest realizada a la sustancia encontrada, arrojó resultado positivo por cocaína, por lo que Molina fue detenido.

Metán y Rosario de la Frontera, con trabajo remoto

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en virtud de la actual situación epidemiológica, dispuso la continuidad de la modalidad de trabajo remoto para las dependencias del Ministerio Público Fiscal ubicadas en los departamentos abarcados en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán. El resto de las dependencias, volvió a la modalidad presencial, en grupos rotativos.

Es que desde este lunes 31 de mayo, para las dependencias que no estén contempladas en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán, entró en vigencia nuevamente la Resolución N° 1202/21, que establece rotaciones de los grupos de trabajo de manera presencial.

El personal convocado presta funciones de manera presencial, con carácter rotativo y con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas, con respeto del distanciamiento y uso de tapabocas, entre otras.

Los agentes que no estén comprendidos en el turno presencial, igualmente prestan servicios de manera remota desde sus respectivos domicilios y cumplen con las pautas de trabajo dispuestas por el titular de cada dependencia.

Como siempre, el personal que cumple funciones de forma remota, se encuentra a disposición del Ministerio Público Fiscal y podrá ser convocado cuando las necesidades de servicio así lo requieran, con excepción del personal comprendido en los grupos de riesgo o que hayan presentado declaraciones juradas ante la Dirección de Personal, quienes deberán prestar servicios de forma remota mediante las herramientas tecnológicas habilitadas.

Todas las personas que integran el Ministerio Público Fiscal deben adoptar y mantener las medidas sanitarias para preservar la salud tanto de quienes prestan servicios, como de las partes en los procesos que por distintas circunstancias deban concurrir.

Cabe resaltar que frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

La atención al público se realiza también en el marco de las pautas sanitarias y bajo los protocolos aprobados por el Colegio de Gobierno, mientras que los letrados podrán hacer uso del sistema de “Escritos Web”, de carácter esencial. Ante la necesidad de concurrir a una dependencia del Ministerio Público Fiscal, podrán solicitar los turnos, modalidad habilitada mediante idéntico sistema, para evitar la aglomeración de personas en las oficinas.

Se recuerda a la ciudadanía que cuenta con la posibilidad de realizar denuncias por drogas, robos, abusos policiales, incidentes viales, violencia de género y delitos genéricos u otros, a través del “Sistema de Denuncias Web”, disponible en el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar y a través de la página institucional del Ministerio Público Fiscal https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar.

Un hombre y una mujer, imputados por vender drogas en barrio San Benito

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Marcelo David Alba y Nadia María Cristina Cruz, por del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante la audiencia de imputación, ambos acusados se abstuvieron de declarar.

Los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias mediante los acusados y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 27 de mayo en un domicilio ubicado en barrio San Benito, donde se detuvo a las personas mencionadas, permitieron determinar que éstos tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta y elementos de corte y fraccionamiento de la sustancia, además de dinero en efectivo de la actividad ilícita.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal.

Una vez reunidos los elementos de convicción suficientes, obtenidos mediante las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que los investigados llevaban a cabo actividades ilícitas, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para allanar su domicilio.

Durante el procedimiento, Marcelo David Alba, al notar la presencia del personal policial, corrió al baño del inmueble y arrojó al inodoro una cartuchera negra y un teléfono celular, que pudieron ser recuperados.

De la cartuchera, se extrajo un envoltorio de polietileno verde con 75 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; otro envoltorio de polietileno transparente con 45 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; dos envoltorios de polietileno con sustancia amarillenta en forma granulada y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

Durante la requisa al inmueble, se secuestró de una habitación, dos cuchillos tipo sierrita con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos velas a medio consumir y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

De un baño a medio construir, se secuestró un envoltorio de polietileno verde con 259 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; un envoltorio de polietileno transparente con 324 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma granulada y la suma de $1.630 en efectivo.

Desde otra habitación, se secuestró un envoltorio de polietileno color verde con sustancia vegetal disecada, un envoltorio de polietileno rosa con sustancia blanquecina en forma de polvo, una tijera, recortes de polietileno y $400 en efectivo.

Por último, en el interior de un brasero ubicado en el comedor, se encontraron 16 envoltorios de polietileno quemados y una bolsa de polietileno rosa con 16 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo.

