Siniestro vial: Aplicaron principios del nuevo Código Procesal Penal en una causa iniciada antes de su vigencia

Aunque el imputado se había atrasado en el pago de las últimas cuotas del acuerdo de mediación alcanzado anteriormente por problemas laborales, durante la audiencia ofreció abonar una suma superior a la adeudada para cerrar el conflicto. Sin embargo, el damnificado solicitó únicamente el pago pendiente originalmente pactado y aceptó la conciliación.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia multipropósito ante el Tribunal de Juicio Sala IV, en el marco de la causa seguida contra un hombre de 48 años imputado por el delito de lesiones culposas en accidente de tránsito.

Durante la audiencia, celebrada en una etapa previa al juicio oral y correspondiente a una causa iniciada bajo el anterior sistema procesal, las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio, luego de que la jueza Norma Vera admitiera la aplicación de criterios previstos en el nuevo Código Procesal Penal. La decisión se fundamentó en los principios establecidos en el artículo 3 del nuevo CPP, orientados a procurar una solución del conflicto que contemple los intereses de las partes y favorezca mecanismos alternativos de resolución.

La investigación se había iniciado tras un siniestro vial ocurrido sobre ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 3, cuando el acusado conducía un automóvil Volkswagen Gol y embistió desde atrás a una motocicleta conducida por la víctima, quien producto del impacto colisionó además contra otro vehículo que circulaba delante.

Como consecuencia del hecho, el damnificado sufrió politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano. Además, el test de alcoholemia practicado al imputado arrojó 1,36 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde la Fiscalía se había requerido oportunamente la elevación a juicio de la causa al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado por la conducción imprudente del vehículo y la violación de las normas de tránsito vigentes.

Según se informó en audiencia, el imputado había alcanzado previamente un acuerdo de mediación penal para reparar económicamente a la víctima mediante el pago en cuotas, aunque el proceso no pudo concluir por el incumplimiento de las últimas cuotas tras la pérdida de su empleo.

En esta nueva instancia, el acusado ofreció una suma superior a la originalmente adeudada para concluir el conflicto, aunque la víctima aceptó únicamente el monto pendiente pactado con anterioridad.

Con la homologación del acuerdo conciliatorio, se dispuso la extinción de la acción penal y se dio por finalizado el proceso.

El fiscal Escalante destacó que el acuerdo alcanzado permitió arribar a una solución consensuada que benefició tanto a la víctima como al acusado y posibilitó concluir el conflicto de manera pacífica.

Denuncia anónima derivó en condena por tenencia de estupefacientes

Tras un allanamiento realizado en diciembre, se secuestró cocaína en un domicilio y, en una audiencia multipropósito, se arribó a un juicio abreviado

El fiscal penal 2 de Tartagal, interino durante la feria judicial, Gonzalo Ariel Vega, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia multipropósito celebrada en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas efectuadas a través del sitio web, en las que se señalaba que una mujer tendría estupefacientes en su domicilio y que presuntamente se dedicaría a la comercialización de sustancias prohibidas. En virtud de ello, durante el mes de diciembre se llevaron adelante tareas investigativas.

Como resultado de dichas actuaciones, el 29 de diciembre se concretó un allanamiento en el domicilio de la imputada, donde se procedió al secuestro de 78 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina, que sometida al test de campo arrojó resultado positivo para cocaína, como así también dinero en efectivo.

En la audiencia multipropósito, que incluyó el tratamiento de la prisión preventiva, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, el cual fue homologado por la jueza Sandra Sánchez. En consecuencia, se dictó sentencia condenatoria contra la imputada por el delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737.

La condena impuesta consistió en un año de prisión de ejecución condicional, con la aplicación de las medidas previstas en el artículo 27 bis del Código Penal, y una multa, que en este caso fue fijada en el monto del dinero secuestrado durante el allanamiento.

Ruta Nacional N.º 68: Avanza hacia juicio oral una causa por lesiones gravísimas en siniestro vial

La víctima del siniestro vial, un hombre de 54 años, sufrió la amputación de su pierna izquierda y múltiples fracturas tras ser embestido por un vehículo que, según la acusación fiscal, invadió el carril contrario.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito en el marco de la causa que se sigue contra una mujer de 51 años, imputada por el delito de lesiones gravísimas culposas en accidente de tránsito. 

Durante la audiencia, presidida por la jueza de Garantías 4, Gabriela González, la Fiscalía formalizó el ofrecimiento de prueba de cara al debate oral, detallando los elementos de convicción recolectados habiendo dado por concluida la etapa de instrucción.

El hecho investigado tuvo lugar el 13 de agosto de 2023, aproximadamente a las 14:00 horas, en inmediaciones de la Ruta Nacional N.º 68, en la denominada «curva del INTA», jurisdicción de Cerrillos. De acuerdo con los informes policiales y testimonios recabados, la imputada se encontraba a bordo de un vehículo Renault 19, acompañada por su hija de 18 años. Circulaban en sentido sur-norte cuando, por motivos atribuidos a una maniobra imprudente, el rodado perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó de frente con una motocicleta conducida por un hombre de 54 años, quien circulaba correctamente en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, la víctima fue expulsada de su motocicleta y sufrió lesiones de extrema gravedad. Personal médico que arribó en una ambulancia del sistema de emergencias constató una fractura expuesta en la pierna izquierda, motivo por el cual fue trasladado de urgencia, en código rojo, al Hospital San Bernardo. Posteriormente, informes médicos confirmaron que el damnificado sufrió amputación del miembro inferior izquierdo, además de fracturas múltiples en brazo, cadera, mano y otras lesiones de consideración. Por su parte, las ocupantes del automóvil resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas al hospital local para su evaluación.

En el lugar del hecho intervino personal de Criminalística, Policía Vial y Unidades Técnicas Científicas, quienes realizaron tareas de planimetría, inspección ocular, toma fotográfica, peritajes mecánicos y se aseguraron de preservar los rodados involucrados. Asimismo, se ordenó la extracción de muestras de sangre a las conductoras, cuyos resultados toxicológicos fueron incorporados al expediente.

Durante la etapa investigativa se incorporaron numerosas pruebas, entre ellas las declaraciones testimoniales del damnificado, policías que actuaron en el lugar, y testigos presenciales. También obran en el legajo los informes del CIF, el inventario de los vehículos siniestrados, documentación personal de los involucrados, pericias accidentológicas, informes médicos detallados, el certificado de “defunción parcial” emitido por el Hospital San Bernardo y croquis ilustrativos del lugar del hecho.

Con base en estos elementos, el fiscal Escalante sostuvo que la conducta atribuida a la imputada configura una conducción imprudente y negligente, que derivó en un siniestro vial con consecuencias gravísimas para la víctima. En este sentido, consideró cumplido el vínculo causal entre la maniobra realizada por la acusada y el resultado lesivo producido.