La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera organizó una capacitación para efectivos policiales sobre cómo abordar la preservación del lugar del hecho ante la primer intervención. Hubo una activa participación.
El fiscal penal Oscar López Ibarra, junto al Grupo Técnico Criminalístico de la Policía en Rosario de la Frontera, estuvieron a cargo de abordar la importancia de la preservación de un lugar del hecho a fin de que el personal de Criminalística, al arribar pueda recolectar las muestras y evidencias necesarias para la investigación.
La capacitación se llevó a cabo en la Escuela Infantil de la Policía de la Provincia en esa ciudad y contó con la participaron personal policial de la Dirección de Seguridad Urbana (DSU), Brigada de Investigaciones, División Rural y Ambiental, Comisaría N°31, subcomisarías El Mirador y El Tala, destacamentos El Jardín, La Candelaria, Antillas, El Potrero, El Naranjo y San Felipe.
El fiscal López Ibarra destacó el acompañamiento de las autoridades policiales de la jurisdicción y señaló la importancia del trabajo mancomunado y en equipo para mejorar el servicio de justicia a los ciudadanos.
Dos adultos y un menor fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido la noche del sábado en Rosario de la Frontera, cuando dos efectivos policiales que patrullaban en motocicleta, fueron atacados con elementos contundentes en la vía pública. Producto de los disturbios, un vecino también sufrió daños en su vivienda.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Mario Raúl Molina de 23 años, a Julián Alcides Padilla de 19 años y a un menor de 16 años por los delitos de lesiones leves agravadas, daños agravados y daños en concurso real.
El hecho ocurrió la noche del sábado en barrio Beba de esa ciudad, cuando dos efectivos policiales patrullaban en moto y fueron interceptados por los acusados en la vía pública y fueron agredidos con elementos contundentes y uno de ellos resultó lesionado. Los policías se refugiaron detrás de una pared y pidieron refuerzos porque en el tumulto, se produjeron varias detonaciones de arma de fuego.
Al llegar los móviles policiales, los jóvenes huyeron y dejaron abandonados un parlante portátil y bebidas alcohólicas.
Un vecino denunció también haber sufrido la rotura de los vidrios de su vivienda por el impacto de un proyectil de arma de fuego, que quedó incrustado en la pared del comedor.
Los acusados fueron detenidos casi en forma inmediata y la audiencia de imputación se concretó este lunes.
Dos hombres fueron condenados por un hecho ocurrido en esa ciudad en el mes de octubre de 2018, cuando interceptaron a un menor de edad e intentaron despojarlo de sus pertenencias a punta de cuchillo. Lo persiguieron y amenazaron.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra Pablo Ariel Orellana de 21 años y Damián Ernesto Villalba de 24 años por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en perjuicio de un menor de edad.
El hecho ocurrió en octubre del año pasado, cuando el damnificado circulaba en forma peatonal junto a un amigo por la ciudad de Rosario de la Frontera y fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta y le requirieron que les entregara «todo lo que tenía».
El adolescente les entregó bajo amenazas dinero, logró escapar y fue perseguido por uno de los delincuentes que portaba un cuchillo y que pretendía quitarle una guitarra y el celular que llevaba.
Las intenciones de los delincuentes se vieron frustradas porque el damnificado logró ocultarse.
Personal policial logró detenerlos en forma posterior y tras ser identificados como los autores del hecho, fueron imputados.
Tras tres jornadas de audiencia, la jueza Carolina Poma condenó a Villalba a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva y a Orellana a la pena de 3 años de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
Tres hombres fueron detenidos e imputados por abigeato el pasado viernes. Uno de ellos fue sorprendido transportando 350 kilos de carne vacuna envuelta en bolsas de consorcio en la caja de su camioneta. Aducen haber ultimado con arma de fuego a los animales de una finca vecina porque dañaban sus sembradíos.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Oscar Alberto Pozzo de 26 años, a Adrián Armando Azani de 29 años y a Nicolás Imanol Martínez de 19 años por el delito de abigeato en perjuicio de dos productores de La Candelaria.
La investigación se inició cuando en un control policial, se detectó a Pozzo trasladando carne vacuna en la caja de su camioneta en unas bolsas de consorcio.
Personal policial pudo determinar por la marca, que la carne era de un animal pertenecía a una finca en La Candelaria. Los propietarios de la finca indicaron que no se trata de un hecho aislado, sino que desde la finca vecina ya ultimaron otros animales con disparos de arma de fuego y luego los faenaron para consumo.
Los acusados adujeron haber «capturado» a los animales porque ingresan a la finca donde trabajan y dañar sembradíos.
La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, participó en la audiencia conciliatoria que se llevó a cabo este lunes en el Juzgado de Garantías 4, en el marco de una causa que allí se tramita a raíz de un conflicto entre la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero y la municipalidad de Iruya. Las partes se comprometieron a cesar el conflicto, hasta conocer los informes técnicos sobre la propiedad de la tierra. El 22 habrá audiencia en Iruya.
La fiscal penal Gabriela Dávalos participó en la audiencia fijada con fines conciliatorios en el marco de una causa que tramita el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas oportunamente. Lo hizo en base a la manifestación y acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes. En ese marco, la fiscal Dávalos informó que todas las actuaciones se encuentran acumuladas en el Legajo de Actuación.
Según consta en el acta firmada este lunes, las partes también acordaron “mantener un buen trato y respeto mutuo para permitir las obras en el lugar”.
El conflicto comenzó cuando se iniciaron obras de construcción de viviendas en tierras cuya titularidad pertenecería a la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero, según sus representantes.