El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cocaína y sus derivados para la sustancia blanquecina y positivo para cannabis sativa para la sustancia vegetal.

Salvador Mazza: Dos policías imputados por la muerte de Estéfano Barrios

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a dos efectivos policiales, acusados del delito de homicidio culposo en perjuicio de Estéfano Alexis Leonardo Barrios, de 28 años. Durante la audiencia de imputación celebrada este viernes, ambos imputados se negaron a declarar. El fiscal solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías 1.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira y el sargento ayudante Ariel Miranda, en grado de coautores.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones de prevención de la Comisaría 40 de Salvador Mazza, donde consta que el lunes 26 de abril, cerca de las 5:15, Estéfano Barrios caminaba por avenida 9 de Julio a la altura de la plaza de barrio Pueblo Nuevo, cuando fue divisado por el oficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira, a cargo del control preventivo, y el sargento ayudante Ariel Miranda, a cargo del móvil policial 2063 como chofer, quienes se acercaron hasta donde estaba Barrios, de quien no surgió que hubiera cometido ningún ilícito.

Sin embargo, el oficial subayudante Pereira descendió del móvil policial y se dirigió hacia Barrios, momento en que éste se asustó y corrió en sentido sur a norte por avenida 9 de Julio, seguido por Pereira, también a pié.

En un momento, Barrios giró hacia la derecha y al llegar a calle Joaquín Castellanos, el oficial Pereira subió nuevamente al móvil, para continuar una persecución de dos cuadras hasta darle alcance en calle Sarmiento, frente al puesto del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional, donde el chofer Miranda cruzó el vehículo del que descendió rápidamente Pereira, quien dio alcance a Barrios y lo hizo caer al suelo, mientras éste gritaba por ayuda.

Allí, el joven, atento al temor experimentado por la persecución, se produjo una herida cortante en el cuello con el filo de una botella rota.

Sin embargo, el oficial Pereira le colocó al joven herido las esposas, aun cuando ya no representaba peligro alguno, mientras que Miranda se dirigió al móvil policial a buscar una franela para taparle la herida y pedir una ambulancia, sin dar correctamente la dirección donde estaban.

Surgió que al llegar la ambulancia, el personal policial se encontraba en un principio parado al costado de la víctima, pero cuando llegó el enfermero, los acusados actuaron de forma nerviosa.

Al constatar que Barrios todavía estaba con vida, el joven fue traslado en la ambulancia y murió camino al hospital.

De los hechos mencionados, surgió que los imputados incumplieron los reglamentos y deberes propios de su cargo, al realizar el procedimiento policial que derivó en la muerte Estéfano Alexis Leonardo Barrios, debido a un shock hipovolémico por lesión vascular grave.

Entre los elementos colectados en la investigación, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, valoró el informe de la autopsia, cuyo resultado fue analizado por una junta médica del CIF y de la que participó un perito de parte de la familia Barrios, el análisis de las imágenes de videos que fueron aportados por Gendarmería Nacional, el testimonio de diversos testigos citados y la denuncia radicada por familiares del joven fallecido.

Piden el juicio contra un jugador de fútbol acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Ismael Macoritto, de 26 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que fue acreditado con el grado de probabilidad requerida en esta etapa, que el acusado abusó sexualmente de la menor de 16 años, durante la madrugada del domingo 10 de enero de este año, en ocasión en que el imputado se reunió con la víctima y su hermana.

Luego de que la hermana de la víctima se quedara con un grupo de amigos, Macoritto y la menor dieron vueltas en el auto del padre de la víctima y en cercanías de La Rural, el acusado, con el pretexto de que en los moteles alojamientos que están detrás de aquel predio, podrían pedir algo para comer y tomar y también hacer tiempo hasta que la hermana de la menor les pida que la buscaran, -y ante la curiosidad de la joven, según surgió de su propio relato-, ingresaron a un motel ubicado en inmediaciones de B° Don Emilio.

Tras aguardar unos minutos, ingresaron a una habitación, donde el acusado, luego que ambos bebieran un vaso de whisky cada uno que él había pedido; intempestivamente se abalanzó sobre la joven, quien se encontraba atónita y desconcertada, sin saber cómo reaccionar ante la conducta del acusado, que continuó con su embestida y abuso sexualmente de ella, mientras se resistía.

