Prisión preventiva para dos jefes del Servicio Penitenciario

Los detenidos enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos, además, está imputado provisionalmente por comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, tras analizar el pedido de la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, resolvió dictar prisión preventiva para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, mientras que denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.

Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).

El primero de ellos fue detenido el 15 de febrero en un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas. El 17 de febrero fue imputado provisionalmente como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) y comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

Durante la audiencia, su abogado particular solicitó la prisión domiciliaria, la cual finalmente le fue denegada.

El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión). Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva. El juez de Garantías 3 dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

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Asistidos por sus defensores particulares, se abstuvieron de declarar. Uno de los detenidos fue acusado de ser autor, mientras que el otro fue señalado como partícipe necesario de los delitos imputados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, junto al procurador general Pedro García Castiella y el fiscal penal de la Unidad contra la Narcoriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, imputaron a las dos personas detenidas en los allanamientos realizados el día jueves. 

Los imputados se abstuvieron de declarar, siendo asistidos por abogados particulares. El agente penitenciario, por el abogado Fernando Díaz Zabalaga; mientras que el otro imputado fue asistido por los abogados defensores Sandra Bonari y Esteban Nieva Haro.

Basándose en nuevos hechos surgidos de la investigación y documentación disponible, la fiscal Salinas Odorisio imputó al hombre que se desempeña en el Servicio Penitenciario por el delito de exacciones ilegales agravadas -concusión-, tipificado en los artículos 266 y 268 del Código Penal. 

Se le acusa en su calidad de funcionario público de exigir indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran bajo su custodia durante el período comprendido entre los años 2022 y 2023. Estas consistían, en sumas de dinero a cambio de favores como obtener buenas calificaciones en concepto y conducta, acelerar trámites para la obtención de beneficios penitenciarios, como salidas transitorias o cambios de pabellón, entre otros. Además, se le imputa facilitar el ingreso de elementos no permitidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas, según el reglamento interno de las Unidades Carcelarias.

En cuanto al otro detenido, se lo imputó como partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas –concusión- en relación con un hecho específico. Se lo acusa de haber actuado como nexo con familiares de un interno, solicitándoles dinero a cambio de gestionar ciertos beneficios dentro de la Unidad Carcelaria Nº1.

La Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos en el día de la fecha.

 

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