Requieren juicio para miembros de un grupo antagónico

Tres hombres y dos mujeres serán llevados a juicio por un violento hecho ocurrido en el mes de mayo en barrio Finca Valdivia de la ciudad de Salta, donde portando armas, amedrentaron a vecinos, profiriendo amenazas y causando daños.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, requirió juicio para Alfredo Félix Laguna y Facundo Nicolás Chaile como autores de los delitos de lesiones leves (dos hechos) y desobediencia judicial. Para Víctor Abraham Condorí como autor de los delitos de amenazas con arma (dos hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil. Para Magdalena Claudia Vicenta López como autora de los delitos de amenazas con arma y amenazas. Para Marina Gisella Mamaní como autora del delito de amenazas con arma.

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en barrio Finca Valdivia, en la zona Sur de la ciudad de Salta, cuando los acusados, usando armas blancas, de fuego y elementos contundentes, atacaron a vecinos de la zona, amenazándolos, causando daños en viviendas y automóviles  y lesiones a los involucrados.

Estas personas, junto a otras, integran un grupo antagónico que atemoriza a los vecinos de la zona, con la comisión de distintos actos delictivos.

Se celebró la primera audiencia de mediación con empleados de un correo privado

Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia de mediación en la que las y los mediadores del Ministerio Público, escucharon por separado los planteos de referentes de los empleadores y empleados de la empresa Andreani. Al cierre de la jornada las y los presentes, acordaron continuar con el proceso la próxima semana para avanzar con las tratativas.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, informó que según lo previsto, la tarde de este miércoles se celebró la primera audiencia del proceso de mediación instado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el marco del conflicto laboral entre empleados y empleadores de una empresa de correo privado y que tiene implicancias en la Salud Pública, debido a que la firma es la encargada de la recepción y distribución de vacunas contra el COVID19.

Ante el hecho de que la normativa vigente respecto de la mediación exige confidencialidad, el fiscal Córdoba Mazuranic, resumió sobre el encuentro y dijo que fue muy positivo por la cordialidad y diálogo que primaron. Las empleados manifestaron su voluntad de participar en el proceso de mediación y plantearon distintas situaciones referidas a su situación laboral.

Al final de la reunión celebrada en dependencias de la Fiscalía, los empleados y los representantes de la firma, consintieron continuar con el diálogo en el proceso de mediación y participar de una nueva reunión la próxima semana.

En representación del Centro de Mediación del Ministerio Público, participaron la directora Dra. Nancy Valencia Donat y el Lic en Psicología Sergio Arch Guerrero.

Andreani: Habrá una mediación entre las partes

Ante el conflicto de la empresa con un grupo de trabajadores, que derivó en una manifestación en la vía pública, la Fiscalía Penal 3 tomó intervención y en procura de lograr una solución, se acordó realizar una audiencia de mediación para la tarde de este miércoles con el equipo del Centro de Mediación del Ministerio Público. La empresa se encarga de la recepción y distribución de las vacunas contra el COVID.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, informó que ante el conflicto entre la empresa Andreani y un grupo de trabajadores, que se expresan en una manifestación sobre una colectora de la avenida Tavella y que puede afectar la recepción y distribución de las vacunas contra el COVID, tomó intervención y por disposición de la Procuración General de la Provincia, se convocó a las partes a una audiencia de mediación.

La misma se realizará durante la tarde de este miércoles y estará a cargo del equipo del Centro de Mediación del Ministerio Público.

El dueño de un bar irá a juicio por infringir las normas en plena restricción

El fiscal contravencional Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa en la que José Francisco Mayo, de 40 años, fue acusado de infringir los artículos 64 y 100 de la Ley 7135/01 y el artículo 13 de la Ley 8206/20; contravenciones por incumplimiento de medidas mínimas de seguridad contra incendios, venta de bebidas alcohólicas sin autorización e incumplimiento de medidas de prevención para actividades económicas.