En un momento, la joven tomó un mayor impulso y le insistió en que no quería mantener relaciones sexuales, por lo que el acusado se levantó.

Luego, conminó a la menor a que se bañara y le pidió que no contara nada de lo ocurrido a su familia, porque no quería arruinar la amistad que tenía con ellos.

Ya en casa, la menor entró en una crisis de nervios y puso en conocimiento de su hermana mayor, su cuñado y su madre de lo ocurrido, antes de formular la denuncia en las primeras horas del día.

Piden el juicio contra “Pinza”, por vender cocaína en barrio Limache

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Javier Olivares, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Olivares, alias “Pinza”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Limache.

En base a los elementos obtenidos de las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para el allanamiento de su vivienda.

El procedimiento fue realizado durante la noche del 4 de mayo de 2021 y permitió el secuestro, durante la requisa al investigado, de 42 envoltorios de plástico con sustancia amarillenta en forma pulverulenta, $21.430 en efectivo y un celular.

En tanto, del inmueble fueron incautados otros $11.780 en efectivo, ocultos en un placard y un biberón.

El Narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el acusado.

Por otra parte, las tareas de vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar al imputado mientras entregaba la sustancia a cambio de dinero a diferentes consumidores, de los cuales, uno reconoció en Fiscalía haber adquirido la sustancia en lugar de residencia del acusado.

Condenaron a un clan familiar que comercializaba estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate en el que la Sala III del Tribunal de Juicio, condenó a seis personas y absolvió a dos, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Franco Eduardo Bravo, alias “Tanga”, fue condenado a la pena de cinco años y tres meses de prisión efectiva; Federico Miguel Ángel Herrera, fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Cintia Romina Córcoba, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Mariela Graciela Añez, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Todos los mencionados fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, en calidad de autores materiales.

En tanto, Edit Yohana Tito, fue condenada a la pena de tres años y dos meses de prisión de efectiva; mientras que Carlos Daniel Ferrari, fue condenado a la pena tres años y seis meses de prisión efectiva y se la llevó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, luego de que se le unificara una condena previa.

Ambos fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de autores materiales.

Por otra parte, Cristina Córdoba y Claudia Silvana Bravo, madre y hermana respectivamente del acusado Franco Eduardo Bravo, fueron absueltas por el beneficio de la duda.

La intervención del fiscal penal Santiago López Soto, se produjo a comienzos a mediados de 2018, tras la recepción de denuncias recibidas en la página web del Ministerio Público Fiscal, que señalaron a Franco Eduardo Bravo como el responsable de vender drogas en barrio Bancario y zonas aledañas.

Las investigaciones permitieron corroborar que los penados realizaban actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, con Franco Bravo como principal sospechoso.

Una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, fue solicitado al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento y detención en los domicilios de los acusados, ubicados en los barrios Bancario, Siglo XXI, La Paz, Don Emilio, Ampliación Parque La Vega, Autódromo El Huaico y macro centro.

Los operativos permitieron el secuestro de dos motocicletas y un automóvil, teléfonos celulares, alrededor de 200 mil pesos en efectivo y una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

El 30 por ciento del dinero secuestrado quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que los vehículos utilizados para la venta de la droga.

Tres imputados por abuso sexual y robo en barrio El Huaico

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, imputó a tres hombres de 44, 40 y 34 años, acusados de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas y con arma; y robo con arma, todo en concurso real. El fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la prisión preventiva de los acusados.

Se trata de la causa que investiga el abuso sexual y el robo en perjuicio de una mujer, ocurrido el pasado jueves 20 de mayo al mediodía, en una vivienda de barrio El Huaico.

La intervención del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, inició luego de que un docente de la Escuela de Oficiales de la Policía, ubicada a pocos metros del lugar del hecho, se desplazara al domicilio de la víctima tras ser alertado por una vecina.

En el lugar, la víctima expresó que se encontraba en su habitación, cuando de repente dos hombres ingresaron, la empujaron y la amenazaron con una pistola y un cuchillo, mientas uno de ellos revolvía el lugar en busca de dinero y prendas de vestir.

