Llevan a juicio por usurpación a la esposa del intendente Leopoldo Cuenca y el apoderado de Tierra Vasca

Así lo solicitaron las fiscales penales Sofía Fuentes de Pichanal y María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quienes tuvieron a su cargo la investigación penal en torno a una disputa entre los acusados por la posesión de una finca en Rivadavia Banda Sur. Asimismo, se resolvió el sobreseimiento en otros supuestos delitos.

La medida fue dispuesta como resultado de una intensa tarea procesal que se inició el 10 de julio del año pasado, a partir de una serie de denuncias cruzadas realizadas por los acusados, quienes mantienen un litigio de superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II, el que se dirime en el Juzgado Civil y Comercial de Orán.

Las distintas intervenciones de la fiscalía penal se iniciaron con una denuncia radicada por el intendente Leopoldo Cuenca, quien aduce ser el propietario del sector del terreno en disputa. El jefe comunal de Rivadavia Banda Sur denunció en el Destacamento Policial de ese municipio la intromisión ilegal en su finca, Las Botijas, por parte de empleados de la firma Tierra Vasca S.A.

La propiedad, ubicada a 30 kilómetros de La Unión, se convirtió luego en el eje de otras denuncias, tanto de parte de Cuenca, empleados y de su esposa, Paola Torres. En tanto, el apoderado legal de la firma Tierra Vasca, Diego César Mazzucheli, también radicó denuncias en contra del intendente.

Las partes en conflicto adujeron haber sido víctimas de distintos delitos, entre ellos, usurpación, robo calificado, hurto y amenazas con armas de fuego, entre otros. Las acusaciones surgieron, según lo denunciado, de supuestos incidentes que mantuvieron al disputarse la posesión del terreno en conflicto.

Por caso, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, denunció que trabaja en la finca del intendente y que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso, pero que al regresar de visitar a unos familiares, el candado del portón había sido cambiado.

Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, oportunidad en la que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía “no sabían que podía pasar con él”. Indicó que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias habían desaparecido.

Contradenuncia
Por su parte, Alejandro Bauid, empleado, y Mazzucheli, en calidad de apoderado legal de Tierra Vasca S.A., denunciaron que personas desconocidas irrumpieron en el terreno en disputa
, el cual aseguran, les pertenece. Dijeron que cambiaron el candado, sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa, tras lo cual se apropiaron del lugar.

A partir de las denuncias, tanto de una parte como de otra, la fiscalía penal de Pichanal, llevó adelante varias diligencias e incluso imputó distintos delitos a los acusados, entre ellos, Mazzucheli y Paola Torres, encargada de la finca Las Botijas.

En vista de que entre abril y mayo de este año, las denuncias recrudecieron, la Procuración dispuso la conformación de un equipo entre las fiscales Fuentes y Guzmán, quienes desde entonces llevaron adelante una serie de medidas probatorias a fin de establecer las conductas penales de los protagonistas y, en su defecto, determinar los delitos cometidos.

Mazzucheli
A partir del análisis minucioso de las pruebas reunidas en torno a los hechos denunciados, las fiscales entendieron que corresponde llevar a juicio a Mazzucheli, apoderado de Tierra Vasca S.A., por los delitos de “usurpación” y “hurto campestre”.

Al respecto, y en relación al hecho ocurrido en julio de 2017, denunciado por Cuenca, las fiscales resaltaron varias pruebas en el requerimiento de juicio contra Mazzucheli. Entre ellas, están las testimoniales de vecinos que prueban que la propiedad del lugar, al momento de la irrupción del apoderado legal y otros empleados, era detentada por Cuenca.

Por ello, las fiscales entendieron que “se halla suficientemente acreditado, con el grado de convicción necesario en esta etapa del proceso, la existencia de los sucesos endilgados y la responsabilidad penal del imputado”. Por ende, agregaron, “corresponde conformar la acusación en la presente contra Diego César Mazzuchelli, quien en razón de lo expuesto no puede alegar desconocimiento de quien era el poseedor de las tierras en cuestión al momento de su ingreso para realizar trabajos”.

“De esta forma, quedó probado que el encausado con su accionar desplazó de la posesión del inmueble a quien la detentaba repeliendo su ingreso a la finca y de esta forma impidiendo que aquél (Cuenca) continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando”.

