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El gremio de Judiciales y empleados del Ministerio Público, con el Procurador

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a integrantes de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.

Los representantes de los trabajadores reiteraron presentaciones referidas a la equidad laboral de agentes del servicio de justicia del Ministerio Público Fiscal. Con el Procurador, estuvieron el secretario general, Oscar Lafuente; el adjunto, Roberto Gutiérrez y el gremial, Jorge Luis Flores.

Durante el encuentro, los sindicalistas recordaron las presentaciones hechas durante la gestión anterior, a través de las cuales solicitaron que se logre la igualdad laboral y salarial entre agentes que se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y de la Asesoría.

“Entendiendo que las actividades que realizan son equivalentes, con el mismo rigor profesional y con los efectos que el Servicio de Justicia requiere de ellos, las condiciones laborales deben ser compatibles e iguales”, indicaron las autoridades del gremio.

El Procurador recibió al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, para interiorizarse sobre el desempeño de los letrados del foro local en las fiscalías y las inquietudes que se generan en su tarea cotidiana.

Los abogados plantearon la posibilidad de crear una nueva Fiscalía Civil y otra, especializada en Ciberdelitos. Además, se refirieron al funcionamiento de las fiscalías del interior.

“Ha sido una reunión muy positiva y agradecemos el recibimiento del Procurador”, destacó el presidente del Colegio, Pedro Burgos, quien hizo hincapié en la necesidad de crear la Fiscalía Civil N° 3 para “acortar los plazos en los dictámenes”.

El titular del Colegio también consideró “absolutamente necesaria” la puesta en marcha de una fiscalía de Ciberdelitos, para contar con procedimientos especiales en las causas de estos delitos y la custodia para validar las pruebas en los procesos. “La tecnología genera una recolección de pruebas muy importantes que pueden facilitar muchos procesos penales, sobre todo en la investigación, imputación y eventual condena”, sostuvo.

Del encuentro con el Procurador participaron el presidente del Colegio, Pedro Burgos; el vicepresidente, César Rodríguez Galíndez y los consejeros María Trinidad Arias Villegas, Eliana Marcela Verchán, Viviana Elisa Carrizo y Víctor Hugo Sarmiento.

Caso Jimena Salas: El Procurador asignó a los fiscales Ramos Ossorio y Rivero

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que se profundice la investigación en la causa que investiga la muerte de Jimena Beatriz Salas y asignó a dos fiscales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, para la revisión total del caso y su investigación.

Fiscal Pablo Rivero

El procurador general Abel Cornejo dispuso que se profundice la tarea investigativa, bajo nuevas hipótesis en la causa que investiga el homicidio calificado de Jimena Salas.

En ese marco, asignó la investigación de la causa a los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, ambos integrantes de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Hasta ahora, venían desempeñándose los fiscales de la misma Unidad, Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix. Es que desde enero de 2017, la investigación estuvo bajo la responsabilidad del fiscal Paz; y en julio de ese año, se dispuso la actuación conjunta de los fiscales penales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix. La causa sigue sin imputados ni detenidos.

Fiscal Ramiro Ramos Ossorio

Apenas asumió, el procurador general de la Provincia, Cornejo anunció que intervendría personalmente para interiorizarse en el estado procesal de la causa originada en el homicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017. Esta semana, Cornejo conformó un equipo interdisciplinario especial que se abocará exclusivamente a la investigación del caso, para lo cual reasignó recursos humanos, de movilidad e informáticos.

Los fiscales Ramos Ossorio y Rivero trabajarán en nuevas líneas de investigación para establecer los móviles y autores del homicidio. Jimena Beatriz Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de barrio San Nicolás, del municipio Vaqueros, en el área metropolitana de Salta.

ONU: La Procuración General se suma a la Iniciativa Spotlight contra el femicidio

La Procuración General de la Provincia se sumará a la iniciativa mediante la cual la Unión Europea y Naciones Unidas destinan fondos para profundizar acciones contra la violencia de género.

Salta es una de las tres provincias de Argentina que participa en la iniciativa Spotlight, acción global conjunta de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que tiene por objetivo prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas y su manifestación más extrema, el femicidio.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio Coliche; al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, René Mauricio Valdés; a la oficial de Coordinación de ONU Argentina, Jessica Braver y a la directora Nacional de Protección Integral de Articulación y Acciones Directas del Instituto Nacional de las Mujeres, Nicole Neiman. También participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca.