En medio de una crisis nerviosa, la mujer denunció que antes de retirarse, ambos causantes abusaron sexualmente de ella. La víctima ratificó luego la denuncia en la Fiscalía.

Personal de Criminalística realizó las pericias de rigor y resguardó elementos que serían de los sujetos.

Por las características del hecho y la cercanía de los edificios de Alcaidía General y del Centro de Contraventores de la Policía, los investigadores de la Unidad Especial de Investigaciones, solicitaron los listados de personas liberadas recientemente.

Tras esto, fueron detenidos dos hombres de 40 y 44 años, de los cuales uno de ellos fue puesto en libertad desde el Centro de Contraventores, el mismo jueves.

Se trata de un sujeto que cumplió una condena a 14 años de prisión, por un hecho cometido bajo modalidades semejantes, por abuso sexual y robo con uso de armas.

A ambos detenidos se les secuestraron prendas de vestir y elementos relacionados con los delitos que se investigan.

Posteriormente, fue detenido un tercer hombre, de 34 años, quien fue liberado el mismo día junto al acusado con antecedentes.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la prisión preventiva de los acusados, mientras aguarda el resultado del cotejo de ADN.

El MPF, con trabajo remoto hasta el 30 de mayo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde el 26 al 30 de mayo inclusive, la modalidad de trabajo en fiscalías y dependencias del Distrito Judicial Centro, con exclusión de las sedes de Cafayate y General Güemes, y del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, se realice bajo la modalidad remota. Además de las normativas nacionales citadas para la decisión, se menciona que el COE observó un crecimiento del 45 % en el número de casos entre una semana y otra.

Frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

A su vez, las disposiciones sanitarias establecidas mediante el DNU 334/21 que prorrogó el anterior DNU 287/21, modificaron el actual contexto epidemiológico tanto en el orden nacional como provincial.

El artículo 3 de la norma establece las medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Así, se estableció la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Las trabajadoras y los trabajadores, deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo cuando sea posible, deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21, regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente.

En ese marco, se dictó la Resolución 13/21 del Comité Operativo de Emergencia provincial, la cual dispuso medidas de carácter restrictivo en el ámbito provincial.

El COE señaló que del análisis de la situación de riesgo de la Provincia de Salta, correspondiente a datos de la semana epidemiológica 19, realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se observó un crecimiento del 45 % en el número de casos con respecto a la semana anterior, que afectó a la mayoría de los departamentos de la provincia de manera concomitante.

De ello surgió la clasificación final de los Departamentos según el mapa de riesgo actualizado de la semana epidemiológica 19.

En virtud de lo expuesto, se determinó que los Departamentos de Cachi, Chicoana, Metán, La Caldera, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Capital, Cerrillos y la Candelaria, son considerados como de “Alto Riesgo”; los Departamentos de Cafayate, Gral. Güemes, Gral. San Martín, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Anta y Santa Victoria, son considerados como de “Mediano Riesgo”, y el Departamento de la Poma, como de “Bajo Riesgo”.

Por tales motivos, el COE provincial concluyó que correspondía aplicar un esquema de medidas específicas que tiendan al objetivo planteado para los Departamentos considerados como de “Alto Riesgo” y la aplicación de otro esquema de medidas para los considerados como de “Mediano y Bajo Riesgo”.

En atención a la invitación realizada por el artículo 4 inciso E de la Resolución 13/21 del COE y el marco de normas de emergencia vigentes, que implican una necesidad de reducir en forma decisiva la circulación de personas para evitar la propagación del virus, sobre todo en los departamentos con Alto Riesgo Epidemiológico, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias, que por aplicación de los fundamentos que aquí se expusieron, hasta el 30 de mayo inclusive, limiten la asistencia del personal para garantizar el servicio que deben prestar las dependencias a su cargo, en especial, las que se encuentren de turno y/o deban realizar medidas que no admiten demora, en cuyo caso deberán observar estrictamente las medidas de prevención establecidas en la Resolución de PG 1196/21.

Distinta situación merecen las dependencias comprendidas en los departamento clasificados con medio o bajo riesgo epidemiológico en cuyo caso, para ellas quedara subsistente la modalidad de trabajo dispuesta en la Resolución de PG 1202/21.