Familiares de víctimas de policías denuncian maniobras sistematizadas

Familiares de personas que fallecieron en circunstancias vinculadas con el accionar y operativos policiales denuncian que las muertes ocurridas en este último año, se produjeron bajo las mismas maniobras y que se trata de una forma de actuar sistematizada. Insisten con el pedido de cárcel común para los efectivos policiales imputados.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, volvió a recibir a los familiares de Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo. Asistieron Alicia Salas, Mariel y Jennifer Gallardo, quienes son la madre y hermanas de Cristian Gallardo; el padre de Jorge “Guri” Farfán, Jorge Farfán; la madre, padre y hermano de Martín Carreras, Rosa Lidia Cabrera, Ramón Carreras y Facundo Carreras, y la hija de David Alfonzo Neri Ovejero, Agustina Alfonzo.

Los familiares insistieron con manifestar su intención de que se agraven las calificaciones contra los imputados y la agilización e información sobre el estado de las causas, pero remarcaron especialmente a la necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reaccione y disponga, a través del Ministerio de Seguridad, la modificación de la metodología de detención de personas sospechadas de la comisión de delitos, porque la vigente y tolerada por la cartera de Seguridad, puede terminar con la vida de las personas. Los familiares reiteraron su preocupación ante el Procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí, que hay elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas.

Además, criticaron que el Tribunal de Impugnación haya rechazado esta semana la apelación realizada por el Ministerio Público Fiscal, al beneficio de la prisión domiciliaria de los efectivos imputados en el caso Gallardo, “porque sienta precedentes de beneficios de personas que tienen graves acusaciones en su contra”, afirmaron.

Por otra parte, los familiares coincidieron en la necesidad de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales sea dirigido por un fiscal, porque eso garantizará que no deban pedir reiteración de informes, pericias y otras tareas que lleva adelante el CIF, especialmente cuando se trata de autopsias, a las cuales el Procurador las calificó como “pruebas fundamentales” de una investigación.

El Procurador reiteró que los recibirá cada vez que sea necesario y los familiares requieran información sobre el funcionamiento de las instituciones, siempre enmarcado en las potestades que la Constitución de la Provincia le confiere. Aclaró que los planteos realizados durante el encuentro no pueden resolverse en su totalidad en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, porque comprenden a los distintos poderes del Estado. Sí destacó Cornejo que el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos en circunstancias que se investigan, generó una unidad entre las familias y que cada vez que exigen justicia públicamente, llevan a la sociedad a repensar cómo está funcionando y qué debería modificarse para que disminuya la violencia y haya más armonía entre instituciones y ciudadanos.

Las víctimas

Jorge David Farfán Vera, de 24 años, falleció el 8 de febrero pasado, cuando era ser trasladado por personal policial a la Comisaría 12, en la zona sur de la ciudad. Interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke. No hay imputados.
Martín Rodrigo Carreras, de 23 años, murió el 21 de junio pasado cuando era trasladado a una dependencia policial. Interviene la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
David Alfonzo Neri Ovejero, de 44 años, murió el 22 de junio pasado en Villa Floresta. La víctima se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. La fiscal María Luján Sodero Calvet imputó por el delito de homicidio culposo al oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla y pidió el mantenimiento de la detención de los tres.
Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado. Interviene el fiscal penal, Gustavo Torres Rubelt. El Tribunal de Impugnación rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal, al beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el Juzgado de Garantías 7 a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna. Están acusados de homicidio culposo y vejaciones calificadas en concurso real.

Familiares de Víctimas contra la Impunidad apoyan cambios en el CIF y nuevas fiscalías

Integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad volvieron a reunirse con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, con quien intercambiaron información sobre causas y aportaron ideas para mejorar la administración de justicia. Recordaron sus experiencias en el CIF e insistieron en la necesidad de que un fiscal penal dirija el cuerpo.

