Finca Santa Anita: dos detenidos por atentar contra la vida de dos hermanos

En el marco de una disputa por la posesión de un terreno, dos jóvenes fueron apuñalados y debieron ser asistidos en el hospital San Bernardo. Los acusados fueron detenidos e imputados.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Leandro Flores, imputó a Daniel Abraham Benitez Balcázar y a Juan Carlos Figueroa, como coautores del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de los hermanos Johnny Vladimiro Arnold Allue y Mayco Nasif Arnold Alue.

El pasado domingo por la madrugada, según consta en las actuaciones, los hermanos se encontraban alojados en la vivienda de su tío en barrio Finca Santa Anita de la ciudad de Salta, cuando se presentaron los dos acusados profiriendo insultos y amenazando para que abandonaran la propiedad, que se encuentra en disputa.

Uno de los hermanos salió de la casa y se inició una pelea, donde Johnny Vladimir resultó con una herida de arma blanca en el cuello y Mayco Nasif con una herida de arma blanca en la zona abdominal y en el miembro superior derecho, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Una vez identificados los agresores, fueron detenidos e imputados y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

Jimena Salas: declaró el imputado Cajal Gauffín

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, se identificó a los acusados y el viudo de la mujer asesinada en enero de 2017, decidió prestar declaración y responder preguntas de las partes. Vargas manifestó que no prestará declaración por el momento. Declararon tres testigos, entre ellos la niñera de las hijas de la víctima.

En la primera jornada de la audiencia de debate que se sigue contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia; el primero se abstuvo de declarar y quien fuera la pareja de la víctima, decidió declarar ante el Tribunal de la Sala VII de Juicio y responder preguntas.

Cajal hizo un relato sobre la jornada del 27 de enero de 2017, de las horas previas al hallazgo de Jimena Salas sin vida y sobre cómo se desarrollaron los hechos con posterioridad. Al momento de responder preguntas, fue consultado por el manejo de las llaves en la vivienda, la relación con su pareja, sus relaciones extramatrimoniales y sobre algunas actitudes adoptadas en relación al hecho.

El primer testigo fue un empleado municipal de Vaqueros, quien se desempeñaba como agente de tránsito en enero de 2017 y que cuando se dirigía en forma peatonal a cumplir sus tareas, observó a Salas en la puerta de su casa, conversando con un hombre, al que no pudo ver porque estaba de espaldas y aportó datos sobre un vehículo estacionado afuera de la vivienda. Refirió haber escuchado que reían y hablaban algo relacionado a la Red de Vecinos de la localidad.

El segundo testigo fue la mujer que se desempeñaba en la casa de Jimena Salas como niñera de las dos menores. La mujer dio un detalle de las tareas que cumplía, describió a la víctima como buena y muy amable y en el relato de la jornada del 27 de enero, señaló que Salas le dijo que llevaba llaves al salir del domicilio y que luego, al regresar, debió abrirle la puerta porque creía haberlas olvidado en el auto de su marido.

Finalmente, prestó declaración un oficial de la Policía de la Provincia, que en la fecha, revistaba en la División Homicidios y tuvo a su cargo la primera intervención. Con un soporte multimedia se refirió a las primeras tareas desplegadas y a las entrevistas realizadas entre los vecinos, desde donde pudieron iniciar las líneas investigativas.

En la presentación se refirió incluso a la presencia del imputado Vargas en el barrio durante el día del hecho, lo cual se obtiene del testimonio de una vecina y de una imagen que lo capta en un camping ubicado en las proximidades de la casa de la víctima.

Para la jornada de este martes se encuentran citados ocho testigos, entre los que se cuenta a vecinos del barrio San Nicolás, donde vivía Jimena Beatríz Salas.

De la alarma apagada a la hipótesis del perro, adelantada por el viudo: hoy se leerá el requerimiento a juicio

Durante la primera jornada de la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffin, será leído el requerimiento a juicio fiscal, elevado en marzo de 2020 por los fiscales intervinientes.

Vargas está imputado como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y Nicolás Federico Cajal Gauffin, está imputado como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

Losfiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio,representarán desde hoy al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate.

Como se sabe, los fiscales requirieron juicio oral y público en contra de Sergio Horacio Vargas, en calidad de partícipe secundario, del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria y en perjuicio de Jimena Salas; y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin, como autor responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia.