Durante la reunión, las autoridades acordaron avanzar puntualmente en las herramientas concretas que ofrece la Iniciativa Spotlight, que es una alianza entre la Unión Europea, las Naciones Unidas, y distintos países que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el mundo. Pone especial énfasis en tratar temas de violencia doméstica, violencia sexual, trata de personas, y la explotación sexual y económica de las mujeres.

La iniciativa tiene dos fases. Durante la primera, que se extenderá hasta diciembre de 2020, se trabaja a nivel nacional y con las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy, que fueron seleccionadas por sus altas tasas de femicidios. La segunda etapa será hasta finales de 2022.

Los objetivos de Spotlight son reforzar los sistemas de recolección de datos sobre femicidios; mejorar la prevención de la violencia, acompañar a las víctimas a través de servicios de atención accesibles en los que puedan confiar, apoyar a la sociedad civil en sus iniciativas para lograr la erradicación de la violencia y fortalecer las capacidades de las instituciones y del Estado para el diseño e implementación de políticas públicas que den respuesta a la violencia. Además, Spotlight espera desarrollar un marco legislativo con leyes específicas y ajustadas a las convenciones y estándares internacionales.

Condenan a un joven que se hizo pasar por policía y violó a una mujer

Tiene 22 años y a instancia del fiscal penal 1, Federico Obeid, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, fue condenado a la pena de 6 años y 10 meses de prisión por golpear y abusar sexualmente de una mujer, a quien captó haciéndose pasar por policía de la Brigada de Investigaciones.

La sentencia, dictada por la Sala VI del Tribunal de Juicio, responde a un hecho que fue investigado y llevado a juicio por el fiscal Obeid, quien inició el proceso penal del caso a partir de la denuncia radicada por una mujer de 37 años, el 12 de septiembre de 2016.

En esa fecha, según lo ventilado en el juicio, la víctima fue captada por el acusado, José Andrés Pérez, de 22 años, en inmediaciones de la ciudad de General Güemes, cuando la mujer y su novio, tras salir de un boliche bailable, discutían en la vía pública.

En el juicio, la fiscalía demostró que durante esta disputa verbal entre la víctima y su pareja se hizo presente el acusado, quien a bordo de una motocicleta se detuvo y adujo que era personal de la Brigada de Investigaciones, ofreciéndose para llevar a la mujer a su casa a modo de rescate de la situación que atravesaba.

Tras aceptar la oferta, creída de que efectivamente se trataba de un policía, pues durante el trayecto por algunas calles de esa ciudad saludó a otros uniformados, la mujer siguió con el supuesto policía hasta que salió de General Güemes y se dirigió a Campo Santo.

A la altura de finca La Población, sin embargo, Pérez se desvió e ingresó a un descampado cercano a la ruta, donde tras golpear a la mujer la sometió sexualmente. Tras el hecho, y ante el ruido de motor de un vehículo, la víctima alcanzó a salir y pidió ayuda.

Peregrinos

Tras llegar a la ruta, la mujer se encontró con personas que participaban del “milagrito”, una ceremonia previa a la procesión del milagro, la que tradicionalmente se realiza en Salta en el mes de septiembre. De inmediato, alertan al 911 y la joven así fue rescatada realmente.

A los días, en tanto, la joven reconoció al acusado en inmediaciones del predio deportivo de la localidad de Campo Santo, por lo que dio aviso a la policía y se produjo la detención del mismo. El imputado negó la acusación y adujo que el día y hora del hecho, se hallaba junto a un grupo de amigos en esa misma localidad y no conducía su motocicleta.

Durante el debate, sin embargo, esta coartada fue desechada por el fiscal con el testimonio de testigos, quienes indicaron que si bien Pérez estuvo con ellos no fue durante toda la noche, como así también dijeron que el mismo llegó en su motocicleta.

Otro testigo, en tanto, a quien Pérez apuntó como la persona que lo llevó a su casa, lo desmintió y reiteró que el acusado se movía en su moto. Con estos y otras pruebas demostradas en las audiencias de juicio, llevadas a cabo en los últimos días, el fiscal solicitó en su alegato una pena de 8 años de prisión para el imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones.