En vista de ello, las fiscales solicitaron el enjuiciamiento de Mazzucehli por el delito de usurpación. Además, descartaron la calificación de robo agravado, ya que las pruebas reunidas desestimaron el uso de la fuerza respecto a la sustracción de elementos que Porcel, -empleado de Cuenca-, adujo que le fueron sustraídos. No obstante, la investigación sí probó la sustracción de dichos elementos, en su mayoría herramientas de trabajo agrícola, por lo que al delito de “usurpación”, se sumó el de “hurto campestre”.

La esposa del intendente
Respecto al accionar de Torres
, las fiscales señalaron que “de las constancias de la causa se infiere, sin hesitación, que el predio en cuestión estaba siendo poseído por Mazzucchelli en representación de Tierra Vasca S.A.”, y que “surge palmario el conocimiento que debió tener Torres respecto que la posesión del predio estaba siendo detentada por otras personas”.

También señalaron que “debe tenerse presente que conforme surge de la denuncia efectuada por Leopoldo Cuenca, a la sazón pareja de la imputada Torres, el nombrado Cuenca fue despojado de la posesión que detentaba sobre el inmueble cuestionado por el denunciante Mazzucchelli. Se tiene así que a la fecha de los hechos aquí investigados, y tal como se expuso, la posesión de dicho predio era ejercida por el apoderado de Tierra Vasca S.A., lo que era sabido tanto por Cuenca como por la incoada Torres”.

Las pruebas, testimoniales y otros informes sumados a la causa, según las fiscales, prueban esta hipótesis, por lo que resaltaron que “la conducta desplegada” por la causante evidencian claramente “la intencionalidad de su accionar”. “Quedaron desvirtuadas las manifestaciones defensivas efectuadas por la encausada en su descargo por escrito donde refiere que su marido tomó conocimiento que la finca había sido abandonada por quienes la estaban poseyendo”.

Por otra parte, se estableció que “fue la nombrada Torres quien habría contratado los servicios de diversas personas a los efectos de cuidar la finca y repeler posibles ingresos no autorizados de personas”. En vista de ello, “se vislumbra evidente que Paola Torres efectivizó la conducta ejecutiva del ilícito que se le atribuye al invadir y permanecer en el inmueble en cuestión no dejando ingresar al representante de Tierra Vasca S.A., quien detentaba la posesión”.

“Debe tenerse presente que la intención final de la nombrada Torres era permanecer en el inmueble ocupándolo sin que se haya retirado del mismo ni manifestado su voluntad a hacerlo a pesar de la intervención policial.”. En vista de estos elementos, las fiscales solicitaron juicio contra Torres por el delito de “usurpación”.

Sobreseimientos
En cuanto a los otros delitos
por los que los acusados principales y algunos empleados fueron investigados e imputados, las fiscales solicitaron el sobreseimiento de Paola Torres y Alberto Martínez, por el delito de amenazas con armas de fuego. En los mismos términos, se resolvió el sobreseimiento de José Eduardo Montenegro, Carlos Alberto Quinteros y Rafael Roberto Sales por los delitos de usurpación y robo calificado. Tal decisión obedeció a la ausencia de pruebas que demuestren las conductas oportunamente imputadas a los acusados.

Son siete los detenidos por robo de agroquímicos

En el marco de la investigación que se sigue por el robo de productos agroquímicos de una empresa ubicada sobre ruta provincial 53, se produjeron 15 allanamientos y 7 detenciones. Se logró secuestrar parte de los productos sustraídos y otros elementos de interés para la causa. Hoy serán imputados.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputará hoy a Manuel Martínez, Rodolfo Rivainera, Eduardo Sosa, Armando Melgarejo, Sebastián Soria, Eugenio Fernández y Alberto García por el delito de robo en despoblado y en banda tras ser detenidos durante el pasado fin de semana.

La investigación se inició por el robo de productos agroquímicos en una empresa ubicada sobre ruta provincial 53, a 5 km. de Embarcación.

El personal policial asignado realizó arduas tareas investigativas y una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal solicitó orden de allanamiento y detención para 15 domicilios.

Las medidas se cumplieron durante el fin de semana y se produjo la detención de 7 personas vinculadas a la actividad delictiva investigada. También se produjo el secuestro de productos agroquímicos denunciados como sustraídos y otros elementos de interés para la causa.

Durante la mañana de este lunes se realizará el control de legalidad de los detenidos en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal y luego serán imputados.

La fiscal dijo que la investigación continúa y no descarta nuevas implicancia, además señaló que el delito que se les imputa, tiene una pena prevista entre 5 y 7 años de prisión.

Entró a robar y se olvidó las ojotas

Un joven fue detenido e imputado luego de ingresar a una vivienda en Cerrillos, a plena luz del día, y sustraer un parlante. Un vecino impidió que se lo llevara, huyó y se escondió en el hospital local.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Nicolás Ernesto López Gallo por el delito de hurto en grado de tentativa por un hecho ocurrido este lunes al mediodía en la ciudad de Cerrillos.

El joven ingresó sin ejercer violencia en una vivienda y sustrajo un parlante. Cuando se marchaba, fue interceptado por un vecino, abandonó el objeto y huyó. Se refugió en el hospital local y allí fue detenido.

La damnificada reportó que al regresar a su domicilio, encontró un par de ojotas que no le pertenecían y que serían del acusado.

Asolaban Villa Rivero con hechos de robo y violencia

Son seis las personas involucradas en hechos de robo, amenazas y violencia en perjuicio de sus vecinos en Rosario de la Frontera. Cuatro permanecen detenidos. Fueron acusados del robo en un club deportivo donde causaron daños y se llevaron un ventilador de pie.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Juan David Azani por los delitos de amenazas (2 hechos), amenazas con arma, lesiones y robo (2 hechos) en concurso real.

Cecilia Azani y Emanuel Villalba fueron acusados del delito de amenazas; Juan Ignacio Rodríguez del delito de robo (2 hechos) y estelionato en concurso real.

Facundo Agustín Rivero fue imputado por el delito de robo (2 hechos) y Fernando Adrián Uncos por el delito de robo.

La investigación se inició ante la denuncia de un vecino que fue agredido físicamente por los acusados, quienes emplearon un cuchillo, lo lesionaron y le sustrajeron el celular. Cuando su esposa decidió hacer la denuncia correspondiente, miembros de la familia les profirieron amenazas para que no la realizara.

El otro hecho ocurrió en un club deportivo, donde entraron tras violentar las medidas de seguridad, causaron daños y se llevaron un ventilador de pie.

Finalmente fueron acusados de entrar a un comercio violentamente, sustraer mercadería y una computadora. Allí fueron captados por las cámaras de seguridad del local, lo que facilitó su identificación.

Tras los allanamientos realizados, se logró secuestrar parte de los elementos robados y la computadora fue recuperada de manos de quien la había adquirido por la suma de 2 mil pesos.

Mujer acusada de apoderarse del patrimonio del ruralista Gustavo Uldry va a juicio

En el último mes de vida del ruralista, su pareja fue acusada de realizar maniobras y así quedarse con una suma de más de 2 millones de pesos, producto de la venta de 548 cabezas de ganado de una finca que la familia posee en General Güemes. La fiscalía penal de esa ciudad elevó el caso a juicio por el delito de estafa.

El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Centro, donde ahora se llevan adelante los pasos de rigor a fin de que el caso sea luego girado al Tribunal de Juicio. La acusación fue presentada por la fiscal penal Verónica Simesen, quien era titular de la fiscal penal de General Güemes.

Simesen, quien ahora se desempeña en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, llevó adelante la investigación del caso, el que se inició el 18 de enero del año pasado, cuando Federico Uldry, uno de los hijos del conocido ruralista, radicó una denuncia por el vaciamiento del patrimonio de su padre, en especial el que poseía en la finca Quista, perteneciente a la familia y ubicada en General Güemes.

En su denuncia, el hijo del ruralista relató que el patrimonio del que se vieron desapoderados, estaba sujeto a un juicio civil que se llevaba adelante por separación del matrimonio, litigio que habría quedado trunco debido a que la acusada, pareja de Uldry, dispuso de la venta de las 548 cabezas de ganado, dinero del cual luego se apropió.

Asimismo, sostuvo que el 13 de enero de 2018, al presentarse en la finca con otro hermano, se dieron con un hijo de la acusada, quien pretendía llevarse en una camioneta de su padre varios muebles que la familia poseía en esa propiedad, lo que fue impedido por ambos hijos, quienes allí se enteraron del vaciamiento de la finca.

En vista de esta denuncia, la fiscal llevó adelante una serie de diligencias procesales que le permitieron comprobar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, la comisión del delito de estafa por parte de María Cristina Varela, quien era pareja de Uldry al momento que el ruralista falleció.

Las maniobras, según lo establecido por la fiscal, se produjeron entre el 14 de diciembre del año 2017 y el 14 de enero de 2018, tiempo que Uldry se hallaba internado en un estado de coma inducido en una clínica privada de barrio Tres Cerritos, hasta que murió debido a una enfermedad terminal.