Durante este nuevo encuentro, Ana Fernández, Elva Carrizo, Verónica Cardozo, Mónica Nazer, Raúl Córdoba, Carina Castro y Cristian Messina, repasaron los casos de sus familiares e insistieron en el pedido de celeridad en las investigaciones y juicios, y de humanización de la administración de Justicia. En ese marco refirieron errores u omisiones en los que oportunamente incurrió el CIF durante las investigaciones de sus casos, y remarcaron la necesidad de avanzar a una reforma de la Ley Orgánica del CIF, que permita que un fiscal penal coordine las tareas, ya que conoce cómo debe realizarse una investigación penal. Dijeron que el cambio permitiría que las víctimas y sus familiares, no sean sometidos al desgaste de pedir nuevas pruebas o corrección de información incorporada a sus causas. En el mismo sentido, cuestionaron que no se avance en la creación de tres fiscalías contempladas en el mismo proyecto de Ley, entre las cuales se encuentra la de Ciberdelitos. Los familiares presentes sumaron la propuesta de creación de una Fiscalía de Delitos Viales, ya que la especialización evitaría la dispersión de causas que, de acuerdo a datos oficiales de siniestralidad y sus consecuencias en términos de morbimortalidad, ubican a Salta entre los principales distritos con víctimas fatales.

Por su parte, el Procurador, puso al tanto a los familiares de las novedades surgidas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal desde el 11 de julio pasado, cuando se produjo el último encuentro con la Comisión y anunció la creación de la Oficina de Prevención de Violencia Institucional, para prevenir, erradicar y denunciar situaciones de maltrato al ciudadano por parte de agentes de oficinas estatales de los diferentes poderes del Estado. Mónica Nazer, la madre de Ismael, joven víctima de siniestro vial, afirmó que “hay crueldades a las que los organismos estatales y los privados nos someten y que la Justicia no sanciona”.

En el mismo sentido, los familiares destacaron que “el sistema necesita fiscales idóneos y competentes”. La semana pasada el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género impugnó los pliegos de un postulante a fiscal penal del Distrito Centro y de una postulante a Asesora de Menores, decisión que fue respaldada por la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad.

El Procurador agradeció a los familiares que a pesar de los hechos lacerantes que los unen, se mantengan unidos y desde sus dolorosas experiencias, sigan generando aportes para mejorar la calidad institucional en la Provincia.

El 12 de agosto de 2011, la Comisión de Familiares contra la Impunidad marchó por primera vez alrededor de plaza 9 de Julio y en reclamo de justicia por sus hijos, padres y hermanos. Desde entonces todos los viernes a las 19 se congrega para exigir respuestas al Estado.

Caso Gallardo: El Procurador recibió a una de sus hermanas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo recibió a Mariel Gallardo este lunes, con el fin de actualizar información vinculada con la causa iniciada a partir de la muerte de Cristian Gallardo, ocurrida en agosto pasado.

Durante el encuentro, Mariel Gallardo volvió a plantear la disconformidad de la familia por el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a los policías Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, imputados por homicidio culposo por la muerte de su hermano.

Cornejo explicó que esa decisión fue apelada y que la definición al respecto, es de la jueza de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Virginia Solórzano. A la prisión domiciliaria la otorgó el 20 de septiembre pasado, la jueza de Garantías 7. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ese mismo día.

Posteriormente, Mariel Gallardo fue recibida por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados, Gustavo Torres Rubelt, quien le dio precisiones sobre las pericias solicitadas y que sumará en el curso de la investigación.

La segunda autopsia del cuerpo de Gallardo (realizada después de la exhumación, el sábado 31 de agosto), determinó que la causa de muerte fue una “isquemia aguda de miocardio” y que padeció un “shock”.

El lunes 2 de septiembre, el Procurador dispuso la reestructuración del CIF. Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado.