Frente a su pedido, el juez, José Luis Riera, resolvió condenar a Pérez a instancia del pedido de la fiscalía a la pena de 6 años y 10 meses de prisión.

Sistema acusatorio: la Procuración acompañará la transición de la Justicia Federal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la coordinadora de la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy, Ana Clarisa Galán Muñoz y al defensor oficial federal, Martín Bomba Royo.

Entre otros puntos, la Procuración y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, avanzarán en un convenio que permitirá asistencia del ámbito local al federal, ante la inminente implementación del Nuevo Código Penal, prevista para el 10 de junio.

Después del encuentro con el procurador general Abel Cornejo, la defensora pública, Ana Clarisa Galán Muñoz, dijo que el propósito del convenio para el trabajo conjunto, es que contenga los alcances necesarios para garantizar el principio básico de la igualdad de armas. “La implementación del nuevo sistema será a partir del 10 de junio y significará un cambio de paradigma jurídico y procesal importantísimo”, afirmó Galán Muñoz.

En tanto, el defensor oficial, Martín Bomba Royo explicó que debido a la implementación del nuevo sistema acusatorio, que es similar al de la Provincia, pero con una generación avanzada, “vamos a tener que producir pruebas y estar más activos en las investigaciones”. Destacó el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales porque “el CIF es un laboratorio de excelencia a nivel nacional”.

Uno de los aspectos del convenio permitirá que el Ministerio Público de la Defensa de la Nación en Salta, acceda al CIF y sus herramientas para la producción de dichas pruebas.

Sistema acusatorio

El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado por el Congreso en 2018 y promulgado por el Ejecutivo nacional en enero pasado. El sistema acusatorio se empezará aplicar primero en la justicia federal de Salta y Jujuy, desde el 10 de junio próximo. A la fecha la dispuso la comisión bicameral especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

La reforma del Código Procesal Penal cambiará el paradigma, porque reasignará los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas. En la actualidad los jueces federales dirigen las investigaciones y toman decisiones. Con el sistema acusatorio cambiará la forma de llevar a cabo el proceso y recaerá en los fiscales la tarea de investigar.

El sistema acusatorio brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso.

Detienen a tres peligrosos asaltantes de taxistas

Los acusados, entre ellos una mujer, abordaban a los conductores en el centro de la ciudad para posteriormente trasladarlos a barrios de la zona oeste, donde concretaban los atracos y huían. Se les imputó los delitos de robo calificado y simple en perjuicio de cuatro taxistas.

La investigación de estos hechos, a cargo de la fiscal penal 1, Gabriela Buabse, se inició a partir del 5 de enero pasado, cuando se radicó la primera denuncia. La misma fue realizada por Marta Álvarez, quien relató que fue abordada en la esquina de San Martín y Jujuy por una pareja.

Los pasajeros pidieron ser trasladados hasta el barrio La Ciénaga, aunque al llegar a ese destino, la mujer descendió en un sector y su pareja en otro, ubicada en una zona más oscura, donde ejecutó el atraco y se dio a la fuga. El acusado, según lo informado desde la fiscalía, se apoderó de una suma de 1.800 pesos y el teléfono celular.

Posteriormente, el 21 de enero, Juan Martín Saracho, denunció otro asalto con la misma modalidad. Fue abordado en San Martín e Ituzaingó por tres personas, entre ellas una joven con bebé, quienes pidieron ser trasladados hasta el barrio San Rafael, pero en inmediaciones de un frigorífico de esa zona, la mujer descendió con el menor. Los otros dos, en tanto, siguieron viaje hasta un callejón, donde concretaron el asalto con un arma de fuego.

Los ladrones se llevaron una suma de 600 pesos, el teléfono celular y las llaves del auto, las que luego arrojaron en un descampado y huyeron en dirección a la zona de barrio Sarmiento. A los tres días, Samuel Vázquez, otro taxista, denunció que fue abordado en calles Urquiza y Florida, por una pareja y un bebé.