Los hijos del ruralista en sus declaraciones testimoniales, hicieron hincapié en el hecho de que su padre no pudo haber dispuesto la venta del ganado ni tampoco la extracción de dinero de cuentas bancarias que poseía. En su investigación, la fiscal comprobó la venta del ganado dispuesto por Varela, como así también la extracción por parte de la acusada de sumas de 905.000 y 1.360.000 pesos, dinero que sería producto de esa operación.

Empleados de la finca, en tanto, sostuvieron que las ordenes eran impartidas por Varela, y que Udry, hasta el momento que se hallaba en buen estado de salud, no tenía proyectado la venta del ganado, sino por el contrario su intención era avanzar con la cría y engorde de los animales. Uno de los obreros de la finca, en tanto, señaló que la acusada sostuvo que “ellos se creían que les iba a quedar todo servido”, en referencia a los hijos del ruralista.

En base a estas declaraciones testimoniales y otras medidas de pruebas, la fiscal cerró la etapa de investigación y remitió la causa a juicio en contra de Varela por el delito de estafa, requerimiento que ahora se encuentra a la espera de ser llevado a juicio.

Acuchilló a su amigo en una ingesta alcohólica

La víctima, de 22 años, recibió cuatro heridas que pusieron en serio riesgo su vida. Todo sucedió durante una ingesta alcohólica en una represa de Rosario de la Frontera. Por el hecho, el fiscal penal de esa ciudad, Oscar López Ibarra imputó el delito de tentativa de homicidio a Santiago Sandoval.

La imputación surge de la investigación iniciada el 10 de junio pasado, cuando la policía tomó conocimiento del ingreso al hospital de esa ciudad de Mauro Maidana, un joven de 22 años, quien presentaba heridas de arma blanca, por lo que fue asistido de urgencia y quedó internado en terapia intensiva.

Al tomar intervención, según lo informado desde la fiscalía, la policía pudo establecer que el joven fue víctima del ataque de otro sujeto en inmediaciones de una represa, en el loteo Los Abuelos, de esa ciudad, hecho ocurrido el 9 de junio.

Con la denuncia de la madre del joven, Noemí González, del barrio 20 de Junio, la fiscalía inició las actuaciones procesales del caso, las que permitieron determinar que el domingo pasado, en horas de la tarde, Maidana recibió la visita de un amigo, quien lo invitó a tomar un vino en la represa.

Cuando llegó al lugar, se encontraron con otros dos amigos y una joven, circunstancias en que iniciaron una ingesta alcohólica que se extendió sin inconvenientes hasta que la víctima se acercó a dialogar con la joven, hecho que habría generado el reclamo por parte de Sandoval, de 18 años, quien lo desafió a pelear.

Maidana pidió que fuera “mano a mano”, pues el acusado portaba un cuchillo. En esos momentos, uno de los amigos intervino y comenzó a pelear con la víctima, circunstancias en que Sandoval habría aprovechado para asestarle cuatro cuchilladas al joven.

Tras el ataque, Maidana corrió en dirección a su casa a fin de ser auxiliado. “No me pudieron matar. Mis amigos me traicionaron”, dijo la víctima al entrar a su casa, según la denuncia de su madre, quien al ver que se hallaba ensangrentado llamó una ambulancia en el acto para su traslado al hospital local.

Con los datos reunidos, los policías de esa jurisdicción, bajo la dirección del fiscal, llevaron adelante varias pesquisas en busca de Sandoval, quien finalmente fue detenido e imputado por el delito de tentativa de homicidio. En su decreto de imputación, López Ibarra señaló que Maidana, «presenta 4 lesiones punzo cortantes 1 región anterior tórax, brazo izquierdo, parental izquierdo, 1 región subescapular izquierdo con ingreso en cavidad torácica (neumotórax)”.

López Ibarra agregó que se tratan de lesiones que pusieron en serio riesgo su vida, mientras que respecto a Sandoval sostuvo que “la conducta del acusado, está sospechada de criminalidad”, ya que así lo evidencian las pruebas reunidas por la investigación llevada adelante.

Detienen a un conocido ladrón de zona Sur

«Gringo» tiene numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad y tras hechos protagonizados en barrio Los Olmos, fue detenido intentando cometer ilícitos en barrio Los Pinares.

El fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, imputó a José Roberto Manrique por los delitos de robo en concurso real con los delitos de robo con efracción en grado de tentativa y violación de domicilio.

A fines del mes de mayo se radicaron tres denuncias de vecinos de barrio Los Olmos, quienes habían sido víctimas de irrupciones en sus viviendas con intenciones de robo. Incluso uno de los damnificados aportó imágenes de cámaras de seguridad privadas que permitieron identificar al delincuente.