Godoy: “El mejor experto puede ser el peor perito”

El Ciclo de Seminarios sobre Medicina Legal empezó este jueves con la conferencia sobre “Psiquismo y Delito: desde la estructura y caracteres de la personalidad a la ausencia de capacidad de culpabilidad penal”, en la que el exrepresentante argentino ante la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Forense, Roberto Luis María Godoy, puntualizó ante un auditorio completo sobre las fortalezas y debilidades de las pericias psicológicas.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, abrió el Seminario de Actualización en Medicina Forense e invitó a los presentes a aprovechar el conocimiento de “uno de los grandes maestros de la Medicina Legal argentina”, al referirse al reconocido experto Roberto Luis María Godoy. Cornejo destacó que el disertante fue el primer decano del Cuerpo Médico Forenses de la Corte de Justicia elegido por sus pares, a la vez que ponderó la figura de quien fuera jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, al reivindicarla como “ejemplo de magistrada argentina y jueza ejemplar en todos los órdenes de su vida”. Es que Argibay impulsó reformas que comprendieron la tarea de los peritos y los alentó a “trabajar y fomentar el desarrollo con el convencimiento de quiénes son los destinarios, hacia quiénes se está trabajando y no por acopio de antecedentes o narcisismo intelectual”, dijo Godoy.

También señaló que para obtener resultados veraces, se necesitan “idoneidad, capacitación, esfuerzo, energía, voluntad, sacrificio y mucho trabajo”.

En ese marco, Godoy citó al psiquiatra y referente de la Medicina Legal, Nerio Rojas, quien sostenía que “el mejor experto puede ser el peor perito”, porque el médico legista debe además ser siempre verídico dada la importancia de su palabra en el juicio. “La sinceridad, la veracidad, deben ser un culto en él, no sólo para escapar de las sanciones penales por falso testimonio, sino para cumplir con el imperativo moral que condiciona su función ante la justicia”, decía Nerio.

Durante su primera conferencia, Godoy invitó a dejar de lado los sesgos doctrinarios, porque las consecuencias de trabajar de esa forma son “la exclusión de otros conocimientos, la limitación de métodos y la propuesta de soluciones condicionadas por el paradigma personal”. Entonces, instó a poner siempre en duda los paradigmas y no mantener conocimientos estancos, porque la rigidez no permite abordar nuevas vías de investigación ni llegar a niveles de certeza absolutos.

En el mismo sentido, Godoy aseguró que el paradigma médico no es una prueba exacta, que el razonamiento es opinable y que debe someterse a procedimientos de crisis en forma permanente, para generar nuevas hipótesis y vías de investigación. En ese sentido, también reconoció que en el ámbito de la medicina, a la salud mental en su conjunto (la psiquiatría, psicología y sus especialidades) se la excluye o minimiza, “porque la psique, a diferencia de otras pruebas, es inmaterial”. Sin embargo, destacó la necesidad de formación científica permanente y de valorar que los estados o hechos psíquicos “deben ser probados porque producen hechos jurídicos”. Y pidió no caer en falacias argumentales.

Sobre la tarea de los especialistas, Godoy recalcó la necesidad de interdisciplinariedad de los actos periciales y su abordaje, a pesar de que en los laboratorios argentinos actualmente se observa que solo se trabaja en multidisciplinariedad.

Finalmente, advirtió sobre la disparidad de recursos materiales y humanos en el país, porque aunque “sobre capacitación y formación, sin elementos de trabajo suficientes y adecuados no se puede investigar y llegar a niveles de certeza”.

Este viernes, Godoy dictará la conferencia “Droga y Delito. El efecto tóxico y la etio(pato)génesis conductual. Interpretación de estadísticas”, en el Salón Ábaco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de 15 a 18.

Firme apoyo de Cornejo a la urgente creación de la Defensoría del Niño

La presidenta de la fundación PAPIS (Proyecto de Asistencia Para una Infancia Segura), Lucrecia Miller, se reunió junto a su equipo con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, con quien habló sobre la paralización del proyecto de creación de la figura del Defensor del Niño. La fundación trabaja, además, en un proyecto de ley que otorgue rango especial a la víctima infantil de abuso sexual.

