El hecho ocurrió en diciembre de 2020, cuando un hombre de 33 años resultó lesionado mientras intentaba defender a un primo político que participaba de una gresca. En el fallo, uno de los acusados fue condenado y otro, fue absuelto por la duda.
La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juiciodel distrito Metán, en la audiencia de debate contra Delfor del Valle González como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Cristian Oscar Córdoba y contra René Alejandro Acosta como partícipe necesario del mismo delito.
El hecho ocurrió en diciembre de 2020 en la localidad de Las Lajitas, cuando el damnificado intentó defender a un primo político que participaba de una gresca y recibió una puñalada en la espalda y otras agresiones.
El juez Sebastián Fucho en su fallo, condenó a Delfor del Valle González a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, mientras que el imputado Acosta fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó la inmediata libertad de ambos.
Un joven fue condenado por el homicidio de Daniel Alejandro Romero, ocurrido en septiembre de 2020 en asentamiento 30 de Agosto. La víctima recibió tres heridas de arma blanca. El menor imputado por el hecho fue declarado penalmente responsable.
El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2020 en asentamiento 30 de agosto de Colonia Santa Rosa, cuando la víctima mantuvo una discusión con Díaz en inmediaciones de su domicilio y minutos más tarde, volvieron a cruzarse, ya con la intervención del menor. En la gresca, Romero recibió tres heridas de arma blanca, que le provocaron la muerte antes de poder ser asistido.
Los acusados huyeron hacia la
zona del cementerio y luego fueron detenidos por personal policial.
El juez Aldo Primucci en su fallo, condenó a Díaz a la pena de diez años y seis meses de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El menor fue declarado penalmente responsable y una vez firme la sentencia, será girada al Juzgado de Menores que corresponda.
Este jueves declararán los últimos testigos citados en el juicio que se sigue contra Diego Rafael Gregorio Rearte por la tentativa de homicidio de Martín Ezequiel Benítez. Durante este miércoles, vecinos de la zona, aseguraron que era manifiesta la enemistad entre ambas familias. Los alegatos se llevarán a cabo este viernes 1 de octubre.
Durante la jornada de este miércoles, testigos que eran vecinos del barrio Castañares, confirmaron que había una manifiesta enemistad entre la familia del acusado y la familia del imputado y que el incendio de la casa de la familia del acusado se produjo ese día, en forma previa al hecho juzgado.
Para este jueves se prevé la finalización de la ronda de testimoniales y según lo previsto, los alegatos se producirán este viernes y se conocerá el veredicto.
Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Salta y están previstos operativos similares en provincias del NOA, donde operaba la organización que protagonizó al menos ocho hechos de estafa. Los acusados se habrían alzado con 35 mil dólares en efectivo, más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro por un valor aproximado a los 10 millones de pesos.
La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés
Salinas Odorisio, dirige la investigación penal mediante la cual logró
desbaratarse una banda interprovincial que estafaba a adultos mayores, luego de
convencerlos telefónicamente de que la mujer que llamaba, era un familiar. Cuando
lograba la confianza de la víctima, la mujer advertía que dólares, pesos y
joyas se irían a desvalorizar a partir de un decreto del Poder Ejecutivo
Nacional y que un empleado del Banco iría a retirar todo el dinero que pudiera
reunir, para que no perdiera valor su patrimonio. Mientras continuaba la
comunicación, se presentaba otra persona para retirar el dinero o bienes.
Los investigadores del CIF establecieron vinculaciones entre
siete hechos con el mismo patrón de conducta delictiva, y a través del estudio
de telecomunicaciones, que seis de las ocho víctimas recibieron las llamadas de
una misma línea telefónica con prefijo de Tucumán. Las restantes fueron hechas
desde teléfonos celulares que durante la investigación, ubicaron como autores
de las estafas a sus propietarios.
Los patrones de selección de sus víctimas y modus operandi revelaron
que: en todos los hechos, las mujeres cumplieron el rol de captadoras; que
todas las víctimas recibieron llamadas a sus teléfonos fijos y que también la
totalidad de ellas, son personas de entre 70 y 80 años. Las comunicaciones se
originaban en Salta y Jujuy y su entrecruzamiento permitió identificar a parte
de la organización con residencias en esas provincias y Mendoza.
En Salta, las llamadas se originaban en un inmueble de barrio
Santa Ana y tuvieron como víctimas a adultos mayores del municipio de Joaquín
V. González, de la misma provincia. Otras víctimas son de Chaco y Santiago del
Estero. En Jujuy, fueron estafadas víctimas de la capital jujeña, a través de
comunicaciones iniciadas en barrio San Pedrito, de San Salvador de Jujuy. La investigación
también demostró que las mujeres actuaban con sus parejas, quienes retiraban el
dinero o elementos cedidos por las personas mayores.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos solicitó al
Juzgado de Garantías 5 las órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles de
Salta capital y el exhorto para otras provincias, que posibilite el
allanamiento y detenciones de otros sospechosos.