Por estos hechos se solicitó orden de allanamiento y detención para el sospechoso pero no fue encontrado en su domicilio.

Días después, tras hechos de robo frustrados en barrio Los Pinares, fue detenido y se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de su detención y que se acumulen ambas causas por encontrarse en el mismo estado de la investigación preliminar.

Tres detenidos e imputados por venta de drogas

Se trata de dos mujeres y un hombre, quienes llevaban adelante la comercialización de la droga en el barrio Santa Ana, en Rosario de la Frontera. A partir de denuncia de vecinos, la fiscalía de esa ciudad llevó adelante pesquisa y desbarató esta boca de expendio.

El caso, según lo informado por el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra surgió a partir de la denuncia y datos aportados por un vecino del barrio Santa Ana, conocido como la zona del “Bajo”, quien el 3 de junio pasado aportó datos certeros respecto al accionar de un sujeto y dos cómplices.

“Aquí, la policía del centro no entra porque los changos lo sacan a pedradas. Por eso estos drogadictos se creen dueños del barrio. Hay una mina que está vendiendo pasta base a todos.”, reveló un testigo a una patrulla de la policía que recorría la zona.

“Los changos van a cada rato a su casa a comprar como si fuera negocio. Encima esa porquería les quema la cabeza a los chicos, los deja como zombis”, agregó el testigo. En vista de estos dichos y otros datos aportados, la fiscalía llevó adelante una serie de medidas investigativas, a cargo de policías de la división de Drogas Peligrosas.

Como resultado de ello, los investigadores pudieron identificar a los sospechosos, como así también reunieron elementos de prueba respecto a la comercialización de estupefacientes. Fue así, como el fiscal solicitó al juzgado de garantías interviniente distintas, entre ellas allanamientos y detención de los acusados.

Los procedimientos, según lo informado, se llevaron a cabo en domicilios ubicados en el pasaje Pastor Padilla al 600, y como resultado de los mismos se logró la detención de Fabián Valdez, de 27 años, como así también de Teresa del Carmen Zernado (19) e Fernanda Isabel Zenardo (28).

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de poco más de 100 gramos de cocaína, como así también distintas sumas de dinero y teléfonos, elementos que ahora son motivos de pericias a fin de poder sumar más pruebas al caso. Valdez y las Zenardo, en tanto, fueron imputados por los delitos de “tenencias de droga con fines de comercialización”.

Ladrones de camionetas: usaban inhibidores de alarmas

Dos hermanos procedentes de la provincia de Tucumán, fueron detenidos e imputados por varios hechos ocurridos en Rosario de la Frontera, donde sustraían efectos personales de camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de frecuencia para burlar los sistemas de seguridad y alarmas.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Juan Antonio y a Jorge Luis Orellana por el delito de hurto calificado por el uso de llave falsa en perjuicio de cuatro personas de esa ciudad y de Metán.

Los hermanos Orellana se desplazaban en un vehículo y tras individualizar camionetas de alta gama en la vía pública, actuaban en forma coordinada para sustraer efectos personales de su interior sin ejercer violencia.

Según pudo determinarse de las tareas investigativas y del análisis de cámaras de seguridad, usaban inhibidores de frecuencia para  vulnerar los sistemas de seguridad y alarmas y apoderarse de bienes.

El fiscal pudo establecer que los dos imputados tienen frondosos antecedentes en el ámbito delictivo en la provincia de Tucumán y de Chaco.

López Ibarra, tras la audiencia de imputación, solicitó el mantenimiento de su detención.

Intentó llevarse una moto de una dependencia policial

Un joven de 18 años fue sorprendido cuando intentaba sustraer una motocicleta oficial de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera. Intentó huir corriendo pero fue aprehendido a los pocos metros, cuando chocó contra un cerco perimetral y cayó al suelo.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Ángel Gabriel Molina, «Alo», de 18 años, por el delito de tentativa de hurto en perjuicio de una dependencia policial de esa ciudad.

El hecho se registró la madrugada del domingo en el edificio de la Brigada de Investigaciones, cuando un efectivo de guardia detectó en un pasillo lateral al acusado, intentando llevarse una motocicleta afectada al servicio.

El delincuente intentó huir corriendo y fue aprehendido a los pocos metros, cuando chocó con un alambrado y cayó pesadamente al suelo. El joven se resistió e incluso intentó simular ser menor de edad pero al ser identificado, se comprobó que tiene 18 años.