UDEC investiga una presunta estafa piramidal que involucra a agentes del Servicio Penitenciario y realizan siete allanamientos

El principal investigado se desempeñaba en la Dirección de Administración del SPPS. El esquema habría movilizado más de 2.700 millones de pesos, implicaría a más de un centenar de efectivos y se habría sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.

Durante la mañana de este jueves 18, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad Investigación UDEC realizó, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, un total de siete allanamientos en el marco de una investigación por estafas bajo la modalidad piramidal o esquema Ponzi, que involucra a agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

Del operativo participaron 33 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología, junto a personal de UDEC. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en la zona centro de la ciudad de Salta, en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de $1.317.000 en efectivo. Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones.

La fiscal Salinas Odorisio investiga distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relatos, el acusado les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia. El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.

Como suele ocurrir en este tipo de maniobras, las personas denunciantes indicaron que durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que habría reforzado la confianza y favorecido la continuidad de los aportes. Con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas.

Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicación. Otra mujer, personal de seguridad de la Alcaidía General de la Ciudad, manifestó haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunció haber aportado más de $24.000.000, tras lo cual su compañero habría dejado de responder sus mensajes.

A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.

En ese contexto, se detectó también el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simularía inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado.

La investigación permitió además establecer que el denunciado no habría actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros. Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones. Sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornarían improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habría actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.

El mismo patrón se advertiría en otros agentes del Servicio Penitenciario que registran un doble flujo de dinero: transferencias significativas hacia el denunciado y retornos periódicos que se corresponderían con el pago de supuestos intereses. Este mecanismo habría servido para sostener la confianza interna, legitimar el engaño y ampliar la red de captación dentro de la institución.

Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios. Además, consideró que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.

Tras el operativo, el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.

La Fiscalía solicitó condenas de más de 7 años para los directivos de la financiera Agrinvert

En su alegato, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, sostuvo que durante el juicio quedó demostrado que se trata de una estafa piramidal que perjudicó a numerosas personas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, la condena de cumplimiento efectivo para María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A. por el delito de estafa.

En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio presentó pruebas que sostienen la responsabilidad de los acusados en la estafa a distintas personas a través de Agrinvert. La Fiscal argumentó que la operación realizada por los hermanos Cedrón y Manzano encuadra en una estafa piramidal, un esquema que capta víctimas prometiendo significativas ganancias a corto plazo mediante la reinversión continua y la incorporación de nuevos participantes. Este tipo de fraude se sostiene mientras ingresen nuevos inversores; sin embargo, cuando se agota la entrada de nuevos fondos y los inversores desean retirar su dinero sin reinvertirlo, el esquema colapsa.

En el caso de Agrinvert, las víctimas firmaron contratos de préstamo en pesos, entregando diversas sumas de dinero para su inversión con la expectativa de obtener beneficios. La financiera se comprometía a devolver el capital con intereses en un plazo determinado. Sin embargo, según los testimonios de las víctimas, los acusados promovían su negocio principalmente entre personas de alto poder adquisitivo, generalmente amigos y conocidos, quienes a su vez referían a otros familiares, extendiendo así el alcance del fraude. Inicialmente, la firma cumplía con el pago de intereses, pero posteriormente dejó de hacerlo, defraudando a los inversores.

Por ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó para María Rosa Manzano la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarla autora de 26 hechos de estafa; para Alejandro Daniel Cedrón solicitó la pena de siete años y tres meses por ser autor de 27 hechos de estafa; y para Eduardo Martín Cedrón, tres años de prisión por ser partícipe necesario de 26 hechos de estafa.

Además, requirió la inmediata detención y la indemnización a las víctimas con el monto actualizado.

 

Allanamientos y detenciones en la investigación por la estafa de Yomigt

La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, a partir de las más de 300 denuncias realizadas en Salta por personas que se vieron afectadas por la baja de la aplicación, inició una investigación, donde este jueves se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a cinco personas que habrían tenido alguna participación en la maniobra defraudatoria.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó la detención de tres personas en el marco de la investigación que lleva adelante a partir de más de 300 denuncias recibidas de personas que invirtieron dinero en una plataforma conocida como Yomigt y que el pasado fin de semana fue dada de baja, provocándoles un perjuicio económico.

Del trabajo investigativo desplegado por personal de la Fiscalía, se individualizó a cinco personas que estarían vinculadas a la organización de eventos y promoción de aplicación que se vendía como una plataforma de inversión en USDT, una criptomoneda ajustada al valor del dólar, con rentas del 100% en 35 días.

Con los elementos de convicción necesarios reunidos, se solicitó al Juzgado de Garantías 1, a cargo de la jueza Ada Guillermina Zunino, orden de allanamiento para diversos domicilios vinculados a las cinco personas investigadas.

En cumplimiento de la medida y con la colaboración de personal de la Unidad Especial de Investigación del CIF y otras áreas del Departamento, a cargo del subcomisario Martín Chachagua, durante la mañana de este jueves, se produjo la detención de tres hombres mayores de edad y el secuestro de elementos informáticos y otros de interés para la causa.

La audiencia de imputación de los detenidos se concretará este viernes según confirmó la fiscal Cornejo.

Pareja a juicio por estafar con supuestas inversiones on line

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos se requirió juicio para una pareja acusada de al menos cuatro hechos de estafas reiteradas. Ofrecían a sus conocidos la oportunidad de invertir en una plataforma informática brasilera y lograr grandes ganancias en dólares o la obtención de piedras preciosas. Incluso los instaban a sumar a otros adherentes para tener mayores posibilidades.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Juan Carlos Nieva y Ivanna Elizabeth Correa como coautores del delito de estafas reiteradas (4 hechos).

En las denuncias, los damnificados son coincidentes en señalar que eran compañeros de trabajo en el Ministerio de Educación de Salta con el acusado y que basados en la relación de confianza, decidieron invertir importantes sumas de dinero en una empresa virtual denominada “Pay Diamond”.

Para concretar la maniobra, la pareja concertaba encuentros en hoteles de la ciudad y en su misma casa, donde les prometían a los damnificados, grandes rentabilidades dinerarias o su equivalente en piedras preciosas si invertían sumas de dinero, como así también si adherían a nuevos suscriptores o inversores.

Cabe señalar que nunca otorgaron recibo alguno del dinero que recibieron de los damnificados y sus familiares, quienes al intentar retirar su inversión se vieron imposibilitados ya que la plataforma desconocía el acceso a los suscritos.

El fiscal Flores sostiene en la acusación que los imputados Nieva y Correa, actuando en connivencia y aparentando la dirección u organización de una empresa virtual, lograron que los denunciantes entregaran importantes sumas de dinero en efectivo –pesos y/o dólares-, creyendo que se trataba de una operación de inversión. Actuando los acusados a sabiendas que no iban a cumplir con las promesas de ganancias, lo que perjudicó gravemente el patrimonio de las víctimas, constituyendo un caso de estafa piramidal.