Los pasajeros pidieron como destino el barrio San Rafael, aunque antes de ingresar a esta barriada, la mujer con el bebé descendió. Su pareja siguió con el conductor hasta una zona oscura, donde concretó el asalto. En su denuncia dijo que le robaron la suma de 1.200 pesos y el teléfono celular.

Fabian Ramos Escalera, otro taxista, denunció un nuevo asalto el 27 de febrero pasado. Tras ser abordado en la zona centro, en este caso por dos sujetos y una mujer con un bebé, se dirigió hasta el barrio La Ciénaga, bajándose del coche la joven y el menor, mientras los otros pasajeros, armados con un revólver y un cuchillo, llevaron al conductor hasta una zona deshabitada, donde asaltaron al chofer, a quien le arrebataron la suma de 3 mil pesos y el teléfono celular.

La investigación

Frente a estas denuncias, la fiscalía ordenó una serie de medidas investigativas que se concentraron en el análisis de las cámaras de video, la descripción dada por las víctimas y averiguaciones de la Policía respecto a posibles sospechosos en la zona donde se cometían los asaltos.

De esta manera, se pudo identificar a tres sospechosos y a partir de ello, la fiscal Buabse solicitó los allanamientos y detenciones del caso. Esta medida se concretó el 11 de mayo pasado en domicilios ubicados en los barrios Solís Pizarro y Atocha, oportunidad en la que se pudo secuestrar elementos de pruebas suficientes para concretar la imputación penal del caso.

Al respecto, se informó que a Federico Franco Perdiguero, Maira Elena Quipildor y  Jorge Ariel Llavera se les imputó los delitos de “robo calificado en poblado y en banda”, como así también se solicitó la mantención de detención de los acusados.

Cornejo creó el Consejo Asesor de Fiscales

El Consejo Asesor de Fiscales tendrá como función la evaluación de la gestión del Ministerio Público Fiscal y la prestación del servicio en todas las dependencias. Sus miembros podrán sugerir mejoras para la gestión, a través del consenso en las políticas de trabajo y los criterios de actuación unificados en los protocolos de actuación. Se reunirá semanalmente.

El Consejo estará presidido por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. En tanto, el vicepresidente será elegido por los representantes de las fiscalías penales y reemplazará al presidente en su ausencia.

En los considerandos de la resolución que creó el Consejo, se destaca que “dada la multiplicidad de fiscalías de distintos fueros y competencias en todo el territorio, el ejercicio de las facultades (del Procurador) debe estar precedido de un conocimiento acabado de la actividad desarrollada y los aciertos y dificultades de las dependencias, para proyectar decisiones que permitan brindar un servicio más eficaz y eficiente”.

Los fiscales de toda la provincia se reunirán semanalmente para evaluar y proponer mejoras, consensuar políticas de trabajo y criterios de actuación unificados, además de definir protocolos de actuación. “Son algunos de los beneficios que surgirán del diálogo respetuoso e intercambio de opiniones y experiencias, característica de cualquier organización que forma parte de un estado democrático moderno”, explicó Cornejo.

El Consejo estará integrado por un fiscal de Impugnación; un fiscal penal en representación de cada unidad o fiscalía especializada; un en representación de las dependencias con asiento en la ciudad de Salta; un fiscal penal por las dependencias situadas en el área metropolitana de Salta y General Güemes y un fiscal penal por cada uno de los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Sur.

Por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2019, la designación de los miembros del Consejo Asesor de Fiscales estará a cargo del Procurador General de la Provincia. Luego, la elección de los representantes será realizada por los fiscales, según su ámbito de actuación. El Consejo Asesor de Fiscales se reunirá todos los viernes, a las 8.

Por un video viralizado cayó un policía por abuso sexual a una menor

Se trata de un agente que presta servicio en la localidad de Joaquín V. González, a quien el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, le imputó los delitos de abuso sexual calificado y corrupción de menores. Todo surgió cuando un video íntimo, en el que aparece el policía con una menor de 16 años, se viralizó por las redes sociales.

La difusión del video llegó hasta familiares de la menor en los últimos días, quienes alertaron a los padres de la misma, la que radicó la denuncia del caso. De inmediato, y bajo directivas del fiscal penal, la delegación de El Quebrachal, inició las actuaciones penales correspondientes.