La situación fue constatada a través de las actas de infracción contravencional pertenecientes a la Seccional Novena de la Policía, de las que surgió que al efectuar controles en reiteradas ocasiones, se advirtió el incumplimiento de las medidas establecidas por la Ley 7135/01 en relación a sus artículos. 64 y 100, como así también del artículo 13 de la Ley 8206/20, en el local comercial ubicado en avenida Hipólito Irigoyen al 1300, propiedad del acusado. Los cinco controles efectuados sobre el negocio, se concretaron entre noviembre de 2020 y abril de 2021, cuando regían restricciones específicas para la reunión de personas, en el contexto de pandemia por Covid 19.

Los hechos fueron constatados mediante fotos aportadas por el personal policial, en las que se aprecia la presencia de gran cantidad de personas sin respetar las medidas de distanciamiento social, e ingiriendo bebidas alcohólicas sin la debida habilitación.

Lo expuesto, dejó al descubierto que el acusado demostró una falta total de interés y cuidado de la seguridad y salud de las personas atento a la situación actual de pandemia que atravesamos.

Un vecino denunció a la curtiembre Luaju

La acusación es por desobediencia judicial de las medidas “de suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi”, que habían sido impuestas a la firma. El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, ordenó distintas diligencias.

El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, investiga la denuncia de un vecino de Atocha, municipio de San Lorenzo, contra la curtiembre Luaju SRL por desobediencia judicial.

En su acusación, el particular hace referencia a la medida tomada por el juez de Cámara Marcelo Domínguez, quien rechazara oportunamente el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal que solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL.

Domínguez consideró que el bien jurídico que se pretendía cautelar ya se encontraba suficientemente resguardado con las medidas adoptadas por la Secretaría de Recursos Hídricos, que dispuso la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi.

De acuerdo al vecino de Atocha, se continuarían vertiendo efluentes en el Arroyo Isasmendi y para respaldar la denuncia, presentó cuatro videos – que fueron grabados en presencia de personal policial-, fotografías del arroyo, la pileta y del ducto vertiendo un líquido rojo.

Ramos Ossorio ordenó distintas diligencias, entre ellas, el pedido de pericias al Cuerpo de Investigadores Fiscales, toma de muestra bioquímica del agua de la salida del caño (para verificar cambios al vertirse en el caudal de agua y después del contacto con el agua del arroyo), entre otras.

Cabe recordar que el 3 de septiembre pasado, el Ministerio Público Fiscal recurrió a la Corte de Justicia para frenar las actividades industriales contaminantes -que lleva adelante Luaju SRL- en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Desbaratan una banda que estafaba con el IFE desde un penal de Córdoba

El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real  a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.

El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo.

El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero automático y solo tenía $400 (pesos  cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil). En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos.

Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de esa provincia.

Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero.

Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito).  Y se confirmó además, la permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en concurso real, en carácter de coautores.

El hijo de un socio defraudó a la empresa por más de un millón de pesos

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a Guillermo Ezequiel Márquez, de 44 años, por la comisión del delito de administración fraudulenta, en calidad de autor material. La investigación estuvo a cargo del Cuerpo Especializado de Investigadores, cuyos integrantes lograron la detención del acusado con la colaboración del personal policial de la Comisaría 5.

Del decreto de imputación, surgió que el imputado se hizo pasar por el director de la empresa Dialnorte SRL, para retirar cheques sin autorización o poder de la socia-gerenta de la empresa y falsificó la firma de ésta, para el endoso y cobro por un monto aproximado de un millón 246 mil pesos.

Además, se tiene acreditado que el acusado, quien fingió ser administrador de empresas y contador, también realizó distintas compras y cobró deudas, todo en perjuicio de la empresa.

Por lo expuesto, se tiene entonces que el acusado sacó provecho de su condición de empleado contratado de la firma y desvió fondos, recibió pagos, adquirió bienes y obtuvo beneficios económicos indebidos, al defraudar a la empresa damnificada en su patrimonio y por considerables montos, todo ello a partir del acceso a diferentes beneficios que obtuvo por ser el hijo de uno de los socios fundadores fallecido.

Se investigan amenazas a un comunicador social

El damnificado encontró una simulación de artefacto explosivo en su vehículo particular y recibió un paquete con mensajes amenazantes en contra de su persona. El fiscal Córdoba Mazuranic se hizo presente en ambos lugares. Se descartó la presencia de explosivos.

