Tartagal: fueron juzgados por un robo ocurrido en abril

Dos hombres fueron condenados en juicio abreviado por un hecho donde, tras violentar las medidas de seguridad de una empresa, sustrajeron dinero en efectivo y una computadora.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Mauro Adanto y Rafael Galarza por el delito de robo.

El hecho juzgado ocurrió el pasado 8 de abril por la madrugada en la primera cuadra de calle Sarmiento de la ciudad de Tartagal, cuando los acusados violentaron una reja y una puerta para ingresar a una empresa, donde sustrajeron 85 mil pesos y una computadora.

Tras ser demorados los delincuentes, se logró recuperar parte del dinero y se logró el secuestro de una motocicleta que usaban para desplazarse.

El juez Ricardo Martoccia, luego de recibir la confesión de los acusados, le impuso a Mauro Adanto, una pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por tener una condena anterior y a Rafael Galarza, una pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

Campo Santo: funcionario municipal imputado por coacción agravada

El secretario de Obras Públicas de esa localidad, fue imputado por un hecho ocurrido el pasado 4 de mayo, cuando portando un machete, amenazó a una mujer y a su grupo familiar. En su declaración, negó la acusación en su contra.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, imputó a René Marcelo Gutiérrez como autor del delito de coacción agravada por el uso de arma en perjuicio de vecinos de la localidad de Campo Santo.

La denuncia fue radicada por una mujer, quien señala que el día del hecho, se encontraba en un terreno que ocupa una pariente junto a su grupo familiar, con autorización de los dueños, cuando se hizo presente el acusado, portando un machete y exigiendo que se retiraran del lugar con amenazas.

Durante la audiencia de imputación, Gutiérrez estuvo acompañado de un defensor oficial y en su declaración, negó la acusación en su contra.

Tartagal: tres condenados por el robo de cerdos

Tres hombres fueron juzgados por un hecho ocurrido en el mes de marzo de este año en el barrio El Ceibo. Tras violentar las medidas de seguridad de una propiedad, sustrajeron cinco cerdos, los faenaron y se repartieron la carne.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Godoy, Roberto Carrizo y Saulo González como autores del delito de robo calificado en poblado y en banda.

El hecho juzgado ocurrió en el mes de marzo de 2021 en barrio El Ceibo de esa ciudad, cuando por la madrugada, los acusados cortaron un alambre que sujetaban unas chapas del corral y se apoderaron de 5 cerdos, los faenaron y se repartieron la carne y al intervenir el personal policial, se recuperó algo de la carne obtenida.

La jueza Soledad Rodríguez les impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta.

Anta: Condenan a un docente a 10 años de prisión efectiva por el abuso de dos menores

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al  Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, condenó a Diego Eduardo Feroce, de 45 años, a la pena de 10 años de prisión efectiva por la comisión del delito de abuso  sexual simple calificado reiterado en perjuicio de una menor de 9 años y por la tentativa del delito de abuso sexual simple calificado reiterado, en perjuicio de otra menor de la misma edad.

La fiscala penal García Pisacic, intervino en la investigación en contra de Diego Eduardo Feroce, a partir de las denuncias de las madres de ambas menores, quienes eran alumnas del docente en cuestión en la escuela Patricias Argentinas Nº4561, de Piquete Cabado, localidad de Anta, a la que se accede por Joaquín V. González.

De las denuncias, surgió que el docente “agarró a las menores y les dijo que no tenían que andar contando esas cosas porque lo iban a meter en problemas”, porque el denunciado, en horario escolar, según dijo una de las menores “las abrazaba de atrás y a su compañera le tocaba los pechos”. La madre de la segunda menor, denunció que su hija refirió que el docente “la abrazaba y le tocaba los pechos y que la había agarrado y le dijo que no tenían que andar contando esas cosas que lo iban a perjudicar”.

García Pisacic evaluó todos los elementos de prueba colectados y dijo que todo lo manifestado resultó compatible con lo expresado por una de las menores en la realización de Cámara Gesell, que contó que ella pudo eludir al docente en tres oportunidades, pero también que fue testigo de los tocamientos a los que sometió a su compañera, cuando se quedó con otra alumna, escondida detrás de un árbol.

Ello confirmó que el relato goza de total y absoluta credibilidad y veracidad en sus manifestaciones, sin contradicciones e indicando la escena del ilícito de manera pormenorizada, detallada y con un marcado estado emocional de angustia y miedo por la conducta antijurídica y culpable del acusado, a quien identificó como “Diego, el profesor de Agronomía”, en una extrema vulnerabilidad física y psicológica marcada por la imposibilidad de la menor de repeler cualquier ataque y/o fuerza física del agresor en su integridad corporal. De todo ello, resultó el imputado responsable y autor material del delito en perjuicio de la menor víctima, que también fue testigo presencial del abuso sexual simple calificado que el educador desplegaba de manera absolutamente despreciable contra otra menor, en horario de clases.

El relato de la segunda víctima en Cámara Gesell confirmó los tocamientos y el miedo que sentía por el docente, después de las tres veces a las que la sometió,  en el sector posterior de la Escuela, donde se encuentra la huerta.

El relato “lleno de angustia, llanto y miedo hacia Feroce, exteriorizó un estado de extrema vulnerabilidad frente a quienes  debería haber cumplido su función como educador, obligado al resguardo y a la protección de los alumnos como tarea principal inherente a la condición de persona humana,  actuando sin embargo como un agresor sexual abusando de su condición de profesor y haciendo propicio llevar adelante una conducta típica,  antijurídica, culpable y punible en perjuicio de dos niñas indefensas, con imposibilidad de repeler cualquier ataque como el sexual y/o de otra índole”, dijo la fiscala.

Al mismo tiempo, destacó el daño provocado “que resulta irreparable en un ambiente educativo en el que se educa, se instruye, se forma y se da las herramientas como mujeres y hombres del mañana con un marco de seguridad y respeto frente a la sociedad, y que en este caso, han sido atacados y quebrados por una conducta delictiva intencionada, dolosa, dirigida a satisfacer los deseos sexuales del agresor”.

Los testimonios de otras menores describieron de manera coincidente la conducta del condenado, en relación a sus alumnos y en el temor y la desconfianza que suscitaba entre las niñas y niños su conducta inapropiada y lesiva de su integridad sexual.

También dijo la fiscala que el comportamiento del docente, mereció ser reprimido penalmente, al haber alterado con su comportamiento, la inmadurez sexual de las menores, provocando un daño en su integridad física y psíquica irreparable.

El Potrero: imputaron al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público

La denuncia fue radicada por el presidente de la Auditoría General de la Provincia a partir de observaciones realizadas sobre el ejercicio 2015 presentado por el municipio, donde se detecta el incumplimiento de la normativa vigente en cuanto al sistema registral empleado. Se abstuvo de declarar.

Mur Reynaga

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a Carlos Mur Reynaga como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.

Reynaga es intendente del municipio del Potrero y la denuncia que originó la investigación fue realizada por el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, en relación al Ejercicio 2015 presentado por el mencionado municipio, de cuyo análisis surgen ciertos hechos que podrían constituir delitos con encuadre en el Código Penal Argentino.

Del informe de Auditoría definitivo, se concluye que el Ente Auditado ha incumplido con la Ley de Contabilidad- Decreto Ley N° 705/57, la Constitución de la Provincia de Salta, la Ley Provincial N° 7.103, la Ley 6.838 y la Ley N° 1.349 Orgánica de Municipalidades.

Del análisis surge que El Potrero no posee un sistema de registro contable integral, que incluya los subsistemas presupuestario, financiero, patrimonial y de gestión, de manera que permita llevar la contabilidad en legal forma y producir los informes financieros y de gestión pertinentes, relacionados al cumplimiento de la normativa vigente para la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

En las extensas observaciones realizadas por la Auditoría General, se detallan irregularidades vinculadas a la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2015, donde no se detalla el criterio de imputación de los recursos y gastos correspondientes, ni expone los recursos y gastos de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Reynaga fue acompañado de un defensor oficial y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

Las Lajitas: dos detenidos por el robo de agroquímicos

Dos hombres fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado 6 de mayo en esa localidad. El sereno fue alertado por un perro de la presencia de personas extrañas en la propiedad durante la noche. Fueron sorprendidos en las inmediaciones, cuando trataban de huir con agroquímicos que sustrajeron en una camioneta.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Esteban Hernán Juárez de 36 años y a Diego Armando Cuellar de 39 años de edad, como autores del delito de hurto calificado en perjuicio de una empresa agropecuaria.