El trabajo de la Fiscalía e investigadores del CIF se
desarrolló en conjunto con las Policías de Chaco y Santiago del Estero; y de
efectivos de Gendarmería Nacional para el cumplimiento de medidas en Jujuy.
Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos robados que se encontraban en galpones, donde sus integrantes se dedicaban a la compra y venta de camionetas y camiones. Las estafas denunciadas suman un total de 35 mil dólares en efectivo y más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro equivalentes a un valor de 10 millones de pesos.
La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, inició de oficio, una investigación penal en torno a la posible comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de distintas víctimas menores de edad, integrantes de la comunidad wichí de General Mosconi.
Las actuaciones iniciadas por la fiscala Martínez este
martes 27, se originaron en base a la notitia criminis surgida a partir de la
entrevista publicada por el medio Videotar Noticias, titulada “¿Embarazos en
comunidades? #Mosconi: habla un referente wichí y responde la gerencia del
hospital, Carolina Serrano”, en la que se expuso que hay niñas menores, de 11 años
de edad y embarazadas.
Luego de confirmar que no existieron denuncias formales en
la Policía de la Provincia referidas a los hechos en cuestión, la fiscala
consideró que “lo relatado –en el informe periodístico- es una situación de
violencia de género y ello conforma una razón de interés público. En
consecuencia, el Estado debe intervenir por su obligación de prevenir nuevas
situaciones de violencia, por ende erradicar el entorno de la víctima e
investigar para esclarecer el hecho y sancionar al autor”.
Enfatizó la funcionaria que “con mayor razón, teniendo en
cuenta que las posibles víctimas son menores de edad, por lo que debe primar el
interese superior de niñas, niños y adolescentes, a fin de resguardar sus
derechos, ante su especial situación de vulnerabilidad”.
La fiscala ordenó distintas diligencias a fin de esclarecer
el hecho, entre las que se cuentan el pedido de declaración testimonial a
quienes relataron los hechos y la solicitud de informe actualizado al hospital de
General Mosconi, sobre los casos de menores que hayan sido atendidas por
embarazos y los datos pertinentes para individualizarlas, que sean asistidas y se
inicien las actuaciones penales correspondientes.
A través de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) se reconoció el permanente apoyo recibido por parte de Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos de la seguridad vial en la provincia.
El Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de la
Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV), reconoció en un
emotivo acto, el valioso y permanente apoyo recibido por parte de Estrellas
Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares
Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos
de la seguridad vial en nuestra provincia.
Raúl Córdoba y Marcela López fueron los encargados de
recibir los reconocimientos de manos del procurador General de la Provincia,
Abel Cornejo, quien minutos antes recalcó la hercúlea tarea de los familiares
de víctimas de siniestros viales, que “fueron capaces de metabolizar el dolor
en el trabajo por una sociedad más justa”.
“Los admiro porque hay gente, que tras vivir lo que les
sucedió, no sabe qué hacer con el dolor y ustedes, con su lucha, fueron capaces
de derrumbar muchos muros de impunidad», destacó Cornejo.
Por su parte, Raúl Córdoba –papá de Marco Córdoba fallecido
en un siniestro vial en 2007- señaló que ya pasaron 14 años desde aquel segundo
que les cambió la vida y que su objetivo es que la muerte de su hijo no haya
sido en vano. “Buscamos que comprendan a la víctima”, precisó para luego
lamentar la falta de acción por parte de la Justicia en lo que hace al
cumplimiento de las inhabilitaciones para conducir y en la no aplicación de las
penas establecidas en el artículo 84 bis (conducción imprudente) del Código
Penal en Salta”.
En este marco, Córdoba destacó la creación de la Fiscalía
Especializada en Siniestros Viales como un logro del Ministerio Público Fiscal
y consideró que es un gesto de apertura hacia los familiares de las víctimas.
El procurador Cornejo subrayó que la puesta en
funcionamiento de la OPRIV y la sanción de la ley que establece la creación de
la fiscalía especializada es una respuesta al permanente trabajo de
asociaciones como Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de
Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad.
“El éxito de esta Fiscalía será tener poco trabajo represivo
y mucho constructivo. La misión de prevenir en el futuro los incidentes y la
seguridad vial, excede en mucho a la seguridad ciudadana. Es una apuesta a la
vida”, finalizó el Procurador General de Salta.
Del acto también participaron miembros de las tres organizaciones, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la coordinadora General de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la titular de la OPRIV, Clelia Poma; las secretarias de Política Criminal, Sofía Cornejo; y de Gestión Institucional, Ivana Flores, entre otros.
Un hombre fue imputado por dos hechos donde atentó contra la propiedad privada en esa ciudad. En el primero de ellos, intentó sustraer una motocicleta de una vivienda, causándole daños y luego, pudo apoderarse de la motocicleta de un familiar y fue detenido cuando la llevaba empujando por la vía pública.
La fiscala penal de Pichanal, a través de la delegación de Colonia Santa Rosa, imputó a Enrique Jorge Sebastián como autor de los delitos de tentativa de hurto calificado en concurso real con hurto calificado.
Según consta en las actuaciones, la noche del pasado domingo, una vecina de Colonia Santa Rosa, se percató que un hombre intentaba sustraer su motocicleta, causándole daños. Al ser sorprendido, huyó, por lo que radicó la denuncia.
Personal policial que realizaba tareas de patrullaje en procura del delincuente, lo sorprendió empujando una motocicleta de mayor porte por la vía pública. Pudo establecerse que el rodado pertenecía a un familiar del acusado, quien señaló que lo había dejado en la parte delantera de su vivienda, sin medidas de seguridad y que tras el hurto, presentaba daños visibles.
Desde la Fiscalía, luego de la audiencia de imputación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del acusado.
La audiencia de debate comenzó el pasado 21 de septiembre y está previsto que finalice el próximo jueves 30. El hecho ocurrió en diciembre de 2019, cuando a partir de una denuncia anónima y del trabajo investigativo de la Sección Drogas Peligrosas de esa ciudad, se detuvo a tres personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes y en el allanamiento se secuestraron además de droga y otros elementos, 6 gallos de riña.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representa al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Marcelo Ramón Vargas y Pablo del Milagro Dorado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada y contra Julio Fabián Cañizares por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada en concurso real con el delito de crueldad animal.
Reunidos los elementos de
convicción necesarios, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías en turno,
orden de allanamiento, secuestro y detención para los domicilios de los
sospechosos.
Como resultado de los allanamientos, se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, 6 gallos de riña y otros elementos de interés para la causa.
La audiencia es presidida por el juez Sebastián Fucho y está previsto que finalice este jueves 30.
Un hombre fue condenado en juicio abreviado por un hecho ocurrido en el pasado mes de febrero. Ingresó armado a un local, intentó robar un celular y ante la resistencia del damnificado, lo lesionó con un arma blanca, para luego darse a la fuga.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Álvaro Facundo Rivero como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 24 de febrero en un local comercial de calle San Martín al 700 de esa ciudad, cuando el acusado, portando un cuchillo, intentó sustraer un teléfono celular al damnificado, y al no lograrlo, lo lesionó y luego huyó.
El juez Anastasio Vázquez Sgardelis, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics continúa dirigiendo la investigación para dar con el paradero del joven David Sulca, desaparecido desde el 15 de septiembre pasado en la zona de la Quebrada del Toro
En
el día 13 de búsqueda, el fiscal Jovanovics habló con los especialistas en
búsqueda y rescate, quienes sostienen un límite máximo de 15 días, suponiendo
que el joven siga con vida. “Tenemos múltiples hipótesis, pero si estamos
hablando de la búsqueda en el cerro, en altura, con agua, hablamos de un límite
máximo de 15 días, sin provisión de alimentos”, afirmó el fiscal y aclaró que todavía
se está dentro de ese margen.
El fiscal
de Rosario de Lerma advirtió que no se descartan otras hipótesis, como el hecho
de que el joven Sulca pueda estar deambulando en otro lado, que esté perdido o en
estado de confusión mental.
“En
la investigación se trabajan todas esas posibilidades”, dijo Jovanovics y
detalló que “así como se buscó arriba, también se hace una búsqueda por todas
las localidades y alrededores: Campo Quijano, Quebrada del Toro, San Antonio de
los Cobres, toda la ruta 40, Payogasta, La Poma y Cachi”, lugares en los que sigue
activa la búsqueda. Efectivos del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional
Argentina, están también abocados a la búsqueda en esos puntos.
En
relación a la participación de la Fuerza Aérea, el funcionario del Ministerio
Público Fiscal aclaró que concluyó el pasado sábado. “Se hicieron cuatros
sobrevuelos con dos helicópteros por toda la zona, tanto del lado de la 51,
como del lado de la ruta 40, que serían las dos laderas del cerro San Miguel,
que es el punto más alto”, precisó, zona donde se habría extraviado.
El
fiscal Jovanovics ratificó que están subiendo “un grupo de andinistas
voluntarios, coordinados a través del Ministerio de Seguridad, dentro de las
redes de apoyo a la búsqueda y rescate” y que se está dentro del plan que hemos
definido el pasado viernes.
Por
lo tanto, hasta hoy se sumaron Ejército y Gendarmería el sábado y ahora los
andinistas.
El joven baquiano David Sulca lleva desaparecido
trece días, desde la mañana del miércoles 15 de septiembre, fecha en la que
salió a lomo de mula rumbo al paraje Potrerillos, ubicado en los altos de la
quebrada y con acceso por Santa Rosa de Tastil.