En sus alegatos, el fiscal penal Ramos Ossorio sostuvo la acusación contra la efectivo policial y solicitó además que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. La querella solicitó 6 años de prisión y 10 de inhabilitación y la defensa su absolución de forma lisa y llana.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Gimena Antonia Núñez como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real.
Este martes, al reanudarse la audiencia, el Tribunal concedió a Núñez la posibilidad de pronunciar las últimas palabras, donde la acusada manifestó que lamentaba la pérdida sufrida por la señora Ana Fernández y dijo haber actuado de buena fe.
En el veredicto, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Gabriela Romero Nayar y Marcelo Rubio, condenaron a Núñez a la pena de 2 años de ejecución condicional, 4 de inhabilitación absoluta y al cumplimiento de reglas de conducta como autora del delito de falso testimonio y fue absuelta por el beneficio de la duda como autora del delito de encubrimiento agravado.
Para la cuarta jornada de la audiencia de debate, se encuentran citados más de 11 testigos. Entre ellos se incluyen vecinos, efectivos policiales y profesionales que intervinieron en la etapa investigativa del homicidio.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Gimena Antonia Núñez como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real.
Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, declaró una vecina del edificio donde vivía Cintia Vanesa Fernández y un Criminalista que trabajó en la escena tras el hallazgo del cuerpo.
Para la jornada de hoy se prevé la declaración de otros vecinos, efectivos policiales y otros profesionales que cumplieron tareas durante la investigación.
Durante la jornada de este martes, continuó la ronda de testimoniales. El proximo viernes se reanudará a partir de las 9.30.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Gimena Antonia Núñez como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real.
Durante la jornada de este martes, declaró un efectivo policial que revistaba en la Dirección de Seguridad Personal en 2011. El testigo desempeño su tarea en el departamento de la víctima junto a un compañero y la acusada.
Los jueces Cecilia Flores Toranzos, Gabriela Romero Nayar y Marcelo Rubio dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 3 a las 9.30.
Tras la declaración de la imputada, la ronda de testimoniales comenzó con la declaración de la madre de la víctima; luego el Procurador General, quien se desempeñaba como abogado querellante durante el juicio por el homicidio y de una cuñada de Ana Fernández, quien la acompaño tras el hallazgo del cuerpo de su hija.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Gimena Antonia Núñez como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real.
Tras la lectura de los requerimientos a juicio fiscal y de la querella, el abogado defensor realizó un planteo de nulidad parcial, el que se resolvió de manera negativa y al ser consultada, la acusada decidió prestar declaración ante el Tribunal sin responder preguntas y dio su versión de los hechos respecto de las dos acusaciones en su contra.
Al iniciar la ronda de testigos, declaró Ana del Valle Fernández, madre de Cintia Vanesa Fernández, quien rememoró lo vivido la noche del 3 de mayo de 2011 en el departamento de barrio Parque La Vega, sus intercambios con personal policial desde aquel momento y las distintas irregularidades que fue detectando a lo largo de la investigación y que la llevaron a cuestionarla y a realizar presentaciones judiciales.
A su turno, Pedro García Castiella, actual procurador general de Salta, prestó declaración como testigo de manera presencial y renunciando a toda prerrogativa, por su desempeño como abogado querellante de Ana Fernández durante la audiencia de debate.
En su declaración, García Castiella explicó que asumió como querellante en la causa cuando la investigación estaba avanzada, y destacó el estancamiento al que se había llevado a la causa durante la instrucción, con el sembrado de innumerables hipótesis falsas. Estas iban desde juegos sexuales, problemas psiquiátricos y aparente suicidio, hasta el involucramiento inclusive de un tercero inocente. Señaló que esto fue posible debido al antiguo sistema de instrucción y la liberalidad con la que la policía podía manipular la información que se proporcionaba al Juez de Instrucción. Aplaudió la implementación del sistema acusatorio en Salta y el trabajo de investigadores especializados bajo la supervisión de un Fiscal. Destacó que durante todo ese periodo de introducción de hipótesis confusas, Nuñez estuvo al frente de la investigación.
Conforme al relato del entonces abogado querellante, celebró la decisión del juez de Impugnación Abel Fleming, quien evitó que la causa quedara impune y permitió que se retomara la investigación para llevar a juicio a Mario Federico Condorí. También se refirió al desplazamiento de Nuñez de la dirección de las investigaciones, dispuesta por el Juez Pastrana, al advertir que había dispuesto diligencias que no habían sido autorizadas y que habrían servido a la estrategia para liberar de sospecha al condenado Condorí.
También señaló que Gimena Nuñez había omitido en sus informes aclarar que tres meses antes del hecho, había sido compañera laboral de Condorí en la misma División de Homicidios. Esta información se reconoció recién en la audiencia de debate y motivó su requerimiento por falso testimonio en aquella oportunidad por parte del fiscal Ramos Ossorio.
