Jorge Gabriel Flores será llevado a juicio por el homicidio de Alfredo César Luciano Guedilla, ocurrido en noviembre de 2019 en el pabellón E de la Unidad Carcelaria 1. La víctima recibió dos heridas punzantes en la línea media del tórax.
El hecho ocurrió el 18 de noviembre por la tarde en el pabellón E, segunda planta de la Unidad Carcelaria 1, cuando Flores y Guedilla iniciaron una gresca en un sector común y éste último resultó con dos heridas punzantes en la línea media del tórax con un arma hechiza conocida como “arpón”.
Guedilla fue trasladado al sector de Sanidad del penal y dada la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital San Bernardo, donde falleció horas más tarde.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Juan Domingo Lozano, de 27 años, por el delito de homicidio culposo cometido por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en perjuicio de Facundo Exequiel Guanuco, de 29 años.
Según consta en las actuaciones, el camión Mercedes Benz con
acoplado, cuyo conductor era el imputado, se encontraba estacionado sobre el
carril derecho de avenida Arenales, en sentido este-oeste. Sobre la misma
arteria circulaba este miércoles por la tarde la víctima, en una motocicleta
marca Gilera que quedó debajo del acoplado del camión y detrás de la rueda
trasera.
De las diligencias desplegadas, se confirmó que cuando se
produjo el hecho el pavimento se encontraba seco y había luz natural. Apenas ocurrido
el siniestro, la fiscal interviniente solicitó la detención del acusado al
Juzgado de Garantías 7, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de medidas
tales como la extracción de sangre, test de alcoholemia y otras, pero el pedido
fue denegado por la magistrada.
En las actuaciones consta también que al llegar el móvil del
Samec, la víctima ya se encontraba sin vida.
El imputado se abstuvo de declarar y anticipó que lo hará por
escrito.
José Gustavo Gareca será juzgado por el homicidio calificado de Antonella Mirna Eva Di Marzo en la Sala IV del Tribunal de Juicio. El ataque ocurrió en octubre de 2018 y falleció en enero de 2019 tras una larga internación. La audiencia de debate se desarrollará entre el 3 y el 12 de agosto.
La madrugada del 21 de octubre de 2018, la mujer trans fue encontrada tendida en la vía pública por una patrulla en General Güemes. Se encontraba inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, por lo que fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de 2019, cuando falleció.
De las tareas investigativas desplegadas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y de datos obtenidos de testimonios de otras personas, se logró la identificación de Gareca, quien permanece detenido con prisión preventiva.
El octogenario ingresó al hospital con un golpe en la cabeza el pasado viernes y falleció tras dos días de internación. En principio se habría caído desde su propia altura pero al analizar las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se pudo comprobar que fue golpeado por una persona en la vía pública y producto de la agresión, cayó y se lesionó mortalmente.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga un hecho ocurrido el pasado viernes en avenida San Martín al 800 de la ciudad de Salta, donde un anciano resultó lesionado y falleció dos días después por un traumatismo encéfalo craneano.
De la primera intervención policial, se pudo conocer que el octogenario se habría caído desde su propia altura en la vía pública y se golpeó la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital San Bernardo.
Tras su fallecimiento, se profundizó la investigación y con el análisis de cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se pudo verificar que el anciano fue agredido físicamente por un hombre en la vía pública, provocando que éste caiga en la vereda y se golpee la cabeza.
Salinas Odorisio adelantó que se dispusieron todas las medidas pertinentes para identificar al agresor y lograr el esclarecimiento del hecho.
Se requirió juicio para la oficial de la Policía de la Provincia, imputada como autora de los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado en el marco de la causa que investigaba el homicidio de Cintia Fernández.
Núñez fue citada como testigo en la audiencia de debate por el homicidio de Cintia Fernández ya que el día del hecho, se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios y en función de su declaración bajo juramento de ley, quedó demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven, evidenciado por las omisiones del informe de la imputada, la omisión de cumplir con diligencias investigativas básicas, las anotaciones tendientes a vincular a otra persona en el hecho, a desprestigiar a la víctima y a su madre y las que encaminaban a desdibujar la responsabilidad de Condorí.