En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos ocurridos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Jimena Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio.

A partir de los elementos, los sostuvieron que la conducta desplegada por el imputado Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal.

Sobre Vargas

Dijeron que como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. Mientras que, por otra parte se pudo establecer que el coimputado Nicolás Cajal Gauffin, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación; entre ellos, las numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una “señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar”. Otros testimonios describieron a un hombre con un perro en las manos, y otros describieron a Salas hablando con uno de esos sujetos.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense – Depto. de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 (dos mil seiscientos setenta y dos) cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Sobre Cajal Gauffin

Sobre el imputado Nicolás Federico Cajal Gauffin, se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras. Se dio cuenta de que cuando llegó la policía, “su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón”. El imputado dijo que “los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa”. No fue detenido.

La alarma

También se suma el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirman que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Indica que “no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble…por lo que resulta concluyente que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, víspera del homicidio aconteció al desconectar la antena de la misma; que momentos previos al evento de “falla en comunicación”, Nicolás Cajal se encontraba en el inmueble solo.

Precisa el pedido de elevación a juicio que “Cajal no mencionó ni la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado, conociendo él la falla producida y su falla en el funcionamiento cuando ocurrieron los sucesos, ya que constan grabaciones registradas por la empresa en las que le comunican que la misma NO estaba funcionando”. Destacan que el servicio fue restablecido el 30 de enero, sin la intervención de equipos técnicos de la empresa

Testigos también señalaron que Cajal Gauffin utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró.

Cajal anticipó la hipótesis del “perro”

Otro dato es que un compañero de trabajo del imputado declaró que cuando llegó a Vaqueros, el 27 de enero de 2017, Cajal le dijo “la mataron a mi mujer… por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer…”. Es decir, Cajal “señaló al testigo, una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho, la que no fue conocida sino tiempo después y merced a diferentes tareas investigativas, lo que da cuenta que conocía de antemano información de la mecánica del luctuoso suceso”. La hipótesis de los dos sujetos que aparecieron con un perro, fue elaborada en octubre de 2019.

Los homicidas buscaban un maletín

Otro informe policial pone de relieve que pese a existir una caja fuerte, los causantes se dirigieron directamente hasta un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología registrada, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.

En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín, la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. La caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada…y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”.

Se documentó “la ausencia de desorden… y que las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.

Los investigadores concluyeron que “el imputado intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.

Además, consta que Cajal recibió en julio de 2017, un llamado en el que “se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga del comercio de estupefacientes, donde se asocia el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas, lo que permite corroborar el contenido del maletín periciado”. Y se señala que “el imputado, nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación.

Contradicción sobre las llaves de Salas

Los fiscales también encontraron una contradicción en la declaración de Cajal Gauffin, cuando dijo que el 27 de enero de 2017, encontró la llave de Jimena en la puerta; cuando la niñera declaró que la mujer la esperó afuera varios minutos porque no tenía la llave de su casa. Y en la presunción de la modificación de elementos del lugar del hecho, dijeron los fiscales que “cuando llegó Cajal, observó el llavero colgado en el alambre al lado de la puerta de ingreso; le sorprendió ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena en el alambre”.

Según el registro fotográfico, “la llave que se observa colgada en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena…y el llavero que se encuentra colgado en el alambre, tiene llaves de un vehículo, lo que permite inferir que las llaves pertenecían a Cajal”. También se confirmó la presencia de un tercer llavero.

Los fundamentos de la acusación

Se ubica activamente la presencia e intervención de Sergio Vargas en la etapa previa del homicidio y se advierten actividades en torno a la ubicación del domicilio de la víctima y el ofrecimiento de dos sandalias para niñas, para lograr la precisa localización del domicilio donde residía Salas. Salinas Odorisio y Torres Rubelt, entendieron que la conducta de Vargas consistió en colaborar con los autores materiales del hecho, actuando como identificador o “marcador” del inmueble, y luego de alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho.

Se verifica luego el empleo de un supuesto perro “extraviado”, ardid a través del cual dos personas, aún no identificadas, ingresan al inmueble, atacan mortalmente a la víctima, resguardan a las menores, y luego, de simular la búsqueda de elementos de valor arrojando un joyero sobre la cama, toman el contenido de un maletín que se encontraba en el interior del domicilio.