“Hablamos sobre la necesidad de plantear políticas públicas y de Estado en protección de la infancia, porque es un rango de la población vulnerable, invisibilizado y desconocido”, explicó Miller e inmediatamente citó la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que estipula la designación del Defensor del Niño a nivel federal y “fundamentalmente en todas las provincias que aún no lo tienen, entre ellas Salta”. Aquí “a pesar de las gestiones realizadas, la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados, acompañado por 20 mil firmas de toda la provincia y el clamor de la comunidad para que exista el Defensor del Niño, no hemos logrado el objetivo”, precisó la especialista.

También criticó que la media sanción otorgada por la cámara baja provincial, “no sea positiva para el espíritu del defensor, porque se pierde la autonomía de la figura, que es de contralor y que debe ser absolutamente independiente de todo poder del Estado”. Es que la media sanción otorgada “sacrificó” ese punto, porque la designación sería a través de la Secretaría de la Niñez y en consecuencia, el gobierno provincial sería su propio control. “Eso no es positivo”, insistió la presidenta de la fundación.

Por otra parte, Miller cuestionó que sea requisito que un abogado desempeñe ese rol, porque dadas las características de la función no es necesario que así sea. También pidió que para la designación, se adopte el modelo de Buenos Aires: a través de una comisión bicameral y por concurso público, con participación activa de la comunidad y con la posibilidad de impugnar a los candidatos, porque ello daría transparencia al proceso.

“Hemos encontrado en el Procurador un fanático defensor del Defensor del Niño y viendo que comprendió la envergadura de esta función, podremos trabajar juntos para lograrlo”, aseguró Miller.

En otro sentido, la fundación elabora un proyecto de ley para otorgar el rango que corresponde a la víctima infantil de abuso sexual, para lo cual se crearían áreas especializadas destinadas a la atención de niñas, niños y adolescentes. Según la especialista, aún no se tomó el peso de la victimización de un niño por abuso sexual.

“La reunión con el Procurador fue excelente, hemos encontrado en él una coincidencia con todos los objetivos que lleva adelante la Fundación PAPIS, lo que nos hace irnos contentos, agradecidos y con un trabajo conjunto a futuro, porque hemos encontrado un lugar donde somos escuchados y se comprende la importancia de nuestra lucha que es por todos nuestros niños” dijo Miller. Agregó que “si una sociedad no comprende que debe asistir a los niños y ayudarlos para que su desarrollo sea sin vulneraciones, injurias o distracciones, no tendrá futuro”.

Ambos temas serán fundamentales en el próximo encuentro interprovincial que bajo el nombre de “Revictimización de la Infancia, Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual Infantil”, reunirá a distintas organizaciones del NOA, el 6 de diciembre próximo, con la organización de la fundación PAPIS.

Con la psicóloga Lucrecia Miller, asistieron la secretaria de la ONG, Mercedes Párraga y el asesor legal, Marcelo Nieto.

Medicina legal: Psiquismo y drogas en el delito, los ejes de un Seminario

Ambos temas serán los principales del Seminario de Actualización en Medicina Forense que se ofrecerá este jueves 24 y viernes 25, con inscripciones libres, gratuitas y abiertas a todo público. La capacitación se inscribe en el ciclo 2019 y será responsabilidad del exrepresentante argentino ante la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Forense, Roberto Luis María Godoy.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo consideró que resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán a partir de esta actividad, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los objetivos fijados por la nueva gestión institucional. Ello, porque la medicina legal contribuye al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación criminal, mediante aportes múltiples y muchas veces exigidos por la ley. “El paradigma técnico que la caracterizó desde su origen ha evolucionado, particularmente en las últimas décadas y se diversificó en áreas específicas. La adecuada comprensión de los alcances de ese proceso evolutivo es esencial para la optimización de la prueba pericial, tanto en su indicación como en la interpretación de resultados”, afirmó Cornejo. Por ello, declaró de interés de la Procuración el Ciclo de Seminarios sobre Medicina Legal.