En el extenso requerimiento, Ramos Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la oficial de la Policía de la Provincia, afectó directamente la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiéndose con su accionar comisivo y omisivo a facilitar la impunidad de Mario Federico Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa.
Otro aspecto en el que hace énfasis el fiscal, es en la decisión de involucrar y equiparar a Raúl Puca a la condición de sospecha inicial que se erigía contra Condori. Fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima, encontrándose dicho secuestro bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez.
Un hombre de 39 años fue imputado como el autor del homicidio de Maximiliano Roberto Soraire. Acompañado de un defensor oficial, manifestó que presentará su declaración por escrito. Se secuestró el automóvil del acusado y otros elementos de interés para la causa, que serán objetos de investigación.
Foto Agencia HS Noticias
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, imputó a José Daniel García, «Teto», como autor del delito de homicidio calificado con ensañamiento y alevosía en perjuicio de Maximiliano Roberto Soraire.
En las actuaciones consta que una mujer que salía a trabajar la mañana de este lunes, visualizó el cuerpo de una persona en calle Arturo Illia, frente al pórtico del barrio Solares de Benicio, por lo que dio aviso al Sistema de Emergencias 911.
En el lugar se encontró a un hombre sin vida con heridas en distintas partes del cuerpo y su identificación fue posible por la presencia de una billetera con documentación y dinero.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local, donde el médico legal informó que presentaba golpes en el rostro y heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, sobre todo en el cuero cabelludo y dos en el cuello, que fueron las que provocaron su deceso.
En el lugar del hallazgo, personal de Criminalística de la Policía de la Provincia realizó levantamientos y una mujer entregó un teléfono celular que pertenecía a la víctima y que encontró unos metros más adelante, en un camino vecinal contiguo a la vía.
Con el análisis de cámaras de seguridad y del relevamiento de testigos, se pudo verificar que la víctima se había reunido con el acusado en un local de comidas, desde donde luego se retiraron y circularon en un vehículo hasta la zona donde se encontró el cuerpo.
Durante la audiencia de imputación, el acusado estuvo acompañado de un abogado particular y tras conocer la acusación en su contra, manifestó que prestará declaración por escrito.
Un hombre fue detenido y será imputado este martes por el homicidio de una persona de 29 años que fue encontrado sin vida en la vía pública y con numerosas lesiones.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, investiga el homicidio de un hombre de 29 años, que fue encontrado la mañana de este lunes en la vía pública con notorias señales de violencia sobre su cuerpo.
Gómez Amado explicó que el informe preliminar brindado por el médico legal revela que presentaba numerosos cortes en la zona del cuero cabelludo, golpes en el rostro y que el deceso se habría producido por cortes en el cuello.
Del trabajo investigativo desplegado durante las primeras horas, se logró individualizar a una persona que habría compartido las últimas horas con la víctima y que por distintos indicios recogidos, sería el principal sospechoso.
Con la orden de detención brindada por el Juzgado de Garantías en turno, se procedió a su aprehensión y la audiencia de imputación se concretará este martes en sede fiscal.
El fiscal reveló que el celular de la víctima fue encontrado en las inmediaciones y que no descarta que hubiese otras personas vinculadas al hecho.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Paulina Isabel Subelza, de 28 años, por la comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autora material y en perjuicio de una mujer de 73. La imputada se abstuvo de declarar.
Según consta en la investigación, el hecho ocurrió el 17 de
julio pasado, cuando la mujer regresaba del almacén a su domicilio, ubicado en
un barrio de la zona este de la ciudad y fue atacada por uno de los perros que
pertenece a Paulina Isabel Subelza.