En una instancia posterior, signada por la dificultad investigativa para esclarecer el suceso, y para individualizar a los dos sujetos que habrían matado a Salas, se destaca la actitud remisa de Nicolás Cajal. Dicen los fiscales que el imputado “deliberadamente omite brindar información, tergiversa datos, e impide una tarea investigativa eficiente, actitud que supera una mera renuencia y que, a la luz de las circunstancias, ostenta contenido criminal, por aparejar una efectiva obstaculización al proceso investigativo”.

Sobre Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmaron también que “en numerosas oportunidades y desde el comienzo de la investigación el imputado ha manifestado que no se sustrajo elemento alguno de su domicilio, negando la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo, lo que determinó que el curso de la investigación siempre se abordara con presunción de un robo frustrado al azar y consecuentemente a una multiplicidad de hipótesis”.

El imputado habría ocultado deliberadamente por motivos a determinar, la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes, que ahora se sabe que contenía el maletín que estaba el armario de la habitación principal del domicilio. Se comprobó que los autores materiales de quitar la vida a la víctima de manera violenta, ya lastimados, se dirigieron directamente al armario, lo cual fue probado por los rastros biológicos hallados en el maletín.

Agregaron que Cajal Gauffin, tuvo la “decisión de omitir información a la Fiscalía para instalar el supuesto de un robo frustrado”.

Los fiscales entendieron que la omisión de dar a conocer que en el maletín secuestrado de su habitación y que se encontraba semiabierto, contenía dinero tanto nacional como extranjero y sustancia prohibida, es determinante y permite presumir que el imputado no quiso hacer referencia a esta situación porque ello daría paso a que los investigadores lleguen a indagar la procedencia de esos elementos… y con su accionar futuro, al intentar por diversos medios cobrar la póliza de seguro por la muerte de su pareja, Jimena Salas.

Lo cierto es que con esa omisión, logró la acción de ocultar un posible móvil del crimen, una prueba fundamental en la investigación que surgió luego de casi tres años y que pudo y puede cambiar el rumbo de la investigación con las dificultades que implica el paso del tiempo.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, registraba unas 40 puñaladas aproximadamente, registraba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas. Salas falleció por shock hipovolémico por lesiones múltiples por arma blanca. El cuerpo fue retirado por su madre al día siguiente del crimen y cremado el 29 de enero.

Jimena Salas: tres testigos citados para la primera jornada

Este lunes dará inicio en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffín. Está previsto que se extienda hasta el 21 de mayo y las partes citaron a más de 100 testigos a declarar.

Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representarán desde este lunes al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

El Tribunal colegiado estará integrado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman.

Durante la primera jornada, se dará lectura al requerimiento a juicio fiscal, se dará la posibilidad para que los acusados presten declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con tres personas citadas, entre quienes se cuenta a la persona que se encontraba al cuidado de las dos hijas menores de la víctima en enero de 2017.

Roberto Tolaba: el fiscal se reunió con familiares

Este jueves, en sede fiscal, se concretó una reunión de carácter informativa entre la madre y una hermana del joven asesinado durante la madrugada del lunes en barrio Solidaridad y el fiscal que investiga el hecho. Fueron puestos al tanto de los avances en la investigación y asesorados de los derechos que los asisten como víctimas.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, mantuvo este jueves una reunión con la madre y la hermana de Roberto Carlos Tolaba, el joven de 25 años que resultó muerto durante la madrugada del pasado lunes en la segunda etapa de barrio Solidaridad de la ciudad de Salta.

El fiscal les informó sobre lo actuado hasta el momento en cuanto a tareas investigativas, pericias e incluso el informe de autopsia. También fueron asesorados sobre los derechos que los asisten como víctimas.

Participaron además, el subcomisario Rodrigo Bautista, como segundo jefe de la Unidad de Investigaciones de Homicidio del CIF y una licenciada en Trabajo Social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados.

Cabe recordar que Eduardo José Luis Sarapura de 20 años y Federico Javier Quevedo de 35 años, se encuentran detenidos e imputados como coautores del delito de homicidio calificado criminis causae por el hecho.