El Ciclo de Seminarios sobre Medicina Legal “Psiquismo y Delito: desde la estructura y caracteres de la personalidad a la ausencia de capacidad de culpabilidad penal” y “Droga y Delito. El efecto tóxico y la etio(pato)génesis conductual. Interpretación de estadísticas”, se dictará el jueves 24 y 25 de octubre del corriente, de 15 a 18. La primera actividad tendrá lugar en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría” de Ciudad Judicial y la del viernes, en el Salón Ábaco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Al Seminario, con magistrados, funcionarios y profesionales del CIF, asistirán los alumnos del Curso Especializado de Investigadores (CEI), del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

Quién es Godoy

Roberto Luis María Godoy es médico, con postgrado en Psiquiatría y Medicina Legal y abogado. Es médico forense de la justicia nacional, por concurso público y desde 1992. Fue Decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta abril pasado y representó a nuestro país ante la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Forense, dependiente del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Es docente desde 1978 y miembro del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires; de la Asociación Argentina de Medicina Legal y Toxicología; de la Asociación Argentina de Psiquiatras. También es consultor del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; miembro titular de la Sociedad Argentina de Criminología; de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina y presidente de la Comisión de Peritos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Es autor de 14 trabajos publicados y numerosos artículos, referidos a temas de jurisprudencia médico legal y psiquiatría forense.

También es autor del anteproyecto que dio origen al primer “Reglamento General para el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional” aprobado luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego adaptado a otros cuerpos técnicos periciales dependientes del Alto Tribunal.

Fondos del microtráfico para dotar de mayor tecnología al CIF

Fue el eje de la nueva reunión del Procurador con los responsables de las distintas áreas del CIF. El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, emitió nuevas directivas e intercambió aportes con la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores, el coordinador administrativo, Mauricio Chaneton y los directores de Departamentos del CIF.

Durante la reunión, los presentes discutieron sobre el destino de bienes secuestrados en la lucha contra el microtráfico, para que lo obtenido se invierta exclusivamente en dotar de mayor tecnología al CIF. Previamente, en el Consejo Asesor de Fiscales, el Procurador instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados.

Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos del mismo ámbito. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.

Por otra parte, se actualizó sobre la incorporación de médicos legales al CIF, que se concretará a través del concurso nacional para cubrir al menos 12 cargos. También se analizó un proyecto que propone la creación de un laboratorio y una morgue judicial para Tartagal.

Con Cornejo, Carraro, Flores y Chaneton, estuvieron el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán, el jefe del Departamento de Criminalística, Washington González y el jefe del Departamento de Investigaciones, Omar Dávila.

Categórico apoyo del Procurador al proyecto que propone ampliar derechos de víctimas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al diputado Arturo Borelli y su asesor técnico, Luis Segovia, para conocer detalles del proyecto de Ley que propone modificar distintos artículos del Código Procesal Penal y agregar uno, con el objetivo de ampliar derechos de las víctimas de homicidios, femicidios o causas ambientales en los procesos investigativos. Cornejo remitió su adhesión al proyecto a la Cámara de Diputados de Salta.

Después de recibir al diputado del bloque Planifiquemos Salta, Arturo Borelli y su asesor, Luis Segovia, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados de Salta, un documento en el que expresó su “categórico apoyo” al proyecto que propone modificar los artículos 1° inciso e), 5°, 98, 99, 106, 107, 108, 241, 242, 243, 244 (Libro Primero), 489, 492, 493, 494 y 502 (Libro Tercero) y agregar el artículo 244 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, “en virtud de que dicha reforma redundará en un claro mejoramiento del acceso a la justicia y una ampliación de los derechos de las víctimas de delitos”.

El diputado Arturo Borelli consideró que el encuentro con el Procurador fue “muy positivo” porque se discutió un proyecto de ley presentando junto a Luis Segovia, para “otorgar más derechos y participación a las víctimas en proceso penal, algo que a todas luces, hasta hoy está vedado”.

El legislador explicó que el avance permitirá que las víctimas de delitos tengan la posibilidad de presentar pedidos de investigación, realizar trámites y constituirse como querellantes en las causas. Y agregó que el Procurador consideró que se debe avanzar en ese sentido, como lo hizo el resto del país. “Es un paso adelante y aunque en la Cámara de Diputados nadie rechazó el proyecto ni lo objetó, se esperaba primero la opinión de la Procuración General de la Provincia y del Colegio de Abogados”, entre otros actores del sistema judicial.