La mujer fue auxiliada por un ocasional transeúnte, que
primero logró espantar a los perros. Uno de los animales volvió y mordió a la mujer y la hizo caer de
rodillas, por lo que el hombre descendió del vehículo en el que estaba y la
acompañó hasta su vivienda, ubicada a
metros del lugar donde fue atacada. Desde allí, la hija de la víctima llamó al
Sistema de Emergencias 911. Fue trasladada en un móvil del SAMEC al hospital
San Bernardo. Durante el trayecto, sufrió un paro cardíaco y pese a las
maniobras de reanimación, falleció en el nosocomio como consecuencia de un shock
hipovolémico, según determinó la autopsia.
La denuncia contra la propietaria del perro fue radicada por
la hija de la víctima. Entre los elementos recabados durante la investigación,
se sumaron las declaraciones de tres testigos del ataque. Entre ellas, se
destaca la de un vecino que declaró que “los perros que residen en esa vivienda
siempre salen a atacar a los transeúntes que se desplazan por la calle” y que
esa no fue la primera vez agredió a una persona, ya que alguna vez atacó a un
familiar. El hombre no radicó denuncia.
El fiscal Torres Rubelt indicó que “quien posee un
animal, es titular de un especial deber de cuidado” y debe arbitrar los
medios necesarios para minimizar los riesgos que trae consigo la tenencia. Por
ello, la falta de adopción de medidas de seguridad específicas y dirigidas a
evitar que el animal dañe a otros, equivale crear un riesgo jurídicamente desaprobado. Más aún, teniendo en cuenta que la propietaria del perro, habría inobservado
los deberes a su cargo de cuidado del animal para que no dañe a terceros y a
pesar de que podría haber advertido el peligro porque que el perro ya habría
atacado a otra persona. Pese a ello, no habría adoptado medidas de
seguridad y prevención en el inmueble donde aloja al perro, con estructuras
suficientemente resistentes que impidieran que el animal se escapara de la
vivienda y atacara a la víctima, lo que “demostraría una conducta imprudente de
parte de la propietaria del animal, que habría conducido al resultado luctuoso”,
precisó la imputación.
El joven acusado fue condenado en juicio abreviado a la pena de diez años de prisión efectiva por los delitos de homicidio y hurto calamitoso en perjuicio de un hombre de 58 años con quien se frecuentaba. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La investigación inició a fines del mes de agosto pasado, cuando una amiga del fallecido concurrió a su casa como lo hacía en forma habitual y al no ser atendida, ingresó con las llaves que él mismo le proporcionó y lo encontró sin vida en el suelo, por lo que decidió llamar a la Policía.
Ante los de indicios de que podría haber sido víctima de un delito, se dio intervención a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y personal de la División Homicidios logró identificar al acusado como una de las personas que concurría en forma asidua a la vivienda de Díaz y que habría sido visto en las horas previas al hecho en la zona.
Al ser imputado, Escudero declaró que frecuentaba a Díaz y ese día, cuando se disponía a retirarse, tuvieron una diferencia, forcejearon y luego lo tomó del cuello hasta que se desvaneció. Tomó algunas pertenencias, entre ellas un televisor y un DVD e intentó huir por los techos. Dejó algunos de los bienes allí y se marchó con el celular.
El juez José Luis Riera, luego de recibir la confesión del joven, le impuso la pena de 10 años de prisión de ejecución efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Nicolás Nahuel Cabrera será llevado a juicio por un hecho ocurrido en el mes de marzo pasado en Villa Primavera, donde atentó contra la vida de su expareja con un arma. Tenían denuncias previas de violencia y existían medidas de restricción vigentes.
El pasado 1 de marzo, el hombre de 21 años se hizo presente en la casa de su expareja, una joven de 18 años y tras violentar la puerta de acceso, ingresó a su habitación e intentó dispararle pero el arma de fuego no se accionó.
La joven pareja tuvo una relación de 10 meses y un hijo en común. Se encontraban separados hace algunas semanas y según la propia víctima, ya tenían antecedentes de violencia y existía una prohibición de acercamiento para el acusado impartida por el Juzgado de Violencia Fmiliar y de Género 1º Nominación.
En el requerimiento constan los testimonios recibidos en la investigación y las distintas medidas probatorias cumplidas para solicitar la elevación a juicio de la causa.