De las mismas, se pudo establecer que el hecho ocurrió después de una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2018, la que se celebró en la localidad de El Quebrachal, y a la que asistió la víctima, una adolescente de 16 años, quien reveló que durante los festejos ingirió bebidas alcohólicas, por lo que no estaba del todo consciente.

En esa celebración, la menor se encontró con el acusado, identificado como José Matías Paz, un agente de la Policía de la Provincia, con revista en la localidad de Joaquín V. González, a quien la adolescente conoció a través de las redes sociales y ambos acordaron un encuentro en dicha fiesta.

En su decreto de imputación, el fiscal Gómez Amado indicó que el policía se habría aprovechado del estado de ebriedad de la menor para cometer el abuso sexual, el cual quedó claramente evidenciado en el video que posteriormente se viralizó por las redes sociales.

A partir de estos elementos de pruebas, el fiscal solicitó al juzgado de garantías la detención del policía, lo que se concretó de inmediato. El acusado se trata de un agente, a quien Gómez Amado le imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, por los cuales el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal solicitó la mantención de detención del suboficial, como así también dispuso otras diligencias, entre ellas la declaración de la menor en cámara Gesell, entre otras.

Dos imputados por promoción de la prostitución y abuso sexual calificado

Los acusados tienen 44 y 28 años y les imputaron los delitos de abuso sexual calificado y promoción de la prostitución agravada por la recepción de pagos, por el vínculo, la convivencia y la minoridad de las víctimas. Se trata de cargos con penas que llegan hasta los 15 años de prisión.

Imágen ilustrativa

La investigación del caso es llevada adelante por el fiscal penal 1, Federico Obeid, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quien actuó a partir de denuncias radicadas por las madres de dos menores de 14 años, una de las cuales tiene vínculo familiar con el principal acusado, identificado como Jorge Guaymás, de 44 años.

Las denuncias, según lo informado desde la fiscalía, se circunscriben a hechos ocurridos en barrio San Rafael, de la localidad de Rosario de Lerma. No obstante, el fiscal señaló que el hilo investigativo surgió de actuaciones administrativas y una exposición policial que realizaron autoridades de una escuela de esa ciudad, a donde asiste una de las víctimas.

A partir de ello, policías de la Comisaría 14 de Rosario de Lerma, llevaron adelante una serie de pesquisas, las que permitieron no sólo establecer sospechas en torno a una alumna de ese establecimiento, cuya madre radicó la denuncia correspondiente luego de que la adolescente revelara que el abuso sexual era cometido por Guaymás, quien a su vez ofrecía dinero a un familiar de la menor a fin de que la convenciera para que accediera a los encuentros sexuales.

Bajo la dirección de la fiscalía, se recibieron declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias, las que permitieron establecer que el segundo acusado, identificado como Carlos Rojas, de 28 años, también del barrio San Rafael, era quien cumplía el rol de intermediario, pues influía en la menor para que acuda a los encuentros sexuales con Guaymás, quien era su patrón.

Por dinero

A cambio de ello, Rojas, según lo investigado, recibía como pago una suma de 500 pesos. En vista de ello, y de otros elementos de prueba, el fiscal Obeid solicitó la detención de este sujeto, al que imputó el delito de promoción de la prostitución agravada por la recepción de pagos, por el vínculo, la convivencia y la minoridad de las víctimas, el que establece penas de hasta 10 años de prisión.

Al seguir la investigación, respecto a Guaymás, surgió una nueva denuncia, radicada por la madre de una menor de 14 años, también con vínculo familiar con el acusado, quien reveló que éste sujeto le ofrecía dinero a su hija a cambio de mantener encuentros sexuales, pero que la adolescente no accedió a los mismos.

Asimismo, la pareja del principal acusado señaló que el ofrecimiento de dinero por parte de Guaymás a cambio de mantener relaciones sexuales con menores, al parecer, era una práctica común del mismo, hecho que sigue siendo motivo de investigación.

En vista de estos elementos de pruebas, el fiscal solicitó la detención de Guaymás, a quien le imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción de la prostitución agravada por la recepción de pagos, por el vínculo, la convivencia y la minoridad de las víctimas. En este caso, por el primer hecho, las penas llegan hasta 15 años de prisión.