Se refirió extensamente a la acusación contra Gimena Núñez y a situaciones de omisión en los primeros pasos de la investigación que quedaron en evidencia durante el debate de 2019. En ese momento, no se relevaron testigos que tenían información valiosa en la escena del hecho, no se secuestró documentación que fue encontrada en el departamento de la víctima y se cometieron otros errores «groseros» que perjudicaron el avance de la causa. Se mencionó que, de no haber sido así, dicha causa podría haber sido resuelta en pocos meses y no en ocho años, como finalmente aconteció.
Por ultimo, declaró una cuñada de Ana Fernández, quien la acompañó de manera permanente tras el hallazgo de Cintia sin vida a realizar trámites y gestiones.
Se requirió juicio para la oficial de la Policía de la Provincia, imputada como autora de los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado en el marco de la causa que investigaba el homicidio de Cintia Fernández.
Núñez fue citada como testigo en la audiencia de debate por el homicidio de Cintia Fernández ya que el día del hecho, se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios y en función de su declaración bajo juramento de ley, quedó demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven, evidenciado por las omisiones del informe de la imputada, la omisión de cumplir con diligencias investigativas básicas, las anotaciones tendientes a vincular a otra persona en el hecho, a desprestigiar a la víctima y a su madre y las que encaminaban a desdibujar la responsabilidad de Condorí.
En el extenso requerimiento, Ramos Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la oficial de la Policía de la Provincia, afectó directamente la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiéndose con su accionar comisivo y omisivo a facilitar la impunidad de Mario Federico Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa.
Otro aspecto en el que hace énfasis el fiscal, es en la decisión de involucrar y equiparar a Raúl Puca a la condición de sospecha inicial que se erigía contra Condori. Fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima, encontrándose dicho secuestro bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez.
El acto de imposición del nombre de Cintia Vanesa Fernández al edificio del CIF, será el 8 de marzo, a las 11. Será la primera de una serie de acciones destinadas a mantener presentes a las víctimas de violencia machista de Salta. “Cada lugar que rememore a una víctima, recordará a la comunidad que cada una tiene nombre y un apellido, una historia y una vida truncada”, afirmó el Procurador y destacó que todas las herramientas que sumen para generar conciencia social sobre la problemática, serán adoptadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.
Fue una de las decisiones confirmadas durante la última reunión, oportunidad en la que se incorporaron la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el exsecretario de Justicia y actual defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella; la comunicadora Itatí Carrique y la referente del colectivo de mujeres trans, Luz Bejerano.
Cintia Fernández, de 23 años, fue encontrada asfixiada y golpeada en mayo de 2011 por su madre, en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta.
En junio pasado los jueces de la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, condenaron a 23 años de prisión a Mario Federico Condori.
Por el MPF, intervino el fiscal penal, Ramiro Ramos Ossorio y alegó el querellante Pedro García Castiella. Durante el proceso oral y público, tres testigos fueron detenidos por falso testimonio, de los cuales dos también fueron imputados por encubrimiento. Son los casos del expolicía Calixto Mamaní, quien era compañero de Condorí en la División Trata de Personas y en la Brigada de Investigaciones; de la oficial Gimena Núñez, que intervino en el inicio de las investigaciones del homicidio y fue jefa del condenado en la fuerza; y de José Antonio Ormeño, administrador del complejo habitacional Parque La Vega, donde vivía la víctima. Ana, su madre, encaró una lucha titánica para esclarecer el crimen. Preside la Fundación Cintia Fernández, que asiste integralmente a víctimas de violencia.
Otros temas abordados por el Comité
Tras los últimos hechos de violencia hacia mujeres registrados en Salta y el país, los presentes coincidieron en señalar la necesidad de seguir trabajando en pos de políticas públicas sólidas y permanentes. En ese sentido, el Procurador ratificó su posición acerca de que trabajar a favor de políticas de Estado en contra de la violencia hacia la mujer (expresada en todas sus formas), “no es ideología de género y sí una cuestión de Derechos Humanos”.
También se abordó la discusión sobre la posible disminución de consignas policiales a víctimas de violencia; tema sobre el cual se consideró que “los dispositivos electrónicos no son una alternativa a la consigna policial, y en cambio, sí son una herramienta de apoyo a la custodia de las víctimas de violencia”.
Finalmente, el Comité consideró oportuno recordar a medios y comunicadores, a través de publicaciones en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal, las herramientas para comunicar con perspectiva de género, a través de los consejos elaborados por la Iniciativa Spotlight para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio y ESI para periodistas.
Al Comité lo preside el procurador general, Abel Cornejo y lo coordina Ana Cecilia Carraro. Además de los nuevos miembros, lo integran la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, las fiscales de Violencia de Género, Claudia Geria y de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, además de las directoras del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso, del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq y de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Rosaura Gareca. También, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta e integrante de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez; y María Pía Ceballos, integrante de la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Este año se sumaron el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Federico Uldry y la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad, Gabriela Gaspar y de Promoción Social, Jacqueline Cobo. Completan el Comité las abogadas Tania Nieves Kiriaco, Carina Iradi y Yésica Montagna, además del letrado Leandro Ramos.