En tanto, el abogado Segovia explicó que actualmente “la víctima tiene vedado el acceso a la justicia desde el primer momento y sólo puede participar de la investigación cuando el fiscal imputa”. En cambio, al modificarse el Código y de acuerdo a lo establecido por la iniciativa legislativa, “permitiríamos a las víctimas constituirse como querellantes desde el primer momento y que cuenten con amplias facultades” para intervenir en las causas.

Avanza un diagnóstico en fiscalías para optimizar el servicio de justicia

Los consejeros aportaron este viernes información sobre el estado de las fiscalías de la Provincia, para avanzar en un diagnostico que permitirá conocer fehacientemente el estado de cada dependencia. Con información concreta, se avanzará en los ajustes estructurales necesarios para avanzar en la optimización de la gestión.

El funcionamiento y la disponibilidad de recursos materiales y humanos en Unidades Fiscales fue uno de los ejes de análisis de la reunión del Consejo de Asesores Fiscales celebrada este viernes. Los consejeros aportaron información sobre las necesidades y fortalezas de cada unidad fiscal, al margen de que la recientemente creada “Unidad de Control de Gestión Interno del Ministerio Público Fiscal”, lleva adelante visitas periódicas, y a cuyo relevamiento se sumarán los informes de los jefes de dependencias.

“El diagnóstico permitirá realizar ajustes estructurales en la organización de la Procuración General, y obtener un desempeño eficiente y eficaz de las funciones que se cumplen en el organismo”, afirmó el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al tiempo que destacó la posibilidad de que esos ajustes optimicen la gestión pública y se asegure el adecuado funcionamiento de cada unidad, con mayor fluidez y celeridad en sus actuaciones. Cornejo no desconoció las carencias de las fiscalías, las que serán contempladas al momento de definir cambios y proyectar el Presupuesto 2020.

La Unidad de Control verifica, evalúa y fiscaliza el cumplimiento de las políticas, instrucciones, resoluciones y procedimientos determinados por la Procuración General en materia de unidad de actuación funcional; y por supuesto, informa al Procurador las observaciones y recomendaciones que permitan implementar mejoras de los procedimientos.

Hasta fin de mes están programadas las visitas a la Unidad Fiscal Contravencional, las seis fiscalías penales, las dos de Menores; cuatro de Violencia Familiar y de Género; cuatro de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, las tres de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, la Fiscalía de Derechos Humanos; las tres Fiscalías de Impugnación, las dos Fiscalías Civiles, Comerciales y Laborales; la de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral; la Unidad de Delitos Económicos y Complejos; la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y las fiscalías de Cerrillos, Rosario de Lerma, Cafayate y General Güemes.

Este viernes, participaron en la reunión del Consejo Asesor que preside Abel Cornejo y coordina Ana Cecilia Carraro, las fiscales Gabriela Buabse, Josefina David de Herrera, Carolina Hernández, Claudia Geria y María Luján Sodero Calvet, además de los Federico Obeid, Pablo Rivero, Gabriel Portal y Gustavo Vilar Rey.

CIF: El Procurador celebra el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar instituciones y luchar contra la impunidad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, explicó este miércoles ante legisladores de la Cámara de Diputados de Salta, las razones por las cuales decidió emprender cambios de organización en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. También se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, de creación de tres fiscalías: una para Cachi, otra para Rosario de la Frontera y la tercera, especializada en Ciberdelitos.

Cornejo celebró el contacto cercano con legisladores porque de esa forma todas las dudas pueden aclararse con amplitud y detalle; junto a representantes de distintas bancadas y de ambas cámaras. El Procurador estuvo con senadores provinciales antes de que se aprobara en esa Cámara, el 19 de septiembre pasado. “El diálogo siempre es positivo, porque se pueden acordar mejoras importantes en instituciones y especialmente, en contra de la impunidad”, opinó el Procurador. Destacó la posibilidad de intercambiar opiniones y análisis desde el punto de vista constitucional, jurídico y operativo.