Foto Cadena Máxima

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, tomó intervención ante una amenaza de artefacto explosivo en el vehículo de un comunicador social y la entrega de un paquete que lo tenía como destinatario en su lugar de trabajo.

El fiscal se presentó en la estación de servicios donde el damnificado detectó la presencia del artefacto que simulaba ser un explosivo y también en el medio de comunicación donde se desempeña, ubicado en el macrocentro de la capital salteña.

Del trabajo de personal de Bomberos de la Policía de la Provincia y de personal policial, pudo verificarse que no se trataba de explosivos y que en el paquete había mensajes amenazantes.

Córdoba Mazuranic dispuso el trabajo de personal de Criminalística para realizar los relevamientos correspondientes a fin de esclarecer el hecho. Se trabaja también en entrevistar al damnificado y al personal del medio de comunicación.

Piden juicio contra el propietario de un restobar por ruidos molestos e incumplimiento del distanciamiento social

El fiscal de la Unidad Contravencional, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa en la que Gustavo Emanuel Esnal, de 28 años, imputado como autor de la contravención de ruidos molestos e infracción al artículo 13, inciso 3 de la ley 8206/20 Covid, por actividades autorizadas que no adopten las medidas adecuadas conforme el protocolo, en concurso real.

Del requerimiento se desprendió que el restobar ubicado sobre calle San Luis al 600 de la Ciudad de Salta, propiedad del acusado, emitió ruidos muy altos y generó molestias a vecinos, ya que en su patio cervecero se desarrolló concursos de DJs y de bandas.

La situación fue constatada con el acta de infracción del 27 de febrero del corriente año, realizada por el Tribunal Administrativo de Faltas 3. De ella, surgió que al realizar el control, personal de la Municipalidad de Salta constató que el sonido excedió los decibeles permitidos por el artículo 94 de la Ordenanza 5941/20.  

Por otra parte, fue constatado también mediante grabaciones y fotografías aportadas por personal policial, la infracción al artículo 13, inciso 3, de la Ley 8206/20 Covid, ya que se advirtió la presencia de gran cantidad de personas que excedieron el límite autorizado por el personal de Bomberos.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a las disposiciones del Comité Operativo de Emergencias, la capacidad se encontraba reducida al 30%.

También fue observado que la distancia entre mesa y mesa no cumplía con la Resolución 11 del COE, que establece un metro y medio de separación para dar cumplimiento con el distanciamiento social dispuesto para evitar la propagación del coronavirus.

Además, fue constatado mediante la actuación contravencional 366/21, que el infractor, al momento del control policial, carecía del certificado habilitante para la venta de bebidas alcohólicas al copeo.

De acuerdo a la Fiscalía, lo expuesto dejó al descubierto que la conducta desplegada por el imputado Gustavo Emanuel Esnal, fue de una falta total de prudencia, interés y desaprensión ante la situación de público conocimiento, que a la fecha lleva gran cantidad de contagios y de muertes, no solo en nuestro país sino a nivel mundial.

Dos detenidos: Esclarecen robos en un negocio mayorista

Un hombre de 39 años y una mujer de 40, fueron detenidos e imputados por ingresar violentamente en un comercio ubicado en la zona Sur de la ciudad y sustraer mercadería. Fueron identificados a partir de huellas dactilares que dejaron en el lugar. Desde la empresa denunciaron haber sido víctimas de ilícitos en tres oportunidades.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Agustín Raúl Chocobar y a Daniela Graciela Gavilán, como autores del delito de robo con escalamiento en perjuicio de un comercio mayorista de la ciudad de Salta.

Las autoridades de la firma, ubicada en avenida Paraguay al 2300, denunciaron haber sido víctimas de tres hechos de robo en los galpones de acopio, desde donde se sustrajeron mercadería y otros bienes.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo identificar a los causantes a partir de huellas dactilares encontradas en el lugar. Ambos son personas con antecedentes.

Córdoba Mazuranic, ante los elementos de convicción necesarios, solicitó orden de allanamiento y detención para los domicilios vinculados a los investigados.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención.