María Fernanda Quinteros

Condenado por atropellar a un sexagenario y darse a la fuga

Un hombre de 26 años fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación por 5 años para conducir y cumplimiento de reglas de conducta por el homicidio culposo agravado de un hombre de 68 años en la localidad de El Carril.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Javier Mauro Leonel Liendro, imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, calificado por darse a la fuga.

El hecho ocurrió en febrero de este año en El Carril, cuando la víctima circulaba en una bicicleta y fue embestida por un automóvil en la intersección de calles San Martín y 25 de Mayo de esa localidad. El conductor, tras el impacto, se dio a la fuga.

Con el aporte de testigos, se logró identificar al conductor, que había ocultado el vehículo en una finca.

El juez Federico Armiñana, luego de recibir la confesión del imputado y la aceptación de los hechos que se le imputan, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, le impuso reglas de conducta y lo inhabilitó por 5 años para la conducción.

En el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Pichanal: se esclareció el homicidio de un indigente

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, informó que de las minuciosas tareas investigativas desplegadas por el personal policial, se pudo establecer que el autor del homicidio de un hombre de 55 años que frecuentaba la zona del “Cruce” y que fue encontrado sin vida en el mes de Junio, es un menor de edad. Fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Menores en turno.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, en el marco de la investigación del homicidio de Ernesto Bautista Rojas, “Patilla”, ocurrido el pasado 15 de junio, en proximidades de una parada de taxis en el cruce de Pichanal, informó que se produjo la detención de un menor de edad, identificado como el autor del hecho.

La víctima tenía 55 años y vivía en situación de calle. Fue encontrado sin vida en la vía pública con un golpe en la cabeza, el que le habría sido propinado con un pedazo de bloque de concreto.

Los investigadores, a partir de la recepción de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad de la zona, pudieron establecer que el autor del hecho es un menor de edad que padece adicciones y se encontraba deambulando por la zona y aparentemente se cruzó en el lugar con la víctima y mantuvieron una disputa que culminó con la muerte de Rojas.

Una vez detenido el sospechoso y establecido que se trata de un menor de edad, se giraron las actuaciones al Juzgado de Menores en turno.

Familiares de Diego Castro fueron recibidos por el Procurador General de la Provincia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a Daniela y Carina Castro, hermanas de Diego Castro, víctima fatal de un siniestro de tránsito ocurrido el 3 de junio de 2017. La familia solicitó la audiencia esta semana, para expresar su disconformidad con la sustanciación de la causa y la sentencia, dictada en marzo pasado.

Durante el encuentro, Daniela y Carina Castro afirmaron que no obtuvieron justicia y que en casos juzgados por hechos similares, las penas fueron más duras.

Pedimos la audiencia porque el Procurador recibió a otros familiares de víctimas y vemos un poco de luz; salí muy esperanzada”, afirmó Carina y sostuvo que la calificación del delito como accidente de tránsito con lesiones, debería haber sido accidente de tránsito con lesiones seguida de muerte.

Además, cuestionó que no se haya incluido en el legajo el informe toxicológico realizado a María Belén Méndez García Zavaleta, por lo cual la presencia de alcohol en sangre durante el siniestro no se tuvo en cuenta, a pesar de la vigencia de la Tolerancia Cero.

La condena
María Belén Méndez García Zavaleta fue condenada el 14 de marzo pasado
, por el delito de homicidio culposo en siniestro vial agravado, en perjuicio de Diego Castro, a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación por 10 años para conducir, al cumplimiento de reglas de conducta por ese término, a realizar un curso especializado en conducción y seguridad vial y al cumplimiento de reglas de conducta, además de cumplir tareas de voluntariado en la Fundación Hope.

En el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético de la imputada por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

La audiencia de debate fue llevada adelante por el Tribunal de la Sala V, integrado por los jueces Marcelo Rubio, Mónica Faber y Martín Pérez.

Piden que se investigue al juez Figueroa por presunto mal desempeño y que cese en sus funciones

La fiscal penal 1, Gabriela Buabse deberá averiguar si existió comisión de delito por parte del juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, al dictar una resolución que denegó un recurso judicial, y al pronunciarse sobre un asunto sobre el que ya lo hizo; sin permitir que se ejercite la garantía de la doble instancia judicial. Lo hará a instancias del Procurador, quien también pidió que se interponga “con carácter de urgente” una medida cautelar innovativa, para que el magistrado cese de inmediato en sus funciones.

El procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, pidió que se investigue si existió comisión de delito a través de la fiscalía que por turno corresponda, por parte del juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa. En este caso, correspondió a la Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Buabse.

El decreto firmado por el Procurador, pidió que sea investigado, atento que ha tomado estado público que el juez mencionado, “convocado transitoriamente en razón de su estado judicial, según lo previsto por el artículo 16 inciso a) de la ley 24.018, norma que debe ser conjugada con el artículo 1º de la ley 7717, que establece como plazo máximo de duración del mandato provisorio los dos años de duración en el cargo toda vez que excedió con creces ese límite de su desempeño funcional”; ha dictado una resolución de manera unipersonal denegando un recurso judicial y pronunciándose sobre un asunto sobre el que ya tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente, sin permitir que se ejercite la garantía de la doble instancia judicial. Y agrega la presentación que lo hizo “en abierta contradicción a precedentes sentados expresamente al efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación – particularmente en los casos Llerena y Casal; como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”; y que, a la vez, “revela interés en el resultado del pleito”.

En su presentación, Cornejo sumó “la posible inobservancia de las prescripciones de la ley 27.206, que es de orden público, más la gravedad de los hechos que se investigaron en la causa, cuya prescripción dispuso, lo cual imposibilita absolutamente que las víctimas ejerzan sus derechos en plenitud, como así también desalienta a otras posibles víctimas a denunciar los abusos que pudieron haber padecido”. Y destaca que el pronunciamiento del Juez, “contradice abiertamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en el precedente Ilarraz, Justo José s/promoción de la corrupción agravada-incidente de extinción pro prescripción s/impugnación extraordinaria, del 7 de junio de 2018”. Ese día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimó el recurso interpuesto por la defensa del clérigo Justo José Ilarraz por medio del cual se solicitó el sobreseimiento del cura al entender que la acción penal estaba extinguida por prescripción. Ilarraz fue condenado en mayo de 2018 a 25 años de cárcel por abusos contra menores cometidos en el Seminario de Paraná. A la presentación se adjuntaron todos los fallos recientes que rechazaron las prescripciones de acciones penales por delitos contra la integridad sexual, entre ellos los de Entre Ríos, Neuquén y Catamarca.

En otro sentido y sin perjuicio de lo anterior; el Procurador dijo en su presentación que deberá interponerse con carácter de urgente una medida cautelar innovativa, para que el juez Figueroa, convocado transitoriamente en razón de su estado judicial, “cese de inmediato en sus funciones, dándole inmediata noticia a la Corte de Justicia de la Provincia, para que oficie al Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo de la Magistratura, con el fin de llamar a concurso de oposición y antecedentes para cubrir la vacante en forma perentoria, atento el tiempo transcurrido”.

De esa manera, se cumpliría con lo dispuesto por los previsto en el artículo 159 de la Constitución de la Provincia y 12 de la ley 7016, “habida cuenta que tal como lo dispone el artículo 16 inciso a) de la ley 24.018 en función del artículo 1º de la ley 7717, la ocupación del cargo tiene carácter transitorio no imperecedero”.

Hoy imputan a la mujer acusada de sustraer a su hijo

Natalia Alejandra Gil quedó detenida ayer y hoy será imputada por los delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial. En el hecho se encuentran detenidas e imputadas otras dos personas que fueron partícipes de la sustracción.

El fiscal penal 3, Pablo Paz, investiga la sustracción de un menor de edad, denunciada por Silvina Ruiz, abuela del niño, quien lo tiene a cargo mientras tramita la guarda judicial.

Tras haber solicitado que se disponga la captura nacional e internacional y orden de detención en la vía pública de Natalia Alejandra Gil, madre del niño, ayer fue detenida en la ciudad de General Güemes y hoy será imputada por los delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial, ya que tenía medidas de restricción dispuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1, a cargo de Noemí Valdez

Por el hecho se encuentran detenidos Joana Franco, hija de Gil, y Emanuel Baruc, ambos acusados de ser partícipes de la sustracción del niño.

Paz explicó que dando cumplimiento a la orden de restitución del menor, impartida por el juez de Familia 2, Víctor Soria, con la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces, ayer se revinculó al niño con su abuela y que desde su Fiscalía se solicitará el mantenimiento de la detenciones.

Un hombre apareció muerto en una pileta de natación

Un hombre de 48 años fue encontrado sin vida anoche en el interior de una pileta de natación en la localidad de San Luis. Sus familiares habían perdido contacto con él el día domingo. En estos momentos se realiza la autopsia.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, tomó intervención en un hecho ocurrido ayer, cuando se encontró a un hombre sin vida en el interior de una pileta de natación en la casa quinta en la localidad de San Luís, donde trabajaba como cuidador.

El hallazgo fue realizado por familiares de la víctima, quienes habían perdido contacto con él el pasado domingo y se dirigieron a su actual domicilio para tener noticias suyas.

Lo encontraron sin vida en el interior de la pileta de natación de la propiedad y dieron aviso a personal policial de la jurisdicción, que tomó inmediata intervención.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realiza la autopsia a fin de determinar data y causa de muerte.

La fiscal dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales para que realice las tareas de rigor en el lugar y a la División Homicidios para tratar de esclarecer lo sucedido.

Golpeó a su expareja y le rompió la moto

Un hombre de 29 años fue detenido e imputado tras agredir físicamente a su expareja y causar daños en su motocicleta. La relación duró tres meses y se encuentran separados hace seis meses por hechos de violencia.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Carlos Alberto Ismael Bautista por los delitos de daños y lesiones agravadas por el vínculo y el género en perjuicio de su expareja.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando el acusado se presentó en la casa de un familiar de la víctima, donde esta se encontraba y tras discutir, se llevó las llaves de la moto de la mujer.

Tras negarse a devolverle la moto, se presentó nuevamente en el domicilio y ante la negativa de la víctima de hablar con él, comenzó a romper el rodado.

Cuando la mujer intentó impedir que siguiera rompiéndolo, la tomó del cuello, le propinó golpes de puños y patadas y luego se fue a la casa de su exsuegra y continuó causando disturbios.

Fue detenido e imputado. En tanto, la damnificada dijo que había mantenido una relación de tres meses con Bautista y que se separaron hace 6 meses por hechos de violencia de los que era objeto y desde ese momento, se siente asediada por su expareja.

Orán: condenado por la tentativa de homicidio de su pareja

Un hombre de 31 años fue condenado ayer a la pena de 13 años de prisión efectiva por un hecho ocurrido el año pasado en Aguas Blancas, donde tras mantener una disputa con su pareja y madre de su hijo, la amenazó con un arma de fuego y la apuñaló en el pecho. Será registrado en en Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese Distrito, en la audiencia de debate contra Guillermo Cordero de 31 años, imputado por el delito de tentativa de homicidio calificado por existir violencia de género en perjuicio de su pareja.

El hecho ocurrió en junio de 2018 en Aguas Blancas, cuando la mujer mantuvo una disputa con su pareja y padre de su hijo y éste la amenazó con un arma de fuego, le propinó algunos golpes y la apuñaló en el pecho. Incluso agredió a un hermano de la víctima que intentaba defenderla.

Tras el suceso se dio a la fuga y días después, investigadores de la Unidad de Graves Atentados, lo localizaron oculto en la misma localidad de Aguas Blancas.

El juez Fabián Fayos lo condenó a la pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Tartagal: el principal acusado reconoció el hecho

Los tres detenidos fueron imputados y sus declaraciones fueron coincidentes. Javier Ponce reconoció haber apuñalado a la víctima y dijo que lo hizo porque intentaba propasarse con su pareja.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, informó que ayer se realizó la audiencia de imputación de los detenidos por el homicidio de un hombre en inmediaciones de la terminal de esa ciudad.

Javier Ponce, «Pitilo», fue imputado por el delito de homicidio simple en calidad de autor y en su declaración dijo que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja, el otro imputado y la víctima y que éste último intentó propasarse con su mujer, por lo que lo agredió con un cuchillo. Adujo también no tener recuerdos claros del momento ya que todos estaban en estado de ebriedad.

Griselda Arias, “Nonosa” y Gustavo Barrios, “Chato”, fueron imputados por el delito de encubrimiento agravado y sus declaraciones coinciden con la versión de Ponce.

Desde la Fiscalía se continúa dando cumplimiento a las diversas medidas probatorias solicitadas y se espera poder verificar la identidad de la víctima.

Piden la captura nacional e internacional de una mujer que se llevó a su hijo

El fiscal penal 3, Pablo Paz, pidió la captura nacional e internacional de una mujer de 38 años. La orden de detención la dispuso el Juzgado de Garantías 4. Sobre Natalia Alejandra Gil también rige la prohibición de salir del país.


El fiscal Paz solicitó al Juzgado de Garantías 4, se disponga la captura nacional e internacional y orden de detención en la vía pública de Natalia Alejandra Gil, de 38 años.

La mujer prófuga fue denunciada por Silvina Ruiz, abuela del menor, de cinco años, y es quien tiene a cargo al niño, mientras tramita la guarda judicial.