En ese marco y luego de precisar sobre el proyecto que propone la modificación de un artículo de la Ley Orgánica del CIF para que la dirección se encuentre a cargo de un fiscal penal y sobre la creación de tres fiscalías (una en Cachi, otra en Rosario de la Frontera, y la tercera, de Ciberdelitos), Cornejo recordó algunas situaciones en particular que empujaron la decisión de cambios internos en el CIF. El 31 de agosto pasado, por orden del Procurador, fue exhumado el cuerpo de Cristian Gallardo y se realizó una segunda autopsia con junta médica, después de que el funcionario considerara que fue “escandaloso y absolutamente inaceptable” que el informe de autopsia no determinara la causa de muerte.

Un día después, el 1 de septiembre, apareció muerta la docente Sandra Palomo. La autopsia llevó al menos cuatro horas y media. Ante los diputados, el Procurador recordó que “en cualquier caso, quien estaba a cargo del CIF en ese momento, no estuvo ni durante la realización de las autopsias ni en los desplazamientos y operativos que ordenaron y realizaron los fiscales”. Entonces, decidió desplazar a la exdirectora, quien fuera designada por concurso interno de la Procuración y sin llamado a concurso público.

El lunes 2, Cornejo reestructuró el CIF y pidió al Poder Ejecutivo cambiar la ley para que lo dirija un fiscal penal. Asumió la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en forma provisoria, aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo. El martes 3, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de tres fiscalías y la modificación orgánica del CIF. La iniciativa obtuvo media sanción en el senado el 19 de septiembre pasado.

Cambios en el CIF

Entre otros cambios producidos para mejorar el funcionamiento del Cuerpo, Cornejo, quien asumió en el cargo hace cinco meses, dispuso que se aplique el Protocolo de Minnesota, que indica que no puede iniciarse una autopsia después de las dos horas de hallado el cuerpo. Además, las autopsias empiezan en el lugar de los hechos o donde se halla a la víctima. “Eso sucedió con el caso Palomo, lo que permitió encontrar más rastros e información y desactivar versiones periodísticas sobre las circunstancias de muerte de la docente”, recordó el Procurador.

Informó que hoy el CIF cuenta con cuatro médicos legales y una especialista anatomopatóloga, faltan genetistas y que la dotación mínima de médicos debería ser de doce personas. Para cubrir esos cargos, se está llamando a concurso nacional. En tanto, en el interior, hay un solo médico para el Distrito Judicial Sur y en el del Norte, también uno, quien además es ginecólogo. Desde la primera semana de septiembre se realizan reuniones semanales entre el Procurador, los directores de departamentos y todo el equipo del CIF. Otro paso importante fue el de conformar unidades fiscales de investigación para lograr mayor eficiencia en la resolución de los casos y despersonalizar las investigaciones. Además, se modificó el esquema de turnos de forenses y afectación de especialistas al interior. “El CIF debe proveer la mayor cantidad de datos científicos posibles para investigar un delito de la mejor y más rápida forma posible”, finalizó el Procurador, quien destacó la posibilidad de que un fiscal penal, que conoce las pruebas y elementos científicos que requieren las investigaciones, dirija el CIF y se aboque especialmente a esa tarea.

En la reunión encabezada por el procurador general, Abel Cornejo, participaron la defensora general, María Inés Diez; la asesora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el presidente de la Cámara Baja Provincial, Manuel Santiago Godoy; los diputados por Capital, Arturo Borelli, Héctor Chibán, Claudio del Plá, Javier Diez Villa, Guillermo Martinelli, Mario Moreno, Silvia Varg y Humberto Vázquez, junto los diputados Mario Ábalos (Cerrillos), Antonio Otero (Metán), Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera), Marcelo Oller Zamar (Cachi), Sergio Cisneros (Cafayate) y los diputados por Orán Sebastián Domínguez y Baltasar Lara Gros.