El pasado 6 de mayo, el encargado de una finca denunció que personas desconocidas fueron detectadas por el sereno en la propiedad sustrayendo productos agroquímicos en una camioneta. Se señaló además que no es la primera vez que hechos de esta naturaleza suceden en el predio.

Se dio intervención a la Policía de la Provincia y en un rastrillaje realizado en la zona, la camioneta fue detectada sobre la ruta provincial 52, a la altura del kilómetro 16, con el motor encendido.

De las tareas desplegadas, se pudo recuperar 75 kg de un agroquímico y 45 litros de otro producto similar en la zona de monte y se logró la detención de los dos acusados.

Tartagal: dos condenados por robar una moto

Dos hombres fueron condenados por un hecho ocurrido en barrio Tomás Ryan en setiembre de 2020. Los acusados violentaron la seguridad del rodado que estaba en la vía pública y fueron interceptados por personal policial cuando lo trasladaban en forma peatonal.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra José Luis Santos y Agustín Ceferino Santos por el delito de robo calificado en circunstancias de hurto calificado.

El hecho juzgado ocurrió en setiembre de 2020 por la tarde, en barrio Tomás Ryan de Tartagal, cuando los acusados vulneraron las medidas de seguridad de una motocicleta estacionada en la vía pública y fueron sorprendidos por personal policial, cuando llevaban empujando el rodado.

La jueza subrogante María Soledad Rodríguez, le impuso a ambos acusados, la pena de tres años de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

Metán: imputaron a miembros de una banda de estafadores

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, fueron extraditados a la ciudad de Metán e imputados por un hecho donde, telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Leonardo Lucas Godoy, a su hermano Cristian Godoy, a Rocío Belén Galván y a Melisa del Valle Maciel por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real en perjuicio de dos ciudadanos de Metán.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de
Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia
de Córdoba, días pasados se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

Gómez Amado, una vez concretada la audiencia de imputación, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención de los acusados.

Tartagal: Imputan a un médico por el abuso sexual de una menor

La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó provisionalmente a Marcelo Gustavo Cornejo, de 64 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una menor.

Del decreto de imputación, surgió que el acusado es médico y que en fechas imprecisas, entre mediados de junio y los primeros días de julio de 2020, atendió y revisó físicamente en su consultorio privado a una menor de 15 años.

En ese lugar, el imputado ofreció a la víctima practicarle un aborto por la suma de $20 mil o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara mantener relaciones sexuales con él tres veces por semana. La menor sostuvo que en esas circunstancias, el médico la sometió a tocamientos sin su consentimiento.

Tras la radicación de la denuncia y la declaración testimonial de la menor, la fiscala penal María Lorena Martínez, llevó a cabo la audiencia de imputación contra el acusado. La menor también declaró en cámara Gesell.

Por otra parte, el Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscala para realizar un allanamiento en el consultorio del imputado, que permitió el secuestro de documentación y un dispositivo de almacenamiento que se encuentran bajo análisis.

Campo Santo: funcionario municipal será imputado por coacción agravada

Se abrió decreto de imputación a partir de una denuncia radicada por una mujer, quien señala que el acusado se presentó en el terreno que ocupa con autorización de los dueños una familiar y portando un machete, les profería amenazas para que lo desalojaran.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, investiga un hecho ocurrido el pasado martes en la localidad de Campo Santo. La denuncia fue radicada por una mujer que señala que se encontraba en un terreno que ocupa con autorización de los dueños una pariente, junto a su grupo familiar, cuando se hizo presente el acusado, portando un machete y exigiendo que se retiraran del lugar con amenazas.

El hombre denunciado se desempeña como funcionario en la municipalidad local y a partir de los elementos de convicción recogidos, el fiscal González abrió decreto de imputación por el delito de coacción agravada por el uso de arma e indicó que la audiencia de imputación se concretará la próxima semana.