Por su parte, el municipio de Iruya, dice que la cédula catastral indicaría que las tierras están dentro de su jurisdicción.
Los informes periciales que aportarán los organismos pertinentes se analizarán en la nueva audiencia fijada para el 22 del corriente, a las 15, en el Centro Comunitario Finca El Potrero.
En la audiencia celebrada en la sede del Juzgado, participaron el juez Rodríguez Pipino, la fiscal Gabriela Dávalos, los representantes de la comunidad, Aldo Marcelo Montellanos y Aniceto Bernabé Montellanos; la técnica del territorio de la Comunidad, ingeniera Marisa del Valle Sánchez (en representación de la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero); la abogada América Alemán, como patrocinante de Aldo y Aniceto Montellanos; el abogado Pablo Cuellar, en representación de la Fiscalía de Estado; el intendente de Iruya, Alfredo Soto; la abogada Iris Cecilia Roldán y la abogada Ana Virginia Barrero, en representación del Instituto Provincial de la Vivienda.
Dos jornaleros oriundos de la provincia de Jujuy, fueron detenidos e imputados por el hurto calificado de una motocicleta en la localidad de General Pizarro. Tomaron el rodado, que se encontraba estacionado, y al no tener la llave de ignición, lo trasladaron a su lugar de residencia caminando.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Daniel Rubén Benítez de 37 años y a Alejandro Fabián Ibáñez de 22 años como coautores del delito de hurto calificado por un hecho ocurrido este jueves en horas de la tarde.
El damnificado dejó su motocicleta estacionada en el acceso a una propiedad rural y cuando regresó a buscarla, se dio con la novedad de que había sido sustraída.
Con el aporte de testigos, personal policial llegó a una finca en las inmediaciones, donde en una de las viviendas de los jornaleros, fue encontrado el rodado sustraído.
Un joven de 18 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido en Rosario de la Frontera, donde junto a un menor de edad, sustrajeron la motocicleta de un hombre que se encontraba en el interior de un boliche bailable. Fue individualizado por las cámaras del Sistema de Video Vigilancia y la moto encontrada oculta entre las malezas, cerca del río.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Leonel Osvaldo Rodríguez de 18 años por el delito de hurto calificado por un hecho ocurrido durante el fin de semana en esa ciudad.
Según denuncia el damnificado, concurrió a bailar a un local de calle 20 de Febrero al 300 en su motocicleta, la cual dejó estacionada y con traba de seguridad en la vía pública. Cuando se disponía a retirarse, se percató que el rodado había sido sustraído.
Alertado el personal policial, revisó las cámaras de seguridad de la zona logró identificar al autor del hecho, que actuaba en compañía de un menor de edad.
El autor del hurto calificado fue identificado, detenido e imputado y la motocicleta fue localizada en inmediaciones del río, oculta entre las malezas.
Un joven de 18 años fue detenido e imputado luego de romper un vidrio e ingresar a un local comercial de esa localidad para sustraer dinero que había en la caja.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Carlos Antonio Olivera por el delito de robo calificado por efracción tras un hecho ocurrido días atrás en la localidad de El Quebrachal.
El acusado rompió el vidrio de un negocio dedicado a la venta de celulares e ingresó al lugar. Ante el estallido de los cristales, la hija de la propietaria del comercio y unos amigos llegaron al lugar y vieron al delincuente oculto tras un escritorio.
Logró darse a la fuga y dejó en el lugar un cuchillo de mediano tamaño. Personal policial logró detener al acusado luego en las inmediaciones y constatar que había logrado llevarse la suma de 5 mil pesos de la caja.
El exmagistrado Luis Armando Balaguer fue detenido e imputado en la ciudad de Metán por los delitos de hurto, estafa, amenazas y desobediencia judicial reiterada.
El fiscal penal 2 de Metán interino, Oscar López Ibarra, imputó a Luis Armando Balaguer de 64 años, por los delitos de hurto, estafa, amenazas y desobediencia judicial reiterada en concurso real por varios hechos ocurridos en esa ciudad.
Balaguer fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Metán por varios ilícitos que cometió en un comercio de esa ciudad, de donde mediante engaños, se llevó mercadería sin pagar y por amenazar al comerciante cuando intentaba cobrarle.
También se le endilga el no respetar las restricciones impuestas por un Juzgado de Familia de ese distrito respecto al domicilio y la persona de los hermanos de su actual pareja, con quienes mantiene una mala relación.
Cabe señalar que Balaguer se desempeñaba como juez federal en Bahía Blanca y fue destituido en 1993. Posee antecedentes por hechos de estafa.
López Ibarra informó que tras la imputación, solicitó el mantenimiento de su detención.
Fue encontrado en un vertedero municipal por dos mujeres que realizaban tareas de reciclaje durante la tarde del viernes pasado. Se encontraba con cordón umbilical y placenta y fue enviado al Cuerpo de Investigaciones Fiscales para ser analizado.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, tomó intervención ante el hallazgo de un feto en un vertedero municipal durante la tarde del viernes pasado.
Según consta en las actuaciones, dos mujeres que realizaban tarea de reciclaje en el lugar, encontraron al feto en el interior de una caja de cartón y envuelto en una bolsa de plástico. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades policiales.
Personal de la División de Criminalística de la Policía de la Provincia realizó los levantamientos y tareas de rigor en el lugar y por disposición del fiscal, el feto que se encontraba con el cordón umbilical y la placenta, fue preservado y enviado al Cuerpo de Investigaciones Fiscales para su análisis.
Gómez Amado señaló que se realizan tareas investigativas tendientes a esclarecer el hecho, tales como la recepción de testimonios y tareas de inteligencia a cargo del personal policial.