Liliana Ledesma: en mayo juzgarán a los hermanos Castedo

Durante la segunda semana de mayo se desarrollará en la ciudad de Orán el juicio contra Raúl Amadeo Castedo y su hermano Delfín Reynaldo Castedo por el delito de instigación de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Liliana Ledesma.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representará al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de debate contra Raúl Amadeo Castedo y su hermano, Delfín Reynaldo Castedo por el delito de instigación de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Liliana Ledesma.

La audiencia tenía fecha de inicio el 8 mayo de 2019 y se suspendió a partir de un recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los acusados.

El Tribunal colegiado, compuesto por los jueces Edgardo LaurenciRaúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, dispuso que la audiencia se desarrolle entre el 11 y el 14 de mayo.

El hecho ocurrió el 21 de Setiembre de 2006, cuando la productora Liliana Ledesma murió en Salvador Mazza tras recibir 7 puñaladas.

Condenado por una tentativa de homicidio

Un hombre de 22 años fue condenado por atentar contra la vida de un vecino de barrio Juan Pablo II de la ciudad de Salta en junio de 2020. Deberá además someterse a tratamiento psicológico y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Eduardo José Esteban Aguirre como autor del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Federico Gabriel Toledo.

El hecho juzgado ocurrió en junio de 2020 en barrio Juan Pablo II de la ciudad de Salta, cuando la víctima intentó defender a un familiar de la agresión de terceras personas y fue golpeado y lesionado de gravedad con un arma blanca.

La jueza Norma Beatríz Vera, luego de los alegatos, hizo lugar a la solicitud del fiscal y le impuso el cumplimiento de una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, la realización de un tratamiento psicoterapéutico y en el mismo fallo, dispuso que al condenado se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Dos imputados por el homicidio de Roberto Tolaba

Un hombre de 35 años y otro de 20, fueron detenidos e imputados por el homicidio ocurrido durante las primeras horas de este lunes en barrio Solidaridad. Están acusados del delito de homicidio criminis causa.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó este martes a Eduardo José Luis Sarapura de 20 años y a Federico Javier Quevedo de 35 años como coautores del delito de homicidio calificado criminis causae en perjuicio de Roberto Carlos Tolaba.

Los acusados lesionaron mortalmente con un arma blanca a Tolaba para sustraerle la bicicleta en la circulaba por la segunda etapa de barrio Solidaridad durante la madrugada de este lunes y se dieron a la fuga.

El personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF fue el encargado de identificar a los acusados a través de las numerosas tareas investigativas desplegadas, las que incluyeron relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad, entre otras.

En tanto, el informe preliminar de autopsia revela que la víctima falleció por shock hipovolémico por herida de arma blanca.

Rº de la Frontera: cuatro hermanos juzgados por un homicidio

El hecho ocurrió el 19 de enero de 2020, cuando los hermanos Córdoba, portando armas de fuego y armas blancas, se presentaron amenazantes en dos domicilios y en uno de ellos, provocaron la muerte de un hombre y lesionaron a otro.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representa al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Miguel Alejandro Córdoba, Sergio Daniel Córdoba, Vicente Roque Córdoba y Carlos Alberto Córdoba como coautores de los delitos de amenazas con armas, abuso de arma agravado, abuso de armas en concurso ideal y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Armando García en concurso real.

En el requerimiento, se detalla que el 19 de enero de 2020, alrededor de las 6 de la mañana, los hermanos se presentaron en un domicilio portando armas y profiriendo amenazas contra los habitantes y en particular contra un joven. Luego, alrededor de las 8, se dirigieron a otro domicilio, donde había un grupo de hombres reunidos. Allí, con la misma actitud, lesionaron con un arma de fuego a uno de ellos y con un arma blanca, le propinaron doce puñaladas a Diego Armando García, provocando su muerte.

La audiencia, presidida por el juez Ramón Haddad, inició el pasado viernes 23 de abril y tras un cuarto intermedio, se reanudará este jueves.

Jimena Salas: la próxima semana inicia el juicio

Del 3 al 21 de mayo, se desarrollará en la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffín. Las partes citaron a mas de 100 testigos a declarar.

Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representarán al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

La audiencia será presidida por el juez Francisco Mascarello y está previsto que se desarrolle del 3 al 21 de mayo en jornadas que iniciarán a las 8 y para las que las partes citaron a más de 100 testigos a declarar.